Antes, durante y después del proceso judicial que llevó a Daniel Sancho a una cadena perpetua se han demostrado numerosos errores por parte de los letrados de ambas partes
The post España no exporta abogados: la imagen de España tras el caso Daniel Sancho first appeared on Hércules. Cuando Marcos García Montes, abogado de afamada reputación, al menos hasta que el juez tailandés dictó cadena perpetua contra Daniel Sancho, llegó a un acuerdo con Rodolfo, el padre del acusado, la sociedad televisiva se las prometía muy felices dada la acreditada experiencia del también conocido como el bigotes, un letrado de armas tomar que con extrema inteligencia comercial ha llevado multitud de casos muy mediáticos en España.
Claro que, cuando su estrategia de defensa se basó en tratar de convencer a la sociedad civil española, que no a las autoridades judiciales tailandesas, de que Edwin Arrieta, un señor bajito y regordete de 44 años, de que éste había tratado de violar al asesino, un hombre que por aquellos lamentables días tenía 29 años, era alto, fornido y experto en Muay Thai, la cosa, al menos para el que escribe, comenzó a apestar a chamusquina. Para terminar de complicarlo todo, Garcia Montes gritó a los cuatro vientos que la policía tailandesa había engañado a Daniel Sancho haciéndole firmar una declaración policial en donde reconocía los hechos. Que por estas dos alucinaciones asegurara a bombo y platillo que a lo sumo al hijo de su cliente podría caerle homicidio imprudente o incluso la libre absolución demostraba que, sin el menor género de dudas, los mejores momentos de García Montes ya eran historia, algo así como poner de delantero centro para tu partido más importante a un jugador de 45 años, retirado hace siete, fondón y fumador.
Con Marcos había otros dos letrados que conformaban el famoso trío que saltó a la fama. De Ramón Chippirrás hablaremos poco, dada su escasa influencia en los medios, a fin de cuentas la clave de sus participaciones. Pero de su socia, Carmen Balfagón, debemos recordar que basó buena parte de su defensa –siempre en platós de televisión o páginas del papel couché– en tratar de hacer creer a la audiencia de que en Tailandia no se dejan pasaportes como garantía cuando los turistas alquilan motocicletas, y sobre todo, que los cocos de cortan en dos partes con cuchillos de sierra adquiridos en el departamento de menaje de unos grandes almacenes, cuando adquirir más de trescientas bolsas de basura tenía que ver, según su teoría, con las necesidades de Daniel de confeccionarse chubasqueros.
Para que el escándalo fuera aún mayor, Rodolfo Sancho y su equipo de defensa decidieron que la persona que debía representar a Daniel Sancho ante una posible pena capital, y única con posibilidad de interactuar con el juez y fiscal, debía ser Aprichart Srinual, un letrado tailandés de oficio, que para el que aún no lo sepa, esta decisión cayó como un jarro de agua fría sobre las autoridades judiciales tailandesas, que esperaban que la defensa de la acusación se hubiera preocupado algo más por su cliente acudiendo a algún equipo de abogados –qué lejos quedan ya los días con el despacho de Fernando Oca– de acreditada experiencia. De los que cobran buenas minutas. Porque los abogados en Tailandia cobraron cero euros. Y debe ser esta la razón por la cual Srinual se quedaba, algunas veces, dormido dentro de la sala durante las sesiones. Balfagón, tratando de desprestigiarse aún más, aseguró públicamente que en realidad no dormía, sino que meditaba.
El resultado de ese experimento ya lo saben: pena capital rebajada en el último instante a cadena perpetua gracias, no precisamente al trabajo de la defensa, sino a que el propio Daniel reconoció, en los albores de este caso, los hechos así como los reconstruyó en video con todo lujo de detalles.
