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Los 27 han tomado la decisión de denunciar las medidas de Trump ante la OMC, así como imponer gravámenes a los productos estadounidenses
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Imagen: la presidenta de la Comisión Europeo, Úrsula Von der Leyen y otros socios I elTriangle
La Comisión Europea ha decidido dar un paso firme en el enfrentamiento comercial con Estados Unidos al anunciar que presentará una denuncia formal ante la Organización Mundial del Comercio (OMC). Esta decisión responde a la política arancelaria impulsada por la administración de Donald Trump, que ha impuesto gravámenes generalizados sobre productos importados, incluidos los procedentes de la Unión Europea. En paralelo, Bruselas ha desvelado una lista preliminar de productos estadounidenses susceptibles de recibir nuevos aranceles, que abarcan desde automóviles y aeronaves hasta alimentos procesados y productos agrícolas. El valor total de estas posibles represalias asciende a unos 95.000 millones de euros.
Esta respuesta, considerada una de las más contundentes desde el inicio de la escalada arancelaria, tiene como objetivo ejercer presión sobre Washington y recuperar el equilibrio comercial perdido. La medida, además, busca proteger sectores estratégicos europeos que ya se han visto gravemente afectados por las políticas proteccionistas estadounidenses. Aunque el objetivo declarado sigue siendo una solución pactada, las autoridades comunitarias han dejado claro que no están dispuestas a negociar bajo amenaza.
Antes de que se adopten medidas concretas, la Comisión ha abierto un proceso de consulta pública con el fin de analizar los efectos potenciales de los nuevos aranceles propuestos. El listado, aún provisional, incluye bienes industriales como maquinaria pesada, coches eléctricos, aviones Boeing, productos químicos, alimentos procesados y bebidas emblemáticas como el bourbon, entre otros. Esta fase de evaluación se extenderá hasta el próximo 10 de junio, y permitirá a empresas, asociaciones sectoriales y Estados miembros expresar su posición sobre la viabilidad y conveniencia de las sanciones.
Fuentes comunitarias han subrayado que esta estrategia busca calibrar el coste real que tendrían estas represalias para los consumidores y productores europeos, así como valorar si existen proveedores alternativos fuera de Estados Unidos. En anteriores ocasiones, medidas similares desencadenaron reacciones en cadena que afectaron tanto al precio de los productos como al empleo en sectores vulnerables.
El comisario europeo de Comercio y Seguridad Económica, Maros Sefcovic, ha reiterado que la Unión Europea mantiene su compromiso con la vía diplomática y la cooperación internacional, pero advirtió que la UE “no aceptará un acuerdo a cualquier precio”. Durante una comparecencia ante el Parlamento Europeo, Sefcovic denunció que la política arancelaria de la Casa Blanca ha puesto en peligro los principios básicos del comercio justo y abierto.
Actualmente, se mantienen en vigor aranceles estadounidenses que oscilan entre el 10 % y el 25 % sobre más del 70 % de las exportaciones europeas hacia EE. UU., pese a los gestos de desescalada realizados por Bruselas en meses anteriores, como la suspensión temporal de represalias. El comisario señaló que estos desequilibrios no solo afectan a la industria europea, sino que socavan los lazos transatlánticos en un momento crítico de tensiones geopolíticas globales.
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El número de mujeres víctimas de violencia de género con medidas cautelares u órdenes de protección se redujo un 5,2% respecto al año anterior
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Pancarta con lazos morados por el Día de la eliminación de la violencia contra la mujer. Fuente: AYUNTAMIENTO DE ARGANDA DEL REY
En el año 2024 se registraron un total de 34.684 mujeres víctimas de violencia de género en los asuntos en los que se dictaron medidas cautelares u órdenes de protección, lo que supone un descenso del 5,2% en comparación con el ejercicio anterior, según revela la Estadística de Violencia Doméstica y Violencia de Género elaborada a partir del Registro Central para la Protección de las Víctimas.
Casi la mitad de las mujeres afectadas, un 47,7%, tenían edades comprendidas entre los 30 y 44 años, segmento que también concentra el mayor número de hombres denunciados, con un 48,2% de los 34.529 hombres registrados, cifra que también representa una bajada del 5,2% respecto al año anterior.
