Crónica Diaria

El Congreso ultima una reforma reglamentaria que introduce sanciones y controles a periodistas acreditados, en respuesta a tensiones con comunicadores polémicos. La oposición denuncia un ataque a la libertad de prensa mientras PSOE y sus socios defienden el “orden profesional”
The post Congreso cierra filas con periodistas ‘incómodos’: sanciones, control y un nuevo filtro político para informar first appeared on Hércules.  El Congreso de los Diputados se dispone a introducir un cambio de calado en el acceso y comportamiento de los periodistas en su sede. Una propuesta impulsada por el PSOE junto a sus socios plantea nuevas reglas internas que limitan el margen de actuación de los informadores acreditados, bajo el argumento de garantizar la convivencia y proteger el ejercicio del periodismo frente a prácticas desleales o agresivas. PP y Vox se han desmarcado de la iniciativa, que ven como una amenaza a la libertad de prensa.

La proposición, ya registrada, busca aprobarse antes de que finalice el actual periodo de sesiones. Al tratarse de una reforma del reglamento interno del Congreso, no requerirá la aprobación del Senado, lo que permite acelerar su entrada en vigor, según fuentes socialistas. En los últimos meses, la presencia de ciertos comunicadores ,señaladamente Vito Quiles y Ndongo, ha causado fricciones en los pasillos de la Cámara Baja, generando un clima de tensión que ha motivado la iniciativa.

Periodistas veteranos han solicitado cambios urgentes para preservar un entorno de trabajo seguro y profesional, ante lo que consideran una deriva que compromete su labor diaria.

Uno de los ejes principales de la reforma es la creación de un Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria, un órgano mixto compuesto por representantes parlamentarios y asociaciones profesionales del periodismo. Esta entidad tendrá capacidad para proponer criterios de acreditación, analizar comportamientos y fijar normas de interacción entre informadores y diputados.

Por primera vez se introducirá en el reglamento un sistema de sanciones aplicables a periodistas. Quienes incumplan las nuevas disposiciones podrán ser amonestados o incluso suspendidos temporalmente, con sanciones que van desde diez días hasta tres meses sin acceso al Congreso. En los casos más graves, podría llegar a retirarse la acreditación de forma permanente si se considera que la actuación del profesional daña la convivencia o vulnera la integridad informativa.

Desde el PSOE aseguran que no hay otras reformas previstas sobre medios de comunicación antes del parón estival. Tampoco se contemplan cambios en la legislación relativa a la ofensa de sentimientos religiosos, desmintiendo rumores sobre una ofensiva reguladora más amplia.

La medida no llega sola. El texto incluye también una ampliación del uso del voto telemático por parte de los diputados, permitiéndolo no sólo en casos de maternidad o enfermedad grave, sino también por hospitalizaciones, fallecimientos o el cuidado de familiares dependientes.

La iniciativa ha sido respaldada por el bloque de investidura del Gobierno. PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria han firmado la propuesta, con Podemos sumándose al apoyo. Desde estos grupos defienden que la reforma no busca censurar, sino “proteger el periodismo profesional frente a quienes lo pervierten con estrategias de acoso, manipulación o desinformación”.

Sin embargo, PP y Vox han rechazado la propuesta frontalmente. La consideran un intento de blindar políticamente la cobertura parlamentaria y excluir voces incómodas, sin establecer garantías reales de objetividad en los nuevos mecanismos de control. Acusan al Gobierno de imponer un modelo de prensa “controlada” y “selectiva”.

La tramitación continuará en la Comisión Constitucional, donde se debatirán las enmiendas antes de su paso al Pleno para la votación definitiva. Si no hay retrasos, las nuevas reglas podrían aplicarse a partir de julio, lo que modificaría notablemente el funcionamiento de la sala de prensa del Congreso antes del parón veraniego.

Mientras tanto, el debate sobre los límites entre convivencia institucional y libertad informativa vuelve a encenderse. La reforma abre un precedente sobre cómo las instituciones pueden regular el trabajo de los periodistas sin caer en tentaciones de censura o selección ideológica. Para muchos, la frontera sigue siendo demasiado difusa.

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El socialista extremeño quiere que sea el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura el encargado de gestionar su imputación
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^{Imagen: el líder del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo I Europa Press}

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, ha decidido ralentizar los intentos del expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, de trasladar su caso al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx). Gallardo, actual líder del PSOE en la región y recientemente proclamado diputado en la Asamblea de Extremadura, está imputado en una causa por presunta prevaricación y malversación de caudales públicos, relacionada con su etapa al frente de la corporación provincial.

