Crónica Diaria

La sanidad pública no sale gratis; resulta cara en comparación con la calidad que ofrece
The post La sanidad pública sale muy cara first appeared on Hércules.  Nada es gratis. Sin embargo, son muchos los políticos que nos intentan vender lo contrario cuando hablan de servicios públicos. Valga como ejemplo la ministra de Sanidad, Mónica García, que hace escasos días desgranó el coste que tienen diferentes intervenciones, desde un trasplante de pulmón (70.000 euros) o una operación de rodilla (4.500) hasta un embarazo (4.000) o un bypass (25.000), para, justo a continuación, afirmar que, gracias a la sanidad pública, todo esto cuesta cero euros.

La mentira, además de burda y grotesca, no puede ser mayor. La sanidad pública no sólo no es gratuita, sino que cuesta un dineral y, de hecho, sale muy cara en comparación con la calidad y atención que ofrece. La sanidad, al igual que el resto de servicios que presta el Estado, se paga con impuestos, ya sean presentes o futuros (deuda pública).

En este caso concreto, el coste anual superó los 93.000 millones de euros en 2022, según el último dato oficial disponible. Esta cifra supone casi el 15% del gasto público total, el 7% del PIB y un 22% más que en 2019. ¿Esto es mucho o poco? Pues, para empezar, se trata del mayor gasto público destinado a sanidad de la historia, por encima incluso del importe registrado en 2020, en plena pandemia, con 85.500 millones. Además, el personal sanitario también marca máximos históricos, con más de 760.000 profesionales.

¿Quién lo paga? Pues, como todo, los españoles con sus impuestos. La sanidad pública cuesta de media unos 2.000 euros a cada hombre, mujer y niño que reside en el país; y cerca de 4.400 euros si sólo se tienen en cuenta los trabajadores. De gratis, por tanto, nada. De hecho, la sanidad pública sale muy cara, puesto que funciona cada vez peor. Hay casi 850.000 pacientes a la espera de una operación, todo un récord, con una tardanza media de 128 días para entrar en quirófano. Mientras que la demora para ser atendido por un especialista supera los 100 días de media.

Por último, también resulta menos eficiente. Prueba de ello es que la gestión privada sale, de media, un 30% más barata que la pública. Asimismo, un funcionario cuesta unos 1.700 euros al año en la sanidad pública, frente a los poco más de 1.000 que supone la cobertura privada a través de Muface, casi un 40% menos. Y la valoración de la sanidad privada es superior, con una nota media de 7,3 puntos, frente a los 6,3 de la pública.

Los datos no mienten, a diferencia de lo que pregona la ministra. La sanidad pública no sale gratis; resulta cara en comparación con la calidad que ofrece; y es mucho menos eficiente que la privada. No es casualidad, por tanto, que más del 80% de los funcionarios -los únicos que pueden escoger libremente este tipo de prestación- opten por la sanidad privada en lugar de la tan venerada pública. Si el Gobierno permitiera esto mismo a todos los españoles, más de uno se llevaría una sorpresa. Por eso mismo, ni se lo plantean, no vaya a ser que la gente descubra que el rey está desnudo.

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Francia prohíbe el regreso de Omar bin Laden por presuntas declaraciones que promovían el terrorismo, según confirmó el Ministerio del Interior
The post Francia prohíbe la entrada al hijo de bin Laden por enaltecimiento del terrorismo first appeared on Hércules.  Francia ha prohibido la entrada de Omar bin Laden, hijo del fallecido líder de al-Qaeda, Osama bin Laden, por unas presuntas declaraciones en redes sociales que, según el gobierno francés, promovían el terrorismo. El Ministerio del Interior de Francia confirmó este martes que la medida fue tomada en interés de la seguridad nacional.

Omar bin Laden, de 43 años, nació en Arabia Saudí y ha vivido en varios países, incluidos Sudán y Afganistán. En 2018, se estableció en la región de Normandía, al norte de Francia, junto a su esposa británica, donde comenzó a desarrollar su carrera como pintor. Sin embargo, en 2023, Omar bin Laden presuntamente publicó en redes sociales comentarios que glorificaban el terrorismo, lo que desató una investigación y culminó con su expulsión del país.

