Crónica Diaria

Esta comunidad no solo ha sido en la que más se han ejecutado fondos estatales, sino que es la segunda que ha recibido más recursos de libre disposición
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Imagen: El presidente electo de la Generalitat, Salvador Illa (d), y el expresidente, Pere Aragonès, durante el acto de toma posesión de Illa este sábado 10 de agosto de 2024, en Barcelona. — Andreu Dalmau / EFE

Cataluña es la comunidad autónoma donde la Administración Central ha enviado más fondos europeos Next Generation, según los datos analizados en la plataforma Elisa y adelantados por The Objective. Desde el inicio del Plan de Recuperación y Resiliencia en 2021 hasta septiembre de este año, Cataluña ha acumulado convocatorias resueltas por un valor total de 4.556 millones de euros. Esta cifra representa el 16% de los 28.161 millones que el Estado ha distribuido en todo el país durante el mismo periodo.

El indicador confirma a Cataluña como el mayor receptor de fondos europeos bajo todos los parámetros que se ha impuesto el propio Gobierno para repartirlos. Esta comunidad no solo ha sido en la que más se han ejecutado fondos estatales, sino que es la segunda que ha recibido más recursos de libre disposición. Y todo ello pese a que es la tercera con peor nivel de resolución entre todas las administraciones autonómicas.

A esta situación se suman otros beneficios recientes, como concesiones a partidos independentistas para facilitar la investidura de Pedro Sánchez en 2023 y la elección de Salvador Illa como presidente de la Generalitat en agosto de 2024, además de la aprobación de la ley de amnistía y avances en la gestión fiscal y de la red de Cercanías.

En el contexto de la asignación estatal, los fondos adjudicados a proyectos que se ejecutarán en Cataluña solo son comparables a los de la Comunidad de Madrid, que ha recibido 4.366 millones, lo que representa el 15,5% del total nacional. Esta cifra supone una diferencia de 190 millones con Cataluña, aun cuando Madrid contribuye con el 19,4% del PIB nacional frente al 18,5% de Cataluña.

En tercer lugar, y ya a mucha distancia, se queda Andalucía con una resolución de convocatorias dentro de su territorio equivalente a los 3.132 millones de euros, el 11,1% del total. En cuarto lugar se sitúa la Comunidad Valenciana con 2.847 millones, el 10,1%; Castilla y León con 2.276 millones y el 8%; Galicia con 2.025 millones y el 7,1%; y País Vasco con 1.637 millones, el 5,8% del total.

La actualización de la plataforma Elisa indica que hasta la fecha España ha resuelto convocatorias por valor de 43.038 millones de euros, el 57,5% del dinero. En este cálculo parcial, el Gobierno solo incluye la asignación de 79.854 millones, básicamente el montante atribuido a ayudas, pero no los 160.000 millones totales que agrupa todo el montante de la adenda aprobada el año pasado, en la que se incorporan otros 80.000 millones de préstamos.

Nivel de ejecución

Los datos de la plataforma Elisa indican que a la cola del porcentaje de ejecución se encuentran Baleares y Cantabria con un 46% de todo lo recibido por el Estado, seguidos de Asturias y Cataluña con un 47%. Melilla se queda con un 48%, La Rioja con un 53%, Madrid con un 54%, Canarias con un 55%, Andalucía con un 57% y la Comunidad Valenciana con un 59%.

Lideran la lista de ejecución por autonomías Galicia y País Vasco, con un 72%; Castilla-La Mancha, con un 67%; Ceuta con un 66%; Castilla y León con un 65%; Murcia con un 64%; Aragón con un 62%; Extremadura con un 62% y Navarra con un 61%. Este porcentaje se calcula sobre la base del dinero repartido por cada autonomía y sus entidades locales en relación al dinero asignado por el Gobierno.

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Moncloa valoró la posibilidad de decretar una “emergencia de interés nacional”, lo que hubiera supuesto asumir la dirección de todo el dispositivo, pero se consideró que “no era necesario”
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Imagen: El ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska  LUIS TEJIDO / EFE

La DANA que este martes ha asolado la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha no recibió la máxima calificación en el Sistema Nacional de Protección Civil. El Ejecutivo valenciano decretó el nivel 2, que implica solicitar el auxilio de los medios del Estado, pero sin renunciar a sus competencias. Ahora, según informa El País, desde el Ministerio del Interior reconocen que el Gabinete de Crisis reunido el martes por la noche en La Moncloa valoró la posibilidad de decretar una “emergencia de interés nacional”, pero se consideró que “no era necesario”. Esto hubiera supuesto el traspaso de las competencias autonómicas a las estatales, por lo que el Gobierno hubiera asumido la dirección de todo el dispositivo.

