Crónica Diaria

La UCO registra el domicilio de Isabel Pardo de Vera por su presunta implicación en el caso Koldo, vinculada a contratos públicos irregulares
The post Ana Pardo de Vera en el punto de mira de la UCO first appeared on Hércules.  La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha registrado este jueves por la mañana los domicilios de Isabel Pardo de Vera, expresidenta de la empresa pública Adif, y del exdirector general de Carreteras, Javier Herrero, así como sedes del Ministerio de Transportes y de Adif. Las actuaciones se enmarcan en el avance del caso Koldo, una investigación por supuestas irregularidades en contratos públicos vinculados al entorno del exministro José Luis Ábalos.

Los registros, ordenados por el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo López, se extendieron durante más de cuatro horas. El juez apunta a “indicios consistentes” de que tanto Pardo de Vera como Herrero habrían facilitado documentación y promovido licitaciones “siguiendo directrices del ministro, a través de su asesor”, en referencia a Koldo García, pieza clave en la investigación.

Segunda causa judicial para la exsecretaria de Estado

De confirmarse su imputación, Isabel Pardo de Vera acumularía dos procesos abiertos. Además del caso Koldo, figura como investigada por la supuesta contratación irregular de Jesica, exnovia del propio Ábalos, en su etapa como ministro de Transportes. Esta segunda causa añade presión judicial a la ex alto cargo, cuya figura comienza a ganar protagonismo en las ramificaciones del escándalo.

Trayectoria pública y paso al sector privado

Nacida en Lugo en 1975, Pardo de Vera es ingeniera de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de A Coruña. Inició su carrera profesional en la consultora SEG y la empresa pública INECO. Ingresó en Adif en 2007 mediante oferta de empleo público, donde desarrolló buena parte de su carrera. Tras un breve paso por la Diputación de Pontevedra, regresó a Adif en 2016 y fue nombrada presidenta en 2018.

En 2021 asumió el cargo de secretaria de Estado de Transportes, coincidiendo durante un año con Ábalos y su asesor Koldo García. Dimitió tras el escándalo por el error en el diseño de trenes para Cantabria y Asturias, que no cabían en los túneles previstos. Desde marzo de 2025 trabaja en el sector privado como asesora del grupo ACS.

Perfil personal y reconocimientos

Casada con el empresario Juan Manuel Álvarez Rivera, con quien tiene dos hijos, Pardo de Vera ha sido reconocida en el pasado por su impulso a la movilidad sostenible y su papel en la modernización de infraestructuras. Sin embargo, los recientes procesos judiciales amenazan con empañar su trayectoria en la alta administración pública.

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Von der Leyen se enfrentará a una moción de censura en julio por ocultar mensajes con el CEO de Pfizer durante la gestión de la pandemia
The post Von der Leyen afronta moción de censura en la UE first appeared on Hércules.  Caricatura del “Pfizergate” con Úrsula Von der Leyen/cartoonmovement.com

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se enfrentará en julio a una moción de censura en el Parlamento Europeo, tras ser formalmente solicitada por más de 72 eurodiputados. El detonante: su negativa a revelar los mensajes de texto intercambiados con el CEO de Pfizer, Albert Bourla, durante la negociación de contratos de compra de vacunas contra el coronavirus.

La iniciativa fue impulsada por el eurodiputado rumano Gheorghe Piperea, miembro del grupo Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), de corte ultraderechista. La petición cumple el requisito mínimo de respaldo ,una décima parte de los 720 miembros de la Eurocámara, lo que obliga a activar el procedimiento parlamentario.

No obstante, fuentes internas del Parlamento citadas por Europa Press advierten que la moción carece del apoyo suficiente para prosperar. Para que el texto sea aprobado y derroque al Ejecutivo comunitario en bloque, debe contar con el respaldo de dos tercios de los votos emitidos, representando además la mayoría absoluta de la cámara. A día de hoy, ni siquiera los grupos más críticos con Von der Leyen se han alineado completamente a favor.

La sombra de los SMS y una sentencia clave

La base jurídica de la moción de censura es la sentencia dictada el pasado mayo por el Tribunal General de la UE, que anuló la decisión de la Comisión de negar el acceso a una periodista a los SMS entre Von der Leyen y Bourla. El fallo considera que el contenido de esos mensajes, intercambiados en plena crisis sanitaria, debía ser accesible por razones de transparencia institucional.

La polémica lleva tiempo persiguiendo a la líder conservadora alemana. En julio de 2024, fue ratificada para un segundo mandato al frente de la Comisión, pero lo hizo con una mayoría ajustada: 401 votos a favor de los 707 emitidos, con 284 en contra, 15 abstenciones y 7 nulos. Un apoyo que refleja una base parlamentaria frágil.

