Crónica Diaria

La concesión judicial dispara el número de VTC y fractura tanto al gremio del taxi como a las plataformas de transporte
The post Huelga del taxi el miércoles en Madrid por las 8.500 nuevas licencias de VTC otorgadas a Cabify first appeared on Hércules.  El próximo 28 de mayo, el gremio del taxi en Madrid vivirá una jornada de protesta con una manifestación convocada por la Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM). La marcha, que recorrerá el paseo de la Castellana, es la respuesta a la concesión judicial de 8.500 nuevas licencias de vehículos de transporte con conductor (VTC) a Cabify, una decisión que cambia el equilibrio del sector en la capital: por primera vez, los VTC superarán en número a los taxis.

Pese a la gravedad del momento, el sector del taxi no muestra una postura unánime. La Asociación Gremial del Taxi y Plataforma Caracol han decidido no secundar la protesta, calificándola de innecesaria y mal planteada. Esta división interna debilita la posición de los taxistas en una batalla que lleva años librándose tanto en la calle como en los tribunales.

Una victoria judicial para Cabify

La concesión de estas licencias no es fruto de una decisión política, sino del desenlace de un largo proceso judicial iniciado por Cabify en abril de 2018. Entonces, la empresa solicitó las autorizaciones justo un día antes de que el Gobierno de Rajoy reinstaurara la proporción 1/30 (una licencia de VTC por cada 30 de taxi). La Comunidad de Madrid denegó las peticiones, pero el Supremo dio la razón a Cabify, que ahora recoge los frutos legales de aquella demanda.

Aunque el Gobierno regional ha recurrido las resoluciones judiciales, ha iniciado el procedimiento para conceder las licencias “por imperativo legal”. El consejero de Transportes, Jorge Rodrigo, ha asegurado que “no comparten la decisión” y agotarán todas las vías judiciales para intentar revertirla.

VTC y taxis: dos sectores en guerra… también entre ellos

La irrupción masiva de nuevos VTC no solo ha tensionado al sector del taxi, sino también al de las propias plataformas. Bolt, competidora directa de Cabify, ha alzado la voz contra la medida, advirtiendo que esta decisión concentrará el 70% de las licencias en manos de una sola empresa, rompiendo el equilibrio competitivo en el sector.

Desde Cabify se defienden asegurando que la concesión es “el resultado del cumplimiento de resoluciones judiciales” y que planean introducir los nuevos vehículos de forma escalonada. La Consejería de Transportes les había dado hasta finales de mayo para identificar los vehículos con que operarían, plazo que ha sido ampliado hasta el 17 de junio.

Un conflicto enquistado, con implicaciones económicas y sociales

Las autoridades autonómicas insisten en que el mercado de transporte en Madrid ya está saturado. Actualmente hay más de 16.000 taxis y cerca de 9.000 VTC, una oferta que consideran “suficiente para cubrir la demanda”. Sin embargo, con la llegada de estas nuevas autorizaciones, el número de VTC superará los 17.000, rebasando por primera vez a los taxis en la región.

El Gobierno de la Comunidad ha advertido que esta situación podría generar un “detrimento económico” para miles de familias que dependen del taxi. A su vez, recuerdan que una ley nacional aprobada en 2023 permite a comunidades y ayuntamientos limitar las licencias de VTC por motivos de gestión del tráfico o medioambientales, aunque por ahora, la Justicia sigue avalando a las plataformas.

La manifestación del día 28, que recorrerá desde la plaza de Cuzco hasta Cuatro Caminos, está comunicada a la Delegación del Gobierno, pero su impacto es incierto. La soledad de la FPTM, sin el respaldo de otras asociaciones del taxi, podría diluir la fuerza de la protesta.

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La norma permite establecer multas de 500 euros y condena con penas de hasta un año a quienes se encarguen de la organización
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^{Imagen: manifestación del orgullo I AP}

Hungría ha dado un nuevo paso en la restricción de los derechos de la comunidad LGTBI+ con la entrada en vigor de una ley que prohíbe la “promoción” y representación pública de la homosexualidad y la diversidad de género, especialmente ante menores. La nueva normativa, impulsada por el Gobierno ultranacionalista de Viktor Orbán, ha provocado la prohibición por primera vez de la marcha del Orgullo en Budapest y ha suscitado la preocupación de organizaciones internacionales y de la Unión Europea, que estudia posibles sanciones contra el país por vulneración de derechos fundamentales.

