Crónica Diaria

El grueso del esfuerzo económico para elevar el gasto europeo en Defensa se sufragaría con cargo al nuevo Marco Financiero Plurianual, que entrará en vigor en 2028
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Imagen: La presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen habla con los medios de comunicación al salir de una cumbre sobre Ucrania en Londres. Christophe Ena/AGENCIA EFE

Este lunes, el Gobierno español ha remitido un documento a la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen en el que se recoge la posición de España de cara a la elaboración del Libro Blanco que tiene previsto presentarse el 19 de marzo y que debe sentar las bases del proyecto de seguridad común. En el documento, España considera que la seguridad es un “Bien Público Europeo”, lo que significa que ningún Estado miembro de la UE puede garantizar su discusión por sí solo.

El informe recoge seis puntos que parten de esta misma idea. En concreto, España dice que “es necesario trabajar de manera concertada a nivel comunitario en el marco de la OTAN y en alianzas con países amigos”. Además, se reconoce que la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania “es una amenaza existencial y está íntimamente ligada a la seguridad europea”. La consecuencia lógica de considerar esta idea principal que plantea España es la de comunizar la financiación en defensa.

El grueso del esfuerzo económico para elevar el gasto europeo en Defensa se sufragaría con el cargo al nuevo Marco Financiero Plurianual, que entrará en vigor en 2028, cuando concluya el vigente, que cubre el periodo 2021-2027. Se trata de un instrumento presupuestario de la UE, que se sufraga con las aportaciones de los países y la emisión de deuda común.

Necesidad de reforzar la base industrial de defensa europea, pero con condiciones

España no entra en ese documento en el debate abierto por Reino Unido sobre el envío de tropas de paz a Ucrania, pero lo que sí hace es reconocer la necesidad de reforzar la base industrial de defensa europea, pero con condiciones. En el documento, España cree que ese refuerzo se debe hacer preservando que sea en beneficio de todos los Estados miembros, cuidando “el equilibrio regional” para que no sean solo unos pocos países los que salgan ganando de esta necesidad. Pide que se haga aumentando la competitividad y la autonomía estratégica de Europa, con la creación de plataformas conjuntas y fomentando la innovación, contando también con las PYME.

Respecto a la guerra con Ucrania, España subraya que “la agresión de Rusia contra Ucrania es una amenaza existencial y está íntimamente ligada a la seguridad europea”; de modo que el apoyo a Kiev no es para la UE una cuestión de solidaridad sino de supervivencia. El Gobierno español parte del análisis del conjunto de amenazas incluido en la Brújula Estratégica, que se elaboró bajo la dirección del anterior Alto Representante para la Política Exterior, el español Josep Borrell, y apuesta por “una visión completa de la seguridad” con “una aproximación 360º”.

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El Supremo interroga hoy como testigo a Carlos Moreno, quien habría aceptado un pago de 25.000 euros a cambio de ciertos favores
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Imagen: jefe de Gabinete de Hacienda, Carlos Moreno I RTVE

El Tribunal Supremo afronta esta semana una nueva ronda de declaraciones en el marco del ‘caso Koldo’. Entre los testigos citados destaca Carlos Moreno, jefe de Gabinete del Ministerio de Hacienda, a quien el empresario Víctor de Aldama señala como receptor de 25.000 euros entregados por Koldo García, exasesor del Ministerio de Transportes. Según De Aldama, este pago fue una muestra de agradecimiento tras haber solicitado un favor para una de sus empresas.

El magistrado Leopoldo Puente, instructor de la causa en el Supremo, ha convocado a 17 testigos para esclarecer si el exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García recibieron comisiones a cambio de adjudicaciones de contratos públicos, tanto en infraestructuras como en la compra de material sanitario durante la pandemia.