El político socialista, que insiste en su inocencia, maniobra para que el caso pase al alto tribunal autonómico, algo que solo sería posible si se confirma su condición de aforado. En este contexto, la jueza ha solicitado a la Junta Electoral los datos concretos de la toma de posesión del político como diputado regional, para verificar si realmente disfruta ya de la prerrogativa del aforamiento.

La jueza, cauta ante el intento de traslado

La magistrada Biedma ha optado por no precipitar el envío del caso al TSJEx, argumentando que, por el momento, no se ha acreditado formalmente que Gallardo haya adquirido la condición plena de diputado. Para la jueza, este es un elemento clave: mientras no se certifique la toma de posesión y la adquisición del aforamiento, su juzgado sigue siendo el competente para instruir la causa.

La decisión de la magistrada responde a la presentación de un escrito por parte de la defensa, en el que solicitaban con urgencia la inhibición del caso en favor del TSJEx. La respuesta judicial marca un freno a las aspiraciones del político socialista, que busca una instancia judicial más favorable o, al menos, más acorde a su nuevo estatus institucional.

Una causa que persigue a Gallardo

El proceso judicial se centra en supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos durante la presidencia del socialista en la Diputación pacense. La Fiscalía investiga posibles delitos de prevaricación administrativa continuada y malversación, aunque por el momento no se ha cerrado la fase de instrucción ni se han formalizado acusaciones definitivas.

Este procedimiento ha erosionado progresivamente la imagen del líder socialista, especialmente en un momento político clave para su carrera, en el que aspira a consolidarse como figura de peso dentro del PSOE extremeño tras la etapa de Guillermo Fernández Vara.

El aforamiento como escudo político

El interés de Gallardo por acelerar el traslado de su causa al TSJEx obedece, en gran parte, a una estrategia jurídica y política. Al convertirse en diputado autonómico, Gallardo adquiere la condición de aforado, lo que implica que solo puede ser juzgado por el tribunal superior de la comunidad autónoma, no por un juzgado ordinario como el que ahora instruye su caso.

Este blindaje judicial no garantiza la impunidad, pero sí supone un cambio en las condiciones del proceso: menos exposición pública en juzgados de instrucción y una posible interpretación más institucional del caso. Por ello, asegurar su escaño cuanto antes se ha convertido en una prioridad para el dirigente socialista, que busca proteger su carrera política de las turbulencias judiciales.

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El bufete Statera Legal ha recurrido ante la Audiencia Nacional la consulta pública abierta por el Gobierno sobre la opa del BBVA al Sabadell. Denuncia falta de garantías jurídicas, posible vulneración de la Constitución y uso indebido de datos
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El proceso abierto por el Gobierno para decidir si traslada al Consejo de Ministros la opa lanzada por el BBVA sobre Banco Sabadell ha desembocado en un contencioso judicial. El despacho Statera Legal ha recurrido ante la Audiencia Nacional el uso de una consulta pública como base para valorar una operación entre entidades privadas, algo inédito en la práctica administrativa española.

La demanda va dirigida contra el procedimiento iniciado por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, por entender que carece de justificación legal y presenta deficiencias que podrían comprometer su validez. El recurso incluye una solicitud de medida cautelar para impedir que los resultados de esa consulta sean utilizados en el proceso de toma de decisiones, alegando que ello comprometería tanto el interés público como el respeto a los principios constitucionales.

El Ministerio recibió en su momento un requerimiento formal por parte del bufete, instándole a suspender la consulta. Sin embargo, solo respondió con un acuse de recibo, lo que ha motivado esta acción judicial tras agotarse los plazos administrativos. La consulta, publicada en la web del Ministerio y abierta durante una semana, permitía a ciudadanos y entidades formular observaciones mediante un formulario sin control de identidad.

Esta metodología, habitual para la elaboración de normativa, es completamente ajena al tratamiento de operaciones mercantiles entre empresas, según denuncia el bufete dirigido por Ibor Fernandes. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue quien anunció la iniciativa, que ha sido calificada por los abogados como carente de sustento jurídico y con posibles implicaciones constitucionales.

Statera Legal alega que el procedimiento aplicado vulnera el principio de igualdad recogido en el artículo 14 de la Constitución, ya que plantea preguntas distintas en función de si el participante considera que existen criterios de interés general afectados por la operación, más allá de los relativos a la competencia. El recurso sostiene que esa diferenciación genera un tratamiento desigual e impropio para una decisión de este calado.

