Crónica Diaria

El presidente ruso y el líder norcoreano han intensificado este 2024 los lazos comerciales y militares. Corea del Norte cuenta con ingentes cantidades de munición de uso para la artillería de origen soviético como la que utiliza Rusia
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Imagen: Un misil Fath 360 en una de las pruebas previas a su entrada en servicio. Wikimedia Commons

Las presiones del presidente ucraniano Volodímir Zelenski son constantes cuando se trata de presionar a Joe Biden para que apruebe que Ucrania ataque objetivos en suelo ruso con armamento de la OTAN. Mientras esto ocurre, Moscú se refuerza con armamento suministrado por Corea del Norte e Irán.

Kirilo Budánov, jefe de los servicios de inteligencia del Ministerio de Defensa ucranio, afirmó el sábado que las nuevas entregas de munición de artillería norcoreana para las tropas rusas están siendo una ayuda decisiva para el avance de Rusia en múltiples frentes de la provincia de Donetsk. “Como jefe de inteligencia puedo decir que el hecho de que estén suministrando misiles balísticos es un contratiempo, pero no lo hacen en una cantidad significativa”, dijo.

La realidad es que Corea del Norte cuenta con enormes cantidades de munición de uso para la artillería de origen soviético como la que utiliza Rusia. Además, el presidente ruso Vladímir Putin y el norcoreano Kim Jong-un han intensificado este 2024 lazos comerciales y militares. Tanto es así que se identificaron cohetes norcoreanos Hwasong-11 en el arsenal ruso, unos misiles de largo alcance con una capacidad de vuelo de 700 kilómetros. Cuatro de ellos fueron reconocidos en un bombardeo contra la capital del 18 de agosto.

De menor alcance, de 120 kilómetros, son los Fath-360, unos misiles balísticos de producción iraní que tanto Estados Unidos, como el Reino Unido y la Comisión Europea dan por hecho que Teherán ha entregado este septiembre a Moscú. Sky Newsinformó de que Rusia podría haber recibido más de 200 Fath-360. Tanto el Kremlin como el régimen de los ayatolás han negado que sea cierto. De momento no se ha identificado el disparo de estos cohetes en suelo ucranio.

La ayuda no llega a Ucrania

El asesor de Zelenski para la industria militar Oleksandr Kamyshin aseguró el 14 de septiembre a la agencia AFP que su país necesita 20.000 millones de dólares (casi 18.000 millones de euros) para trabajar a pleno rendimiento, pero que solo cuentan en el presupuesto público con 7.000 millones.

Pero lo que Zelenski considera más urgente es recibir el visto bueno de Biden para utilizar misiles de largo alcance de la OTAN contra objetivos militares dentro de Rusia. Washington ha permitido hasta ahora que su tecnología de guerra sea utilizada en regiones fronterizas, también en la incursión ucrania en la provincia de Kursk, pero el presidente estadounidense todavía sopesa su decisión.

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El Gobierno de Almeida ha reaccionado ante esta decisión y ha asegurado que las multas seguirán en vigor, ya que la sentencia es recurrible
The post El TSJM termina con las zonas de bajas emisiones first appeared on Hércules.  El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anuló ayer las tres zonas de bajas emisiones (ZBE) que operan en la capital. La decisión ha generado un gran revuelo entre los conductores, especialmente entre aquellos que no cuentan con etiqueta medioambiental en sus vehículos y que pronto no podrán circular por la ciudad. La sentencia responde a un recurso presentado por Vox, que argumentaba que la ordenanza no consideraba a las personas con menos recursos económicos.

Sentencia contra las ZBE: el fallo y sus implicaciones

El TSJM aceptó parcialmente el recurso al considerar que el informe económico previo a la aprobación de la Ordenanza era «insuficiente» y no valoraba adecuadamente el impacto sobre las personas con menor capacidad económica para adquirir vehículos que cumplan con las normativas medioambientales. Aunque el fallo cuestiona este aspecto del informe, la sentencia no es firme, lo que significa que el Ayuntamiento de Madrid aún puede recurrir ante el Tribunal Supremo, para lo cual tiene de plazo hasta el 23 de octubre.

