Los independentistas creen que se trata de una “reforma encubierta” de la Constitución que también beneficiaría a Puigdemont
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Imagen: el expresident Carles Puigdemont en Bélgica I EFE
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha presentado en el Congreso una reforma legal que busca eliminar la capacidad de los partidos políticos para ejercer como acusación popular en los procesos judiciales. De ser aprobada, esta medida tendría un impacto significativo en varios casos, incluidos aquellos que involucran a la esposa y al hermano del presidente Pedro Sánchez, así como al líder de Junts, Carles Puigdemont, quien podría regresar a España sin riesgo de prisión preventiva.
Junts rechaza la propuesta
La formación independentista liderada por Puigdemont ha anunciado que presentará una enmienda a la totalidad a esta iniciativa. Según el partido, la reforma supone una «grave restricción» incompatible con los principios de un Estado democrático y de Derecho. Además, calificaron la medida como una «eliminación de la acusación popular», una herramienta que consideran fundamental como contrapeso frente a la Fiscalía.
Aunque reconoce que limitar el papel de los partidos políticos en este ámbito puede ser razonable, advierte que excluir completamente la acción popular de la fase de instrucción judicial vaciaría de contenido esta figura, convirtiéndose en una reforma encubierta de la Constitución.
Implicaciones para Puigdemont y el caso 1-O
La propuesta del PSOE podría modificar el curso judicial para Puigdemont, quien sigue prófugo de la justicia española tras el referéndum independentista de 2017. Actualmente, Vox actúa como acusación popular en el caso abierto en el Tribunal Supremo, una participación que quedaría invalidada si la reforma entra en vigor.
Sin Vox en el procedimiento, el juez Pablo Llarena necesitaría una petición formal de la Fiscalía o de la Abogacía del Estado para emitir una orden de detención europea o solicitar prisión preventiva, algo que estos organismos ya han descartado tras la aprobación de la Ley de Amnistía.
Puigdemont podría volver libre de prisión
Si la reforma se aprueba, fuentes jurídicas aseguran que Puigdemont podría regresar a España sin riesgo de ser encarcelado. En ese escenario, el juez Llarena solo podría retenerlo durante 72 horas, a menos que alguna acusación formal solicite medidas cautelares. Sin embargo, tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado han renunciado a ejercer acciones contra el expresidente catalán.
Por otro lado, también podría reabrir el debate en el Tribunal Constitucional, dado que diversos juristas consideran que podría vulnerar el artículo 125 de la Constitución, que garantiza el derecho de los ciudadanos a participar en la administración de justicia mediante la acción popular. Este aspecto podría llevar a los tribunales a plantear nuevas cuestiones de inconstitucionalidad.
Impacto en el sistema judicial
De consolidarse, esta reforma no solo beneficiaría a figuras políticas implicadas en causas judiciales, sino que también modificaría significativamente el rol de los partidos en el sistema de justicia. Según sus críticos, podría debilitar la figura de la acusación popular, mientras que sus defensores argumentan que delimita la acción judicial en un marco más institucional. La aprobación definitiva de esta medida aún está pendiente del debate parlamentario.
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