Involucración del jefe de Gabinete de Montero

Moreno, cuya declaración está prevista para este martes a las 10:30, fue mencionado por De Aldama en la Audiencia Nacional y posteriormente en el Supremo. El empresario afirma que le pidió ayuda para retrasar el embargo de una de sus compañías, alegando que hasta ese momento no había logrado negociar una solución. Según su testimonio, Moreno le habría indicado que debía consultar antes con la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Tras obtener el aplazamiento del embargo, De Aldama sostiene que Koldo García le sugirió que tuviera un “detalle” con Moreno, quien estaba buscando una vivienda. Según su versión, se organizó una reunión en un bar cercano al Ministerio, donde Koldo habría entregado un sobre con los 25.000 euros.

Por su parte, García ha reconocido conocer a Moreno, pero ha negado haberle entregado dinero en efectivo. Según su declaración, pudo haberse encontrado con De Aldama en varias ocasiones, aunque de forma casual. Además, en una entrevista en televisión, explicó que su encuentro con Moreno fue para informarse sobre el procedimiento para solicitar un aplazamiento de embargo.

Declaraciones de familiares y empresarios

Este martes también comparecerá Joseba García, hermano de Koldo, a quien la Guardia Civil señala como posible intermediario en el cobro de comisiones. Según los informes de la Unidad Central Operativa (UCO), Joseba habría transportado dinero en efectivo e incluso habría realizado viajes a República Dominicana para estas gestiones.

Asimismo, se espera la declaración del hijo de José Luis Ábalos, quien según De Aldama firmó contratos de consultoría con constructoras en el extranjero, lo que, según la investigación, podría haber servido para encubrir comisiones por adjudicaciones de obra pública en España.

El juez ha solicitado un informe patrimonial de Ábalos y su hijo, medida que el exministro ha recurrido al considerar que se trata de una “investigación generalizada” sobre su vida personal y profesional.

También figura entre los testigos Luis Alberto Escolano, socio de De Aldama, a quien la UCO identifica como presunto testaferro. Se le atribuye el pago del alquiler de 2.700 euros mensuales de la exnovia de Ábalos, JRG, en un lujoso piso de la Torre de Madrid entre 2019 y 2022, suma que alcanzaría los 82.298 euros.

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La corporación municipal madrileña presenta sus proyectos y regulaciones en el Mobile World Congress de Barcelona durante estos días
The post El Ayuntamiento presenta un proyecto en el Mobile World Congress first appeared on Hércules.  Ayuntamiento de Madrid ha hecho aparición en el Mobile World Congress (MWC). Esta cita es un importante foco internacional de tecnología que este año se celebra en Barcelona del 3 al 6 de marzo.  Con el objetivo de generar sinergias entre los principales actores del sector tecnológico y dar a conocer la apuesta del Consistorio en el ámbito de la innovación, Madrid Innovation se encuentra presente en el congreso con un estand de 150 m2 (hall 8.1, estand A50 y 51), acompañado por 63 startups que pertenecen a los centros de innovación municipales.

Ángel Niño, concejal delegado de Innovación y Emprendimiento ha aportado la visión estratégica de la capital para los próximos dos años en materia de innovación. Allí ha presentado un nuevo proyecto de entorno como “Sandbox Madrid”. La ordenanza, aprobada el pasado mes de enero en el Pleno municipal, dota, por primera vez, de una regulación específica para el desarrollo de proyectos innovadores en espacios públicos de la ciudad.

El concejal ha aprovechado para invitar a empresas de todo el mundo a probar sus proyectos en Madrid, beneficiándose de esta ordenanza que reduce de manera considerable plazos y trámites.  Tras recibir las primeras propuestas de proyectos para medir el interés y el grado de madurez de las pruebas, Niño ha asegurado que “las primeras convocatorias para poner en marcha los pilotos llegarán en los próximos meses”.

Madrid in Game en el Mobile World Congress

Madrid in Game está presente con un espacio propio para mostrar el ecosistema construido en torno a la industria del videojuego en Madrid. Para ello, dispone de una zona para emprendedores que incluye un escenario para presentaciones, sala de reuniones y un área de networking.

Este estand acoge durante toda la feria sesiones de pitching donde las startups presentarán sus empresas y proyectos en marcha.