Borja Carabante, concejal de Movilidad, defendió el modelo de Madrid 360 como un «éxito» que ha cumplido con la normativa europea de calidad del aire, promoviendo el transporte público y conciliando la actividad económica. A pesar de la sentencia, Carabante insistió en que las ZBE seguirán vigentes y que no se anularán las multas, ya que la decisión judicial aún no es definitiva.

Reacciones de Vox: un triunfo judicial

El fallo judicial ha sido un espaldarazo para Vox, que siempre ha mantenido una postura crítica frente a las restricciones de tráfico en el centro de Madrid. Javier Ortega-Smith, líder del partido en la capital, celebró la sentencia, calificándola como un día de «alegría para Vox y los madrileños». Ortega-Smith acusó al alcalde José Luis Martínez-Almeida de traicionar a los ciudadanos al no eliminar las restricciones de tráfico, como prometió durante su campaña, y exigió su dimisión.

Rocío Monasterio, portavoz regional de Vox, fue más allá al afirmar que la sentencia permitirá que «la libertad vuelva a Madrid». Además, el partido está considerando solicitar la ejecución provisional de la sentencia.

Las tres ZBE en Madrid: restricciones y futuro

Actualmente, Madrid cuenta con tres zonas de bajas emisiones: Distrito Centro (el antiguo Madrid Central), Plaza Elíptica y la ZBE que cubre toda la ciudad. Las normas impiden la circulación de vehículos sin etiqueta medioambiental que no estén matriculados en Madrid, y a partir de enero de 2024, estas restricciones se extenderán también a los vehículos de residentes que no cuenten con dicha etiqueta.

Para los vehículos con distintivo B o C, la circulación dentro de la ZBE del Distrito Centro está permitida únicamente si se dirigen a un estacionamiento. Aquellos con etiqueta ECO o Cero Emisiones pueden circular libremente por la zona, independientemente de si están o no empadronados en la ciudad.

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Exige por escrito al partido su regreso como militante porque asegura que no existe ninguna prueba contra él
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Imagen: José Luis Ábalos- Europa Press

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, solicita su readmisión en el PSOE como militante. Así lo ha hecho a través de una carta enviada el pasado viernes a la Comisión Ejecutiva Federal del partido, en la que solicita dejar sin efecto la suspensión cautelar de su militancia, acordada tras hacerse pública su presunta implicación en el caso Koldo. En la misiva, que firma como “ex secretario de Organización”, solicita formalmente recuperar “todos sus derechos políticos como afiliado”.

Ábalos argumenta que el expediente interno contra él se abrió el pasado 27 de febrero y que desde dicha fecha ha estado absolutamente paralizado, sin que se haya “emitido pliego de cargos alguno”, lo que dificulta el ejercicio de sus derechos políticos.

Suspensión de la militancia de Ábalos

La decisión del PSOE de apartar a Ábalos tuvo lugar después de que éste se negara a renunciar a su escaño en el Congreso de los Diputados y pasara al Grupo Mixto. La formación de Pedro Sánchez le pidió que diera un paso atrás recalcando que “el compromiso” del partido contra la corrupción “es inequívoco”.

Explicó entonces el partido en un comunicado que había tomado esta decisión para depurar la responsabilidad política del exministro en los contratos de compra de material sanitario investigados. Todo ello con el objetivo de “proteger la imagen del partido”.

Relación de Ábalos con el PSOE

Este escrito se presenta en un momento en el que las relaciones entre Ábalos y el PSOE son más tensas que nunca, después de que el Ministerio de Transportes publicara una auditoría sobre el periodo en que el diputado ostentó el cargo.

Tras la publicación de dicha auditoría, el exministro señaló en una entrevista concedida a El Español que ya no será seguidista del PSOE y que decidirá en cada momento qué hacer con su voto, advirtiendo al gobierno de que ya no podrá dar por seguro que va a seguir votando igual que los diputados del grupo socialista, como hasta ahora estaba haciendo. “Ahora votaré en conciencia”, sentenció.

