Los familiares denuncian situaciones de malos tratos y varios intentos de suicidio por las malas condiciones
The post Las familias de 57 presos políticos en Venezuela reclaman al Tribunal Supremo el derecho a una defensa justa first appeared on Hércules. El diario Tal Cual ha recogido los testimonios de los familiares de los 57 presos políticos, entre ellos ocho adolescentes, detenidos durante las protestas poselectorales en Caracas y La Guaira. El pasado jueves 3 de octubre, estos familiares introdujeron un recurso de amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia, exigiendo la nulidad de todos los casos y reclamando que se respeten los derechos al debido proceso y a una defensa adecuada para los detenidos.
Entre los testimonios, destaca el de Wendy Liendo, madre de Víctor Uzcátegui, uno de los arrestados en La Guaira. Liendo denunció que ninguno de los 49 detenidos en esa ciudad, entre ellos cinco menores de edad, ha tenido audiencia preliminar. Aunque aseguran que se están empezando a fijar fechas para las audiencias, hasta ahora nadie ha sido liberado. Liendo también mencionó que en la cárcel de Tocuyito las condiciones son deplorables: «Hay muchachos desnutridos, en depresión e incluso varios han intentado suicidarse». Agregó que, tras 60 días sin visitas, finalmente pudieron ver a sus familiares, pero las restricciones son severas. «No nos dejan llevarles ropa, alimentos ni medicinas», dijo Liendo.
Por su parte, Marelis Ruiz, tía del adolescente Miguel Urbina, detenido en un centro para menores en El Cementerio, Caracas, denunció que no se les permite una defensa adecuada y que solo cuentan con defensores públicos. Ruiz relató que su sobrino fue arrestado en su propia casa mientras cuidaba a su hermano, y señaló que otros jóvenes fueron detenidos de forma similar, sin órdenes de captura y sin pruebas en su contra. «Muchos de ellos ni siquiera estaban participando en las protestas», añadió.
Ruiz también criticó la actuación de la Fiscalía, que según ella está usando una jurisprudencia para postergar la presentación de pruebas hasta el juicio, lo que deja a los detenidos en una situación de indefensión durante la fase preliminar. Hasta el momento, solo uno de los adolescentes, Diomer Gómez, ha sido llevado a juicio, y su abogada no pudo presentar pruebas en su defensa. Los demás siguen esperando audiencias.
Los familiares también expresaron su preocupación por la salud física y mental de los detenidos. Según Liendo, «en Tocuyito los muchachos no tienen acceso a deporte ni a ningún tipo de actividad física, y algunos incluso han intentado quitarse la vida«. A pesar de las difíciles condiciones, los familiares se muestran dispuestos a llevarles lo que puedan, pero denuncian que no se les permite entregar ni siquiera medicinas a los detenidos.
El recurso de amparo presentado busca no solo la liberación de los jóvenes, sino también una revisión completa de los casos y el fin de lo que consideran una violación sistemática de los derechos humanos. «Exigimos que se respeten sus derechos y que se les dé una oportunidad de defensa justa», concluyó Ruiz, en una declaración que resume el sentir de las familias afectadas.
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