El procedimiento parlamentario y sus precedentes

Una vez registrada la moción y validado que cumple con los requisitos formales, la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, informará a los eurodiputados. El procedimiento prevé un debate parlamentario, seguido de una votación nominal, que no podrá realizarse hasta pasadas al menos 48 horas desde el final del debate.

Está previsto que el proceso se active en la próxima sesión plenaria, agendada del 7 al 10 de julio en Estrasburgo. A pesar de que existen antecedentes de mociones de censura presentadas contra la Comisión Europea, ninguna ha prosperado hasta la fecha.

Aunque todo indica que la iniciativa actual tampoco logrará derribar al Ejecutivo, el caso reaviva el debate sobre la transparencia en las instituciones europeas y el poder de los lobbies farmacéuticos durante la gestión de la pandemia. Von der Leyen, por su parte, aún no se ha pronunciado oficialmente sobre la activación de la moción

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El Tribunal Constitucional valida la ley de amnistía con división interna. La medida beneficia a los líderes del procés pese a las críticas.
The post Las claves de la sentencia del TC sobre la amnistía first appeared on Hércules.  El 30 de mayo de 2024, el Congreso de los Diputados aprobó definitivamente la ley de amnistía, una norma que ha marcado la legislatura. Aquel día, la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, proclamaba desde la tribuna: «Esta ley no es perdón ni clemencia, es victoria». Su afirmación simbolizaba un momento político clave, respaldado por una ajustada mayoría parlamentaria de 177 votos a favor frente a 172 en contra. Ahora, la mayoría progresista del Tribunal Constitucional ha reafirmado esa decisión con una votación de 6 a 4, consolidando el respaldo jurídico a una ley que sigue generando controversia.

La sentencia, previsible según expertos en derecho constitucional, se sostiene en la interpretación de que «el legislador puede hacer todo lo que la Constitución no prohíba explícitamente», según la magistrada Inmaculada Montalbán, ponente del fallo. Sin embargo, en las 205 páginas del texto se admite con claridad que la motivación de la ley responde a «criterios de oportunidad política». El trasfondo es conocido: Pedro Sánchez necesitaba los siete votos de Junts para su investidura. Aunque el texto justificativo apela al interés general y a la búsqueda de convivencia dentro del Estado de derecho, la realidad es que el origen de la medida fue esencialmente táctico.

Reacciones divididas y tensiones institucionales

Hace dos meses, el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, expresó su «profunda preocupación» por lo que consideró ataques a la legitimidad del tribunal por parte de sectores de la oposición y del Tribunal Supremo. Recordó que «cuestionar al Constitucional es cuestionar el sistema democrático», en una intervención que ya anticipaba el clima de tensión institucional.

Ayer, tras conocerse la sentencia, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, fue tajante: «Esta amnistía es una vergüenza y una corrupción política». La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, fue aún más crítica: «Destruye el Poder Judicial y blanquea la corrupción de Estado». Tanto el Gobierno de Madrid como otras comunidades gobernadas por el PP y Castilla-La Mancha presentaron recursos ante el Constitucional. Por su parte, el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña plantearon cuestiones de inconstitucionalidad.

Pese a la validación por parte del Constitucional, el choque de trenes continúa. El ministro Félix Bolaños, junto a dirigentes de ERC y Junts, exigió ayer la inmediata aplicación de la amnistía a Carles Puigdemont, en un nuevo pulso al Supremo, que considera que la malversación vinculada al procés no es amnistiable por implicar beneficio patrimonial. Jordi Turull, número dos de Junts, instó incluso al Constitucional a usar «mecanismos coercitivos» para forzar al Supremo, en un giro irónico si se recuerda el desacato de 2017 a los requerimientos del propio TC durante la aprobación de las leyes de desconexión.

Un camino lleno de obstáculos legales y sociales

Desde Bruselas, Pedro Sánchez celebró el fallo: «Es una magnífica noticia para España y para la convivencia». Pero el recorrido de la amnistía ha sido tortuoso. Comenzó en agosto de 2023, cuando el diario El País tituló que Sánchez asumía la necesidad de un «alivio penal al procés». Aunque el Gobierno mantuvo una estrategia de silencio y eufemismos, fue Oriol Junqueras quien desveló que el pacto estaba cerrado desde el 17 de agosto, día de la constitución de las Cortes Generales.

El PSOE optó por registrar la medida como proposición de ley, esquivando al Consejo de Ministros y a los órganos consultivos, y aplicando un procedimiento de urgencia. Aunque al principio se buscó consenso, finalmente el texto fue presentado en solitario el 13 de noviembre, un día antes del debate de investidura. A esa misma hora, decenas de miles de ciudadanos protestaban en las calles bajo el lema de «ley de impunidad», con 80.000 asistentes solo en Madrid, según cifras oficiales.