Esta nueva postura de Ábalos complica aún más los delicados respaldos que tiene el gobierno de coalición para sacar adelante sus medidas, como la reforma de la ley de financiación autonómica para hacer efectiva la denominada “financiación singular para Cataluña” y cumplir así con el acuerdo alcanzado con ERC para hacer a Illa president.

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El nuevo “registro de medios” recaerá en esta institución, la cual se encargará de luchar contra los “bulos” y tomar medidas legales
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Imagen: Europa Press

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p class=»MsoNormal»>El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó en abril su Plan de Acción Democrática, una iniciativa que toma forma tras la polémica judicial que involucró a su esposa, Begoña Gómez. Entre las medidas más relevantes se encuentra el plan ‘antibulos’, que asigna un papel clave a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Este organismo será el encargado de crear un «registro» de medios de comunicación, aunque todavía hay muchas cuestiones pendientes de concretar.

Un organismo bajo la lupa

La CNMC, un ente regulador independiente creado en 2013 para supervisar y garantizar la competencia en diversos sectores, ha sido seleccionada para desempeñar esta nueva función. El anuncio fue realizado por el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, quien subrayó que la CNMC necesitará reformas para asumir esta tarea. No obstante, la mitad de su Consejo tiene el mandato caducado, lo que complica su funcionamiento.

El organismo actúa en áreas como energía, telecomunicaciones y medios audiovisuales, entre otros, y asegura el cumplimiento de las normas de competencia y transparencia, en beneficio de consumidores y empresas.

Renovación pendiente y bloqueos políticos

El Consejo de la CNMC está compuesto por diez miembros, cinco de los cuales tienen el mandato vencido desde 2023. Entre las vacantes más destacadas se encuentra la de vicepresidente, tras el fallecimiento de Ángel Torres hace un año. Esta renovación, sin embargo, se ha visto retrasada por el bloqueo entre PSOE y PP, lo que ha complicado la designación de nuevos consejeros.

La situación se agravó tras el reciente nombramiento de José Luis Escrivá como gobernador del Banco de España, una decisión que tomó el Gobierno sin contar con el apoyo del PP, lo que podría afectar las negociaciones para renovar otros organismos, incluida la CNMC.

Posible separación del mercado energético

Paralelamente, el Gobierno está trabajando en la posibilidad de separar del organismo el mercado energético, una medida que recuperaría la Comisión Nacional de Energía (CNE) como entidad independiente. Aunque el Ejecutivo comenzó la tramitación de esta normativa en febrero, aún no se ha aprobado el proyecto de ley necesario para hacerla realidad, dejando en el aire su futura implementación.

El registro de medios y la lucha contra los bulos

Una de las tareas que recaerá en la CNMC dentro del Plan de Acción Democrática será la creación de un registro de medios de comunicación. Esta medida, según Urtasun, busca garantizar mayor transparencia e independencia en el sector, estableciendo criterios claros sobre qué constituye un medio de comunicación.

Aunque los detalles de esta iniciativa todavía no están del todo claros, se sabe que el registro incluirá información sobre la propiedad y la inversión publicitaria de los medios. Según Urtasun, los criterios para definir qué es un medio serán elaborados en colaboración con expertos, profesionales del sector y los grupos parlamentarios.

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La empresa encargada de fabricar estos dispositivos es ‘Gold Apollo’, ha negado su total participación en la fabricación de los dispositivos
The post Todos los detalles sobre los ‘busca’ que han explotado en el Líbano first appeared on Hércules.  La explosión de miles de dispositivos ‘buscapersonas’ pertenecientes al partido-milicia de Hezbolá en el Líbano y Siria ha dejado al menos nueve muertos y alrededor de 2.800 heridos. Este ataque ha sido atribuido a Israel, según fuentes libanesas. Aunque, por el momento, ninguna autoridad israelí ha reconocido la autoría de este ataque sin precedente.

La explosión tuvo lugar alrededor de las 15.30 de la tarde. En este momento se comienzan a explotar de forma simultánea miles de dispositivos ‘buscas’. Un aparato que se encuentra en desuso desde hace varias décadas. Los ‘buscas’ aparecen en la década de los 50 en Estados Unidos con el fin de que los policías pudieran localizarse y estar en contacto utilizando señales de radio, antes de que existieran los teléfonos móviles.