El texto del recurso también critica que el formulario carece de sistemas de verificación de identidad, lo que convierte los datos recogidos en opiniones potencialmente manipulables y sin trazabilidad. Además, se subraya que la consulta no guarda relación con el procedimiento administrativo que regula este tipo de operaciones, lo que supondría una infracción del artículo 60 de la Ley de Defensa de la Competencia.

El objetivo de la medida cautelar solicitada es evitar que el Gobierno utilice como base los resultados de esta consulta en sus deliberaciones, lo cual, según el bufete, anularía el objeto del recurso y permitiría una posible judicialización ineficaz si la sentencia llegase tarde. Subsidiariamente, los abogados solicitan que se repita la consulta pública, esta vez con la motivación jurídica adecuada.

Carlos Cuerpo tiene hasta este martes para comunicar si eleva la operación al Consejo de Ministros, decisión que puede condicionar el futuro de la opa. Aunque la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ya dio luz verde con condiciones, el Ejecutivo puede imponer nuevas exigencias basadas en otros criterios como estabilidad financiera o impacto social, lo que genera un debate jurídico sobre el margen de actuación real del Gobierno.

De fondo, subyace el temor de que una modificación sustancial de los compromisos pactados entre BBVA y Competencia haga que la operación pierda el atractivo económico original y acabe siendo retirada por el banco presidido por Carlos Torres. La disputa sobre el procedimiento añade ahora una capa judicial a un proceso ya de por sí complejo y políticamente sensible.

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España intenta lograr el reconocimiento oficial del catalán, euskera y gallego en la UE desde 2027, pero lo hace renunciando a que la Unión financie los costes y aceptando una aplicación muy limitada
The post España compra la oficialidad del catalán, euskera y gallego en la UE first appeared on Hércules.  El Gobierno se enfrenta este martes a un difícil reto diplomático: convencer a países reticentes como Italia, Estonia o Lituania para que no bloqueen la oficialidad del catalán, euskera y gallego en la Unión Europea. El plan busca que estas lenguas sean reconocidas a partir de 2027. Pese a que el alcance sería parcial y sin coste alguno para el presupuesto común europeo.

Este asunto figura como “apto para adopción” en la agenda del Consejo de Asuntos Generales de la UE. Para prosperar, se requiere unanimidad: basta con que ningún Estado vote en contra, aunque puede haber abstenciones. El planteamiento de España pretende esquivar vetos. Ofrece una versión descafeinada del reconocimiento, dilatando la traducción de la mayoría de textos jurídicos y asumiendo íntegramente el coste.

El reglamento actual establece que las lenguas oficiales de la UE (24 actualmente) deben ser utilizadas en todas las instituciones y que sus gastos sean sufragados con fondos europeos. España, sin embargo, no ha proporcionado estimaciones oficiales del coste que supondría añadir tres nuevas lenguas. Bruselas calculó en diciembre de 2023 que el modelo podría costar 132 millones anuales, basándose en el precedente del gaélico.

Sin datos económicos sólidos ni evaluaciones legales o operativas, el Gobierno español ha ido sumando escepticismo entre sus socios. Italia, Francia, los países bálticos o Bulgaria han planteado objeciones, al igual que los servicios jurídicos del Consejo, que han advertido de la falta de una base legal clara y del riesgo de abrir un precedente delicado.

Avivar el separatismo dentro de Europa

Los países con minorías nacionales temen que reconocer oficialmente estas lenguas. Algo que puede provocar una cascada de demandas de otras comunidades lingüísticas: rusoparlantes en los bálticos, corsos en Francia o sardos en Italia. El temor a un efecto dominó ha elevado las precauciones en la negociación.

Hasta ahora, España ha optado por negociar bilateralmente con las capitales más críticas, evitando foros multilaterales para acelerar acuerdos. Este enfoque ha generado malestar entre delegaciones que reclaman mayor transparencia y rigor técnico en el debate.

Para calmar las inquietudes, el Gobierno español alega que el caso español es único, al contar con un reconocimiento constitucional y uso parlamentario en ambas cámaras nacionales. Además, se compromete a financiar por completo la implementación, desmarcándose del modelo común europeo.

El documento que ha circulado entre los Estados miembros incluye garantías para evitar precedentes: cualquier futura solicitud de oficialidad deberá pasar un filtro “caso por caso”, sujeto a criterios estrictos, entre ellos que la lengua tenga estatus constitucional desde hace al menos dos décadas y origen histórico en el país.