En el plano técnico, la norma recibió cuatro informes negativos de los letrados del Congreso y Senado, uno del Consejo General del Poder Judicial, y objeciones de organismos europeos como la Comisión de Venecia. La presión de Junts, y en especial de Puigdemont, fue determinante para endurecer la norma, hasta el punto de incluir delitos de terrorismo en su redacción. El grupo independentista llegó a tumbarla temporalmente el 30 de enero para forzar una renegociación.

Una vez aprobada, los tribunales entraron en escena. La decepción de Puigdemont no tardó en llegar, al comprobar que la aplicación de la ley no sería automática ni total. Ahora, con el aval del Constitucional, el proceso legal sigue. Aún deben resolverse los recursos individuales y determinarse qué delitos concretos serán finalmente amnistiados. El tablero político y judicial continúa en movimiento.

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JUCIL reclama al Gobierno medios y respaldo legal para frenar la violencia contra los agentes, que en 2024 alcanzó cifras récord
The post Se producen una media de tres agresiones diarias a guardias civiles en España first appeared on Hércules.  España registra una media de tres agresiones diarias a guardias civiles, según los últimos datos difundidos por JUCIL, la asociación profesional mayoritaria del Cuerpo. Solo en el primer trimestre de 2025 se contabilizaron 232 ataques, un 5% menos que en el periodo anterior, pero aún muy por encima de lo asumible en una democracia que exige a sus agentes la máxima entrega, incluso en situaciones de riesgo extremo.

“La sociedad exige mucho a sus guardias civiles, pero no se nos protege con justicia”, lamenta Ernesto Vilariño, secretario general de JUCIL, quien denuncia la ausencia de respaldo legal y administrativo para que los agentes puedan repeler agresiones con eficacia y sin miedo a expedientes disciplinarios.

De los 232 ataques registrados entre enero y marzo, seis fueron cometidos con armas, dos más que en el trimestre anterior. En paralelo, se registraron 814 accidentes laborales, lo que representa un preocupante aumento del 19% respecto al último trimestre de 2024. Los datos evidencian un entorno laboral cada vez más peligroso para los guardias civiles, que afrontan turnos exigentes, plantillas limitadas y un clima social de creciente hostilidad.

Una escalada constante: 1.404 agresiones en 2024

La violencia contra los agentes no es un fenómeno nuevo. En 2024, el número de agresiones alcanzó 1.404 casos, la cifra más alta jamás registrada, con un incremento del 18% respecto al año anterior. En 2021 se registraron 1.051 agresiones y en 2022, 1.193. En solo dos años, el aumento ha sido del 34%, una tendencia que JUCIL atribuye al deterioro del principio de autoridad y a la creciente impunidad de los agresores.

“Es inaceptable que sigamos sin ser considerados una profesión de riesgo”, denuncia Vilariño, recordando que el Tribunal Supremo ya ha condenado al Gobierno por no adaptar la normativa que permita reconocer como tal a los guardias civiles de clases pasivas.

JUCIL exige más medios y protección jurídica

Ante esta situación, la asociación reclama medidas urgentes y concretas para garantizar la seguridad de los agentes. Entre las prioridades, destaca la dotación de defensas extensibles individuales, pistolas eléctricas paralizantes para cada patrulla, cámaras unipersonales, chalecos antibalas individuales y trajes de flotabilidad para el Servicio Marítimo. También solicita la incorporación de fundas de pistola antihurto, vehículos actualizados, y protocolos que impidan patrullajes en solitario.

“No pedimos privilegios, pedimos recursos para trabajar con garantías”, insiste Vilariño, que recuerda que muchos agentes comparten chalecos antibalas con tallas inadecuadas y que, en demasiadas ocasiones, deben hacer frente a situaciones de máximo riesgo sin herramientas ni apoyo normativo.

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Un estudio revela que los beneficiarios de una ayuda mensual de hasta 1.297 euros tenían un 22% menos de probabilidades de trabajar que quienes no recibieron nada
The post Fracasa el experimento de renta mínima en Barcelona: desincentiva el empleo y aumenta la desigualdad first appeared on Hércules.  El experimento piloto de renta mínima garantizada llevado a cabo entre 2017 y 2019 en diez barrios desfavorecidos de Barcelona ha fracasado según las conclusiones de un estudio académico recién publicado. El programa, que ofrecía transferencias mensuales de hasta 1.297 euros por hogar, ha provocado un claro desincentivo al empleo: los beneficiarios de estas ayudas tuvieron un 22% menos de probabilidades de trabajar respecto a quienes no recibieron ninguna prestación.

