Marlaska negó en 2022 a las familias de las víctimas de ETA que fueran a reducir las condenas de los presos

na reforma que se ha llevado a cabo después de que todos los partidos políticos hayan aprobado en el Congreso de los Diputados su modificación
The post Marlaska negó en 2022 a las familias de las víctimas de ETA que fueran a reducir las condenas de los presos first appeared on Hércules.  El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, prometió hace dos años, a través de un correo electrónico, a las asociaciones y fundaciones de víctimas de ETA. En esta carta Marlaska aseguraba que el Gobierno no iba a modificar la ley por la que los presos de dicha banda terrorista pudiesen convalidar las penas que habían cumplido en otro país.

A día de hoy, esta reforma que supuestamente el Gobierno se había comprometido a no modificar, ya es casi una realidad. Una reforma que se ha llevado a cabo después de que todos los partidos políticos hayan aprobado en el Congreso de los Diputados su modificación. Una cuestión que ha despertado una gran polémica debido a que la reforma de esta ley se ha llevado a cabo sin que el Partido Popular y Vox, se hayan dado cuenta de lo que estaban votando.

No solo porque el PP no haya tenido conciencia de lo que estaba votando, sino porque como la misma Dirección de Apoyo a víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior en 2022 confirmó que el Ejecutivo no iba a llevar a cabo esta modificación que podría dejar en libertad a varios presos de la banda terrorista. 

Marlaska prometió a las víctimas de ETA que la reforma no afectaría a las penas de los etarras

El Ministerio del Interior hace hincapié en este correo en que la reforma alcanzaba “solo a cuestiones que afectan al intercambio de información sobre antecedentes penales entre el Registro Central de Penados y las autoridades responsables de los registros nacionales de los Estados miembros”.

 Este correo zanjaba también que: “En consecuencia, zanjaba, no existe ninguna iniciativa para modificar la regulación que se refiere a los efectos jurídicos de las resoluciones condenatorias dictadas en otros Estados de la Unión Europea”.

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