Bruno Retailleau, el nuevo ministro del Interior francés, indicó que «los comentarios publicados en sus redes sociales en 2023 abogaban por el terrorismo«. Por ello, el prefecto del departamento de Orne emitió una orden para que Omar bin Laden abandonara el territorio francés, decisión que fue confirmada por los tribunales. Retailleau también firmó una prohibición permanente para que Omar bin Laden no pueda regresar a Francia bajo ninguna circunstancia.

Uno de los mensajes que, según las autoridades, causó la polémica fue publicado en la red social X y decía: «La historia se escribe solo con la sangre de estos mártires que hicieron historia, construyeron naciones y trajeron gloria. Su sangre es la savia de nuestra fe hasta el día del juicio.» Estas palabras, que celebraban el cumpleaños de su padre, Osama bin Laden, fueron interpretadas por las autoridades francesas como una glorificación del terrorismo.

El prefecto de Orne declaró que, aunque Omar bin Laden negó ser el autor de dichos comentarios, no los eliminó ni los condenó, lo que llevó a su expulsión en octubre de 2023. Aunque Omar bin Laden apeló la decisión, los tribunales ratificaron su expulsión la semana pasada.

Omar bin Laden se distanció de su padre a los 19 años, y en entrevistas anteriores ha insistido en que no apoya el legado de terrorismo de su padre. En 2022, declaró a la agencia de noticias AFP que se sentía libre de la responsabilidad por las acciones de su padre y que en Francia era respetado y dejado en paz.

No obstante, tras los acontecimientos de 2023, Pascal Martin, agente artístico de Omar bin Laden, comentó que su amigo ahora reside en Qatar y que sufre problemas psicológicos. Martin criticó duramente la decisión del gobierno francés, calificándola como «inconcebible», y subrayó que Omar bin Laden no es un defensor del terrorismo, sino una víctima de las circunstancias derivadas de su apellido.

Martin explicó que ni él ni la esposa de Omar, Jane Felix-Browne, le informaron de la prohibición debido a su fragilidad emocional. Otro amigo cercano, Harry Atterton, también criticó la decisión, afirmando que Omar bin Laden había logrado separarse de la ideología de su padre y que «hay miles de potenciales terroristas en Francia, pero eligieron a Omar.»

Con esta decisión, Retailleau reafirmó su compromiso de imponer orden en temas de inmigración y seguridad en Francia, argumentando que «el estado de derecho no es intangible ni sagrado».

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La nueva reforma legal del Gobierno podría reducir penas a 40 etarras, desatando críticas de víctimas y oposición ante las concesiones del gobierno de coalición
The post Los 40 etarras que se beneficiarán de la nueva reforma aprobada por el Congreso first appeared on Hércules.  El reciente proyecto de reforma legislativa impulsado por el Gobierno de coalición liderado por Pedro Sánchez ha generado gran controversia al prever una reducción significativa de las penas de más de 40 miembros de la banda terrorista ETA. Esta modificación beneficiaría a etarras que ya han cumplido parte de sus condenas en Francia, permitiendo que se les resten los años de encarcelamiento en dicho país de las condenas impuestas en España. Entre los posibles beneficiados por esta reforma se encuentran figuras clave de ETA como Javier García Gaztelu, alias ‘Txapote’, José María Arregui Erostarbe, alias ‘Fiti’, y María Soledad Iparraguirre, alias ‘Anboto’.

Una reforma polémica: antecedentes y consecuencias

La propuesta legislativa fue aprobada en el Congreso de los Diputados en septiembre, bajo el pretexto de una directiva europea sobre el intercambio de antecedentes penales. Sin embargo, la reforma incluye una modificación que afecta directamente al cómputo de las penas de aquellos etarras que cumplieron parte de su condena en otros países de la Unión Europea. Esta medida, según se ha señalado, responde a una de las demandas históricas de EH Bildu, el partido que, junto con otros socios minoritarios, ha sostenido la estabilidad del gobierno de coalición entre el PSOE y Sumar.

