Crónica Diaria

La UCO confirma que David Sánchez solicitó a la Diputación de Badajoz tener teletrabajo pero mientras confesaba a la jueza que no recordaba ese momento
The post El hermano de Sánchez exigió a la Diputación de Badajoz tener teletrabajo a través de un correo electrónico  first appeared on Hércules.  El hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, firmó con la Diputación de Badajoz un acuerdo para tener teletrabajo. Un documento que Sánchez olvidó durante su comparecencia ante la jueza Beatriz Biedma.

El músico diseñó de manera personal las condiciones para ajustar a su gusto la opción del teletrabajo, según se ha podido comprobar por correos electrónicos intervenidos por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.

Esta cuestión fue uno de los puntos principales que mayor interés despertó en la jueza durante la comparecencia de Sánchez fue; la prespecialidad en su trabajo en la Diputación de Badajoz. La jueza preguntó a Sánchez si llegó p no a pedir el teletrabajo o no debido a que había ciertas contradicciones. Por un lado, la jueza señaló que en su declaración había señalado que no lo había solicitado, pero que en sus correos electrónicos sí que existía la petición.

Sánchez respondió con evasivas: “No recuerdo, no recuerdo”, ante lo que la magistrada aseveró: “¿Quiere usted que se lo enseñe?”. “Si quiere, sí, por favor. Pero no recuerdo que haya solicitado yo teletrabajo”, insistió el músico. La jueza, visiblemente molesta, concluyó: “No lo recuerda, ¿verdad?”. “No lo recuerdo muy bien”, resolvió Sánchez, tratando de esquivar el asunto.

La UCO confirma que Sánchez solicitó tener teletrabajo antes de su contratación

Los correos electrónicos intervenidos por la UCO confirmarían que el jefe de la Oficina de Artes Escénicas en la Diputación de Badajoz solicitó tener teletrabajo en marzo de 2022.

Según OKdiario, el documento intervenido por la UCO demostraría que David Sánchez solicitó acudir cada quince días a su lugar de trabajo entre el período comprendido entre el 1 de abril y el 22 de mayo de 2022. En este tiempo, según consta en el archivo incorporado, el músico pretendía llevar a cabo la “planificación y organización de actividades dentro del programa Ópera Joven, y la organización de las actividades en colaboración con la Fundación del Teatro Real, el Museo del Traje y la Universidad de Évora”.

“Al tratarse de un trabajo de producción que exige reuniones presenciales en la sede en Madrid de la Fundación del Teatro Real, Museo del Traje y otros organismos como la Universidad de Évora, se propone teletrabajo de manera continua con presencialidad una sola vez cada 15 días (los martes o miércoles)”, se recoge en el documento. Igualmente, se proponía un “seguimiento” de las labores con la dirección del área «aproximadamente tres veces por semana”.

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La SEC ha impuesto una sanción de 62 millones de dólares a diversas entidades por no registrar las comunicaciones realizadas a través de la aplicación de mensajería
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Imagen: Ana Botín, presidenta del Banco Santander I Business Insider

La filial de banca de inversión del Banco Santander en Estados Unidos, Santander US Capital Markets (SanCap), ha sido sancionada por la Comisión de Valores y Bolsa (SEC) debido al uso inapropiado de aplicaciones de mensajería como WhatsApp para tratar asuntos de negocios. La multa asciende a 3,9 millones de euros, siendo una de las más bajas entre las ocho impuestas por el organismo este lunes. La sanción, pactada con la entidad, refleja la colaboración activa del banco con las autoridades y su compromiso de emprender auditorías internas y reforzar medidas preventivas.

La regla «sacrosanta» de la SEC

Desde hace casi un siglo, la legislación estadounidense exige que las comunicaciones relacionadas con negocios financieros sean registradas, una norma destinada a prevenir el uso de información privilegiada, la manipulación de mercados y a facilitar investigaciones. Aunque los bancos cuentan con mecanismos estrictos para registrar llamadas y correos electrónicos, muchos empleados han utilizado dispositivos personales y aplicaciones no autorizadas para eludir estas medidas.

En 2022, la SEC impuso multas por más de 2.000 millones de dólares a varias entidades de Wall Street por estas prácticas. Este lunes, el organismo anunció un nuevo grupo de sanciones que, además de la de SanCap, incluye a gigantes como Blackstone (12 millones de dólares) y Kohlberg Kravis Roberts (11 millones), entre otros.

El caso del Santander

SanCap, resultado de la fusión en 2023 de Santander Investment Securities y Amherst Pierpont, ya había revelado en sus cuentas trimestrales que estaba siendo investigado por la SEC. La investigación comenzó en septiembre de 2021, cuando el organismo empezó a analizar si las entidades financieras estaban registrando correctamente las comunicaciones realizadas en dispositivos personales.

