Crónica Diaria

Francia enfrenta una oleada de violencia escolar con cuchillos, mientras crecen las propuestas de medidas drásticas como detectores de metales en las escuelas. La izquierda advierte sobre su eficacia limitada y altos costos
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Un nuevo ataque violento sacudió a Francia este jueves, cuando un estudiante de 15 años, armado con un cuchillo, hirió a cuatro compañeros antes de ser reducido por el personal docente y arrestado por la policía. Tragedias como esta no son aisladas: los ataques con armas blancas dentro o cerca de centros escolares, protagonizados por adolescentes, se están volviendo más frecuentes.

Hace apenas un mes, la ministra de Educación, Elisabeth Borne, alertaba sobre un aumento del 15% interanual en las denuncias por uso de cuchillos en escuelas, así como un 60% más de incidentes reportados en 2023, con casi 5.000 solicitudes de protección para personal educativo.

En respuesta al último ataque, el primer ministro François Bayrou exigió un “despertar colectivo” frente a una “violencia endémica”, y pidió propuestas concretas en materia de prevención, regulación y sanción de la violencia juvenil. Bayrou también abrió la puerta a la instalación de detectores de metales en las entradas de los colegios.

La idea recibió apoyo inmediato desde la derecha. Laurent Wauquiez, ex presidente de la región Auvernia-Ródano-Alpes, recordó haber instalado puertas de seguridad en institutos regionales ya en 2015. Christian Estrosi, alcalde de Niza, reclamó reactivar medidas de videovigilancia y control facial, mientras que Éric Ciotti, líder de los diputados de la UDR, urgió a “hacer todo lo necesario” para asegurar las escuelas. Desde la extrema derecha, Sébastien Chenu, de Agrupación Nacional, defendió el uso de detectores de metales, asegurando su eficacia en otros países.

Sin embargo, la propuesta genera controversia. Linda Kebbab, de Unité, sindicato policial, advirtió en BFMTV que estos sistemas “no podrán detectar todo” y que las escuelas no deben transformarse en “salas de embarque”. Además, desde la izquierda, Manon Aubry, líder de los eurodiputados de La Francia Insumisa, criticó el costo y la logística de la medida: “Costaría 100.000 euros por escuela, además de provocar aglomeraciones vulnerables frente a ataques externos”.

Los hechos del jueves ocurrieron a las 12:30 horas. El joven atacante, estudiante del mismo liceo, ingresó en dos aulas y atacó a varios alumnos, provocando la muerte de una compañera. El agresor había enviado poco antes un correo electrónico de 13 páginas a otros estudiantes, dividido en secciones tituladas “ecocidio”, “alienación” y “condicionamiento social”, según medios locales.

Ante la creciente preocupación, la ministra Borne anunció que cualquier alumno sorprendido portando un cuchillo será remitido directamente a un consejo de disciplina. Además, desde finales de marzo, el gobierno ordenó a los prefectos y autoridades educativas reforzar los controles aleatorios cerca de los centros escolares.

Aunque los asesinatos en colegios siguen siendo eventos excepcionales en Francia, la preocupación crece tras tragedias como la de febrero de 2023 en Saint-Jean-de-Luz, donde un alumno mató a un profesor con un cuchillo de cocina.

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En esta época de mediocridad, Rafael Arenas es un héroe. Un ejemplo para aquellos que aman la libertad. Y para mí, muy especialmente, porque amo a España, mi país, del que forma parte Cataluña
The post Cobardes y Universidad Autónoma de Barcelona first appeared on Hércules.  ¿Quién es cobarde?

El que tiene el rabo entre las patas. Con ese gesto muestran su temor los perros cuando se asustan. Por esa razón, la palabra couard, que en francés antiguo significa “cola”, pasó a nuestro idioma como “cobarde”, imagen arquetípica de sumisión.

Ciertamente, Rafael Arenas, profesor de derecho internacional privado en la universidad autónoma de Barcelona no es cobarde. Y es que no se arredró al encontrarse bajo la puerta de su despacho una nota redactada al más puro estilo gansteril. El autor, gallinaceamente escondido tras un nebuloso colectivo, despotricaba contra él y los miembros de la asociación estudiantil s’ ha acabat, acusándolo de “españolista”. Era a todas luces una amenaza del independentismo catalán de corte más extremo destinada a abortar una conferencia prevista en el campus para el 25 de abril de 2025 en la que, además de don Rafael intervendrian otros ponentes que no les eran ideológicamente afines. Y ahora viene lo más increíble: las autoridades académicas cancelaron el acto, por lo que no quedó más remedio que celebrarlo al aire libre.