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El partido de Yolanda Díaz pide mayor transparencia sobre los bienes religiosos, así como su disfrute gratuito por parte de la ciudadanía
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Imagen: el ministro de Cultura, Ernest Urtasun I Marca

Este nuevo movimiento llega tras las recientes polémicas impulsadas por Sumar en torno a la descolonización y la tauromaquia, poniendo ahora el foco en el papel de las entidades eclesiásticas en la administración del patrimonio cultural.

La reforma pendiente de la Ley de Patrimonio

La necesidad de actualizar la legislación sobre el patrimonio histórico es una cuestión que ha quedado relegada por sucesivos gobiernos, según a adelantado ABC. La ley actual, vigente desde 1985, ha sido considerada obsoleta tanto por Sumar como por el Partido Popular.

En su iniciativa, la formación de Urtasun argumenta que la mayoría de los 3.161 bienes de interés cultural (BIC) gestionados por la Iglesia han sido adquiridos a través del controvertido mecanismo de inmatriculaciones diocesanas. Sumar denuncia que esta gestión privada de bienes de titularidad pública genera distorsiones que la normativa actual no aborda adecuadamente.

El partido insta al Gobierno a impulsar una nueva ley de Patrimonio que garantice la transparencia en la gestión de estos bienes y que priorice el interés general sobre los intereses particulares. Entre sus propuestas figura la imposición de mecanismos de control que aseguren el acceso público y una gestión basada en criterios científicos.

Coincidencias y diferencias entre Sumar y el PP

Pese a sus diferencias ideológicas, Sumar y el Partido Popular coinciden en la necesidad de modernizar la legislación sobre patrimonio. Los populares han presentado su propia propuesta, que busca endurecer las sanciones contra ataques a bienes históricos y fomentar la digitalización y promoción del patrimonio.

Además, el PP pretende que el Congreso reactive el proyecto aprobado en el Senado para reforzar la protección del patrimonio frente a agresiones como las protagonizadas por activistas ecologistas. También plantea que la reforma se realice en coordinación con comunidades autónomas, ayuntamientos y otras instituciones públicas y privadas.

El precedente de la fallida reforma de Uribes

Reformar la Ley de Patrimonio es un reto que ha estado sobre la mesa de varios ministros de Cultura sin éxito. El último intento fue liderado por José Manuel Rodríguez Uribes, cuyo equipo propuso una normativa que creaba una categoría especial para los bienes declarados Patrimonio de la Humanidad.

Este proyecto otorgaba al Estado un mayor control sobre estos bienes, lo que provocó la reacción de las comunidades autónomas, que rechazaron lo que consideraban una injerencia centralizadora. Su sucesor, Miquel Iceta, optó por retirar la iniciativa, argumentando que una ley de Patrimonio sin consenso estaba condenada al fracaso.

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El Partido Popular acusa a Ábalos de pagar a Jéssica Rodríguez con dinero público a cambio de favores sexuales
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Imagen: exministro de Transportes I Europa Press

El escándalo que involucra al exministro José Luis Ábalos no solo ha sacudido el panorama político, sino que también ha puesto en entredicho una de las banderas ideológicas más recientes del PSOE: la lucha contra la prostitución

Testimonio clave y vínculos con empresas públicas

La investigación sobre el caso dio un giro la semana pasada con la declaración de Jessica Rodríguez ante el Tribunal Supremo, según ha informado ABC. Su testimonio desveló que había sido contratada por dos empresas públicas sin haber trabajado un solo día, percibiendo un salario cercano a los 30.000 euros. Además, residía en un lujoso apartamento en Madrid, presuntamente financiado por Víctor de Aldama, empresario vinculado al escándalo.

Estos hechos se suman a las detenciones de febrero de 2024, cuando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil arrestó a Koldo García, exasesor de Ábalos, y al propio De Aldama, en el marco de una investigación sobre presuntas irregularidades en contrataciones públicas.