Una ley que criminaliza la visibilidad LGTBI+

La ley, aprobada en marzo de 2025 mediante un procedimiento acelerado y sin apenas debate público, modifica varias normativas clave: la Ley sobre el Derecho de Reunión, la Ley de Faltas y la Ley sobre el Análisis de Imágenes Faciales. Su objetivo declarado es “proteger a los menores” y, para ello, prohíbe la celebración de reuniones o manifestaciones que puedan “representar o promover” la homosexualidad o el cambio de sexo ante menores de 18 años. La policía húngara ha utilizado por primera vez esta ley para vetar la celebración de la marcha LGTBI+ prevista para el 1 de junio, alegando que podría suponer una “violación de los derechos de los niños”.

La normativa permite imponer multas de hasta 500 euros a quienes asistan a reuniones prohibidas y penas de hasta un año de prisión para los organizadores. Además, autoriza el uso de tecnología de reconocimiento facial para identificar a los participantes y amplía los motivos por los que la policía puede dispersar manifestaciones, lo que supone un recorte sin precedentes del derecho de reunión y libertad de expresión para las personas.

Contexto y reacción internacional

La ley contra la “promoción” de la homosexualidad en Hungría se enmarca en una tendencia creciente de retroceso de derechos en Europa del Este. Desde 2021, el Gobierno de Orbán ha impulsado una serie de reformas que prohíben la representación positiva de la homosexualidad en medios, escuelas y espacios públicos. La nueva ley va más allá, al criminalizar cualquier acto público de visibilidad LGTBI+ y permitir la persecución de quienes organicen o participen en eventos como el Orgullo.

Organizaciones como Amnistía Internacional y el Comité Helsinki han denunciado que la ley vulnera derechos fundamentales protegidos por la legislación europea e internacional, como la libertad de reunión y la igualdad ante la ley. La Comisión Europea ha anunciado que analizará la normativa y no descarta tomar medidas legales contra Hungría por violar los tratados comunitarios.

Tras la aprobación de la ley, 22 embajadas europeas, entre ellas las de Alemania, Francia, Reino Unido y España, han expresado su profunda preocupación por la deriva autoritaria del Gobierno húngaro y las restricciones impuestas.

Un retroceso en derechos y libertades

La entrada en vigor de la ley contra la “promoción” de la homosexualidad ha desencadenado una oleada de protestas y movilizaciones en Hungría, donde activistas y organizaciones sociales advierten del riesgo de criminalización y estigmatización de las personas LGTBI+. Amnistía Internacional subraya que la normativa es “la última medida que ataca y estigmatiza a las personas intentando eliminar los derechos conquistados con tanto esfuerzo”.

El caso húngaro se ha convertido en un símbolo del retroceso de derechos en Europa y plantea un desafío directo a los valores de igualdad y libertad que defiende la Unión Europea.

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Italia ha lanzado esta petición al Tribunal Europeo de Derechos Humanos tras contar con el apoyo de siete países
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^{Imagen: la presidenta de Italia, Giorgia Meloni I Getty Images}

Italia, Dinamarca y otros siete países europeos han solicitado formalmente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) mayor flexibilidad para repatriar a inmigrantes condenados por delitos y endurecer las normas de asilo. La iniciativa, impulsada por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y su homóloga danesa, Mette Frederiksen, ha sido respaldada por gobiernos de diferentes perfiles políticos, incluidos Polonia y la República Checa.

Críticas a la interpretación de los derechos humanos

En una carta abierta dirigida al Tribunal de Estrasburgo, los nueve países acusan a la Corte de “ampliar en exceso el ámbito de aplicación de la Convención Europea de Derechos Humanos” y de limitar la capacidad de los Estados para tomar decisiones políticas en materia migratoria y de seguridad. Los firmantes critican especialmente las sentencias que impiden expulsiones por motivos de derecho a la vida familiar o riesgo de trato inhumano en los países de origen, y sostienen que “la seguridad de los ciudadanos respetuosos de la ley y de las víctimas es un derecho fundamental que debe primar sobre otras consideraciones”.