¿Cómo interpretar lo sucedido?

Claro está, como un retroceso de los valores democráticos, como un avance de la violencia, como un menoscabo de la libertades de cátedra o de expresión, e incluso como un brote de psicopatía social. Pero sobre todo, como un ejemplo de cobardía. Y no me refiero ahora a los perpetradores de tan vil provocación, sino a los que reculan cuáles mascotas amedrentadas ante las bravuconadas de los facciosos.

En esta época de mediocridad, Rafael Arenas es un héroe. Un ejemplo para aquellos que aman la libertad. Y para mí, muy especialmente, porque amo a España, mi país, del que forma parte Cataluña, quiéranlo o no algunos energúmenos secesionistas.

¿Y otros? Iba a decir que recordaban a perrillos temblorosos que huyen despavoridos. Pero ni a eso llegan. Mejor les cuadra el adjetivo “rabón”, que, según la R.A.E., dícese que aquel animal “que tiene el rabo más corto de lo que es habitual en su especie o que no lo tiene”.

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El «Plan de Acción por la Democracia» se desmorona entre falta de apoyos, reformas paralizadas y una creciente oposición interna y externa
The post Los fallos en el Plan de Acción por la Democracia de Pedro Sánchez first appeared on Hércules.  El pasado jueves se cumplió un año desde que Pedro Sánchez se aislara en Moncloa para meditar su futuro político, tras el estallido del caso Begoña, que afectaba directamente a su esposa, Begoña Gómez. De aquel retiro, el presidente emergió prometiendo un “punto y aparte” en la política española, un tiempo de “regeneración” y “juego limpio”. Sin embargo, los hechos han mostrado otro camino: un intento fallido de blindaje político a través de un amasijo legislativo que amenaza ruina.

El “Plan de Acción por la Democracia”, aprobado en septiembre de 2024, fue la respuesta improvisada de Sánchez al escándalo que rodeaba su entorno más íntimo. Concebido para reformar leyes clave en materia judicial, de prensa y de libertades, el plan pretendía reconfigurar el terreno político a su favor. Hoy, la mayoría de esas reformas no han superado ni el primer trámite parlamentario o se encuentran bloqueadas por la falta de apoyos.

La “ley Begoña”

El ejemplo más paradigmático del descalabro es la conocida como “ley Begoña”, diseñada para limitar la actuación de jueces y controlar la acusación popular, dificultando la admisión de querellas basadas en informaciones periodísticas. La proposición de ley, presentada por el PSOE tras las Navidades, ni siquiera ha llegado a ser debatida en el Pleno: partidos como Junts ya han anunciado su voto en contra, condenándola al olvido.

Ante este revés, el Gobierno maniobra para incluir parte de su contenido en la próxima reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, trasladando la instrucción penal de los jueces a una Fiscalía cada vez más controlada por el Ejecutivo. Pero el plan B también naufraga: la resistencia de los socios parlamentarios amenaza con dejar el proyecto varado indefinidamente.

Reforma de la ley mordaza

El resto de iniciativas del Plan de Acción por la Democracia siguen un patrón similar. La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, que pretendía despenalizar la difusión de imágenes de agentes, se encuentra empantanada por las discrepancias con Podemos, que exige cambios aún más radicales.

La prometida actualización de la Ley de Secretos Oficiales, largamente reclamada por el PNV, fue congelada tras una avalancha de críticas. La reforma de la ley de financiación de partidos, claramente orientada a dificultar el acceso a fondos de Vox, sigue atascada en fase de anteproyecto, mientras que de la modificación de la ley del derecho al honor o de la Ley de Administración Abierta no hay noticia alguna.

La propuesta de una Estrategia Nacional contra la Desinformación, una comisión parlamentaria sobre el asunto y la reforma del reglamento del Congreso para obligar a celebrar un Debate sobre el Estado de la Nación también han quedado en papel mojado. Paradójicamente, ha sido el PP quien ha impulsado esta última medida.