Ofensiva del PP y comparecencias en el Senado

El Partido Popular ha intensificado la presión política con la solicitud de comparecencias en el Senado de los ministros de Transportes y Agricultura, Óscar Puente y Luis Planas, así como de altos cargos de las empresas públicas implicadas: Tragsatec e Ineco. Entre los citados figuran el presidente del Grupo Tragsa, Jesús Casas Grande, y Carmen Librero, quien dirigía Ineco en 2020, cuando se produjo la polémica contratación.

Los populares han llevado la acusación un paso más allá, señalando que los pagos a Rodríguez podrían estar relacionados con “favores sexuales”. Desde la formación de Alberto Núñez Feijóo han calificado el caso como “una de las formas más despreciables de malversación de dinero público”.

El PSOE y su compromiso con la abolición de la prostitución

El escándalo ha reavivado el debate interno en el PSOE sobre la abolición de la prostitución, un tema impulsado por figuras como Carmen Calvo y Adriana Lastra, que han defendido firmemente esta postura dentro del feminismo socialista. Durante la pasada legislatura, este sector chocó con el ala de Unidas Podemos, liderada por Irene Montero, en asuntos como la ley trans y la ley del “solo sí es sí”.

Aunque la actual coalición con Sumar ha modificado el equilibrio de poder dentro del Ejecutivo, el PSOE ha retomado con fuerza su agenda abolicionista, diferenciándose de sus socios, que mantienen una postura más cercana a la regulación de la prostitución.

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El acuerdo se produce después de la retirada por parte de Junts de la iniciativa de la cuestión de confianza contra Sánchez y tras el acuerdo con ERC para la condonación de la deuda
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Imagen: Jordi Turull y Miriam Nogueras. EFE

PSOE y Junts anunciarán “inminentemente” durante esta semana el acuerdo para traspasar las competencias en materia migratoria a Cataluña, según han informado fuentes a El País y RTVE, quienes aseguran que el acuerdo contentará a todas las partes y reforzará el autogobierno catalán, siempre dentro de la Constitución. El pacto llega después de la retirada por parte de Junts de la iniciativa que planteaba la cuestión de confianza al presidente Pedro Sánchez y tras el acuerdo con ERC para la condonación de más de 17.000 millones de deuda a Cataluña. Siete días antes, el Govern y ERC pactaron que Cataluña gestione el servicio de Cercanías desde el 1 de enero de 2026.

Desde hace meses, Junts y el PSOE han venido negociando acerca de la cesión de las competencias migratorias hasta que han acercado posturas. La semana pasada, en una entrevista en La Hora de La 1, el ministro de Transformación Digital Óscar López aseguró al ser preguntado por la cuestión que se anunciaría cuando hubiese un acuerdo y que la cesión siempre sería en los márgenes que establece “la Constitución”.

Cesión integral de las competencias migratorias

De hecho, uno de los principales desacuerdos entre el Gobierno y Junts ha sido el control fronterizo. Los independentistas catalanes han insistido durante todo este tiempo en que el traspaso tendría que ser integral para que los Mossos d’Esquadra gestionasen las fronteras, pero el Gobierno se negaba al considerarlo fuera del marco constitucional.

Tras más de un año de negociaciones, se espera que la proposición de ley que recoge este nuevo texto se lleve de forma conjunta al Congreso esta misma semana, coincidiendo con unos días en los que no hay pleno ni en la Cámara Baja ni en el Senado.

Con este escenario, el Gobierno podría ver allanado su camino definitivo hacia la elaboración y aprobación definitiva de unos Presupuestos Generales del Estado, en los que el Ejecutivo siempre ha confiado, y en los que el voto positivo de Junts es fundamental y clave para poder aprobarlos.

Tras el anuncio, el portavoz del Partido Popular Borja Sémper ha expresado en su cuenta de X su crítica al considerar que “por 7 votos, todo está en venta para el PSOE”, calificándolo como “algo casi obsceno, sin el casi”. Aunque el contenido no se conoce, el sindicato mayoritario de la Policía Nacional, JUPOL, ya ha emitido un comunicado por el “bochornoso acuerdo” que “supone un nuevo ataque frontal al Estado de derecho, una vulneración flagrante de la Constitución y un paso más en el desmantelamiento de la presencia de la Policía Nacional en Cataluña”.