Giorgia Meloni ha defendido que “con demasiada frecuencia, el Convenio Europeo de Derechos Humanos se interpreta de forma que impide a los Estados expulsar a delincuentes extranjeros o proteger sus fronteras”, mientras que Mette Frederiksen ha subrayado que “se ha vuelto demasiado difícil expulsar de nuestras sociedades a los extranjeros que cometen delitos”.

Respuesta del Consejo de Europa

El Consejo de Europa, organismo responsable del TEDH, ha respondido reafirmando el papel de la Corte en la defensa de los derechos fundamentales. El secretario general, Alain Berset, ha recordado que “frente a los complejos desafíos de nuestro tiempo, nuestro papel no es debilitar la Convención, sino al contrario, mantenerla sólida y actual”. El Consejo insiste en que la función del TEDH es consultiva y normativa, pero que sus sentencias son esenciales para garantizar la protección de los derechos humanos en Europa.

Datos de migración en Europa

A fecha de enero de 2023, Europa contaba con aproximadamente 63,6 millones de inmigrantes extranjeros residiendo en los países de la Unión Europea. Esta cifra representa cerca del 14% de la población total de la UE, aunque la distribución es desigual: casi el 26% de todos los inmigrantes en la UE reside en Alemania, seguida de grandes comunidades en Francia, España e Italia.

En el caso de España, los últimos datos oficiales sitúan la población extranjera en torno a 6,9 millones de personas, lo que equivale a más del 14% de la población nacional, y la tendencia sigue en aumento gracias a la llegada constante de nuevos residentes. El crecimiento demográfico en varios países europeos, especialmente en España, se debe en gran medida al aporte de la inmigración, que compensa el envejecimiento y la baja natalidad de la población local.

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La sentencia declara la obligación del Ejecutivo de iniciar el procedimiento normativo y elaborar un Real Decreto que regule la jubilación anticipada
The post El Supremo obliga al Gobierno a regular la jubilación anticipada para Policía Nacional y Guardia Civil al reconocer su profesión como de riesgo first appeared on Hércules.  El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia histórica que obliga al Gobierno de España a reconocer el carácter de profesión de riesgo para los miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, y a regular su jubilación anticipada en condiciones de igualdad con los cuerpos policiales autonómicos y locales.

La resolución judicial responde al recurso presentado por el sindicato JUPOL, con el respaldo de las asociaciones JUSAPOL y JUCIL, y considera que la inacción del Ejecutivo ha vulnerado el principio de igualdad recogido en el artículo 14 de la Constitución.

El fallo, fechado el 21 de mayo y correspondiente al Recurso 421/2024, estima el recurso interpuesto por JUPOL ante el silencio administrativo del Consejo de Ministros sobre la solicitud sindical para la aplicación de coeficientes reductores de la edad de jubilación a los agentes de la Policía Nacional integrados en el Régimen General de la Seguridad Social.

El Alto Tribunal concluye que la negativa tácita del Gobierno constituye una discriminación respecto a otros cuerpos como la Ertzaintza, los Mossos d’Esquadra, la Policía Foral y las policías locales, quienes ya gozan de este reconocimiento.

La sentencia declara la obligación del Ejecutivo de iniciar el procedimiento normativo y elaborar un Real Decreto que regule la jubilación anticipada para estos agentes en condiciones de igualdad con el resto de cuerpos policiales. El Tribunal considera que la omisión del Gobierno ha sido contraria al ordenamiento jurídico y exige que se cumpla lo estipulado en el artículo 206 de la Ley General de la Seguridad Social y en el Real Decreto 1698/2011.

Desde JUPOL, su secretario general, Aarón Rivero, ha calificado la decisión judicial como “una victoria histórica” que pone fin a una situación de injusticia que afectaba especialmente a los policías nacionales incorporados al cuerpo a partir de 2011.