Las únicas iniciativas que han prosperado lo han hecho sin pasar por el Congreso. A través de dos reales decretos, el Gobierno creó la Autoridad Independiente de Protección del Informante y amplió la plantilla del Ministerio Fiscal con dos unidades especializadas en corrupción. Estos movimientos, sin necesidad de convalidación parlamentaria, muestran que la vía legislativa ordinaria ha sido un camino infranqueable para Sánchez.

La debilidad parlamentaria del Gobierno, con 147 diputados de 350, explica buena parte de estos fracasos. Pero también la falta de convicción de unos socios acostumbrados a poner precio a su apoyo. Sánchez dio a su plan un plazo de tres años para completarse, pero la realidad es que, salvo milagro, la mayoría de las reformas quedarán enterradas bajo las tensiones de su propio bloque.

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La limitación de precios y la presión sobre propietarios impulsan la retirada de viviendas del alquiler y agravan la escasez de oferta
The post La Ley de Vivienda provoca una fuga de viviendas del mercado, agravando la crisis first appeared on Hércules.  La Ley de Vivienda, en vigor desde hace casi un año, ha provocado un terremoto en el mercado del alquiler en España. Nacida con el objetivo de proteger al inquilino y contener el precio de los arrendamientos mediante la declaración de zonas tensionadas y la limitación de rentas, sus efectos han sido muy diferentes a los deseados: una fuga masiva de viviendas del mercado de alquiler y un aumento de las dificultades de acceso a un hogar.

Según los datos de Fotocasa Research, casi el 40% de los propietarios se plantean retirar su vivienda del alquiler a consecuencia directa de la ley. Esta reducción de oferta ha creado un mercado más compacto, menos accesible y con precios tensionados, afectando especialmente a quienes buscan una vivienda hoy.

Inquilinos sin respaldo y propietarios desincentivados

El impacto en los inquilinos es claro: solo 2 de cada 10 se sienten respaldados a la hora de alquilar. Mientras la normativa blinda a los arrendatarios actuales contra subidas abusivas, perjudica seriamente a los futuros inquilinos al reducir el número de viviendas disponibles. Como explica María Matos, directora de Estudios de Fotocasa, “las dificultades de acceso a la vivienda en alquiler son hoy peores que antes de la ley”.

Para los propietarios, la sensación es aún más negativa. Un 48% considera que la normativa les dificulta alquilar, y apenas un 11% afirma que la facilita. Este clima de desconfianza ha llevado a muchos arrendadores a optar por el alquiler vacacional, con un 34% ya trasladando sus propiedades a esta modalidad, donde la ley impone menos restricciones.

Más propietarios abandonan el alquiler tradicional

Otra tendencia preocupante es el aumento del alquiler por habitaciones: el 28% de los propietarios ya opta por arrendar individualmente partes de su vivienda, frente al 22% de hace un año. Esta práctica fragmenta aún más el mercado y restringe la disponibilidad de viviendas completas, complicando la búsqueda de hogares familiares.

La fuga de inmuebles también varía según la comunidad autónoma. Cataluña, donde la aplicación de la ley ha sido especialmente estricta, lidera el éxodo con un 48% de propietarios planteándose abandonar el alquiler tradicional. Le siguen Andalucía (47%), la Comunidad Valenciana (34%) y la Comunidad de Madrid (29%). A nivel nacional, un preocupante 61% de los arrendadores no tiene intención de aumentar su oferta de vivienda.

Menos inversión en la calidad del parque de alquiler

Otro efecto colateral de la Ley de Vivienda es la reducción de la inversión en los inmuebles ya alquilados. El 47% de los propietarios afirman que gastarán menos en mejoras y mantenimiento, una cifra que crece año tras año. Esta tendencia puede empeorar el estado general de las viviendas disponibles y reducir la calidad del parque de alquiler a medio plazo.

La Comunidad Valenciana es donde más se acusa esta falta de inversión (61%), seguida de Andalucía (47%), Cataluña (42%) y Madrid (38%). La consecuencia directa será un mercado con viviendas más envejecidas y menos atractivas, lo que afectará especialmente a los inquilinos más vulnerables.

