Según datos oficiales, durante el año 2024 se registraron más de 80.300 delitos en las Islas Baleares, lo que supone un incremento del 2,4 %
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Fuente: Guardia Civil
La Asociación Profesional Justicia para la Guardia Civil (JUCIL), mayoritaria en el Instituto Armado, ha expresado su firme rechazo a la reciente propuesta impulsada por Sumar, formación liderada por la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, que exige que la atención al ciudadano en las Islas Baleares se realice en catalán. Desde JUCIL se advierte que esta medida antepone criterios lingüísticos a las necesidades de seguridad pública, comprometiendo gravemente la operatividad de la Benemérita en el archipiélago.
En un comunicado oficial, JUCIL ha recordado que los agentes destinados actualmente en las islas ya cumplen con los requisitos establecidos por la Dirección General de la Guardia Civil, dependiente del Ministerio del Interior, para ocupar puestos en dicha comunidad. La asociación considera que esta nueva exigencia, que contempla incluso sanciones por no atender en lengua cooficial, con posibles suspensiones de empleo de hasta seis años, representa una amenaza directa para la estabilidad y eficacia del cuerpo en Baleares.
Uno de los aspectos más preocupantes, según JUCIL, es el impacto que esta imposición tendría sobre el número de efectivos disponibles en la región. La perspectiva de sanciones disciplinarias podría disuadir a muchos agentes de solicitar destino en las islas e incluso empujar a los ya destinados a solicitar traslado. Esta situación, denuncian, se suma a una ya de por sí preocupante falta de personal que afecta a todas las islas, especialmente en puntos estratégicos como el aeropuerto de Son Sant Joan, en Palma, uno de los de mayor tráfico de pasajeros en el país durante la temporada estival.
Durante el año 2024 se registraron más de 80.300 delitos en las Islas Baleares
La asociación destaca que actualmente existen 376 vacantes solo en la escala básica de la Guardia Civil en Baleares: 241 en Mallorca, 90 en Ibiza, 43 en Menorca y 24 en Formentera. Estas cifras no incluyen las vacantes en los niveles de mando, lo que agrava aún más el déficit estructural. Además, el elevado coste de vida en las islas y la escasa compensación salarial hacen que Baleares no sea un destino atractivo para muchos agentes.
JUCIL también ha vinculado esta situación con el aumento de los índices de criminalidad en la comunidad autónoma. Según datos oficiales, durante el año 2024 se registraron más de 80.300 delitos en las Islas Baleares, lo que supone un incremento del 2,4 % respecto al año anterior, mientras que la media nacional registró una leve bajada del 0,3 %. La asociación considera que estas cifras reflejan con claridad la necesidad urgente de reforzar la presencia de efectivos en la región, en lugar de imponer obstáculos burocráticos y lingüísticos que dificulten aún más la labor de seguridad pública.
En palabras de JUCIL, “esta decisión supondría una amenaza y un paso más hacia la futura desaparición de la Guardia Civil en Baleares”, al dificultar la realización de funciones esenciales como la vigilancia de costas, fronteras y aeropuertos, el control del tráfico o la protección de infraestructuras públicas. La asociación concluye su comunicado solicitando al Gobierno central que priorice la seguridad ciudadana por encima de consideraciones políticas o ideológicas, garantizando una dotación adecuada de recursos humanos y materiales para una comunidad que, por su carácter insular y turístico, requiere una atención especial en materia de seguridad.
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