El Partido Popular (PP), uno de los principales partidos de la oposición, ha criticado duramente esta reforma, anunciando su intención de bloquearla en el Senado. Desde sus filas, la propuesta ha sido vista como una concesión inadmisible a EH Bildu, partido heredero del entorno de ETA, con el fin de mantener su apoyo al Gobierno. Las asociaciones de víctimas del terrorismo, por su parte, han manifestado su indignación, subrayando que se trata de una medida que prioriza intereses políticos sobre la justicia y el respeto a la memoria de las víctimas.

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha sido una de las primeras en reaccionar a la aprobación de esta reforma legal. En 2022 alertaron de que el Gobierno planeaba modificar la Ley 7/2014 para beneficiar a 44 etarras, de los cuales siete quedarían en libertad inmediata. Consideran esta medida como una traición a las víctimas del terrorismo y una señal de que el Ejecutivo prioriza mantener el apoyo político de EH Bildu a cualquier precio.

Por su parte, la asociación Dignidad y Justicia ha denunciado que la tramitación de esta reforma en el Congreso pasó prácticamente desapercibida, sin que ningún partido advirtiera de su impacto real.

El impacto en las condenas de los etarras más peligrosos

Uno de los etarras más conocidos que se beneficiaría de esta reforma es Javier García Gaztelu, conocido como ‘Txapote’, quien fuera jefe del aparato militar de ETA. Txapote, responsable de algunos de los crímenes más atroces cometidos por la banda terrorista, incluyendo los asesinatos de figuras políticas como Gregorio Ordóñez y Miguel Ángel Blanco, podría ver reducida su condena significativamente. Tras haber cumplido cerca de siete años en Francia, Txapote quedaría en libertad en 2025, en lugar de cumplir íntegramente su pena en España.

Otro de los terroristas que se vería favorecido por esta reforma es José María Arregui Erostarbe, alias ‘Fiti’. Fiti, que también cumplió varios años de condena en Francia, fue liberado recientemente y recibido con honores en su localidad natal. Este tipo de homenajes públicos a terroristas liberados ha causado indignación entre las víctimas y sus familiares, quienes consideran estos actos una humillación añadida a su sufrimiento.

María Soledad Iparraguirre, alias ‘Anboto’, exjefa del aparato militar de ETA, es otra de las etarras que podría beneficiarse de la reducción de su condena. Iparraguirre, detenida en Francia en 2004, ha sido condenada a cientos de años de prisión por su participación en diversos atentados, incluido un intento de atentado con coche bomba en 1985. A pesar de que su condena original debería prolongarse hasta 2141, la aplicación de esta nueva legislación podría adelantar su excarcelación.

José Javier Arizcuren Ruiz, alias ‘Kantauri’, exlíder del aparato militar de ETA, también figura en la lista de etarras que se verían beneficiados por esta modificación legal. Kantauri está implicado en varios asesinatos, entre ellos el del fiscal jefe de Andalucía, Luis Portero, y debería cumplir su condena hasta 2032. No obstante, la reforma permitiría que se le descuenten los casi ocho años que cumplió en Francia, lo que adelantaría su liberación a 2025.

Juan Antonio Olarra Guridi, alias ‘Jokin’, es otro de los etarras que vería su pena reducida. Condenado a más de 2.500 años de prisión por su participación en algunos de los atentados más sangrientos de la banda terrorista, como el ataque con coche bomba en el Puente de Vallecas que costó la vida a seis personas, Olarra podría salir de prisión en 2036 si se aplica el cómputo de su condena cumplida en Francia.

Félix Alberto López de Lacalle, alias ‘Mobutu’, es quizá el etarra que más se beneficiaría de esta reforma. Condenado en 2012 a 81 años de prisión por el asesinato de tres guardias civiles en 1980, Mobutu podría quedar en libertad mucho antes de lo previsto si se le descuentan los 23 años que pasó encarcelado en Francia.

Otros etarras con delitos de sangre que se verían beneficiados por la modificación legislativa son: Jesús María Altable Echarte, Álvaro Juan Arri Pascual, José María Arregui Erostarbe, Xabier García Gaztelu, Irantzu Gallastegui Sodupe, José Javier Arizcuren Ruiz, Mikel Mirena Otegui Unanue, Juan Ramón Carasatorre Aldaz, Francisco Javier Gallaga Ruiz, Juan Carlos Subijana Izquierdo, Aitor Aguirrebarrena Beldarrain, Félix Alberto López de Lacalle Gauna, Juan Antonio Olarra Guridi, Ainhoa Múgica Goñi, Óscar Celaráin Ortiz, Juan Carlos Iglesias Chouzas, Andoni Otegi Eraso, José Lorenzo Ayestarán Legorburu, Dolores López Resina, Juan Luis Rubenach Roig, Beinat Aguinagalde Ugartemendia, Joanes Larretxea Mendiola, Lier Arechabaleta Rodríguez, Gorka Palacios Alday, María Soledad Iparraguirre Guenechea y Jon Bienzobas Arreche.