El PERTE de Sánchez: una respuesta insuficiente

Como intento de frenar esta crisis, el Gobierno ha anunciado un PERTE de 1.300 millones de euros para impulsar la vivienda industrializada. El objetivo es aumentar la oferta de forma rápida y contener la escalada de precios. Sin embargo, expertos advierten que, aunque bienvenida, esta medida llega tarde y es insuficiente para revertir los efectos de una normativa que desincentiva la participación privada y ahuyenta a los propietarios.

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La propuesta de gravamen sobre viviendas vacías y operaciones inmobiliarias encarece costes, reduce oferta y penaliza al pequeño propietario
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La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, interviene durante un pleno en la Asamblea de Madrid // Eduardo Parra – Europa Press

Más Madrid ha presentado en la Asamblea de Madrid una proposición no de ley para instaurar un nuevo impuesto dirigido a propietarios de viviendas vacías durante más de dos años. La medida, que busca combatir la especulación inmobiliaria, plantea un gravamen progresivo dependiendo del tiempo de desocupación de las propiedades. Sin embargo, lejos de solucionar los problemas de acceso a la vivienda, el plan podría agravar la escasez, aumentar los precios y penalizar injustamente a pequeños propietarios.

La iniciativa también contempla un impuesto adicional para entidades jurídicas que vendan o alquilen inmuebles por encima de los precios de referencia del Instituto Nacional de Estadística (INE) durante los primeros cuatro años tras su adquisición. A esto se suma un recargo en el IRPF para personas físicas que realicen prácticas similares, exceptuando casos de cambios de domicilio, herencias o ventas a familiares.

Impacto sobre la oferta de vivienda

Una de las principales consecuencias negativas del impuesto de Más Madrid sería la reducción de la oferta de vivienda en el mercado. Muchos propietarios, ante el riesgo de verse gravados por mantener una propiedad desocupada o ante el temor de vender o alquilar por precios regulados, podrían optar por retirar sus viviendas del mercado. En lugar de aumentar la disponibilidad, como pretende Más Madrid, la medida podría estrechar aún más la oferta, generando el efecto contrario al deseado: un encarecimiento adicional de los precios.

El temor a sanciones fiscales desincentivaría también la inversión privada en el sector inmobiliario. Grandes y pequeños propietarios podrían considerar poco rentable adquirir inmuebles para alquilar si los márgenes de beneficio quedan sujetos a una estricta fiscalización, lo que impactaría especialmente en un mercado ya tensionado como el de Madrid.

Penalización al pequeño propietario

Aunque la propuesta se enfoca en grandes tenedores, en la práctica afectaría a numerosos pequeños propietarios, que son mayoría en el mercado de vivienda de alquiler. Muchos de ellos heredan propiedades o las mantienen vacías por razones legítimas, como reformas, litigios o dificultades para encontrar un inquilino adecuado. Sin embargo, con el nuevo impuesto, serían castigados fiscalmente sin considerar las circunstancias particulares.

Asimismo, el aumento propuesto del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) del 6% al 18% para grandes tenedores y empresas elevaría los costes de transacción de forma significativa. Aunque se exceptúe a quienes destinan las viviendas a alquiler protegido, el impacto inmediato sería frenar la actividad inmobiliaria en general, dificultando aún más la regeneración del parque de vivienda disponible.

Riesgo de generar un mercado aún más tensionado

Más Madrid justifica estas medidas como una forma de frenar la especulación y financiar vivienda protegida, destinando los ingresos recaudados a su construcción. Sin embargo, el problema de la vivienda en España, donde el déficit ronda los 600.000 inmuebles, es estructural y no se soluciona simplemente cargando más impuestos sobre los propietarios.

España cuenta con apenas un 2,5% de vivienda social, muy por debajo del 9,3% de media europea, y la falta de inversión pública en nuevas promociones de alquiler social es un factor mucho más determinante que la actividad especulativa de particulares o empresas. Penalizar fiscalmente a quienes poseen inmuebles vacíos o alquilan por encima de índices oficiales no soluciona la escasez de suelo disponible, ni agiliza los trámites urbanísticos, ni facilita la construcción.

En un contexto de alta demanda y oferta limitada, cualquier iniciativa que reduzca la participación privada en el mercado inmobiliario puede empeorar la situación. Además, controlar los precios de venta y alquiler mediante sanciones fiscales corre el riesgo de provocar una fuga de capital hacia otros mercados o hacia el alquiler turístico, donde la regulación es más laxa.