Por lo tanto, deberían tras la catastrófica actuación de la defensa haber resaltado los abogados de la otra parte. Pero para nada. Recapitulemos. Tras haber tenido la familia Arrieta a un primer abogado, este voló por los aires para que fuera Juango Ospina el que tomara la dirección de la estrategia, de nuevo desde Madrid, y también, por qué no decirlo, desde los platós, los youtubers y las ruedas de prensa improvisadas. Ospina, al menos, decidió contratar –que no la familia Arrieta– a un equipo de letrados penalistas siameses encabezados por Metapon Suwancharen, el cual ha mostrado su oficio con demasiada autonomía. Y ahora pasamos a explicarlo.
Porque de Metapon, y aún sin saber cómo se comportó dentro de la sala ya que a ningún periodista le fue permitido el acceso, o sea, el derecho a la información, sabemos que al menos cometió tres profusas irregularidades. La primera, presentar una apelación donde se triplicaba la indemnización, que pasaba de 110.000 a 330.000 euros aproximadamente, cuando lo más importante es que unido a ello se exigía que la pena ascendiera de perpetua a capital. Y según Ospina, él no sabía nada de eso. Tanto si fuera cierto o no, sorprende que al que lleva el mando en plaza lo ninguneen y que sea casi el último en enterarse. Pero seguimos con Metapon, porque el otro grave asunto es no haberse enterado de lo que Alice Tassanapapporn comentó al juez durante la lectura de la sentencia aquello de, “esta no es la sentencia que tú tenías que haber leído”. Claro que, cómo se iba a enterar –y aquí vamos con el tercer grave error– si al susodicho el juez le prohibió la entrada al tribunal el día de la lectura del fallo, el pasado jueves 29 de agosto de 2024, por la delictiva razón –a la par de infantil– de haber escrito en su página web un día antes de la lectura del veredicto el mismo, cuando aún no ha aclarado de dónde sacó esa información, y sobre todo, cómo fue capaz de exponerla públicamente, demostrando una impericia impropia de letrados serios.
Juango Ospina estuvo durante la primera semana de las vistas como coacusación particular. Y a decir verdad, ayudó a todos los reporteros allí esparcidos –recuerdo por segunda vez que el acceso al tribunal fue prohibido por el juez– a poder enterarnos de lo que allí dentro acontecía. Claro que Ospina también cometió errores. El primer, cuando decidió ser él la persona que declararía como representante de la familia Arrieta, cuando Darling, hermana de Edwin, pudo haber viajado hasta Tailandia –ya lo hizo a España para participar de los platós rosáceos–, y sobre todo, los padres haber participado a través de una videollamada. Que un señor con pinta de ministro, perfectamente trajeado y del que ya sabía el juez quién era, tuviera la última palabra de en qué estado se había quedado la familia, fue un error mayúsculo. Porque habría sido mucho más dañino haber visto a Daniel, avergonzado, observando a través de la pantalla a unos padres devastados, y no al letrado en España de la familia Arrieta.
Juango Ospina, además, nunca comentó ante el tribunal lo que sí hizo con el youtuber Dareol Rewind: que en vida Edwin Arrieta al menos envió 260.000 euros a Daniel Sancho de los que aún, más de año y medio después, nada se sabe. Cuando además omitió el siquiera comentar de pasadillo que Edwin Arrieta iba a montar un restaurante en Madrid junto a Daniel Sancho cuando además quería comprarse una vivienda en Barcelona, la cual ya buscaba. Esta sorprendente omisión sigue llamándome mucho la atención. Como el hecho de siquiera haberse planteado que ese dinero podría estar en manos de los malos y él haciendo la vista gorda.
Ospina, además, fue testigo –no su equipo de abogados– durante un descanso en una de las vistas, de un enfrentamiento verbal entre Alice Tassanapapporn y Silvia Bronchalo, la cual tuvo que refugiarse dentro de la sala donde había un agente del orden. Que no comentara públicamente este detalle, que habría dejado hace mucho más tiempo a Alice señalada, sorprende sobremanera.
Queda claro que España es capaz de exportar vino, aceite de oliva, chefs, futbolistas y atunes. Pero que lo que son abogados, nanay.
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