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Madrid invertirá este año 1,1 millones de euros en ayudas y servicios dirigidos a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad auditiva
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Comunidad de Madrid

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, se ha reunido el día de ayer con los representantes de la Confederación Española de Familias de Personas Sordas (FIAPAS), una plataforma que agrupa a 47 entidades en todo el país.

Los 1,1 millones de euros invertidos en FIAPAS permitirán financiar diferentes tipos de apoyo, como la compra de audífonos, ordenadores o tablets para personas con dificultades específicas de comunicación. También se incluyen ayudas para la instalación de avisadores luminosos en los timbres o telefonillos de los hogares, una medida que en 2024 benefició a cerca de 300 personas. 

Además, la Comunidad de Madrid ha reforzado la inversión en servicios de interpretación en lengua de signos. En este sentido, el contrato destinado a este servicio se ha incrementado y alcanzará en 2025 una dotación de más de 340.000 euros, lo que garantizará una mayor cobertura y accesibilidad para las personas sordas o con discapacidad auditiva en distintos ámbitos de la vida cotidiana. 

Durante el encuentro, Dávila destacó el compromiso del Gobierno regional con la accesibilidad y la plena integración de las personas con discapacidad auditiva. 

FIAPAS, que lleva años trabajando en la defensa de los derechos de este colectivo, valoró positivamente las iniciativas del Ejecutivo madrileño y la ampliación de los recursos disponibles. Entre sus principales demandas, la organización insiste en la necesidad de continuar desarrollando políticas de accesibilidad universal en el ámbito educativo, sanitario y social. 

La Confederación Española de Familias de Personas Sordas

FIAPAS surge en 1978 para dar respuesta a las necesidades que se plantean las familias de las personas con discapacidad auditiva y a los propios afectados. FIAPAS es una confederación de ámbito nacional, integrada por 47 entidades confederadas, que constituyen una mayor plataforma de representación de las familias de personas sordas en España. 

La misión de FIAPAS es la representación y defensa de los derechos y los intereses globales de las personas con discapacidad auditiva y de sus familias, tanto a nivel nacional como internacional, ante la sociedad, administraciones y demás instituciones, integrando e impulsando con este fin la acción de las Federaciones Autonómicas y de las Asociaciones de Padres y Madres de personas sordas. 

Como entidad, es perceptora de fondos públicos por medio de subvenciones y convenios firmados con la Administración Pública. 

FIAPAS está presente en todos aquellos foros de ámbito nacional en los que, tanto a nivel de representación y participación política como técnica y de expertos, se debaten cuestiones respecto a la mejora de la situación de las personas con discapacidad y de sus familias. 

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El consumo de cannabis incrementa ligeramente dentro de la Comunidad de Madrid, que continúa con su Plan Regional contra las drogas
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Consumo de Cannabis I ElMundo

a CAM de Madrid ha participado en un estudio realizado a nivel nacional en el que se ha determinado que el cannabis es la sustancia psicotrópica ilegal de mayor consumo en la autonomía.

Cifras de la encuesta

Las cifras se han conocido a partir de la última Encuesta Domiciliaria sobre Alcohol y otras Drogas (EDADES), realizada cada dos años. La Dirección General de Salud Pública madrileña con 2.494 entrevistados ha colaborado en la investigación. Los datos reflejan un aumento porcentual del consumo de 1,4%. Por otro lado, un 9,7% de la población de entre 15 y 64 años la ha probado alguna vez en los últimos 12 meses. El documento también revela el aumento de personas que admiten haber tenido contacto con este estupefaciente en los 30 días anteriores al sondeo, hasta un 8,9% frente al 6,6% que lo admitían en 2022.

Otras drogas

En el apartado de sustancias legales, Madrid ha disminuido su consumo de tabaco alcanzando el mínimo en dos décadas con un 33,8% de los encuestados que se reconocen fumadores, frente al 34,5% de 2022. Frente a ello, ha habido un crecimiento significativo de los cigarrillos electrónicos, que casi se ha duplicado en dos años, hasta alcanzar el 5,2% de los consultados.