Santander cooperó con el supervisor entrevistando a altos ejecutivos, revisando mensajes en dispositivos personales y proporcionando los hallazgos de su revisión interna. La investigación reveló que empleados de distintos niveles, incluidos altos directivos, habían mantenido comunicaciones relacionadas con el negocio fuera de los canales autorizados.

Entre los hallazgos, se identificaron directivos que intercambiaron mensajes sobre operaciones con varios colegas, algunos de ellos subordinados, así como con clientes, inversores y participantes del mercado financiero. Estas prácticas afectaron directamente a las actividades de intermediación y negociación de la entidad.

Compromisos y medidas preventivas

El Santander ha implementado una serie de medidas para reforzar el cumplimiento de las normativas. Entre ellas, se incluye una revisión exhaustiva de sus políticas internas, mayor formación para los empleados sobre el uso de canales autorizados y el desarrollo de tecnologías que faciliten la supervisión de las comunicaciones.

El banco también llevará a cabo auditorías internas e independientes, revisará las políticas de supervisión y cumplimiento, y establecerá programas de vigilancia para garantizar el cumplimiento. Además, los empleados deberán certificar trimestralmente que cumplen con los requisitos legales y la entidad se compromete a conservar las comunicaciones durante seis años, como exige la normativa federal.

Un ejemplo en un mercado bajo escrutinio

La colaboración del Santander con la SEC y su disposición para implementar mejoras contrastan con las sanciones más severas impuestas a otras entidades. El caso subraya la creciente vigilancia de los supervisores sobre el uso de herramientas de mensajería no autorizadas en el sector financiero, un desafío recurrente que las entidades deben afrontar para garantizar la transparencia y la confianza en el mercado.

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Según fuentes a las que ha tenido acceso The Objective, el empresario Claudio Rivas pagó entre 25.000 y 35.000 euros al conocido DJ
The post Claudio Rivas, socio de Aldama, pagó a Kiko Rivera hasta 35.000 euros por actuar en su cumpleaños  first appeared on Hércules.  El empresario Claudio Rivas, socio del cabecilla de la trama de los hidrocarburos, Víctor de Aldama, consiguió explotar la empresa Villafuel SL gracias a las licencias adjudicadas a dedo por el Ministerio de Transición Energética en septiembre de 2022.

Este negocio le permitió obtener millones de euros evadiendo el pago del IVA en la compra del combustible. Este fraude fue posible gracias a las sociedades pantalla que actuaban como comercializadoras de los hidrocarburos.

Es en este contexto en el que se produjo la fiesta de cumpleaños de la mujer de Claudio Rivas, Estela, en octubre de 2023, en su finca de Mora (Toledo), una muestra del enriquecimiento del empresario de los hidrocarburos.

El medio The Objective ha tenido acceso a imágenes del cumpleaños del empresario Claudio Rivas, que contó con todo tipo de lujos. El empresario alquiló finca de grandes dimensiones del matrimonio, un campo de 90.000 olivos y una edificación de lujo. Algunos de los asistentes describen a dicho periódico la piscina exterior de mármol rosa, el córner de Moet&Chandon y, por supuesto, la música en directo. Para el cumpleaños de su esposa, Claudio Rivas contrató al DJ Kiko Rivera, uno de los más cotizados del momento y cuyo caché asciende a más de 7.500 euros/hora.

Según fuentes a las que ha tenido acceso The Objective, Rivas pagó entre 25.000 y 35.000 euros al conocido DJ.

Claudio Rivas y Víctor de Aldama defraudaron hasta 60 millones de euros a través de Villafuel SL

En el vídeo exclusivo que obra en poder del periódico, menciona que se escucha uno de los grandes hits del DJ Kiko Rivera, Así soy yo, mientras el cabecilla de los hidrocarburos Claudio Rivas y su mujer Estela Duarte, vestida de rojo, bailaban en el escenario de la mansión manchega. Una exclusiva celebración de la que constan varias fotografías de Kiko Rivera con algunos de los asistentes, entre quienes se encontraban los amigos del matrimonio.

Hay que destacar que la celebración del cumpleaños de Claudio Rivas tuvo lugar apenas doce días después de que Hacienda interviniera la operadora Villafuel SL.

Según conversaciones a las que ha tenido acceso The obejctive, en diciembre de 2023, el propio Claudio Rivas admitió en una conversación con uno de sus socios que “el 21 es posible que ‘Villa’ muera ya”, poco más de un año después de haber podido operar en territorio nacional con la compra y venta de combustibles. 

“Que me pasen el mail de la otra op [operadora] para la presentación”. El plan de Claudio y su hermana Marisa era “abrir otras dos operadoras más”.