No obstante, decidieron no hacerlo porque la Generalitat valenciana estaba “actuando correctamente”, no había solicitado declarar el nivel 3 y hacerlo unilateralmente era “como aplicar un artículo 155” de la Constitución, arrebatando a la comunidad autónoma sus competencias.

Desde la primera hora del martes, tanto la Aemet (Agencia Estatal de Meteorología) como la Conferencia Hidrográfica del Júcar emitieron sendas alertas rojas por lluvias torrenciales en el litoral. Hacia las 13 horas, la vicepresidenta Teresa Ribera subrayaba las “preocupantes alertas” de la Aemet y protección civil. Mientras, el presidente valenciano Carlos Mazón señalaba que la DANA se estaba desplazando hacia la sierra de Cuenca. Pese a ello, la Generalitat valenciana decretó el nivel 2 de emergencia en las comarcas de Utiel, Requena y La Plana a las 15 horas. Y a las 19.17 elevó a toda la provincia a ese mismo nivel.

No fue, en todo caso, hasta las 20 horas cuando el Gobierno autonómico lanzó una alerta a la población en sus móviles a través del sistema Es-alert. Media hora más tarde, la Generalitat Valenciana solicitó la intervención de la UME (Unidad Militar de Emergencias).

Mazón intenta pasarle la pelota al Gobierno central

Este miércoles, Mazón ha intentado trasladar al Gobierno central la responsabilidad por la demora de su Ejecutivo en alertar a la población de las lluvias torrenciales. Desde Interior han puntualizado que la decisión de no enviar las alertas a la población hasta las 20 horas correspondió en exclusiva a la Generalitat valenciana.

El sistema español de protección civil prevé tres niveles de emergencia: el 1, el más bajo, se aplica cuando se producen daños “en zonas localizadas” que pueden ser controlados mediante el empleo de los medios y recursos disponibles en las mismas. En función del ámbito territorial al que afectan, se activa el plan de emergencia local, municipal o autonómico.

Decretar el nivel 2, como hizo el Gobierno del popular Mazón a primera hora de la tarde, supone reconocer que los daños causados por la emergencia “superan la capacidad de atención de los medios o recursos disponibles y que se prevé una extensión o agravación significativa de los mismos”. En ese caso, la comunidad autónoma puede solicitar “la incorporación de medios estatales” al dispositivo de emergencia, pero la dirección y coordinación de todos los recursos sigue en manos del Ejecutivo autonómico.

Sin embargo, aunque se valoró la posibilidad de hacerlo, el Gobierno no quiso dar el paso de elevar al nivel 3, el máximo previsto, la emergencia provocada por la gota fría. De haberlo hecho, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, habría tomado el mando de todo el dispositivo de protección civil, asumiendo la dirección y coordinación de todos los recursos, tanto los del Estado como los autonómicos o locales. Incluso podría haber requerido medios de comunidades autónomas a las que no afecte la emergencia. Eso hubiera supuesto quitar el mando al presidente valenciano, pero también al castellano-manchego, Emiliano García-Page.

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Esta multa es fruto de una guerra entre Google y Rusia que comenzó en 2020, cuando Youtube restringió canales asociados con el gobierno ruso
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Imagen: Vladimir Putin, presidente de Rusia-AP

Un tribunal en Rusia tiene una multa pendiente con Google por la cantidad de 20 decillones de dólares (34 ceros), una cifra tan alta que excede la riqueza global. La sanción procede de un conflicto que comenzó en 2020 cuando Youtube, propiedad de la compañía Google, empezó a restringir canales asociados con el gobierno ruso y medios pro-Kremlin.

La multa, que equivale a 2,5 billones de billones de dólares, es el resultado de cuatro años de sanciones acumuladas, y actualmente la cifra se duplica cada semana, según la legislación rusa.

La guerra entre Google y Rusia viene de lejos

El conflicto entre Rusia y Google ha escalado a lo largo de los años. Youtube ha tomado medidas restrictivas sobre el contenido de medios estatales rusos en respuesta a las sanciones impuestas por Estados Unidos y otros países tras la invasión de Ucrania. Rusia ha respondido endureciendo sus regulaciones, aumentando las penalizaciones contra las grandes tecnológicas occidentales. Las leyes rusas establecen multas exponenciales para cada semana de incumplimiento, generando sanciones que se acumulan hasta cifras irreales.