Al principio de su comercialización estos únicamente mandaban notificaciones para que el receptor del mensaje llamase a la primera persona. Pero con el paso del tiempo estos dispositivos permitían mandar mensajes de texto muy breves. Pero con la llegada de los teléfonos móviles, dejaron de utilizar los ‘buscas’, aunque hay ciertos sectores que sí los utilizan como son los hospitales y las empresas de seguridad. Debido a que se pueden mandar mensajes en zonas donde no hay cobertura.

Hay que destacar que los ‘buscas’ utilizan señales radio para enlazar un centro de control con el destinatario, lo cual los hace más seguros que las redes de telefonía. Es por este motivo que los milicianos de Hezboláh utilizan este tipo de dispositivos. Por otro lado, se ha conocido que los aparatos que explotaron es un modelo en específico que únicamente utilizan los milicianos proiraníes.

La empresa fabricante de los ‘buscas’ niega su participación

Según ha trascendido en diferentes medios, hay indicios de que estos aparatos han podido ser manipulados, con el fin de que la batería alcanzara temperaturas altas y explotara al recibir un mensaje en concreto y que estaba programado. Lo llamativo de este ataque, es que la batería de los ‘buscas’ es de tamaño muy reducido, por lo que ha sorprendido los graves daños que han dejado. Se baraja también la posibilidad de que pudieran llevar incorporado algún explosivo para potenciar su efecto letal.

La empresa encargada de fabricar estos dispositivos es ‘Gold Apollo’, Taiwan. La cual ya ha negado su total participación en la fabricación de los dispositivos que se utilizaron en la explosión en el Líbano y Siria. Gold Apollo’ ha mandado un comunicado en que señalan que: “Según el acuerdo, autorizamos a BAC a usar nuestra marca registrada para la venta de productos en regiones específicas, pero el diseño y la fabricación de los productos son manejados íntegramente por BAC”

Así mismo han descartado su participación de manera total: “Nosotros solo proporcionamos la autorización de la marca registrada y no estamos involucrados en el diseño ni en la fabricación de este producto. Siempre nos adherimos a las regulaciones pertinentes y mantenemos una cooperación transparente y conforme con nuestros socios”.

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PP, Vox, Junts y UPN rechazan con 178 votos la admisión a trámite del texto presentado por Sumar, EH Bildu, Podemos y el BNG en nombre de los movimientos sociales por el derecho a la vivienda, que logra 172 apoyos
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Imagen: Sumar, ERC, EH Bildu, Podemos y BNG registran junto al Sindicato de Inquilinas de Cataluña una proposición de ley para regular los alquileres de temporada. Europa Press/EH Bildu

El Congreso ha rechazado este martes la admisión a trámite de una proposición de ley para regular el alquiler de temporada y recortar su duración a los seis meses. Se trata de un texto promovido por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos, que llevan denunciando desde hace meses que este tipo de contratos son el principal agujero del que se sirven los caseros para evitar la regulación de precios en la Ley de Vivienda, aprobada en la legislatura pasada.

A pesar de que Junts había anunciado que se iba a abstener, finalmente han decidido posicionarse en contra, por lo que la votación ha quedado con 172 votos a favor de PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV, Podemos, BNG, Coalición Canaria y José Luis Ábalos, exdiputado socialista ahora integrado en el Grupo Mixto; y 178 votos en contra del partido catalán, PP y Vox.

Después de varias semanas de negociaciones lideradas por Sumar, que ha impulsado junto a Podemos, EH Bildu y el BNG esta ley redactada por los sindicatos de inquilinos, la mayoría de los grupos habían anunciado previamente el sentido de su voto. Junts, con un discurso muy crítico, había trasladado la posibilidad de una abstención que habría permitido la tramitación de la ley por un solo voto, aunque finalmente se ha decidido por el ‘no’.

