El acuerdo entre el PSC y ERC, casi calcado a la propuesta que aprobó el Parlamento catalán en 2005, ha indignado a casi todas las comunidades, incluidas algunas de las gobernadas por los socialistas
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Imagen: El candidato del PSC, Salvador Illa, interviene durante un mitin. | Lorena Sopêna / Europa Press
Tras dos meses de ruido, el Gobierno catalán ya trabaja “con discreción” para desplegar la nueva financiación pactada tras el acuerdo alcanzado entre el PSC y ERC para investir a Salvador Illa, que la ha calificado de “ambiciosa” pero para la que ha pedido “realismo”. Es decir, empieza la concreción de unos pactos que no recogen los términos “concierto” ni “cupo”, pero sí cuestiones muy controvertidas como el “principio de ordinalidad” que, en la práctica, significa que ninguna comunidad pueda acabar con menos recursos tributarios que otra que contribuye menos.
Según publica El País, que ha hablado con varios expertos, el Estado debe aportar más recursos al sistema común si el pacto prospera. Es decir, en una estimación sobre el coste de la ordinalidad pasada por ese barniz “realista”, el Estado debe aportar hasta 20.000 millones de euros extra cada año.
El acuerdo entre el PSC y ERC, casi calcado a la propuesta que aprobó el Parlamento catalán en 2005, ha indignado a casi todas las comunidades, incluidas algunas de las gobernadas por los socialistas. Además, más del 70% de los presupuestos autonómicos se destina a sanidad, educación y servicios sociales. Se trata de partidas expansivas, que requieren de más atención para afrontar los retos demográficos o migratorios. “No he oído a ningún responsable de ninguna comunidad autónoma defender que no haya que reformar la financiación. Nadie. Es un primer punto de acuerdo: nadie dice estar conforme con lo que tiene, todo el mundo dice que hay que reformarlo”, recordó Illa la semana pasada en el Parlament.
Malestar entre los presidentes autonómicos
El malestar entre los presidentes autonómicos creció sobre todo mientras se dejó el relato del acuerdo en manos de ERC. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda María Jesús Montero ha salido a tratar de templar los ánimos, pero solo varias semanas después del acuerdo y sin aclarar detalles esenciales para analizar el plan en su conjunto.
El acuerdo de investidura de Illa fija que Cataluña seguirá aportando al sistema mediante una suerte de cuota de solidaridad, y que esta se definirá por la ordinalidad. La necesidad de ese marco general —sin el que la ordinalidad carece de sentido— hace que varias fuentes consultadas por el mismo medio coincidan en que Cataluña seguirá participando en la distribución de recursos entre las comunidades autónomas para atender a las competencias comunes, aunque exigiendo una mejor posición. De ahí que Montero dijera que el nuevo sistema garantizará que los servicios públicos se den en igualdad de condiciones en todas las comunidades autónomas.
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