El director de la empresa ha señalado a Adif como responsable de la contratación de la amante del exministro de Transportes
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Imagen: sede de Tragsa I Channel Partner
La contratación de Jessica Rodríguez, vinculada sentimentalmente al exministro José Luis Ábalos, ha generado controversia en el marco del caso Koldo. Rodríguez fue contratada por Tragsatec en marzo de 2021, tras superar un proceso de selección al que se presentaron 929 candidatos. Según documentos internos, Rodríguez obtuvo la segunda mejor puntuación, destacando en las fases de valoración técnica y pruebas competenciales. Tragsa, sostiene que no recibió recomendaciones externas para su contratación.
Trayectoria laboral y vínculos con empresas públicas
Antes de su incorporación, Rodríguez trabajó en Ineco, otra empresa pública dependiente del Ministerio de Transportes, entre marzo de 2019 y febrero de 2021. Durante este período, desempeñó funciones de auxiliar administrativa en proyectos relacionados con Adif Alta Velocidad.
La relación laboral de Rodríguez con estas empresas públicas es objeto de investigación judicial. En octubre de 2024, el Juzgado de Instrucción número 28 de Madrid abrió una causa por presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación relacionados con su contratación. En su declaración ante el Tribunal Supremo, Rodríguez admitió haber estado en nómina de Ineco y Tragsatec sin haber desempeñado labores efectivas en dichas entidades.
Implicaciones para José Luis Ábalos
La investigación también ha salpicado al exministro Ábalos. Se han encontrado indicios de que una trama corrupta pagó el alquiler de una vivienda de lujo en Madrid utilizada por Jéssica. Además, se investiga la posibilidad de que Ábalos recibiera pagos mensuales de 10.000 euros a través de su asesor Koldo García, presuntamente destinados a facilitar adjudicaciones de contratos públicos.
Declaraciones de Jesús Casas Grande y situación interna en Tragsa
Jesús Casas Grande, presidente de Tragsa, ha reconocido que, internamente, Rodríguez era conocida como “la sobrina del ministro”. Tras conocer esta información, inició una investigación interna que aún está en curso. Además, se ha producido la dimisión de Caridad Martín Palacios, gerente de Desarrollo Rural y Política Forestal, tras la declaración de Rodríguez en el Supremo.
Casas Grande ha negado tener conocimiento previo de la contratación y ha señalado a Adif como la entidad que validó el proceso. Asimismo, ha expresado que, de confirmarse irregularidades en la contratación, sería un hecho “lamentable” para la empresa y para él personalmente.
Pagos en efectivo y vínculos con la trama
Recientemente, dos testigos han admitido ante el Tribunal Supremo haber entregado 20.000 dólares en efectivo al hermano de Koldo García, exasesor de Ábalos, en República Dominicana. Estos pagos habrían sido ordenados por el empresario Víctor de Aldama y estarían relacionados con presuntas comisiones a cambio de contratos públicos en España.
Paralelamente, Koldo García está siendo investigado por un presunto delito de violencia de género contra su esposa, Patricia Uriz. La Audiencia Nacional ha remitido los indicios encontrados en el móvil de García al juzgado competente en Alicante para su investigación.
Recurso de Ábalos y postura del juez
El juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha rechazado un recurso presentado por José Luis Ábalos, quien impugnaba la investigación sobre su patrimonio en el contexto del caso Koldo. Ábalos alegaba que la UCO de la Guardia Civil había cometido errores en la valoración de sus bienes, pero el juez ha considerado que dichos errores no afectan al fondo de la causa.
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