Esto es lo que planteaba la propuesta legislativa

Al no estar sujetos a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), sino al Código Civil, es decir, a la voluntad de las partes, los contratos de temporada y los de habitaciones permiten a los arrendadores subir los precios cada seis o nueve meses a inquilinos que viven en esa vivienda de forma estable y tampoco están sujetos a las limitaciones de precios de la ley de vivienda. 

La propuesta legislativa –firmada por Sumar, EH Bildu, ERC y BNG–, proponía modificar la LAU para incluir esos contratos en su ámbito de aplicación y fijaba en seis meses la duración máxima de un alquiler temporal, un punto con el que casi ningún grupo político se ha mostrado de acuerdo. 

Según el texto, después de dos contratos de seis meses encadenados, el alquiler pasaría a considerarse de residencia habitual, con los beneficios que eso supone para el arrendatario. También obligaba al arrendador a especificar en ellos la causa de la temporalidad, las circunstancias concretas que la justifican y su conexión con la duración prevista, de forma que, si no lo hacía, también se consideraría residencia habitual. 

Sumar pide acabar con las grietas en la Ley de Vivienda

“El alquiler de temporada se ha convertido en una rendija por la cual los propietarios pueden cometer fraude de ley”, ha denunciado el portavoz de Sumar Íñigo Errejón, que ha defendido el texto en el debate de hoy. “La LAU obliga al arrendador a realizar contratos de cinco o siete años, durante los cuales no se puede subir más allá del IPC el precio del alquiler. ¿Qué hacen? Muchos propietarios hacen un uso fraudulento de los contratos de temporada y por tanto pueden subir el precio de alquiler año a año o echar a los inquilinos”, ha denunciado.

“Quería que mis primeras palabras fueran de agradecimiento y de reconocimiento a los sindicatos de inquilinos e inquilinas que son quienes han impulsado esta ley para regular el alquiler de temporada, que no es otra cosa que el gran agujero que el Partido Socialista dejó en la Ley de Vivienda”, ha dicho la secretaria general de Podemos Ione Belarra, que firmó como ministra de Derechos Sociales esa norma.

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El investigado ha pedido poder recibir el salario que le corresponde como consultor, a pesar de que su contrato de trabajo rescindió en febrero
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El exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, está intentando que el juez que lo investiga por presunto cobro de comisiones en contratos públicos, le permita recibir su salario como consultor. García trabajaba para una empresa constructora a través de una consultoría propiedad de su esposa, Patricia Úriz, pero el contrato fue rescindido en febrero.

Contrato rescindido tras su detención

El contrato, firmado en noviembre de 2022 entre el Grupo Azvi y la consultoría de Úriz, Erikapat Consultoría Internacional SL, tenía una duración de un año. Sin embargo, fue cancelado en febrero de este año, coincidiendo con la detención de García y el inicio de la investigación sobre la operación Delorme, en la que se le acusa de tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

El abogado de García presentó la semana pasada este contrato ante la Audiencia Nacional, solicitando el desbloqueo de las cuentas de la empresa para que su cliente pudiera cobrar las nóminas pendientes. Sin embargo, Azvi explicó que el contrato quedó anulado debido a las cláusulas de cumplimiento normativo que impiden mantener vínculos con empresas o personas involucradas en casos de corrupción o delitos financieros.

Sospechas sobre la consultora

Uno de los puntos clave de la investigación se centra en la naturaleza de la consultoría Erikapat, que la Guardia Civil sospecha podría haber sido una tapadera para ocultar el aumento patrimonial de García. En un informe de la Unidad Central Operativa (UCO), se plantean dudas sobre la legitimidad de la consultoría y la actividad que esta realizaba.

A pesar de los intentos de García y su esposa por desbloquear las cuentas de la empresa, el juzgado ha denegado la petición en varias ocasiones, ya que no se ha demostrado de manera clara la actividad real de la mercantil y los servicios que supuestamente prestaba a la empresa.

Solicitud de pago de nóminas atrasadas

En el escrito presentado a la Audiencia Nacional, el abogado de García insistió en que su cliente trabajaba como asesor para la consultora y solicitó el desbloqueo de las nóminas pendientes, que ascienden a 1.328 euros (febrero) y 1.642 euros (marzo), además de las sucesivas que se devenguen mensualmente. También se solicitó el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social correspondientes.

