Debido a la situación económica no se actualizará el IRPF, algo que la Comisión Europea tendrá en cuenta para comprobar si cumple con el plan establecido
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Imagen: Europa Press
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p class=»MsoNormal»>En las próximas semanas, el Gobierno español tiene la obligación de enviar a Bruselas un plan fiscal destinado a reducir la deuda pública en el medio y largo plazo. Este plan debe incluir una senda presupuestaria en la que los gastos del Estado crezcan de manera controlada, permitiendo una reducción gradual de la deuda en relación con el PIB.
Medidas de ingresos para aliviar el gasto
El Gobierno también tiene la opción de proponer medidas relacionadas con los ingresos que permitan un mayor margen de maniobra en el gasto público, evitando así restricciones drásticas en otras áreas. Este aspecto es particularmente relevante debido a que partidas como las pensiones y la sanidad dejarán poco margen para recortar en otros sectores. De hecho, según estimaciones del Banco de España y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), será necesario un ajuste anual equivalente al 0,5% del PIB, es decir, unos 7.500 millones de euros por año durante siete años, para encauzar la deuda pública hacia una trayectoria descendente. Un aumento del gasto público inferior al crecimiento del PIB nominal y la recaudación sería suficiente para cumplir con este objetivo.
La progresividad del IRPF como medida encubierta
Uno de los aspectos que Bruselas considerará en su evaluación del plan fiscal es la llamada «progresividad en frío» del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Esta progresividad implica que los tramos del IRPF no se actualizan conforme a la inflación, lo que provoca que, a medida que los salarios suben para compensar la pérdida de poder adquisitivo, más contribuyentes pasen a tramos impositivos más altos sin que su capacidad económica real haya mejorado significativamente. Según el Banco de España, este fenómeno ha permitido al Estado recaudar unos 11.000 millones de euros entre 2019 y 2023.
Posible impacto de la no deflactación del IRPF
El Gobierno ha optado por no deflactar el IRPF, lo que significa que no se actualizarán los tramos del impuesto para reflejar la inflación. Esta medida podría generar unos 2.700 millones de euros anuales, una cifra significativa que reduciría el esfuerzo de ajuste fiscal exigido por Bruselas. La decisión de no actualizar los tramos del IRPF no ha sido aceptada formalmente por la Comisión como parte de la reforma fiscal, pero sí se ha dado luz verde a que la no deflactación se tenga en cuenta para aliviar los planes fiscales.
El Ejecutivo busca también moderar la consolidación fiscal a través de otras vías, como las proyecciones demográficas y el crecimiento económico. La Comisión Europea prevé un impacto significativo en las finanzas públicas debido al envejecimiento de la población, sobre todo con la jubilación masiva de la generación del «baby boom». Sin embargo, el Ejecutivo español argumenta que la inmigración ha aumentado en los últimos años, lo que podría aliviar la presión fiscal en el futuro.
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