Según Rivero, la sentencia “abre el camino para la jubilación anticipada en las mismas condiciones que el resto de policías en España” y evidencia el fracaso de la vía política frente a la judicial, tras años de falta de negociación por parte del Gobierno.

La diferencia de trato, según denuncian desde JUPOL, JUCIL y JUSAPOL, ha generado una desigualdad profunda en las condiciones laborales y económicas de los distintos cuerpos policiales.

La Justicia da la razón a la Guardia Civil y Policía Nacional

Se estima que los policías autonómicos perciben un 20 % más en salario base, un 61 % más en pagas extraordinarias y hasta un 45 % más en pensiones de jubilación, además de contar con la posibilidad de retirarse a los 59 años en condiciones dignas.

Por su parte, el secretario general de JUCIL, Ernesto Vilariño, ha subrayado que el fallo representa “un hecho histórico sin precedentes” al lograr que el Gobierno inicie por fin el procedimiento para reconocer la profesión de riesgo a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Vilariño ha añadido que “la presión judicial ha sido decisiva para que se respeten los derechos de quienes están llamados a proteger a la ciudadanía”.

El presidente de JUSAPOL, Miguel Gómez, ha recordado que la lucha por una jubilación justa fue una de las razones fundacionales de la asociación en 2018 y ha celebrado que “el trabajo constante y serio ha dado sus frutos”. Así mismo ha reafirmado el compromiso de la organización con la consecución de una equiparación salarial y de condiciones laborales con los cuerpos autonómicos.

Las tres organizaciones han instado al Ministerio del Interior a acatar sin dilación el fallo del Supremo y a cesar en cualquier tipo de obstrucción. “El tiempo de las excusas ha terminado. La justicia ha hablado alto y claro.

Ahora exigimos hechos”, ha declarado Rivero. Asimismo, JUPOL, JUSAPOL y JUCIL han anunciado que continuarán sus movilizaciones y acciones legales hasta garantizar la plena aplicación del derecho a una jubilación digna y en igualdad para todos los policías nacionales y guardias civiles. “Mientras no se materialicen estos derechos reconocidos judicialmente, no vamos a parar. A mismo trabajo, misma jubilación”, ha concluido el portavoz de JUPOL.

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El Ayuntamiento impulsa la transformación urbanística de Malmea-San Roque-Tres Olivos con miles de viviendas, zonas verdes y dotaciones públicas
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^{Madrid Nuevo Norte I ElEconomista}

El proyecto Madrid Nuevo Norte, considerado la mayor transformación urbana de la capital, sigue avanzando gracias al respaldo del Ayuntamiento de Madrid. Esta semana, el Pleno municipal aprobó, con los votos favorables de PP y Vox y la abstención de Más Madrid y PSOE, el inicio del proceso urbanístico en el área de ‘Malmea-San Roque-Tres Olivos’ mediante el sistema de compensación, dando un paso clave en su desarrollo.

Esta zona, que albergará el mayor número de viviendas de toda la operación, se desarrollará sobre más de un millón de metros cuadrados. En total, se podrán construir hasta 7.138 viviendas, de las cuales un 20 % —unas 1.400— serán de protección pública. El resto, unas 5.700, se destinarán a vivienda libre.

Ubicado entre la carretera M-603, la M-30, barrios como Fuencarral, Tres Olivos y zonas próximas al futuro Centro de Negocios Chamartín, el ámbito cuenta con una posición estratégica junto a la red ferroviaria existente.

Impulsado por el área de Urbanismo liderada por Borja Carabante, el proyecto destinará más de medio millón de metros cuadrados a infraestructuras y servicios públicos. Esto incluye más de 161.000 m² para zonas verdes, 136.000 m² para equipamientos sociales y otros 210.000 m² para viario público. Además, se reservan más de 250.000 m² para actividades económicas, con usos terciarios de oficina y comercial.