El trabajo, firmado por los investigadores Timo Verlaat, Federico Todeschini y Xavier Ramos, y titulado “Los efectos sobre el empleo de una política de ingresos garantizados basada en la prueba de medios”, hace un seguimiento a 1.200 hogares desde el inicio del programa hasta seis meses después de su finalización. La conclusión es rotunda: el impacto en el mercado laboral fue negativo, persistente y difícil de revertir.

Menos trabajo y más dependencia

Durante 23 meses, los hogares participantes en el grupo de tratamiento recibieron una media de 422 euros al mes, aunque en el caso de familias numerosas la transferencia llegó a superar los 1.200 euros. A cambio, no se exigía ningún compromiso laboral. El grupo de control, en cambio, no percibió ayuda alguna.

Los resultados muestran que, dos años después del inicio del programa, no solo los beneficiarios principales tenían una menor probabilidad de trabajar, sino que además el 14% de los hogares del grupo de tratamiento no contaban con ningún miembro empleado, una cifra significativamente superior a la del grupo de control. Y lo más preocupante: los efectos persistieron al menos seis meses tras el fin de las transferencias.

Además, el informe descarta que estas ayudas sirvieran para fomentar la educación, la formación o la participación social. Tampoco se encontraron beneficios claros en términos de salud mental o bienestar emocional. En cambio, se detectó una cierta sustitución laboral por tareas de cuidados, lo que, si bien puede tener un valor social, no compensa el deterioro de la empleabilidad general.

El fracaso del experimento se enmarca en un contexto de desigualdad creciente en la ciudad condal. Según un informe de la Oficina Municipal de Dades, en 2022 la renta disponible real de los barceloneses cayó un 2,6% debido al efecto de la inflación. Aunque los ingresos nominales aumentaron un 4,9%, las subidas de precios se comieron ese avance. Y mientras los barrios más acomodados, como Les Tres Torres o Sarrià-Sant Gervasi, superan los 35.000 euros de renta per cápita, otros como Ciutat Meridiana no alcanzan los 12.000 euros.

Esta desigualdad estructural alimenta el debate político sobre las rentas garantizadas, que la Generalitat quiere extender en forma de una renta básica universal sin condiciones. Sin embargo, los datos empíricos del experimento barcelonés parecen indicar que este tipo de políticas no solucionan el problema de fondo: la creación de empleo de calidad en los entornos más vulnerables.

El informe académico pone en entredicho la viabilidad de rentas mínimas sin incentivos laborales, al menos en los términos en que se diseñó el experimento de Barcelona. Lejos de facilitar la integración, fomentan la dependencia de las ayudas públicas y reducen la participación en el mercado laboral. La evidencia recogida en la capital catalana se suma a la de otros experimentos similares en países europeos, como Finlandia o Países Bajos, que han mostrado resultados parecidos.

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Cinco días de apagón informático paralizan la administración mientras los ciberdelincuentes exigen un rescate económico elevado
The post Melilla sufre un ciberataque con secuestro de datos y petición de rescate first appeared on Hércules.  Un ataque de ransomware ha dejado a la Ciudad Autónoma de Melilla bloqueada durante cinco días consecutivos, en lo que ya se considera uno de los peores episodios de ciberseguridad sufridos por una administración española. Los atacantes exigen un rescate millonario a cambio de liberar los sistemas, mientras las autoridades, con el apoyo del Centro Criptológico Nacional (CCN), tratan de recuperar el control sin ceder a las amenazas.

Un apagón digital que paraliza la administración

Desde hace cinco días, los sistemas informáticos del gobierno melillense han quedado inutilizados tras la intrusión de un malware del tipo ransomware, que bloquea el acceso a los datos y exige un pago para su liberación. El ataque ha afectado a casi todos los servicios públicos, lo que ha provocado la suspensión de trámites administrativos, retrasos en pagos y graves molestias a los ciudadanos.

Entre los principales afectados están los 1.200 empleados públicos, cuyo cobro de nóminas de este mes ha quedado en el aire. Según ha declarado el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, “la cosa ha sido bastante gorda” y se estima que la recuperación completa podría tardar aún varios días.

Qilin se atribuye el ciberataque

El grupo Qilin, conocido por sus operaciones de ransomware, ha reivindicado la autoría del ataque. Aunque las autoridades no han confirmado aún esta versión, los supuestos atacantes aseguran haber robado entre 4 y 5 terabytes de datos confidenciales, incluyendo información personal de residentes, datos turísticos e incluso archivos comprometedores de altos cargos. Aseguran haber accedido a ordenadores de personas influyentes, obteniendo pruebas de presunta corrupción y malversación de fondos públicos.