En el alcohol las noticias no son tan esperanzadoras. Las personas que lo consumen a diario han aumentado significativamente del 6,7% de 2022 al 15,6% de 2024. El uso abusivo del alcohol ha descendido, siendo más frecuente entre los jóvenes de 15 a 34 años.

Por lo general, el estudio muestra una mayor aversión a las drogas por parte de las mujeres, que consideran especialmente nocivos el tabaco y la cocaína. En cuanto a cómo subsanar este problema, los encuestados creen que las mejores soluciones pasan por controles estatales más estrictos en materia policial y aduanera.

Plan Regional Contra las Drogas

Este plan, aprobado por Díaz Ayuso en noviembre de 2024 cuenta con una inversión de 200 millones de euros. En él participan en ella todas las consejerías del Ejecutivo autonómico, y despliega 75 medidas de prevención y concienciación frente a problemas tan graves como el cannabis, que sólo en 2023 provocó más de 5.000 ingresos hospitalarios.

La primera fase del programa fue precisamente en contra del cannabis, con la campaña Los porros golpean tu vida hasta destrozarla. El objetivo de la Comunidad es concienciar sobre los peligros que tiene esta droga, a menudo banalizada por la sociedad, y cuya edad media de inicio es de 18,3 años, tanto en hombres como mujeres.

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Lo hizo para asegurarse que se le adjudicaban unas parcelas en Arganda del Rey entre el 2004 y 2006, cuando el PP gobernaba en dicho municipio. El empresario ofrece estos detalles 20 años después
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IMAGEN: Fernando Martín, a la derecha, a su llegada a la Audiencia Nacional, este lunes. EFE

El expresidente del Real Madrid y de la promotora Martinsa Fernando Martín ha confesado que coordinó y participó en el pago de una comisión de 25 millones de euros a la trama Gürtel, encabezada por el empresario Francisco Correa, para asegurarse la adjudicación de unas parcelas en Arganda del Rey entre 2004 y 2006, cuando el PP gobernaba en dicho municipio, según publica el diario El País. En un escrito firmado que ha enviado a la Audiencia Nacional, el empresario ofrece 20 años después detalles de la operación.

El constructor busca así, según el citado medio, evitar su entrada en prisión al cerrar un pacto con la Fiscalía Anticorrupción, que reclamaba para él casi 20 años de cárcel. En el escrito, fechado este 3 de febrero, Martín describe cómo Correa contactó con él entre finales de 2003 y principios de 2004 para “ofrecerle su intermediación ante las autoridades políticas de Arganda”. Explica cómo se vieron después en el hotel Fénix Gran Meliá de Madrid para cerrar los pormenores del amaño; y cómo, tras esa cita, tuvieron más conversaciones para convenir el tamaño de la mordida.

Martín sostiene en su confesión que era “consiente” de que una parte de esa mordida “tendría como destinatarios” a los responsables de urbanismo del Consistorio. En su escrito, el constructor admite cinco delitos: uno de prevaricación, uno de fraude a las administraciones públicas, uno de cohecho y dos contra la Hacienda pública.

Martín es uno de los acusados en el penúltimo juicio del caso Gürtel, que arranca este lunes en la Audiencia Nacional. Además del promotor, una veintena de personas más se sientan en el banquillo por las presuntas adjudicaciones irregulares del Ayuntamiento de Arganda del Rey (Madrid) a cambio de comisiones.

Entre los acusados figuran, además de los considerados cabecillas de la trama, el exalcalde Ginés López y varios funcionarios.

El juicio se celebra con dos de los principales protagonistas del caso Gürtel, Francisco Correa y Pablo Crespo, disfrutando ya del tercer grado penitenciario, tras haber cumplido más de una década en prisión.

Acuerdo de conformidad con la Fiscalía

Según informan a EFE fuentes jurídicas, no solo Martín, sino también una gran mayoría de los acusados ha propuesto a la Fiscalía Anticorrupción alcanzar un acuerdo de conformidad por el que reconocen los hechos a cambio de una rebaja en su petición de penas.