Investigaciones con nuevos testimonios

El Grupo Azvi, una empresa adjudicataria habitual del Ministerio de Transportes y especializada en el sector ferroviario, ha destacado que recurrió a Erikapat para realizar labores de consultoría en Latinoamérica. Sin embargo, los informes policiales no reflejan que ni García ni su esposa tengan experiencia previa en consultoría, más allá del paso de García por el Ministerio de Fomento.

La causa sigue avanzando, y recientemente han testificado dos cargos de Adif que señalaron a Michaux Miranda, exdirector general de Personas y también investigado, como responsable de la adjudicación a la empresa Soluciones de Gestión, la misma implicada en la operación Delorme, que gestionó contratos de mascarillas por un valor de 12,5 millones de euros. Michaux Miranda está citado a declarar en los próximos días.

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Los ministros Marlaska y Robles han conseguido llegar a un consenso para posicionar en este puesto a la diputada Mercedes González
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Imagen: EFE

Fuentes de ambos ministerios reconocen que la designación de González, pese a su corta etapa previa en el cargo, responde al conocimiento que ya posee de la institución. Además, su trayectoria como delegada del Gobierno en Madrid fue valorada positivamente. Grande-Marlaska propuso su nombre, y Robles no tardó en dar su visto bueno, lo que facilitó un relevo rápido y sin especulaciones. La buena relación entre González y Robles quedó patente en la toma de posesión del año pasado, donde ambas destacaron los muchos años que llevan conociéndose.

Asociaciones de la Guardia Civil celebran el cambio

El nombramiento de González ha sido recibido favorablemente por las asociaciones de la Guardia Civil, no tanto por su breve paso anterior, sino por el fin del mandato de Leonardo Marcos. Durante los 15 meses que estuvo en el cargo, las asociaciones criticaron su «falta de diálogo» y lo acusaron de tratar con altivez a los representantes de los agentes. Tanto Justicia para la Guardia Civil (Jucil), como la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), han mostrado su alivio ante la salida de Marcos, especialmente por las tensiones generadas por expedientes disciplinarios abiertos a varios agentes, que causaron profundo malestar.

Desafíos judiciales en la agenda de González

Además de restablecer relaciones con las asociaciones, Mercedes González deberá enfrentar dos asuntos judiciales de relevancia. El primero está relacionado con el asesinato de dos agentes de la Guardia Civil en febrero, embestidos por una narcolancha en Barbate. Si bien se ha identificado a los responsables, que permanecen ocultos en Marruecos, una investigación adicional analiza las posibles deficiencias en el operativo desplegado aquella noche. Estas pesquisas apuntan a la actuación de altos mandos del instituto armado en Andalucía.

El segundo caso es el litigio que enfrenta al coronel Diego Pérez de los Cobos con Grande-Marlaska. Tras su destitución en 2020, Pérez de los Cobos ha librado varias batallas judiciales, logrando su reinstauración en el cargo. Ahora, el enfrentamiento se centra en su posible ascenso al generalato, un movimiento que Grande-Marlaska ha evitado en varias ocasiones pese a las victorias judiciales del coronel.

Polémica por el desmantelamiento del OCON-Sur

Otro tema delicado es la polémica en torno al desmantelamiento del Órgano de Coordinación de Operaciones contra el Narcotráfico (OCON-Sur). Esta unidad de élite de la Guardia Civil, creada en 2018 para combatir el narcotráfico en las costas andaluzas, fue suprimida en septiembre de 2023, pese a haber logrado triplicar las incautaciones de drogas. La controversia se ha reavivado tras el asesinato de los agentes en Barbate y un informe de la Fiscalía General del Estado que destaca un descenso del 20% en las investigaciones sobre narcotráfico en Cádiz desde la desaparición de la unidad.

El segundo mandato de González, por tanto, se perfila lleno de retos tanto internos como externos, mientras se esfuerza por mantener la cohesión entre los distintos actores de la institución y abordar los casos judiciales pendientes.

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