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Izovac, proveedor tecnológico de gigantes como Apple, también abasteció con equipos críticos a contratistas militares rusos, violando sanciones internacionales. Su expansión en Europa plantea serios desafíos de seguridad para la UE
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Izovac, una empresa bielorrusa especializada en tecnologías de deposición al vacío, ha sido durante años un eslabón clave para gigantes como Apple, Tesla y Samsung. Sin embargo, una investigación del Centro de Investigación Bielorruso (BIC) revela que también ha estado suministrando, a través de sus filiales, equipos por unos 200 millones de dólares a contratistas de defensa rusos desde el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania.

La investigación, realizada junto a C4ADS, IStories, 15min.lt y Skhemy, y apoyada por los Cyberpartisans, expone el doble juego de la empresa fundada en 1992 por el Instituto Radiotécnico de Minsk y varios de sus exalumnos. Inicialmente centrada en el desarrollo científico, Izovac se consolidó como líder mundial en sistemas de deposición para pantallas táctiles, colaborando en la producción de los primeros iMacs y de la mitad de las primeras pantallas de iPhone y iPad, según el Banco Mundial.

“Cuando tu dedo toca la pantalla y detecta el movimiento, es el rastro de la tecnología de Izovac el que estás usando”, explicaba en 2020 su subdirector, Vitali Khomich. En ese entonces, Izovac controlaba cerca del 20% del mercado global de equipos para pantallas táctiles, contando además con Tesla, LG y Sharp entre sus clientes.

La empresa fue diversificando su actividad, incubando nuevas tecnologías hasta escindirlas en filiales especializadas. Una de ellas, Izotek-M, sería clave en las operaciones ilícitas detectadas: a través de ella, Izovac vendió un sistema de grabado por plasma usado —de la marca estadounidense Applied Materials— a NM-Tech, una empresa rusa vinculada a la defensa, eludiendo sanciones de EE.UU. y la UE.

Estos sistemas de grabado son esenciales para la producción de microchips, un recurso vital para la maquinaria militar rusa. Según Richard Nephew, de la Universidad de Columbia, los artículos usados también están sujetos a sanciones, independientemente de los intermediarios involucrados.

La ruta de venta llevó el equipo a través de Taiwán y China antes de llegar a Rusia. BIC también vinculó a Inzhiniring Grupp, una firma rusa con más de 30 clientes de defensa bajo sanciones, en el esquema. Sergei Yanovich, dueño de Inzhiniring Grupp, tiene lazos conocidos con Izovac.

El alcance de las operaciones va más allá: otras filiales, como InterNanoTechnologii e Izovac, vendieron equipos a unas 30 empresas militar-industriales rusas, de las cuales 22 figuran en listas de sanciones. Entre 2022 y 2024, estas firmas bielorrusas enviaron casi 10 millones de dólares en suministros, en su mayoría etiquetados como productos bielorrusos.

Estos equipos juegan un rol esencial en la producción militar rusa, según Olena Bilousova de la Escuela de Economía de Kiev, quien remarcó que el argumento de “doble uso” apenas se sostiene en estos casos, dada la precisión requerida para la fabricación militar.

Desde 2021, Izovac ha visto duplicarse sus ingresos anualmente: de 5,1 millones de dólares en 2021 a 22,2 millones en 2024. El grupo ha firmado contratos militares por valor de 200 millones de dólares, incluyendo suministros clave para la producción de misiles de crucero Kalibr.

Pese a su origen bielorruso, Izovac ha extendido su huella a la Unión Europea mediante I-Photonics, con sede en Lituania. Las autoridades lituanas congelaron 1,2 millones de euros de I-Photonics, fondos vinculados a Sergei Chemezov, jefe de Rostec y aliado cercano de Vladimir Putin.

BIC reveló que altos cargos de I-Photonics estuvieron vinculados a Izovac, lo que plantea dudas sobre sus operaciones europeas. Laurynas Kasčiūnas, del Parlamento lituano, advirtió que las reglas de supervisión deberían endurecerse para impedir que empresas asociadas al complejo militar ruso operen en su territorio.

Hasta el momento, ni Izovac ni sus clientes internacionales han respondido a las solicitudes de comentarios de BIC. Los fundadores Vladimir Shiripov y Sergei Yanovich rehusaron hacer declaraciones.

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