Las condiciones laborales en las prisiones vascas están provocando una oleada de traslados en otras regiones que podría causar el colapso del sistema
The post Los funcionarios de prisiones no quieren trabajar en País Vasco first appeared on Hércules. El sistema penitenciario vasco enfrenta una de las mayores crisis desde que el Gobierno autonómico asumió su gestión hace tres años y medio. En el último concurso de traslados convocado por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, cerca de un tercio de los 550 funcionarios que trabajan en las tres prisiones de Euskadi han solicitado cambio de destino fuera de la comunidad. Este fenómeno refleja el descontento de los trabajadores, quienes denuncian una sobrecarga laboral, falta de personal y un «caos generalizado» en la gestión penitenciaria.
Según confirmó la consejera de Justicia, María Jesús San José, de las 197 solicitudes iniciales se han tramitado finalmente 135 tras el cierre del plazo de alegaciones. Aunque esta cifra es menor a la esperada, fuentes sindicales destacan que sigue siendo un porcentaje elevado considerando que gran parte de la plantilla son interinos sin experiencia previa. Esta situación surge debido al déficit de funcionarios de carrera, lo que ha llevado al Departamento de Justicia a contratar personal temporal. En paralelo, unos 70 nuevos trabajadores están completando su formación para cubrir las plazas vacantes que quedarán disponibles en marzo.
Críticas a la gestión penitenciaria
Pese a la alta demanda de traslados, la consejera San José defendió la gestión penitenciaria vasca en el Parlamento, calificándola como «atractiva, competitiva y estable». Sin embargo, desde el Partido Popular (PP), el diputado Santiago López calificó la situación como un «fracaso rotundo» de la gestión autonómica. «No se fugan los presos, se fugan los funcionarios. Su modelo es un castillo de naipes a punto de derrumbarse», criticó López, destacando el uso excesivo de interinos y el incumplimiento de las promesas económicas realizadas a los trabajadores.
El clima laboral en las prisiones vascas ha empeorado en los últimos meses, especialmente después de que el Gobierno autonómico ofreciera en diciembre un acuerdo salarial que excluía mejoras para los funcionarios que trabajan en los módulos de interior, quienes representan el 90% de la plantilla. Esta decisión provocó que numerosos empleados de la prisión de Zaballa, la mayor de Euskadi, dejaran de realizar horas extras, lo que agravó aún más la situación.
Condiciones laborales extremas
El sindicato CSIF denunció en 2024 que los funcionarios de la prisión de Álava se vieron obligados a realizar jornadas de hasta 48 horas consecutivas, acumulando más de 200 horas extra anuales para garantizar un servicio adecuado. Este esfuerzo extremo derivó en agotamiento físico y mental, provocando más de 100 bajas médicas hacia finales del año. La prisión de Zaballa alcanzó mínimos históricos de personal, lo que obligó a cerrar departamentos clave como el de comunicaciones, afectando las visitas de familiares y abogados, así como las actividades socioculturales para los internos.
El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria n.º 1 de Bilbao llegó a abrir diligencias contra los trabajadores de baja, acusándolos de realizar una «huelga encubierta» en medio de las negociaciones salariales. Aunque el juez instó al Gobierno vasco a tomar medidas disciplinarias, el caso fue finalmente archivado al no encontrar indicios de delito. Los sindicatos defendieron que las bajas estaban justificadas por médicos de distintas comunidades autónomas.
A pesar de la contratación de nuevos interinos y el regreso de la mitad de los trabajadores de baja, la situación sigue siendo preocupante. Fuentes sindicales alertan de que la prisión de Zaballa será una de las más afectadas por el concurso de traslados, lo que podría reducir significativamente el número de funcionarios en servicio. Además, critican que la Administración priorice la contratación de personal local, excluyendo a trabajadores de otras regiones.
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