El acuerdo para que Cataluña reciba el 25% de las ayudas antiaranceles provoca un terremoto político y pone en peligro la unidad territorial
The post Otro pacto entre Junts y el Gobiero acaba con el diálogo con el PP first appeared on Hércules. El último pacto entre el Gobierno y Junts per Catalunya ha vuelto a sembrar el desconcierto político en el Congreso y ha tensado, hasta casi romper, los puentes de diálogo entre el Ejecutivo y el Partido Popular. La chispa: una disposición adicional incluida en el real decreto de ayudas antiaranceles, que reserva un 25% de los fondos a las empresas catalanas. Este gesto, que desde Moncloa intentan presentar como un ajuste técnico basado en datos de exportación, ha sido percibido por el PP como una cesión inaceptable al independentismo catalán.
El decreto-ley, aprobado en Consejo de Ministros, moviliza más de 14.000 millones de euros para contrarrestar el impacto de los aranceles impuestos por la administración Trump. De ese total, 5.000 millones serán avales ICO, pero ha sido la clave territorial —y el supuesto “privilegio” para Cataluña— lo que ha desatado el caos.
Fue el diputado de Junts, Josep Maria Cruset, quien encendió la mecha. Desde el Congreso, anunció que Cataluña recibiría alrededor de 3.000 millones de euros, es decir, una cuarta parte del paquete económico, gracias a un acuerdo cerrado con el Ejecutivo. Para Cruset, el pacto representa una victoria que “defiende los intereses de Cataluña” y que demuestra que su formación “hace el trabajo que no hace la Generalitat”.
Desde el Ministerio de Economía, sin embargo, rebajan las cifras. El titular del ramo, Carlos Cuerpo, aclara que no hay criterios territoriales explícitos, y que la distribución de los fondos dependerá de la exposición real de las empresas a los aranceles, no de su ubicación geográfica. “Habrá financiación para todas las que lo requieran”, reiteran desde Economía, negando que se haya fijado un cupo cerrado por comunidad autónoma.
El PP estalla: “Acuerdo asimétrico” y “pacto a espaldas”
El PP no tardó en reaccionar con dureza. En palabras de fuentes de Génova, el Gobierno ha “expulsado al PP del marco negociador” al cerrar un acuerdo con Junts sin conocimiento del principal partido de la oposición. Para los populares, lo que se ha pactado no es otra cosa que un “cupo arancelario” que vulnera la igualdad entre territorios. La consecuencia inmediata: el clima de colaboración que se había restablecido con el Ejecutivo ha vuelto a deteriorarse drásticamente.
Aunque el propio vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, intentó reconducir la situación con una conversación “constructiva” con Cuerpo, en el PP insisten en que no apoyarán un decreto que reparta fondos en función del lugar de origen. “Nuestro criterio es finalista: proteger a las empresas más afectadas, no premiar territorios”, remarcan.
Mientras tanto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, camina por una cuerda floja. Con su base parlamentaria fracturada y la mayoría de investidura debilitada, ha optado por contentar a Junts para garantizar su apoyo a los decretos clave, aún a costa de alejar al PP. La operación tiene una segunda lectura política: con el Tribunal Constitucional próximo a fallar sobre la amnistía, Moncloa necesita sostener su alianza con los independentistas para resistir hasta el final de la legislatura.
En este contexto, la figura de Carlos Cuerpo emerge como un actor relevante. Su perfil dialogante ha generado buena sintonía con el PP, pero también ha sido usado para apartar a María Jesús Montero del foco de las negociaciones, algo que en Génova celebran con sorna.
La comparecencia de Cuerpo en el Congreso será clave para medir la temperatura real de la crisis. El Ejecutivo confía en que los matices sirvan para calmar los ánimos, pero la desconfianza ya está sembrada. Por su parte, Feijóo se reunirá hoy en Bruselas con Ursula von der Leyen para trasladarle su respaldo a una respuesta firme frente a Trump, al tiempo que critica las decisiones del Gobierno en casa.
El primer paquete de medidas debe ser convalidado en el Congreso en menos de un mes. Si Sánchez no logra reconducir la situación, el decreto podría naufragar. Y lo que es peor: la política de alianzas del Gobierno quedaría más erosionada aún, con un PP en guardia y un Junts dispuesto a capitalizar cada concesión.
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