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Cuando firmaron el convenio 2021-2024 ya venían arrastrando pérdidas y la inflación desbocada de 2022 volvió a desbaratar las cuentas
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Imagen: Fachada de un edificio de Muface. (EP/Ricardo Rubio)

El último convenio de Muface (2021-2024) ha abocado a SegurCaixa Adeslas y DKV a fuertes pérdidas económicas. Ambas compañías estudian fórmulas jurídicas para recibir una indemnización tras haber perdido millones de euros. Adeslas calcula que, con el concierto que caducó el pasado 31 de diciembre, perdió 256 millones de euros, mientras que DKV se habría dejado otros 70 millones. Si se añade Asisa, las tres concesionarias perdieron casi 600 millones de euros.

De hecho, la infrafinanciación de Muface ha llevado a muchas compañías -como Mapfre, Caser o Sanitas- a abandonar el modelo. El sistema parte de una cuota obligatoria de entre 25 y 55 euros al mes que un millón de empleados públicos —sobre todo docentes— tiene que pagar por formar parte de esta entidad, adscrita al Ministerio de Función Pública. Ese pago les da derecho a escoger cada año si quieren recibir atención médica a través de una compañía de seguros privada o por medio del sistema nacional de salud. Como la cuota que aportan los funcionarios no basta para cubrir el coste de esta prestación, el Estado contribuye para mantener el sistema. 

Solo Asisa sigue analizando si se presentará a la nueva licitación. Por el contrario, Adeslas y DKV ya venían arrastrando pérdidas cuando firmaron el convenio 2021-2024 y la inflación de 2022 volvió a desbaratar las cuentas. Para la nueva licitación ambas entidades reclamaban un incremento de al menos un 40%, ante la propuesta del Gobierno de elevar un 33,5% el dinero que cobran las aseguradoras. Por eso, al no alcanzarse esta subida, han optado por abandonar Muface y pedir una indemnización.

Están estudiando cómo reclamar las pérdidas de los últimos tres años

SegurCaixa Adeslas, la mayor aseguradora de salud de España y la que atendía a más mutualistas, es propiedad en un 50,1% del grupo Mutua Madrileña y en un 49,9% de CaixaBank. Fuentes de la aseguradora han explicado a El País que están estudiando cómo reclamar al ministerio las pérdidas sufridas en los últimos tres años. El recurso a los tribunales está sobre la mesa, aunque antes se va a intentar buscar un acuerdo. También en DKV están trabajando con algunos de los mejores abogados nacionales para analizar una fórmula de indemnización.

Ambas compañías aún están prestando servicios de salud a mutualistas, puesto que están obligadas por una prórroga forzosa de extensión del contrato, que llega hasta el 1 de abril. A partir de entonces, se desvincularían por completo de Muface, salvo que el ministerio ampliara la prórroga hasta el 1 de septiembre, como ya ha amagado.

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El primer ministro francés estaría pensando en congelar la ley impulsada por Macron con la finalidad de conseguir el apoyo de la izquierda
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Imagen:  primer ministro francés, François Bayrou I La Sexta

El recién nombrado primer ministro de Francia, François Bayrou, afronta su primera gran prueba de fuego: la aprobación de los presupuestos, una tarea que resultó letal para su predecesor, Michel Barnier. Bayrou, líder centrista y alcalde de Pau, debe forjar alianzas clave para evitar que su mandato descarrile en las primeras curvas.

Este martes, durante su esperado discurso de política general, expondrá las prioridades de su gobierno en un intento por asegurar el apoyo del Partido Socialista (PS) y esquivar una moción de censura que podría unirse al empuje de la izquierda y la derecha radical.

La negociación con los socialistas

Hasta la noche del lunes, Bayrou mantenía reuniones con los socialistas liderados por Olivier Faure para lograr su respaldo. La exigencia del PS es clara: revisar o suspender la reforma de pensiones aprobada en marzo de 2023, que retrasó la edad de jubilación de 62 a 64 años. Esta medida, promovida por el presidente Emmanuel Macron, ha sido una línea roja tanto para los socialistas como para Los Ecologistas, aliados en el Nuevo Frente Popular (NFP).

Aunque el NFP era un bloque cohesionado tras las elecciones legislativas de julio, la fatiga política y las necesidades de reorganización han abierto fisuras. Desde el Gobierno, ven estas negociaciones como una señal positiva, con ambas partes aún en la mesa. Incluso Los Ecologistas, que se reunieron el domingo con el ministro de Economía, Eric Lombard, han mostrado disposición al diálogo.