Los expertos del CCN, brazo en ciberseguridad del CNI, han asumido la coordinación técnica para contener la crisis. Aunque se descarta por ahora una motivación geopolítica o extranjera, lo cierto es que la infraestructura digital de la ciudad ha quedado gravemente dañada.

La vulnerabilidad de Melilla ha quedado expuesta por un elemento clave: su Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) aún está en fase de desarrollo. En 2024, la ciudad firmó un convenio con el CNI para construir un SOC propio, valorado en 300 millones de euros. Sin embargo, solo se ha desembolsado la mitad de los fondos, lo que ha impedido avanzar en su implementación.

Este centro habría permitido detectar, supervisar y responder a incidentes de ciberseguridad en tiempo real. Ahora, el CCN reclama el pago restante para poder activar este sistema esencial, que podría haber mitigado los efectos del ataque o incluso evitado la intrusión.

España, cada vez más en el punto de mira

El caso de Melilla no es aislado. España ha experimentado un notable repunte en los ciberataques de alto impacto, con un incremento del 64 % en 2024 respecto al año anterior, según datos del propio CCN. El robo de información confidencial de empresas y administraciones se ha convertido en el principal objetivo de los ciberdelincuentes, con una sofisticación creciente.

Imbroda ha recordado que incluso el Pentágono y el Ayuntamiento de Granada han sido víctimas de ataques similares en los últimos meses. “Ninguna administración está a salvo. Por eso necesitamos sistemas de defensa completos y plenamente operativos”, ha recalcado.

Como es habitual en estos casos, el CNI y el CCN desaconsejan de forma tajante el pago de rescates, pues ello solo fomenta nuevas campañas delictivas. Mientras tanto, los melillenses esperan el restablecimiento de sus servicios públicos, y las autoridades han ampliado los plazos administrativos para reducir el impacto sobre la ciudadanía.

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El fallo del TC provoca una cascada de reacciones entre partidos y líderes institucionales, con Feijóo denunciando corrupción y Junts exigiendo medidas al Supremo
The post El Constitucional avala la amnistía y agita el conflicto catalán: “La ley es legal, pero el problema político sigue vivo” first appeared on Hércules.  La esperada sentencia del Tribunal Constitucional sobre la ley de amnistía ha llegado. Y lo ha hecho sin sorpresas: con mayoría progresista, el alto tribunal ha validado por seis votos contra cuatro la norma clave para la investidura de Pedro Sánchez. El fallo respalda la legalidad del “borrado penal” del procés, rechazando que la amnistía suponga una intromisión en el Poder Judicial o una vulneración del derecho a la legalidad penal. Sin embargo, el veredicto ha dejado tras de sí un país más dividido que antes.

Feijóo: “Es una transacción corrupta de impunidad a cambio de poder”

La reacción del principal partido de la oposición fue inmediata. Desde Bruselas, Alberto Núñez Feijóo calificó el fallo de “esperado” y cargó con dureza contra el Gobierno: “Lo que se ha validado es una autoamnistía, una vergüenza en cualquier democracia”. Aunque aseguró respetar al tribunal, denunció que la medida sigue siendo “ilegal, inmoral y un obús contra la separación de poderes”.

El líder del PP recordó que la amnistía fue negociada por Santos Cerdán, actual investigado por corrupción, y subrayó que la persona que redactó la ley ahora es “una persona corrupta siguiendo instrucciones de Sánchez”. Además, lamentó que el TC se negara a consultar al Tribunal de Justicia de la UE y reclamó que sea Europa quien ponga freno a una norma que, según dijo, “atenta contra el Estado de derecho”.

Illa y Bolaños aplauden la sentencia y piden su aplicación inmediata

Desde el otro extremo del tablero político, las reacciones fueron de euforia. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, celebró el fallo como una “hora feliz” para Cataluña y pidió “respeto para la decisión del Congreso”. En una declaración institucional, sostuvo que “la ley de amnistía ha funcionado”, beneficiando ya a más de 300 personas y favoreciendo la normalización institucional y el diálogo político en Cataluña.

En la misma línea, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, pidió al Tribunal Supremo que “aplique ya la ley” y defendió que la medida “ha cambiado la realidad en Cataluña y en toda España”. No obstante, reconoció que aún hay recursos pendientes y apeló a que los tribunales sigan su curso.

Junts y ERC: “La amnistía no resuelve el conflicto, el referéndum sigue pendiente”

Mientras el Gobierno y el PSC celebraban el aval del TC como una victoria política y jurídica, los partidos independentistas matizaron su entusiasmo. Jordi Turull, secretario general de Junts, valoró que la ley es una “enmienda a la represión” pero advirtió que “el conflicto sigue vivo”. Exigió al Constitucional que “imponga medidas coercitivas al Supremo” para garantizar la aplicación efectiva de la amnistía, que todavía no alcanza a los líderes del procés como Puigdemont, Comín o Junqueras.

