El fiscal general del Estado se encuentra envuelto en una polémica debido a su investigación por parte del Supremo
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Imagen: el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz I Europa Press
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, comparecerá este martes a las 16:00 horas ante la Comisión de Justicia del Senado para presentar la Memoria anual de la Fiscalía correspondiente a 2023. Será su primera intervención en las Cortes Generales desde que el Tribunal Supremo (TS) lo imputara por un presunto delito de revelación de secretos en relación con Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.
Presión del Senado y exigencias del PP
La presidenta de la Comisión de Justicia del Senado, la ‘popular’ Yolanda Ibarrola, exigió en diciembre la comparecencia de García Ortiz para que explicara su gestión, según Europa Press. Sin embargo, el magistrado argumentó problemas de agenda para no acudir, lo que fue interpretado por el Partido Popular como una «huida».
Finalmente, accedió a comparecer en la Cámara Alta para exponer la Memoria de la Fiscalía de 2023. La fecha elegida fue el 18 de febrero, de entre tres opciones propuestas, coincidiendo inicialmente con la segunda declaración del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ante el TS por el ‘caso Koldo’, aunque esta se pospuso al 20 de febrero.
La investigación judicial y la querella de González Amador
El caso que afecta a García Ortiz tiene su origen en una querella presentada por Alberto González Amador contra la Fiscalía, tras la publicación de una nota de prensa el 14 de marzo de 2024. En dicho comunicado, el Ministerio Público desmentía una noticia de ‘El Mundo’ que aseguraba que había sido la propia Fiscalía la que ofreció a González Amador un pacto en la investigación sobre delitos fiscales que lo involucra.
La nota incluía detalles de los intercambios de correos electrónicos entre la defensa del empresario y el fiscal encargado del caso, Julián Salto, lo que llevó a González Amador a denunciar la difusión ilegal de datos confidenciales.
El caso, inicialmente abierto en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), pasó posteriormente al Tribunal Supremo y se amplió para investigar también la filtración de la existencia de la causa contra González Amador, información que apareció publicada el 12 de marzo en ‘eldiario.es’.
El magistrado del TS, Ángel Hurtado, instruye la investigación que, además de García Ortiz, implica a la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y al teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Diego Villafañe.
El borrado del teléfono y la versión del fiscal general
Durante el proceso judicial, ha salido a la luz que García Ortiz eliminó el contenido de su teléfono móvil el mismo día en que el Tribunal Supremo abrió la causa en su contra y que, una semana después, cambió de terminal.
En su declaración del 29 de enero, el fiscal general argumentó que borra «absolutamente todo» de manera regular por obligación legal, citando un reglamento europeo, la Ley de Protección de Datos y una instrucción de la propia Fiscalía. «Los datos de mi terminal son ultra sensibles. No puedo permitirme que lleguen a manos de terceros», defendió.
También reveló que, desde su llegada a la Fiscalía General del Estado, ha cambiado de teléfono «cinco o seis veces», y no solo en octubre de 2023. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha aportado al juez documentación que confirma estos cambios de terminal.
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