La tasa de víctimas de violencia de género en España se situó en 1,6 por cada 1.000 mujeres de 14 años o más. En diez comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas se superó esta media nacional, lo que evidencia desigualdades territoriales en la incidencia del fenómeno.
En cuanto a la relación entre víctima y agresor, en el 39,9% de los casos existía una relación de pareja o expareja de hecho, mientras que el 37,8% correspondía a noviazgos o relaciones sentimentales anteriores.
Fuente: INE
El impacto de esta violencia también alcanza a los menores: 1.758 niños y niñas fueron registrados como víctimas en el marco de estos procedimientos judiciales, al ser hijos o convivientes con las víctimas protegidas.
Durante el año, se dictaron 103.035 medidas cautelares en asuntos de violencia de género, lo que supone un descenso del 5,8% respecto a 2023. De estas medidas, un 73,3% fueron de carácter penal y el 26,7%, de carácter civil.
En cuanto a la violencia doméstica, se contabilizaron 8.860 víctimas con medidas de protección, un 2,9% menos que el año anterior. De ellas, el 60,6% eran mujeres y el 39,4% hombres. En este ámbito, destaca que 360 personas figuraron simultáneamente como víctimas y denunciadas, lo que evidencia la complejidad de estas situaciones familiares.
La mayor parte de las víctimas domésticas fueron padres o madres (37,1%), seguidos por hijos (25,5%) y hermanos (9,7%). Se dictaron 17.935 medidas cautelares relacionadas con estos casos, de las cuales un 90,1% fueron penales y un 9,9% civiles.
Fuente: INE
En cuanto a las resoluciones judiciales, en 2024 se dictaron sentencias firmes sobre 39.056 personas condenadas por violencia de género y 9.229 por violencia doméstica, en asuntos registrados tanto ese año como en anteriores. En el 73,2% de los casos de violencia de género, la sentencia firme se produjo en menos de un año, porcentaje que fue del 61,5% en los casos de violencia doméstica.
El Ministerio de Justicia, titular del registro del que se extraen estos datos, subraya que el objetivo de esta estadística es proporcionar información fiable y detallada sobre las características de las víctimas, los denunciados y los condenados, con el fin de contribuir a la formulación de políticas públicas más eficaces en la lucha contra la violencia de género y doméstica.
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El director ha compartido un emotivo homenaje al que fue uno de los supervivientes clave de la tragedia de los Andes tras la noticia de su muerte.
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Según ha avanzado El Confidencial y han confirmado fuentes Europa Press, la investigación ha motivado ya una intervención por parte de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional
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Europa Press
La Fiscalía Europea (EPPO, por sus siglas en inglés) ha abierto una investigación por una presunta malversación de fondos comunitarios relacionada con el desarrollo del primer ordenador cuántico construido en España con tecnología íntegramente europea. Este proyecto, presentado en febrero de 2025 como una iniciativa emblemática del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, habría sido financiado en parte con fondos del programa Next Generation de la Unión Europea.
Según ha avanzado El Confidencial y han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press, la investigación se encuentra en marcha y ha motivado ya una intervención por parte de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional. Este miércoles, agentes de la UDEF se desplazaron al Barcelona Supercomputing Center (BSC), el centro donde está instalado el superordenador desde septiembre de 2024, para recabar documentación relacionada con el uso de los fondos públicos. El objetivo es trazar el destino de unos ocho millones de euros que habrían sido asignados a este proyecto.
La Fiscalía Europea asumió la competencia del caso al tratarse de una posible irregularidad en el uso de fondos europeos. Esta institución es la encargada de investigar y perseguir delitos que afecten al presupuesto de la Unión, como el fraude, la corrupción o la malversación de subvenciones comunitarias.
El proyecto fue presentado en un acto público en el que participaron el ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, y el director del BSC, Mateo Valero. Durante el evento, se destacó que este ordenador cuántico representaba un hito en la autonomía tecnológica europea y que su desarrollo abriría nuevas oportunidades para la investigación y la innovación en sectores estratégicos.
