Los arrendatarios podrían sacar rédito económico de estas ayudas estatales, aunque su aplicación es difusa debido al conflicto entre el Gobierno y las autonomías
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Imagen: ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez I Moncloa
La crisis de la vivienda ha escalado hasta convertirse en la principal preocupación ciudadana en España, según el CIS. En 2024, el acceso a un hogar pasó del segundo al primer lugar en la lista de inquietudes, desbancando incluso a problemas históricos como el paro.
Factores como el elevado precio de los inmuebles, la escasez de suelo disponible y unos salarios insuficientes han convertido la emancipación juvenil en un desafío casi inalcanzable. España se encuentra entre los países de Europa con la edad más tardía para que los jóvenes abandonen el hogar familiar.
Paquetes de medida planteadas por el Gobierno
En respuesta, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció un paquete de 12 medidas que abarcan desde incentivos fiscales hasta la creación de una Empresa Pública de Vivienda para ampliar la oferta de alquiler social.
Entre las propuestas más destacadas del Ejecutivo están:
Exención fiscal del 100% en el IRPF para propietarios que alquilen sus pisos en zonas tensionadas, incluso si estas no han sido declaradas oficialmente como tal. La condición es que los pequeños tenedores reduzcan el precio del alquiler respecto a contratos previos. Esta medida podría reducir un 5% el precio del alquiler en zonas no tensionadas generaría un saldo positivo para la mayoría de los arrendadores, según el Consejo General de Economistas. Por ejemplo, un propietario con ingresos brutos anuales de 18.000 euros y un alquiler de 1.000 euros al mes obtendría un beneficio de más de 300 euros al aplicar esta medida. En el caso de una renta anual de 30.000 euros, el beneficio aumentaría a 630 euros.
Transferencia de viviendas y suelo a la Empresa Pública de Vivienda, que recibirá 3.300 inmuebles y dos millones de metros cuadrados de suelo para construir viviendas sociales. Además, se incorporarán 30.000 viviendas de la Sareb.
Nuevos impuestos para viviendas turísticas, que serán consideradas actividades económicas y estarán sujetas al IVA en regiones con saturación o dificultades de acceso a la vivienda.
Creación de un sistema de garantías públicas para proteger tanto a propietarios como a jóvenes inquilinos que busquen emanciparse.
PERTE para la vivienda industrializada y modular, un proyecto estratégico para modernizar la construcción y abaratar los costes, que se desarrollará inicialmente en Valencia.
Reformas en el mercado inmobiliario y nuevas limitaciones
El Gobierno también planea revisar las ventajas fiscales de las socimis (sociedades de inversión inmobiliaria) para que solo beneficien a aquellas que promuevan el alquiler asequible. Además, se propone limitar la compra de viviendas por parte de extranjeros no residentes, quienes enfrentarían un gravamen fiscal de hasta el 100% en determinadas regiones.
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