En la misma línea, el conseller de Justicia, Joan Ignasi Elena (ERC), sostuvo que la ley “resuelve la injusticia, pero no el conflicto político”, y recordó que sin ERC “no habría habido amnistía”. La diputada de la CUP, Laia Estrada, fue aún más contundente: “Si el conflicto no está resuelto, seguirá habiendo lucha y, por tanto, represión”.

Pese al espaldarazo del Constitucional, el futuro de la ley de amnistía está lejos de quedar cerrado. El PP confía en que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea enmiende al TC, después de que la Comisión Europea apuntara que se trata de una “autoamnistía”. A la espera de ese pronunciamiento, el fallo del tribunal presidido por Cándido Conde-Pumpido ha activado una nueva fase del conflicto institucional y territorial en España.

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Congreso investiga a ActBlue por posibles donaciones extranjeras ilegales y fallas en su sistema de prevención de fraude en las elecciones de 2024
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El Congreso de EE. UU. ha dado un paso contundente en la investigación que busca esclarecer si la plataforma de recaudación digital ActBlue facilitó contribuciones ilícitas provenientes del extranjero durante las elecciones de 2024. Esta semana, los legisladores federales emitieron citaciones formales para obligar a dos exempleados clave de la organización a comparecer como testigos.

Las citaciones, enviadas por el presidente del Comité Judicial de la Cámara, Jim Jordan, el presidente del Comité de Supervisión, James Comer, y el presidente del Comité de Administración, Bryan Steil, exigen la comparecencia de Alyssa Twomey, exvicepresidenta de servicio al cliente de ActBlue, y de un especialista senior en gestión de flujos de trabajo, antes del próximo 15 de julio.

Resistencia inicial de los testigos

Ambos testigos fueron previamente invitados a entrevistas transcritas de forma voluntaria, pero su abogado declinó la solicitud, citando una investigación en curso del Departamento de Justicia. Esta negativa motivó a los comités legislativos a avanzar con la vía legal.

En una carta adjunta a las citaciones, los comités subrayaron que su labor persigue un objetivo legislativo legítimo: evitar que actores extranjeros interfieran en el proceso democrático mediante donaciones políticas fraudulentas. Según los congresistas, existe evidencia de que ActBlue relajó sus medidas antifraude en plena temporada electoral, pese a tener conocimiento de intentos de ingreso de fondos ilícitos desde el exterior.

Acusaciones de negligencia sistémica

De acuerdo con la investigación parlamentaria, la actitud de ActBlue ante las amenazas fue “fundamentalmente negligente”. Se identificó que la plataforma disminuyó sus estándares de seguridad en al menos dos ocasiones durante el año electoral 2024. Además, la capacitación interna habría instruido a los nuevos empleados a enfocarse en “encontrar razones para aceptar donaciones” en lugar de verificar posibles fraudes.

Documentos internos obtenidos por los comités evidencian que la alta dirección del área de prevención de fraude reconocía mecanismos por los cuales los sistemas podían ser burlados, permitiendo aportes ilegales a campañas políticas.

Respuesta de ActBlue ante las citaciones

ActBlue minimizó la importancia de las citaciones, argumentando que se trata de requerimientos dirigidos a individuos, no a la organización como tal. En un comunicado, la entidad criticó la orientación partidista de la investigación.

“Esta carta no se dirigió directamente a ActBlue. No obstante, sus argumentos no responden a nuestras serias preocupaciones sobre indagatorias paralelas y politizadas que provienen de distintas ramas del gobierno”, sostuvo la organización en su declaración.

Investigación por posible lavado de dinero

El foco de la indagación gira en torno a si entidades extranjeras pudieron explotar la plataforma para financiar campañas en EE. UU., lo cual representa una grave violación de la ley electoral. En octubre, Steil y el senador Ron Johnson enviaron una carta a la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, al director del FBI, Christopher Wray, y a la directora de Inteligencia Nacional, Avril Haines, expresando su preocupación por posibles aportes desde países como Irán, Rusia, China y Venezuela.

Los legisladores afirmaron que su pesquisa reveló posibles casos de suplantación de identidad de ciudadanos estadounidenses para encubrir transacciones de lavado de dinero político. Solicitaron acceso a Reportes de Actividad Sospechosa (SAR, por sus siglas en inglés) generados por instituciones financieras bajo leyes contra el lavado de dinero. Dichos reportes ya están siendo examinados por el Congreso.