La entrada en vigor se prevé para el 1 de enero de 2027. Aunque con una cláusula de excepción inmediata: sólo se traducirán los reglamentos del Consejo y del Parlamento Europeo, que representan apenas un 3 % de los textos legislativos adoptados en un mandato. El grueso de los documentos seguiría sin traducirse a estas lenguas.

Un texto plagado de lagunas legales

No se contempla un plan técnico detallado para ampliar el uso de estas lenguas ni se ha especificado qué personal, tecnología o infraestructuras serían necesarias para gestionar 27 idiomas oficiales. España promete elaborar una propuesta en coordinación con las instituciones europeas “en los próximos meses”, antes de la aplicación del acuerdo, para “reducir progresivamente” la limitación actual.

No obstante, el texto tampoco logra disipar las dudas jurídicas. Los servicios legales del Consejo consideran que la fórmula española carece de fundamentos claros y temen que siente una jurisprudencia indeseada. Sus advertencias orales no son vinculantes, pero pesan en el ánimo de algunos gobiernos que no desean abrir una vía que más adelante se vuelva contra ellos.

Un examen muy riguroso

La estrategia española se apoya en enfatizar la “especificidad” de sus lenguas cooficiales. Subraya que ya se utilizan en el Congreso y Senado y que su reconocimiento es previo incluso a la adhesión de España a la UE. Además, recuerda que España ya tradujo los tratados europeos a estas lenguas y que gran parte de la legislación nacional se publica también en catalán, euskera y gallego.

Para reforzar esta singularidad, el Ejecutivo propone que el Consejo incluya una declaración anexa al reglamento. En ella se explicitaría que toda solicitud futura será objeto de evaluación rigurosa, y sólo prosperará si la lengua en cuestión cumple una serie de requisitos históricos, jurídicos y políticos.

En los debates previos entre embajadores, la iniciativa española ha topado repetidamente con el escepticismo de los juristas del Consejo. A pesar de que su opinión no es vinculante, varios Estados han manifestado que prefieren aplazar cualquier decisión hasta contar con un respaldo técnico más robusto.

Tampoco ha convencido del todo a los países bálticos, que ven en este intento una amenaza velada a su equilibrio interno con las comunidades rusoparlantes. España insiste en que no se trata de una apertura general, sino de un caso excepcional que no debe extrapolarse.

La ausencia de Albares

José Manuel Albares, ministro de Exteriores, no asistirá a la reunión y ha delegado en el secretario de Estado de la UE, Fernando Sampedro. Desde Madrid, el ministro asegura que la propuesta es “muy sólida” y fruto de meses de contactos con delegaciones escépticas. Afirma que se han recogido aportaciones y que el texto ha mejorado sustancialmente desde la versión inicial presentada en septiembre de 2023.

Una de las novedades del texto final es que desaparece la idea inicial de priorizar el catalán y postergar el reconocimiento del euskera y el gallego. Ahora, la propuesta plantea un avance progresivo pero simultáneo para las tres lenguas, con revisión prevista en 2031 para evaluar si se levanta la derogación que limita su aplicación.

En cualquier caso, el Gobierno ha reiterado su compromiso firme con esta causa, a pesar del contexto europeo adverso y las reticencias jurídicas. El objetivo de oficializar estas lenguas fue pactado con Junts en agosto de 2023, como parte del acuerdo que permitió la elección de Francina Armengol como presidenta del Congreso y facilitó la investidura de Pedro Sánchez.

El reconocimiento de las lenguas cooficiales forma así parte de un paquete político de gran calado interno, pero también con implicaciones comunitarias complejas. La UE, que ha construido su legitimidad sobre la base del equilibrio lingüístico y cultural, ve con recelo cualquier cambio que desestabilice ese frágil sistema. España, decidida a avanzar pese a las dudas, espera que su combinación de excepciones legales, cobertura política y financiación nacional sea suficiente para desbloquear una unanimidad que, por ahora, se perfila improbable sin más cesiones.

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El sobrepeso, la obesidad y el VIH serán los principales problemas que los adolescentes tendrán que afrontar en los próximos años
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^{Imagen: un selfie de gente joven I Getty Images}

Un reciente informe publicado por la revista médica ‘The Lancet’ lanza una seria advertencia sobre el futuro de la salud adolescente a nivel global. Según la segunda Comisión sobre Salud y Bienestar de los adolescentes, para el año 2030 más de 1.000 millones de jóvenes, la mitad de la población mundial de entre 10 y 24 años, vivirán en países donde estarán expuestos a problemas de salud prevenibles y tratables, pero que siguen en aumento.

