La vicepresidenta ha escandalizado con sus declaraciones a las principales asociaciones de jueces y fiscales
The post Montero ataca a la presunción de inocencia: no se debe cuestionar nunca a las supuestas víctimas first appeared on Hércules. La vicepresidenta primera y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha tratado de justificar sus declaraciones recientes, argumentando que la presunción de inocencia no debería impedir el rechazo a la revictimización sistemática de las mujeres que han sufrido agresiones.
Montero se vio envuelta en la polémica después de que el sábado calificara de “vergüenza” la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que absolvió a Dani Alves del delito de agresión sexual, anulando la condena previa. Sus palabras provocaron una reacción inmediata de todas las asociaciones de jueces y fiscales, que emitieron un comunicado conjunto exigiendo respeto por la independencia judicial y la presunción de inocencia.
A pesar de este revés, la dirigente socialista ha insistido en su postura, rechazando las críticas del Partido Popular y acusándolo de hipocresía. A través de un mensaje en X, Montero recordó que el PP ha cuestionado en el pasado el Tribunal Constitucional y se ha jactado de influir en la Sala Segunda del Supremo, además de haber tratado la trama Gürtel como una conspiración contra su partido.
Desde Ferraz, fuentes socialistas han intentado rebajar la polémica, asegurando que las palabras de Montero fueron fruto de la impotencia ante la sentencia y admitiendo que su mensaje podría haberse expresado con mayor claridad. Sin embargo, sus declaraciones constituyen un ataque directo al Estado de Derecho, ya que deslegitiman la labor judicial y ponen en entredicho uno de los pilares fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico: la presunción de inocencia.
La justicia debe impartirse con base en pruebas y no en juicios mediáticos ni presiones políticas. Al cuestionar una decisión judicial con términos tan contundentes, Montero no solo socava la confianza en los tribunales, sino que también pone en peligro la imparcialidad que debe regir cualquier proceso judicial. En una democracia sólida, es inaceptable que una alta representante del Gobierno desacredite el trabajo de los jueces por no ajustarse a sus propias convicciones ideológicas.
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