La multa original de 100.000 rublos fue impuesta al gigante tecnológico estadounidense en 2020 después de que los medios de comunicación Tsargrad y RIA FAN ganaran demandas relacionadas con las restricciones en sus canales de Youtube. Google reconoció sus actuales problemas legales en Rusia en sus últimos resultados trimestrales, que se publicaron el martes por la noche. “Tenemos asuntos legales pendientes relacionados con Rusia”, señalaba la empresa en el informe.

Sin embargo, esta sanción tiene más una carga simbólica y política que un impacto financiero real y Google afirma que no afecta a su operativa de manera sustancial: “No creemos que estos asuntos legales en curso tengan un efecto adverso material”.   

En 2022, Google cerró su sede en Rusia tras la invasión de Ucrania. Esta empresa subsidiaria, llamada Google LLC, fue declarada en quiebra, pero aun así muchos de sus servicios, como el buscador Google y YouTube, han continuado activos y brindando acceso a los ciudadanos de este país. Mientras que el gobierno de Putin ha prohibido el uso de redes sociales cuyas empresas son norteamericanas como X (anteriormente Twitter) o Facebook, no ha impedido el acceso a los servicios de Google.

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El documento es obligado por ley, pero hasta este martes Vox no lo había subido al área de afiliados -de uso restringido para los militantes- para que estos conozcan sus derechos
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Imagen: Pepa Millán, portavoz de Vox en el Congreso. Alberto Ortega / Europa Press

La portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados Pepa Millán ha trasladado este martes que su partido cuenta con un protocolo de actuación contra el acoso sexual, pero ha pasado prácticamente desapercibido para cargos del partido y afiliados. Tras los testimonios que acusan a Íñigo Errejón de haber abusado de varias mujeres, Vox se ha visto obligado a subir este protocolo a su página web. Es obligado por ley, pero lo cierto es que, hasta este martes, el partido no lo había subido al área de afiliados -de uso restringido para los militantes- para que estos conozcan sus derechos. Tanto partidos como asociaciones o empresas deben contar con él.

Aunque Millán se refirió a la existencia de esas normas internas para casos de abuso sexual, el partido enmarca esas conductas únicamente dentro de un protocolo general “para la prevención y actuación frente al acoso laboral en Vox”, de acuerdo con “las disposiciones legales establecidas en la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Ley de Igualdad, Ley de Prevención de Riesgos Laborales y otras normativas vigentes en materia de acoso laboral”.

Por ello, el partido deja claro desde el principio que dicho protocolo se aplicará únicamente en “las situaciones de acoso que se producen durante el trabajo, en relación con el trabajo o como resultado del mismo”. Y matiza que “el lugar de trabajo, incluye los espacios públicos y privados que son lugar de trabajo, los lugares donde se paga a la persona trabajadora, donde esta toma su descanso o donde come”. También se contempla su aplicación si el supuesto acoso se comete “en desplazamientos, viajes, eventos o actividades sociales o de formación”, pero siempre “relacionados con el trabajo”. Esto, en principio, excluiría agresiones sexuales fuera de ese ámbito.

Vox explica en el documento que “se entenderá por acoso laboral cualquier comportamiento no deseado, hostil o abusivo, que tenga como objeto o efecto atentar contra la dignidad del trabajador, crear un ambiente intimidatorio, degradante, humillante u ofensivo, o alterar sus condiciones laborales, ya sea de forma verbal, psicológica, física o sexual”. 

En el caso de que se materialice una denuncia, Vox advierte de “serán secretas, pero no podrán ser anónimas”. “Vox garantizará la confidencialidad de las partes afectadas”, explican en el protocolo. La investigación correría a cargo de una Comisión Instructora compuesta por tres personas: un Responsable de RRHH, un Coordinador Jurídico –que en la actualidad es Marta Castro–, y un responsable de Cumplimiento Normativo. La comisión tendrá una duración de 4 años.

El protocolo aparece cuando el PP activa también su protocolo

Estas declaraciones de Millán llegaban en la misma jornada en la que trascendía que el PP activó su protocolo contra la violencia sexual dentro del partido al calor de las insinuaciones en redes sobre posibles casos de acoso de los alcaldes populares de Algeciras y Estepona. Sobre todo, a raíz de una publicación en Telegram por parte del eurodiputado Alvise Pérez.

Respecto al primero, José Ignacio Landaluce, quien también es senador, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, desmintió las acusaciones tras contactar con las dos supuestas denunciantes, concejales del partido, que lo desmintieron. Hay ya abierta una investigación judicial al segundo, José María García Urbano.

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