Obesidad, VIH y salud mental

El estudio, que ha contado con la participación de jóvenes de 36 países, revela que, pese a los avances en la reducción del consumo de tabaco y alcohol y el aumento de la escolarización, los adolescentes se enfrentan a amenazas crecientes como la obesidad, el VIH, los embarazos precoces, la depresión y otros trastornos de salud mental. De hecho, el sobrepeso y la obesidad se han multiplicado hasta por ocho en algunos países de África y Asia en las últimas tres décadas, mientras que los trastornos mentales han aumentado de forma significativa, especialmente tras la pandemia de Covid-19.

Factores agravantes: clima y digitalización

La Comisión destaca que los adolescentes de hoy son la primera generación que crece bajo el impacto de condiciones climáticas adversas y una digitalización acelerada, factores que agravan los riesgos para su bienestar físico y mental. Además, la falta de financiación y de políticas públicas específicas para este grupo de población contribuye a que los problemas de salud sigan creciendo: aunque los adolescentes representan el 25% de la población mundial y el 9% de la carga global de enfermedades, solo reciben el 2,4% de la ayuda internacional destinada a salud.

Llamada urgente a la acción

Entre los principales desafíos identificados por el informe se encuentran el aumento de infecciones de transmisión sexual, la mala nutrición, la depresión y la ansiedad, muchas veces exacerbadas por la crisis climática, los conflictos internacionales y la transición hacia un mundo más digitalizado. Los expertos advierten que, sin una acción decidida y coordinada, la próxima generación de jóvenes podría perder años de vida saludable, lo que tendría un impacto profundo en el desarrollo social y económico de los países.

La Comisión de ‘The Lancet’ urge a los gobiernos y organismos internacionales a priorizar la salud adolescente, destinando más recursos y diseñando políticas que respondan a las necesidades reales de los jóvenes en un mundo en constante cambio.

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El último informe de inteligencia estadounidense, marcado por el regreso de Trump a la Casa Blanca, señala a los criminales transnacionales y a los actores no estatales como amenazas prioritarias
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Distintos informes respecto de amenazas globales y terrorismo han proliferado en estas semanas. La semana pasada hablamos del informe de la inteligencia francesa, en el que se ponía en el foco el peligro de la infiltración de la Hermandad Musulmana en la sociedad francesa, así como la islamización del país. Esta semana un nuevo informe nos advierte de los peligros globales que afectan al mundo además de la disección de distintas amenazas.

Publicado tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, el nuevo informe de amenazas de la inteligencia estadounidense marca un cambio de rumbo. Redactado en marzo y a publicarse en francés por Éditions des Équateurs bajo el título Le Monde à venir vu par la CIA, el documento prioriza temas internos, como el tráfico de fentanilo, la inmigración ilegal y el crimen organizado, todos ejes centrales en el discurso político de Trump. El informe también lleva la impronta del expresidente al haber colocado al frente de la CIA y el FBI a perfiles elegidos por su lealtad personal y alineación ideológica, lo que refuerza el enfoque nacionalista y securitario del texto.

Más de 52.000 estadounidenses murieron por sobredosis de opioides sintéticos en los 12 meses previos a octubre de 2024, aunque el informe señala un descenso del 33% respecto al año anterior. Pese a esta mejora, la crisis del fentanilo sigue siendo presentada como una amenaza mayor para la salud pública y como justificación para presionar a China, México y Canadá mediante aranceles y medidas diplomáticas.

El informe destaca la fragmentación del mercado del fentanilo en México, con productores independientes al margen de los grandes cárteles, atraídos por la facilidad de producción y las altas ganancias. China e India siguen siendo los principales países de origen de los precursores químicos y del equipo de prensado.

Las organizaciones criminales transnacionales están ampliando sus actividades mediante corrupción, violencia, tecnología y subcontratación, lo que les permite diversificar ingresos y eludir controles financieros. Además del tráfico de drogas, participan en ciberdelincuencia, trata de personas, lavado de dinero y estafas financieras.

Un ejemplo crítico fue el ataque de ransomware en 2024 al mayor procesador de pagos sanitarios de EE. UU., que afectó hospitales, historiales médicos y sistemas de urgencias. También han comenzado a atacar infraestructura hídrica, inspirados en tácticas vistas en ataques rusos e iraníes previos.

