La orden de protección se decide en una resolución judicial “que consagra el estatuto de protección integral de las víctimas” cuando existen “indicios fundados de la comisión de delitos”
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Imagen: Dos mujeres se abrazan tras el minuto de silencio en la concentración espontánea de vecinos de Benalmádena, donde un hombre mató a su pareja en presencia de sus hijos en febrero. Carlos Diaz / EFE
En 2024, las órdenes de protección para víctimas de violencia de género descendieron un 6,5% respecto al año anterior, una contracción que se ha observado en todas las comunidades autónomas. El año pasado terminó con 199.094 denuncias por violencia de género y con la concesión judicial de 33.247 órdenes de protección, lo que supone el 16,69% de esas denuncias. En 2023, esa tasa fue del 17,84 %, según datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial.
El año pasado se concedieron 2.314 órdenes menos que en 2023, 33.247. Se solicitaron 49.268 (en una de cada cuatro denuncias), de las que se adoptaron el 67,48 % (frente al 69,9 % de 2024). En algunas autonomías, como Madrid y Cataluña, este porcentaje ni alcanzó el 50 %.
Las órdenes solicitadas también fueron menos. Estas las concede un juez, pero previamente tienen que pedirlas la defensa de la víctima o la fiscalía, y en concreto fueron un 3% menos que las pedidas en 2024. Se pidieron menos (3 %) y se concedieron aún menos (6,5 %), según Efe.
Las juristas feministas vienen alertando de «la cicatería en la concesión de órdenes de protección», que puede tener resultados mortales. «Cada año está subiendo un poco el porcentaje de mujeres asesinadas que habían denunciado, este es el grandísimo fracaso», asevera a Efe la abogada Altamira Gonzalo. La también abogada y directora de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto, confirma «una tendencia de que cada vez menos mujeres están protegidas por la orden de protección y también que desciende el número de solicitudes».
Se estanca la implementación de pulseras telemáticas
El Gobierno ha invertido más de 40 millones de euros de los fondos europeos para los miles de dispositivos Cometa de control telemático de agresores machistas. Ahora, la instalación judicial de estas pulseras no aumenta. En febrero de 2025, último mes del que se dispone de datos, había 4.551 dispositivos instalados, lejos del máximo histórico de 4.851 pulseras activas en abril de 2024 y a un abismo de las más de 11.000 que se comprometieron a gestionar hasta 2026 las empresas adjudicatarias del contrato de seguimiento.
La magistrada Victoria Rosell, que era delegada del Gobierno contra la Violencia de Género cuando se negoció la ampliación del número de pulseras y su mejora tecnológica, subraya al mismo medio que “han aumentado exponencialmente los casos en los que el Estado lo tiene que ofrecer, más allá de la violencia de género”. “Si multiplicas por tres el número de delitos para los que lo estás ofreciendo, no tiene ningún sentido», explica.
El control telemático de agresores se empezó a aplicar en España en 2009 para vigilar el cumplimiento de las órdenes de alejamiento por violencia de género. En agosto de ese año había 7 dispositivos activos y 250 disponibles. En diciembre de 2017, se superó la barrera de los 1.000, y la de las 4.000, en julio de 2023. El máximo histórico se registró en abril de 2024, 4.851, y desde entonces los dispositivos activos han ido descendiendo hasta los 4.551 del último febrero.
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