La zona contará con centros educativos, sanitarios, deportivos y sociales, pensados para dar servicio a los nuevos residentes y barrios colindantes. Asimismo, se proyectan dos nodos de transporte público al norte y al sur del sector, que incluirán nuevas estaciones de Metro, Cercanías y un sistema de autobuses de alta capacidad con plataforma reservada y prioridad semafórica.

Uno de los grandes logros urbanísticos de esta iniciativa será acabar con la fractura urbana que durante décadas ha separado barrios enteros del norte de la ciudad. Para ello, se construirán nuevos enlaces viarios: tres puentes y un túnel unirán Fuencarral con Las Tablas, y tres nuevos pasos sobre la M-30, incluyendo la renovación de la pasarela de Mauricio Legendre, conectarán con Chamartín.

Además, Madrid contará con un nuevo gran parque lineal norte-sur que actuará como eje ambiental del desarrollo. Esta vía verde enlazará el monte de El Pardo con el paseo de la Castellana, promoviendo una movilidad más sostenible mediante una red ciclista que conectará con el Anillo Verde y el carril bici de Colmenar Viejo.

El plan también incluye la conservación de elementos patrimoniales como el Edificio Profidén y las ermitas de Nuestra Señora de Lourdes y San Roque, todas ellas protegidas por su valor histórico.

Actualmente, tres de las cuatro áreas que componen Madrid Nuevo Norte ya están en marcha: ‘Malmea-San Roque-Tres Olivos’, ‘Las Tablas Oeste’ y ‘Estación de Chamartín’. Solo queda por iniciar la tramitación del ‘Centro de Negocios Chamartín’. La última aprobación relevante se produjo en marzo, con el visto bueno al proyecto de urbanización de Las Tablas Oeste, donde se levantarán 741 viviendas, de las cuales el 25 % contará con algún tipo de protección pública

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Este curso el Gobierno regional ha incrementado en más de 10 millones su presupuesto para estas medidas con respecto al anterior
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Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid ha cuadriplicado este curso escolar 2024/2025 sus inversiones para mejorar la climatización y combatir los efectos de las altas temperaturas en los centros educativos públicos de la región. El Gobierno autonómico ha destinado un total de 13.3 millones de euros, 10.2 millones más con respecto al curso pasado, en cerca de 300 actuaciones dirigidas a reducir el calor en las aulas madrileñas.

Gracias a este esfuerzo presupuestario se han realizado ya 85 reformas en la envolvente térmica de edificios educativos públicos y se ha actuado sobre sus sistemas de climatización. Estas actuaciones incluyen la mejora de las cubiertas y fachadas o la sustitución de sistemas de climatización por otros más eficientes. Actualmente se han llevado a cabo otros 25 trabajos de rehabilitación energética en infraestructuras educativas.

Por su parte, a comienzo de este curso 2024/25 entraron en servicio las nuevas unidades enfriadoras en suelo radiante instaladas en 25 Escuelas Infantiles públicas, un sistema que permite regular el confort térmico de sus aulas tanto en invierno como en verano y que ahora se está implantando en otros 25 centros públicos para niños de hasta 3 años.

En los centros donde no es posible instalar esta tecnología por cuestiones técnicas, se ha optado por la adquisición de unidades de refrigeración evaporativa de bajo consumo, que permiten bajar entre 8 y 11 grados la temperatura de la estancia respecto al exterior con un consumo energético un 80% más bajo que el de los aires acondicionados.

Plan de actuaciones ante episodios de altas temperaturas

Los centros educativos también pueden tomar medidas en los días de calor como adaptar el horario a las circunstancias meteorológicas hacer cambios en las actividades físicas y sus horas de realización, evitando el ejercicio intenso y extremando las precauciones en las salidas al patio en los momentos más calurosos del día. Asimismo, tienen la posibilidad de revisar las actividades complementarias y extraescolares para evitar que se hagan en lugares expuestos al sol.

Estas y otras medidas están incluidas en un protocolo que se pone a disposición de los centros y que se revisa y actualiza cada año antes del verano. Se trata del Plan de Actuación ante episodios de altas temperaturas 2025, aprobado por el Consejo de Gobierno este mismo mes, y que contiene recomendaciones y actuaciones para colegios e institutos.

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