Según explicó entonces el ministro López, el ordenador cuántico español tiene potencial para ser aplicado en áreas clave como la salud, la ciberseguridad, la logística, la comunicación o las finanzas. Se trata de una de las iniciativas más ambiciosas del Gobierno en el marco de la transformación digital y la captación de fondos europeos destinados a la modernización tecnológica.
Sin embargo, la sospecha sobre el uso de los recursos públicos ha puesto ahora el foco en la gestión del proyecto. La incautación de documentos por parte de los investigadores forma parte de una fase preliminar para determinar si hubo desviación o uso indebido del dinero recibido. Por el momento, no se han dado a conocer detalles sobre posibles responsables o entidades implicadas.
El caso se produce en un contexto en el que las instituciones europeas están reforzando los mecanismos de control sobre los fondos Next Generation, especialmente ante los riesgos de corrupción o malversación asociados a su rápida ejecución.
La investigación continúa bajo secreto de sumario, y se espera que en las próximas semanas la Fiscalía Europea avance en el análisis de la documentación incautada y en la recopilación de pruebas que permitan esclarecer si se produjeron irregularidades en el manejo de los fondos destinados a este proyecto pionero.
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Marlaska interpreta que la posesión o consumo de estas sustancias, dentro de vehículos detenidos no encuadra en ninguna infracción administrativa
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Coche de la Guardia Civil. Fuente: GUARDIA CIVIL
La nueva orden del Ministerio del Interior, liderado por Fernando Grande-Marlaska, ha provocado el enfado de las principales asociaciones policiales y no es para menos. Marlaska ha dado luz verde a una orden que permite a los ciudadanos drogarse en el interior de un coche, y no recibir la correspondiente sanción.
Una medida que asociaciones como Jucil ya han denunciado la peligrosidad de la misma, debido a la exposición al riesgo en la que quedan las vidas de las personas en la carretera. Esta orden de Marlaska puede llegar a derivar en una tragedia en la carretera.
La asociación mayoritaria de la Guardia Civil, Jucil, considera que esta orden supone un “llamamiento al consumo de sustancias estupefacientes en espacios donde debería garantizarse la seguridad ciudadana”. Por este motivo, desde Jucil han anunciado que van a presentar de manera inminente un recurso contra la Instrucción 7/2025, emitida por la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se regula la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado respecto a la tenencia o consumo de drogas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas en vehículos privados estacionados.
Una vez analizado el contenido de la citada instrucción y tras consultar a sus servicios jurídicos, JUCIL considera que esta norma representa un grave error legal y de política de seguridad, al garantizar de facto la impunidad en el consumo y posesión de sustancias ilícitas en el interior de vehículos particulares estacionados, siempre que no estén destinados al tráfico.
Según la instrucción, el Ministerio del Interior interpreta que la posesión o consumo de estas sustancias, dentro de vehículos detenidos y utilizados exclusivamente como medio de transporte, no se encuadra en ninguna infracción administrativa tipificada en la legislación vigente. Asimismo, insta expresamente a los agentes a no intervenir en estos casos.
Desde JUCIL se rechaza esta interpretación “extraordinariamente extensiva” del concepto de domicilio, al entender que no se ajusta al marco legal ni a la jurisprudencia del Tribunal Supremo o del Tribunal Constitucional.
En la práctica, denuncian, esta medida permite el consumo y tenencia de drogas en plena vía pública, incluso en zonas frecuentadas por menores, personas en rehabilitación, o colectivos vulnerables, con total impunidad, siempre que se haga dentro de un coche estacionado, a la vista de todo el mundo, menores incluidos.
Además, JUCIL advierte de que esta permisividad podría ser aprovechada por pequeños traficantes o grupos organizados para fomentar el consumo puntual en espacios públicos, lo que, según destacan, constituye la antesala de la adicción, la delincuencia asociada al consumo, especialmente el incremento de narcotráfico, y los daños irreparables que estas sustancias provocan tanto en los consumidores como en sus entornos familiares.
Por todo ello, JUCIL presentará un recurso contra la Instrucción 7/2025 y solicitará la suspensión cautelar de su aplicación. La asociación reitera su compromiso con la legalidad, la salud pública y la seguridad ciudadana, y anuncia que llevará este recurso hasta las últimas consecuencias.
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