En su escrito de conclusiones provisionales, la fiscal expone cómo Correa habría convenido el pago de comisiones con funcionarios y autoridades del Ayuntamiento de Arganda a cambio de la adjudicación de contratos públicos desde 1998 y durante las legislaturas en las que gobernó el PP. Gracias a “irregulares adjudicaciones”, las empresas de Correa obtuvieron contratos de 1,2 millones de euros, y un beneficio de, al menos, 189.991 euros, según Anticorrupción.

Según el juez que investigó el caso, en esta causa los funcionarios acusados habrían colaborado con los políticos en los procesos de contratación emitiendo informes técnicos amañados, validando procedimientos y autorizando facturas y pagos.

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El decreto también plantea la prohibición de las máquinas vending que ofrezcan publicidad de cualquier producto y que se instalen cerca de zonas infantiles
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Imagen: Un adolescente frente a una máquina expendedora, en una imagen de archivo. Getty Images

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 se encuentra elaborando un decreto con el objetivo de reducir la tasa de obesidad y sobrepeso de los niños españoles, que ya supera el 36% y que afecta a las rentas más bajas. Para ello, el ministerio estudia un decreto que prohíba la venta de la bollería industrial, las bebidas energéticas y azucaradas y que regule el consumo de estos productos en las máquinas vending y cafeterías de colegios e institutos. El texto todavía tiene que pasar por el Consejo de Estado y llegar luego al Consejo de Ministros con el apoyo de los ministerios de Educación y Agricultura, por lo que la propuesta final podría cambiar.

La legislación, según ha podido saber El País, plantea restringir los productos que superen un contenido máximo de cinco gramos de azúcares por porción envasada, o bien los que tengan altos contenidos en grasas o sal. También afecta a las bebidas energéticas. Además, el decreto plantea la prohibición de las máquinas vending que ofrezcan publicidad de cualquier producto, y propone prohibir también que estas máquinas se instalen en zonas a las que pueda acceder el alumnado infantil y primaria. Asimismo, exigirá a los comedores no exceder el número de frituras, usar únicamente los tipos de aceites recomendados para ellas y aumentar el consumo de frutas, verduras y hortalizas.

Cada vez se incumplen más los criterios nutricionales

Esta nueva regulación está basada en los criterios establecidos por organismos sanitarios internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) o la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus siglas en inglés) sobre los límites para la ingesta de grasas, azúcares y sal.

Los datos que maneja el Ejecutivo acerca del consumo de este tipo de alimentos y bebidas entre los más jóvenes son preocupantes, según el último informe de la AESAN (Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición). El documento indica que, en los centros escolares de educación secundaria en los que hay máquinas vending, casi el 70% (68,8%) incumplen estos criterios nutricionales, mientras que en las cafeterías el incumplimiento es aún mayor: 74,4%. 

Además, el informe señala un dato preocupante: cada vez se incumplen más estos criterios en relación. En 2021, el cumplimiento superaba el 57%, en 2022 bajó al 37,50%, y en 2023 (última evaluación de la que hay datos) volvió a bajar hasta situarse en el 31,88%. Es decir, estos criterios solo se cumplen en aproximadamente uno de cada tres centros de educación secundaria de nuestro país.

Valor máximo de 200 kilocalorías

En caso de salir adelante la nueva medida, el ministerio dirigido por Pablo Bustinduy quiere que el valor energético de los productos que se comercialicen no superen las 200 kilocalorías. Además, las kilocalorías que procedan de la grasa no pueden superar el 35%, es decir, el contenido máximo de grasas será de 7,8 gramos para una porción de 200 kilocalorías como máximo.

Del mismo modo, si se tratan de grasas saturadas, las kilocalorías deberán ser como máximo de 2,2 gramos de grasas saturadas por cada 200 kilocalorías. Respecto a los azúcares añadidos, habrá un máximo de 5 gramos de azúcar añadido por cada porción de 200 kilocalorías. Por su parte, la sal, debe ser máximo de 0,5 gramos (0,2 de socio) para la mencionada porción.

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