Reformas en políticas internas tras presión legislativa

Frente al avance de la investigación, ActBlue reconoció haber implementado cambios en su sistema de verificación. La plataforma ahora rechaza automáticamente donaciones hechas con tarjetas prepago extranjeras, tarjetas de regalo o aquellas provenientes de países sancionados o de alto riesgo, según los criterios establecidos por su proveedor de soluciones de seguridad, Sift.

Este ajuste ocurrió solo tres días después de que Steil presentara la Ley SHIELD, orientada a prevenir la injerencia extranjera en la financiación digital de campañas. Antes del cambio, ActBlue no bloqueaba automáticamente transacciones realizadas con tarjetas regalo de origen extranjero, lo que, según los críticos, abría la puerta a fraudes sistemáticos.

ActBlue defiende su historial

Pese a las acusaciones, ActBlue sostiene su inocencia. En junio de 2024, la organización celebró su vigésimo aniversario destacando su papel como pilar confiable en la recaudación de fondos para campañas progresistas y del Partido Demócrata. Ha asegurado que continúa colaborando con todas las investigaciones pertinentes.

No obstante, los comités han revelado que durante la campaña de 2024 se modificaron prácticas clave en la plataforma. Uno de los cambios más cuestionados fue la eliminación del requisito del código CVV en pagos con tarjeta, lo que incrementó las vulnerabilidades ante posibles transacciones falsas. Un análisis interno reflejó que esta política derivó en un aumento de entre 14 y 28 donaciones fraudulentas mensuales.

Rastros de origen internacional

Los documentos revisados por los legisladores mostraron que ActBlue comenzó a detectar un flujo creciente de posibles donaciones anómalas desde países como Brasil, Colombia, India, Irak, Filipinas y Arabia Saudita.

Este patrón llevó a los congresistas y al expresidente Donald Trump a instar al Departamento de Justicia a iniciar una investigación formal por posible conducta criminal.

Trump exige acción legal

En un memorando reciente, Trump recordó que las leyes federales (52 U.S.C. 30121 y 30122) prohíben explícitamente las contribuciones de ciudadanos extranjeros, así como aquellas realizadas en nombre de terceros. Denunció que plataformas como ActBlue podrían estar participando de forma activa en esquemas de donaciones prohibidas y excesivas para beneficiar a ciertos candidatos.

“Estas prácticas, de confirmarse, representan una grave amenaza a la integridad del sistema democrático estadounidense”, sentenció.

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Los Estados del Golfo han facilitado logística, armas e inversión a Israel en su guerra contra Gaza. Su implicación va más allá de la diplomacia
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En la actual ofensiva israelí sobre Gaza, los Estados del Golfo han mantenido una postura ambigua: en público, expresan solidaridad con Palestina; en privado, consolidan una red de apoyo político, financiero y militar con Tel Aviv. Este doble discurso no es nuevo. Durante años, países como Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Bahréin han reforzado una relación estratégica que ahora juega un papel decisivo en el conflicto.

Los Acuerdos de Abraham, firmados en 2020 bajo el auspicio de Estados Unidos, oficializaron esta alianza para algunos, pero otros actores han optado por la discreción. Riad, considerado el cerebro detrás de la normalización, y Doha, que mantiene una imagen de mediador neutral, se han convertido en facilitadores logísticos y financieros del esfuerzo militar israelí.

Esta colaboración, según reconocimientos de figuras como Donald Trump y Benjamin Netanyahu, forma parte de un entramado regional que redefine las prioridades geoestratégicas en Medio Oriente.

Comercio e inversión: el respaldo económico del Golfo

Mientras crece la indignación popular y se multiplican los boicots ciudadanos en el mundo árabe, el comercio Israel-Golfo se ha disparado. Emiratos Árabes Unidos lidera como principal socio comercial árabe de Israel, seguido de cerca por Bahréin, cuyo intercambio bilateral aumentó un 950% en los primeros meses del conflicto.

Empresas árabes con certificaciones kosher continúan ingresando productos a Israel, como Al Barakah Dates y Hunter Foods, mientras firmas saudíes como Durra mantienen canales de exportación activos. Qatar, por su parte, sigue enviando materias primas para plásticos con uso industrial y militar en Israel.

Más preocupante aún es el flujo de inversiones indirectas: los fondos del Golfo han alcanzado empresas como Phoenix Holdings, conectada a bancos y constructoras israelíes activas en los asentamientos ilegales en Cisjordania. La implicación de Jared Kushner, ex asesor presidencial de EE. UU., en el manejo de estos fondos solo refuerza los vínculos entre política exterior, negocios y ocupación.

Reestructuración logística en tiempos de bloqueo

El bloqueo naval en el Mar Rojo, impulsado por los hutíes, afectó seriamente las rutas comerciales israelíes. Pero los Estados del Golfo reaccionaron rápidamente para proteger sus intereses. Emiratos Árabes Unidos estableció una ruta terrestre desde Dubái hasta Tel Aviv, atravesando Arabia Saudita y Jordania. Bahréin, por su parte, adaptó sus puertos para servir de nodo logístico a mercancías israelíes procedentes de Asia.

