Brown amenaza con sanciones a un estudiante por un proyecto que denuncia la burocracia universitaria usando datos públicos; el caso pone a prueba los límites de la libertad de expresión estudiantil
The post La Universidad contra el Algoritmo: Cómo las universidades estadounidenses reprimen la crítica interna disfrazándola de violación informática first appeared on Hércules. Un mandatario intentó retirar beneficios informativos a un medio que se negó a adoptar su nomenclatura preferida para un accidente geográfico, pero los tribunales frenaron su intento. Algo similar amenaza a la Universidad de Brown, que amonestó a un estudiante por enviar masivamente correos a empleados con un algoritmo que evalúa la eficiencia administrativa, basado en datos públicos y bajo el nombre de un periódico estudiantil no oficial.
El proyecto de Alex Shieh, llamado “Bloat@Brown”, criticó directamente al personal encargado de diversidad, equidad e inclusión (DEI), al que responsabilizó por la pérdida de 510 millones en fondos federales. En respuesta, la universidad convocó al estudiante a una audiencia disciplinaria por supuestas infracciones como “falsedad” o “incumplimiento de normas internas”. Curiosamente, retiraron el cargo de “daño emocional” sin justificación y también matizaron su posición sobre la confidencialidad de los datos empleados, reconociendo que ya no eran considerados reservados. Shieh argumenta que utilizó únicamente información accesible públicamente, como páginas web institucionales, artículos, perfiles de LinkedIn y ofertas laborales.
Elon Musk calificó de “irreal” la situación y respaldó a Shieh, quien pidió a sus seguidores que presionaran a autoridades universitarias. En tono irónico, preguntó si podría trabajar para DOGE en caso de ser expulsado.
Shieh declaró al Washington Times que estudia medidas legales si Brown impone sanciones como la libertad condicional, lo que limitaría su vida académica. Al Just the News añadió que tiene agendada una reunión con el órgano revisor.
Desde Brown, Brian Clark, vicepresidente de comunicaciones, negó que se trate de un conflicto sobre libertad de expresión, alegando que el foco está en el uso indebido de sistemas internos y en la posible identificación de empleados. Sin embargo, su versión contradice los propios documentos de la universidad, donde se omite cualquier referencia explícita a la confidencialidad de la información usada.
Clark aseguró que los procedimientos internos asegurarán un proceso justo para determinar sanciones, si corresponde.
El conflicto ha impulsado a Shieh a expandir su activismo. Esta semana lanzó el “Ivy League Bloat Tracker”, que replica su método en otras universidades como Columbia, Cornell, UPenn y próximamente Harvard. La herramienta filtra cargos relacionados con DEI y automatiza el envío de denuncias por supuestas violaciones a derechos civiles, utilizando inteligencia artificial.
La organización FIRE (Fundación para los Derechos Individuales y la Expresión), aunque no lo representa, se ha mostrado solidaria. Compartieron la carta enviada a Shieh el 7 de abril, donde se le acusa de haber usado datos de Workday —sistema institucional interno— sin autorización. Sin embargo, Brown admite que no puede vincular técnicamente esos accesos al estudiante, lo cual debilita su acusación.
Las pruebas se limitan a registros vagos de actividad que muestran descargas de organigramas internos, disponibles para cualquiera con acceso al sistema. La propia Oficina de Tecnología afirma que todo usuario puede obtener la estructura organizacional completa y que no puede precisar qué datos fueron realmente consultados.
En la misma carta, se mantiene la acusación de que Shieh se presentó como reportero de un medio estudiantil oficialmente inactivo, el Brown Spectator, lo que califica como tergiversación. Sin embargo, Shieh asegura que está en proceso de reactivarlo.
Un día antes de su audiencia, el vicepresidente Carey le exigió que eliminara supuestas falsedades de su sitio web. Particularmente, lo acusó de divulgar información incorrecta al culpar al personal DEI por una pérdida económica no confirmada por ninguna entidad gubernamental.
Carey no refutó la fuente de esa información: una nota del New York Times que vinculaba la reducción de fondos a medidas federales. Tampoco desmintió el historial de acciones del gobierno Trump contra programas DEI.
Carey advirtió que, si no se clarifica que tales conclusiones son opiniones personales asistidas por IA, o si no se eliminan las afirmaciones cuestionables, el estudiante podría enfrentar sanciones conforme al código institucional.
Desde FIRE, Dominic Coletti respondió directamente a la presidenta Paxson, señalando que la universidad actúa en contradicción con sus propios compromisos sobre libertad de expresión. Denunció que se le imputa conducta por provocar incomodidad emocional sin sustento legal y que la Universidad ha difundido afirmaciones incorrectas al negar que sus correos hayan generado cobertura mediática.
Coletti recordó que la ley estatal de Rhode Island protege a periodistas estudiantiles y que, incluso si Shieh incurriera en falsedad, esta estaría amparada por la normativa universitaria, salvo en casos graves como difamación o fraude. Además, calificó de absurda la exigencia de que el Spectator esté formalmente registrado para que Shieh pueda escribir en su nombre, ya que ese criterio invalidaría colaboraciones con cualquier medio externo.
Finalmente, FIRE exigió que Brown detalle exactamente qué norma se infringió para que el estudiante pueda ejercer su defensa, y cuestionó que la Universidad afirme que usó información “no pública” cuando muchos de esos datos figuran en directorios oficiales o estructuras organizacionales accesibles.
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