Romper con la derecha radical

El mandatario busca alejarse de los errores de su predecesor y desvincular su gobierno del apoyo de Reagrupamiento Nacional (RN), liderado por Marine Le Pen. No obstante, su estrategia exige medir cuidadosamente sus enfrentamientos con la ultraderecha para no cerrar del todo esa puerta. En el corto plazo, su objetivo es garantizar la abstención de la izquierda moderada, especialmente los socialistas, cuya bancada de 66 diputados resulta crucial para aprobar los presupuestos de 2025.

¿Ceder o resistir?

La cuestión de las pensiones se presenta como el gran punto de fricción. Aunque el primer ministro ha descartado una derogación, podría optar por suspender su aplicación mientras se revisan algunos puntos, como la edad de jubilación. Sin embargo, esto enfrenta la resistencia de Los Republicanos, cuyo líder en el Senado, Gérard Larcher, calificó la suspensión como “un salto al vacío”.

Por su parte, Macron parece dispuesto a considerar una suspensión temporal como salida para evitar un nuevo bloqueo político o la caída del gobierno. Sin embargo, cualquier decisión deberá ser cuidadosamente calculada para evitar conflictos legales y políticos.

Una encrucijada política

Bayrou se enfrenta a una delicada negociación en un contexto de fragmentación parlamentaria e incertidumbre política. Con la mirada puesta en los presupuestos y el futuro del país, deberá decidir si prioriza el diálogo con la izquierda o intenta resistir con el apoyo de la derecha moderada. El desenlace de este primer desafío marcará el tono de su mandato y definirá el futuro inmediato del gobierno francés.

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La fiscalía ha comenzado a investigar un presunto fraude fiscal y la Seguridad Social ya ha embargado a alguna compañía
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Imagen: orquesta sinfónica

La Seguridad Social ha descubierto un presunto fraude que afecta al sector musical y suma, hasta el momento, 19,3 millones de euros. Esta cantidad es la que reclama la Tesorería General a la empresa Actura 12, acusada de infracotizar de forma reiterada a miles de artistas. Incapaz de recuperar el dinero, la institución ha embargado los ingresos pendientes de la compañía. La Fiscalía de Barcelona ha abierto una investigación por posible delito penal.

Irregularidades detectadas por la Inspección de Trabajo

El caso comenzó en 2022, cuando la Inspección de Trabajo detectó irregularidades fiscales en Actura 12, con un agujero de 5,9 millones de euros debido a “diferencias de cotización”. La empresa infracotizaba a músicos en conciertos por toda España, declarando salarios mínimos y categorizando el resto como dietas u otras percepciones no salariales. Esta práctica, que perjudica a los artistas y al Estado, se mantuvo durante años y afectó a decenas de miles de trabajadores del sector.

Aunque la compañía ha negado estas acusaciones en el pasado, argumentando que se trataba de discrepancias de criterio, recientemente anunció que ajustaría sus operaciones a las exigencias de la Seguridad Social a partir de 2024.

Un sistema que perjudica a músicos y al Estado

La precariedad laboral de los artistas explica el origen del problema. Muchos músicos no pueden permitirse ser autónomos debido a ingresos inestables, lo que dio lugar a la aparición de empresas de facturación como Actura 12. Estas compañías actúan como intermediarias: contratan al músico por un día, emiten la factura y cotizan solo por el salario mínimo, generando beneficios inmediatos para los artistas, pero reduciendo su protección social y el ingreso fiscal del Estado.

Algunos muestran que, mientras los artistas recibían entre 128 y 400 euros por actuación, las empresas declaraban cuotas de apenas 17 euros a la Seguridad Social. Por lo que expertos legales han calificado esta práctica de irregular y perjudicial, tachándola de “estafa” que explota la fragilidad de un sector históricamente desatendido por las instituciones.

Reacciones políticas y promesas de cambio

La polémica ha llegado al ámbito político, con preguntas parlamentarias de partidos como Junts, Esquerra Republicana y EH Bildu sobre las acciones del Gobierno para abordar el problema. Según datos oficiales, las actuaciones de la Inspección de Trabajo generaron expedientes por 27 millones de euros entre 2023 y 2024.

El sector reclama soluciones estructurales. En 2023, el Gobierno introdujo una cuota reducida para autónomos con ingresos bajos, pero muchos músicos consideran que sigue siendo insuficiente. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha prometido ajustes en el marco del Estatuto del Artista, aunque el consenso político para implementarlos aún está lejos de alcanzarse.

La difícil realidad del sector musical

Un estudio de 2024 de la Sociedad de Artistas AIE refleja la precariedad de los músicos en España: casi la mitad tiene ingresos anuales por debajo del salario mínimo, y solo el 9% supera los 100 conciertos al año. Mientras el directo sigue siendo la principal fuente de ingresos, la falta de apoyo estructural perpetúa la fragilidad del sector.

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