Y, del mismo modo, aunque sin haber cometido delitos de sangre son: Jesús Guinea Sagasti, Idoya Martínez García, Jon Mirena San Pedro Blanco, Balbino Sáez Olarra, Ainhoa Barbarin Yurrebaso, Aitzol Gogorza Otaegui, Gorka Martínez Ahedo, Ismael Berasategui Escudero, Luis Enrique Garate Galarza, Jon Kepa Preciado Izarra, Gregorio Vicario Setién, Idoia Mendizábal Múgica, Lexuri Gallastegui Sodupe, Manex Zubiaga Bravo, Íñigo Vallejo Franco, Ainhoa García Montero, Jon Joseba Troitiño Ciria, Alaitz Aramendi Jaunarena y Jurdan Martitegui Lizaso.

En resumen, la aprobación de esta reforma legislativa ha generado un profundo malestar entre las asociaciones de víctimas y una intensa controversia en el ámbito político. Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez defiende la modificación como parte de un compromiso con la legalidad europea, desde la oposición y el entorno de las víctimas se ve como una cesión injustificable a las exigencias de EH Bildu, que podría permitir la liberación anticipada de algunos de los criminales más peligrosos de la historia reciente de España.

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La iniciativa de Podemos limitaría la oferta de pisos turísticos a un 2% del total disponible y prohibiría su presencia en viviendas plurifamiliares
The post Podemos propone una iniciativa para expropiar pisos first appeared on Hércules.  Podemos ha presentado un ambicioso plan en materia de vivienda con el objetivo de frenar el crecimiento desmedido de los pisos turísticos y controlar la especulación inmobiliaria, que, según ellos, está encareciendo el acceso a una vivienda digna en muchas regiones de España.

La propuesta ha generado controversia, ya que plantea medidas que algunos consideran una violación del derecho a la propiedad privada, protegido en el artículo 33 de la Constitución Española.

El plan consta de siete puntos clave que comienzan con una moratoria que impediría la concesión de nuevas licencias para pisos turísticos hasta el 1 de enero de 2028. Además, limitaría la oferta de pisos turísticos a un 2% del total disponible y prohibiría su constitución en viviendas plurifamiliares en aquellas zonas donde se haya declarado una emergencia habitacional.

Estas medidas buscan poner freno a lo que el partido califica como “la turistificación”, un fenómeno que, según su argumentación, está afectando gravemente al acceso a la vivienda en áreas que anteriormente no experimentaban presión turística.

Podemos quiere dejar a los españoles sin casa

Más allá del ámbito de los pisos turísticos, el plan de Podemos incluye otras propuestas que buscan intervenir directamente en el mercado inmobiliario. Entre ellas se encuentran la limitación de la compra de viviendas por parte de no residentes y la prohibición de la adquisición de propiedades con fines distintos al uso residencial.

Uno de los puntos más polémicos es la expropiación del uso de las viviendas vacías en manos de grandes propietarios, con el fin de destinarlas al alquiler social. El plan también prevé sancionar la publicidad de alojamientos turísticos ilegales, en un esfuerzo por reducir la oferta de pisos no regulados que, según el partido, contribuyen a la especulación inmobiliaria y el aumento de los precios de alquiler.

Podemos sostiene que el modelo de negocio impulsado por grandes capitales y multinacionales del turismo está generando graves efectos en territorios como Baleares, Canarias o la Costa del Sol, donde la presión sobre el mercado inmobiliario es especialmente alta. La propuesta del partido ha sido recibida con críticas desde diversos sectores, que argumentan que estas medidas vulneran el derecho a la propiedad privada y pueden tener efectos negativos sobre la economía del turismo en el país.

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