El Tribunal Constitucional valida la ley de amnistía con división interna. La medida beneficia a los líderes del procés pese a las críticas.
The post Las claves de la sentencia del TC sobre la amnistía first appeared on Hércules. El 30 de mayo de 2024, el Congreso de los Diputados aprobó definitivamente la ley de amnistía, una norma que ha marcado la legislatura. Aquel día, la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, proclamaba desde la tribuna: «Esta ley no es perdón ni clemencia, es victoria». Su afirmación simbolizaba un momento político clave, respaldado por una ajustada mayoría parlamentaria de 177 votos a favor frente a 172 en contra. Ahora, la mayoría progresista del Tribunal Constitucional ha reafirmado esa decisión con una votación de 6 a 4, consolidando el respaldo jurídico a una ley que sigue generando controversia.
La sentencia, previsible según expertos en derecho constitucional, se sostiene en la interpretación de que «el legislador puede hacer todo lo que la Constitución no prohíba explícitamente», según la magistrada Inmaculada Montalbán, ponente del fallo. Sin embargo, en las 205 páginas del texto se admite con claridad que la motivación de la ley responde a «criterios de oportunidad política». El trasfondo es conocido: Pedro Sánchez necesitaba los siete votos de Junts para su investidura. Aunque el texto justificativo apela al interés general y a la búsqueda de convivencia dentro del Estado de derecho, la realidad es que el origen de la medida fue esencialmente táctico.
Reacciones divididas y tensiones institucionales
Hace dos meses, el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, expresó su «profunda preocupación» por lo que consideró ataques a la legitimidad del tribunal por parte de sectores de la oposición y del Tribunal Supremo. Recordó que «cuestionar al Constitucional es cuestionar el sistema democrático», en una intervención que ya anticipaba el clima de tensión institucional.
Ayer, tras conocerse la sentencia, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, fue tajante: «Esta amnistía es una vergüenza y una corrupción política». La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, fue aún más crítica: «Destruye el Poder Judicial y blanquea la corrupción de Estado». Tanto el Gobierno de Madrid como otras comunidades gobernadas por el PP y Castilla-La Mancha presentaron recursos ante el Constitucional. Por su parte, el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña plantearon cuestiones de inconstitucionalidad.
Pese a la validación por parte del Constitucional, el choque de trenes continúa. El ministro Félix Bolaños, junto a dirigentes de ERC y Junts, exigió ayer la inmediata aplicación de la amnistía a Carles Puigdemont, en un nuevo pulso al Supremo, que considera que la malversación vinculada al procés no es amnistiable por implicar beneficio patrimonial. Jordi Turull, número dos de Junts, instó incluso al Constitucional a usar «mecanismos coercitivos» para forzar al Supremo, en un giro irónico si se recuerda el desacato de 2017 a los requerimientos del propio TC durante la aprobación de las leyes de desconexión.
Un camino lleno de obstáculos legales y sociales
Desde Bruselas, Pedro Sánchez celebró el fallo: «Es una magnífica noticia para España y para la convivencia». Pero el recorrido de la amnistía ha sido tortuoso. Comenzó en agosto de 2023, cuando el diario El País tituló que Sánchez asumía la necesidad de un «alivio penal al procés». Aunque el Gobierno mantuvo una estrategia de silencio y eufemismos, fue Oriol Junqueras quien desveló que el pacto estaba cerrado desde el 17 de agosto, día de la constitución de las Cortes Generales.
El PSOE optó por registrar la medida como proposición de ley, esquivando al Consejo de Ministros y a los órganos consultivos, y aplicando un procedimiento de urgencia. Aunque al principio se buscó consenso, finalmente el texto fue presentado en solitario el 13 de noviembre, un día antes del debate de investidura. A esa misma hora, decenas de miles de ciudadanos protestaban en las calles bajo el lema de «ley de impunidad», con 80.000 asistentes solo en Madrid, según cifras oficiales.
En el plano técnico, la norma recibió cuatro informes negativos de los letrados del Congreso y Senado, uno del Consejo General del Poder Judicial, y objeciones de organismos europeos como la Comisión de Venecia. La presión de Junts, y en especial de Puigdemont, fue determinante para endurecer la norma, hasta el punto de incluir delitos de terrorismo en su redacción. El grupo independentista llegó a tumbarla temporalmente el 30 de enero para forzar una renegociación.
Una vez aprobada, los tribunales entraron en escena. La decepción de Puigdemont no tardó en llegar, al comprobar que la aplicación de la ley no sería automática ni total. Ahora, con el aval del Constitucional, el proceso legal sigue. Aún deben resolverse los recursos individuales y determinarse qué delitos concretos serán finalmente amnistiados. El tablero político y judicial continúa en movimiento.
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