La CIA advierte que grupos como ISIS y Al-Qaeda siguen planeando atentados y reclutando activamente. ISIS-K (la rama más activa en Asia Central) fue responsable de atentados en Irán y Rusia en 2024, y mantiene capacidad para atacar en EE. UU. y Europa. Además, el atentado en Nueva Orleans en Nochevieja fue atribuido a un lobo solitario influenciado por propaganda del Estado Islámico.

Por su parte, Al-Qaeda mantiene su intención de atacar a EE. UU. a través de sus filiales, destacando su reaparición mediática con la revista Inspire, que instruye en la fabricación de explosivos y promueve ataques contra intereses judíos, estadounidenses y europeos.

El informe subraya la expansión de ISIS y Al-Qaeda en África. ISIS-Somalia ha duplicado su tamaño, mientras que ISIS en el Sahel y África Occidental lidera en número de ataques. Al Shabaab, filial de Al-Qaeda, sigue siendo la más rica y ha reforzado sus vínculos con los hutíes, accediendo a armamento más avanzado. La CIA teme también que ambas organizaciones aprovechen el eventual colapso del régimen de Assad en Siria para liberar prisioneros y reconstruir redes.

La inmigración ilegal es presentada como un doble riesgo: humanitario y de seguridad nacional. La inteligencia estadounidense alerta del uso de las rutas migratorias por parte de traficantes de personas y posibles terroristas. Denuncia que los migrantes son frecuentemente secuestrados, esclavizados o forzados a trabajar en condiciones inhumanas en EE. UU., especialmente en sectores como la agricultura, el procesamiento de carne y los cultivos ilegales.

Este informe marca una ruptura con anteriores evaluaciones de inteligencia: da prioridad a amenazas internas y no estatales, en línea con los discursos de campaña de Trump. El fentanilo, la inmigración, el crimen y el terrorismo son utilizados no solo como preocupaciones reales, sino también como herramientas políticas para justificar medidas restrictivas y nacionalistas en política exterior y de seguridad.

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El nuevo centro de geopolítica de JPMorganChase prevé un alto el fuego en Ucrania antes de julio de 2025, pero sin recuperación total del territorio ni ingreso a la OTAN. Cuatro escenarios plantean futuros inciertos, donde Rusia sigue influyendo y la seguridad de Ucrania queda comprometida
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El gigante financiero JPMorganChase ha lanzado su propio centro de análisis geopolítico, con la intención de ofrecer a sus clientes una brújula estratégica ante riesgos globales. Su primer informe se centra en la guerra entre Rusia y Ucrania y lanza una predicción rotunda: el conflicto está entrando en su tramo final y podría concluir con un alto el fuego antes del cierre del segundo trimestre de 2025.

Los analistas trazan cuatro escenarios posibles para el desenlace, cada uno acompañado de ejemplos históricos similares y de una probabilidad estimada. La variable determinante en cada hipótesis es el nivel de respaldo en materia de seguridad que Estados Unidos y Europa estén dispuestos a ofrecer a Ucrania. Ninguna de las rutas prevé la restauración territorial plena ni la adhesión de Ucrania a la OTAN.

Dos escenarios están considerados como los menos probables, con apenas un 15% de posibilidad cada uno. El primero, denominado “Corea del Sur”, imagina a tropas europeas estacionadas en Ucrania, con inteligencia estadounidense y promesas de defensa activas. Esto otorgaría una protección relativamente sólida y reduciría el riesgo para los inversores. El segundo, “Bielorrusia”, representa el peor escenario para Kiev: ni EE.UU. ni Europa garantizan su defensa, Rusia impone sus condiciones y transforma a Ucrania en un estado subordinado.

Más viable, aunque todavía limitado, es el escenario “Israel”, con un 20% de probabilidad. Ucrania mantendría una defensa robusta gracias al respaldo occidental, pero sin tropas extranjeras en su suelo, obligándola a vivir en permanente estado de alerta militar.

El escenario que los analistas consideran más probable, con un 50% de probabilidad, es “Georgia”. Según esta proyección, tras el alto el fuego, Ucrania quedaría sin garantías reales, en una situación de inestabilidad política prolongada. Eventualmente, uno o dos cambios de liderazgo podrían bastar para que el país sea absorbido de nuevo dentro de la órbita rusa.

Este análisis, que busca orientar decisiones de inversión, ofrece una visión cruda del desenlace del conflicto: aunque cesen las armas, no habrá una victoria clara para Ucrania. Los equilibrios geopolíticos seguirán jugando en su contra, con un futuro sin soberanía plena ni integración occidental.

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