Estas medidas no sólo sustituyeron rutas, sino que aseguraron la continuidad del suministro durante uno de los bloqueos más significativos desde 2006.

La colaboración armamentística se intensifica

Apenas iniciados los bombardeos sobre Gaza, Emiratos Árabes Unidos reforzó su cooperación armamentista con Tel Aviv. Informes de Balkan Insight revelaron exportaciones por 17,1 millones de dólares en armas procedentes de empresas vinculadas a Abu Dhabi.

Además de la compraventa de material bélico, EDGE Group, el conglomerado militar emiratí, posee participaciones en empresas israelíes como Rafael e IAI, especializadas en aviación militar. La presencia de fabricantes israelíes como Bayt Systems en suelo emiratí y la participación de 34 firmas en la feria de defensa IDEX 2025 prueban que la cooperación militar va más allá del secretismo.

Arabia Saudita, sin acuerdos formales con Israel, ha optado por rutas indirectas: compra de misiles a través de filiales estadounidenses, ensamblaje encubierto de drones sudafricanos y, según observadores, despliegue de sistemas diseñados por empresas israelíes como RADA en sus bases militares.

Qatar, a su vez, sigue obteniendo piezas de repuesto de fabricantes israelíes para su flota militar y ha participado en simulacros conjuntos que incluyen a Tel Aviv, celebrados recientemente en Grecia.

Bases, vuelos y municiones: el sostén logístico

La infraestructura militar del Golfo ha sido esencial para el transporte de armamento estadounidense a Israel. Arabia Saudita, Bahréin y especialmente Qatar —hogar del Comando Central de EE.UU. en Al-Udeid— han servido de puntos de tránsito para decenas de vuelos cargados con misiles y municiones.

En Dubái, el aeropuerto internacional facilitó el tránsito de reservistas israelíes hacia Gaza, mientras organizaciones judías en el emirato canalizaban paquetes de apoyo a soldados desplegados.

Energía y diplomacia: el nuevo eje regional

En paralelo al conflicto, Tel Aviv ha acelerado su diplomacia energética. Su ministro de Energía, Eli Cohen, anunció un ambicioso proyecto de oleoducto entre Ashkelon y Arabia Saudita pasando por Eilat. Este proyecto se alinea con el corredor económico IMEC, una alternativa a la Franja y la Ruta china, e involucra también a los Emiratos Árabes Unidos y Jordania.

Bahréin, a través de su empresa estatal Bapco Energy, vendió parte del oleoducto nacional a BlackRock, una firma estrechamente ligada a inversiones en territorios ocupados. La operación refuerza la agenda de normalización regional con implicaciones energéticas de largo plazo.

Inteligencia compartida y control tecnológico

Uno de los capítulos más sensibles es el de la colaboración en inteligencia y vigilancia. En 2024, altos mandos militares de Israel, Emiratos, Arabia Saudita, Jordania, Egipto y Bahréin se reunieron secretamente en Manama, bajo la supervisión del Comando Central estadounidense. El objetivo: frenar flujos de armamento hacia Gaza procedentes de Irak y Yemen.

Bahréin, sede de la Quinta Flota de EE. UU., se ha comprometido abiertamente a colaborar en este esfuerzo. Algunos analistas sugieren que Israel podría obtener acceso naval permanente al Golfo.

En el terreno tecnológico, las empresas israelíes están penetrando la infraestructura de seguridad del Golfo. Crescent Technologies, con sede en Bahréin, colabora con CyberArk en ciberdefensa. Emiratos Árabes Unidos ha firmado contratos con XM Cyber, fundada por un ex jefe del Mossad, para proteger instalaciones energéticas, junto a consorcios que incluyen a Rafael y otras firmas militares israelíes.

Incluso compañías como Orpak Systems han ingresado al sector petrolero árabe bajo marcas camufladas, evitando controversias públicas.

Conclusión: aliados silenciosos en la devastación

Aunque sus declaraciones públicas siguen apelando al apoyo histórico a Palestina, los hechos revelan otra realidad. Los Estados del Golfo no solo han dejado de ser actores neutrales: ahora son colaboradores estratégicos en la maquinaria bélica de Israel.

A través de inversiones, acuerdos logísticos, comercio, cooperación militar y tecnológica, estos gobiernos han asegurado que la guerra contra Gaza cuente con el respaldo necesario. La devastación, entonces, no es solo obra de Tel Aviv: se trata de una empresa regional sostenida por silencios, tratados ocultos y millones en contratos.

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