El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha batido un récord cuestionable, utilizando más decretos leyes que nadie, minimizando el control parlamentario
The post Los decretazos del gobierno : más de 150 hasta la fecha y otros 140 planeados para este año first appeared on Hércules. En la nueva legislatura del Gobierno de coalición entre PSOE y Sumar, los decretos leyes se han convertido en una herramienta esencial para avanzar en medidas legislativas. El uso de esta fórmula ha sido una constante desde su llegada al Ejecutivo, inicialmente justificada por la urgencia de la pandemia, pero más tarde aplicada para eludir el debate y control parlamentario.
El abuso de los decretos leyes
La Constitución Española establece que los decretos leyes deben utilizarse solo en casos de “extraordinaria y urgente necesidad”, lo que limita su uso a situaciones excepcionales. Sin embargo, los sucesivos Gobiernos de Sánchez han recurrido a esta herramienta con frecuencia cada vez mayor, minimizando el control parlamentario y evitando el debate necesario en el Congreso. Este mecanismo impide que los grupos parlamentarios puedan presentar enmiendas, lo que convierte la tramitación de las leyes en una vía rápida, sin espacio para mejorar las propuestas.
Según datos oficiales, Pedro Sánchez ha sido el presidente con más decretos aprobados desde la democracia, alcanzando los 145 decretos hasta la fecha, lo que supera el récord de Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo Sotelo, quienes aprobaron 136 decretos entre 1977 y 1982. Sin embargo, mientras que aquellos gobernaron más de seis años, Sánchez lo ha hecho en solo cinco años y medio, lo que refleja el rápido uso de los decretos para sacar adelante leyes sin pasar por el debate habitual.
Durante su carrera política, Sánchez fue crítico con el abuso de los decretos leyes. En 2015, durante su etapa como aspirante a la Moncloa, prometió dar al Parlamento la centralidad que merece y limitar el uso de los decretos. Sin embargo, con el tiempo ha adoptado una postura contraria a sus promesas, superando incluso a Mariano Rajoy en el uso de esta herramienta legislativa. Rajoy, que gobernó entre 2012 y 2018, aprobó 107 decretos, mientras que Sánchez no solo ha usado más decretos, sino que ha demostrado un mayor porcentaje de decretos sobre el total de leyes aprobadas.
Además, el actual Ejecutivo ha recibido críticas de la oposición por el uso de decretos leyes para evitar el debate parlamentario, lo que consideran un menosprecio al Congreso. La estrategia de gobernar por decreto ha permitido al Gobierno evitar el control de los órganos consultivos, como el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado o el Consejo Económico y Social, lo que limita aún más la fiscalización y la transparencia del proceso legislativo.
El Gobierno ha aprobado un total de 158 decretos, tratándose de un uso cada vez más frecuente y preocupante de esta herramienta legislativa;
2018: 28 decretos aprobados, en su mayoría relacionados con reformas urgentes en materia de empleo y pensiones.
2019: 18 decretos, con un énfasis en medidas económicas y sociales como el RD sobre medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral.
2020: 39 decretos aprobados, muchos de ellos relacionados con la crisis sanitaria del COVID-19 y las medidas económicas para paliar sus efectos.
2021: 32 decretos, con un enfoque en la recuperación económica, reformas laborales y ayudas a sectores afectados por la pandemia.
2022: 20 decretos, destacando los vinculados a la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania y medidas de protección social.
2023: 8 decretos, centrados en políticas de vivienda, regulación del mercado laboral y ayudas a familias vulnerables.
2024: 11 decretos, con especial énfasis en regulaciones medioambientales, ajustes fiscales y ayuda a las víctimas de la DANA en Valencia.
2025: 2 decretos hasta la fecha
Los decretos-ley esperados para 2025
El Gobierno de Pedro Sánchez ha presentado su Plan Normativo 2025, que busca aprobar 140 reales decretos, 41 leyes y 16 leyes orgánicas durante este año. Entre sus principales propuestas se destacan la ley de Democracia en la Empresa, la ley de Justicia Intergeneracional, y la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para permitir que la Fiscalía lidere las investigaciones judiciales.
En relación con la vivienda, el único avance previsto es el desarrollo de un Real Decreto que regule el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. Además, se contempla un Real Decreto para la creación del Consejo de la Memoria Democrática y un registro estatal de “entidades de memoria”. En este ámbito, también se prevé la aprobación de un Real Decreto que regule el catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática.
Por otro lado, en el área de Sanidad, se emitirá un Real Decreto con el objetivo de homogeneizar la información sobre listas de espera a nivel nacional, y se retomará la ley que permita la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública.
Aunque el Gobierno de Sánchez justifica el uso de los decretos por la necesidad de responder rápidamente a emergencias económicas y sociales, el uso extendido de esta fórmula ha generado un amplio debate sobre la calidad democrática.
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