Elías Rodríguez asesinó a dos empleados de la embajada israelí en Washington en un ataque ideológico. Su caso revela conexiones con grupos radicales pro-Palestina con nexos financieros y políticos con China y Cuba
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Un ataque mortal en el corazón político de la nación ha desencadenado una oleada de preguntas sobre los vínculos entre militancia radical, ideologías extremas y redes transnacionales. Elías Rodríguez, de 31 años, fue acusado formalmente del asesinato de dos empleados de la embajada israelí tras un evento en el Museo Judío de la Capital. Según las autoridades, se acercó a las víctimas cuando estas abandonaban el recinto y les disparó por la espalda, causándoles la muerte de forma inmediata.
Las víctimas, identificadas como Yaron Lischinsky y Sarah Milgrim, eran pareja y tenían planes de boda, según confirmaron fuentes israelíes. El suceso ocurrió el miércoles por la noche y fue captado por cámaras de seguridad del museo y la vía pública.
Rodríguez, quien no huyó de la escena, ingresó voluntariamente al museo tras el ataque y solicitó que llamaran a la policía. Poco después fue visto en video coreando “¡Palestina libre, libre!”, un lema habitual entre activistas pro-Palestina y críticos del Estado israelí.
El detenido confesó abiertamente su motivación, indicando a la Policía Metropolitana: “Lo hice por Palestina, lo hice por Gaza, estoy desarmado”. Esta declaración abrió una investigación sobre los vínculos del agresor con grupos radicales de izquierda en EE. UU., algunos de los cuales mantienen afinidades ideológicas con el Partido Comunista Chino (PCCh) y el régimen cubano.
Rodríguez fue mencionado en un artículo de 2017 publicado en Liberation News, plataforma mediática del Partido por el Socialismo y la Liberación (PSL), donde apareció en una protesta portando pancartas de la Coalición ANSWER, una organización anticapitalista. Aunque el artículo fue retirado, versiones archivadas describen a Rodríguez como “miembro del PSL”.
La Liga Antidifamación (ADL) no tardó en pronunciarse. Su director, Jonathan Greenblatt, declaró que el PSL, con el cual Rodríguez estuvo vinculado, es un grupo “antioccidental, antisionista y anticapitalista”, que además “frecuentemente recurre a un lenguaje abiertamente antisemita”. El PSL, por su parte, negó cualquier relación con el ataque y afirmó que Rodríguez no pertenece a sus filas desde 2017.
El PSL, sin embargo, ha apoyado públicamente a Hamás, calificando los atentados del 7 de octubre de 2023 como una “contraofensiva audaz” y no como terrorismo. En un comunicado, el grupo justificó el asesinato de más de 1.200 civiles israelíes argumentando que “los pueblos oprimidos tienen derecho a resistir a la ocupación”.
Los sitios web del PSL y de Liberation News presentan escasa transparencia financiera. Ambos operan bajo dominios registrados de forma privada, sin información accesible sobre su administración ni sobre el tratamiento de donaciones. Esto incluye una “tarifa de procesamiento” cuyo destino o monto exacto no se aclara.
En 2017, la Coalición ANSWER recaudó fondos a través de Facebook para financiar la asistencia de Rodríguez al Congreso Popular de Resistencia, celebrado en la Universidad Howard. La campaña lo describía como “un joven resistente” e “hijo de un veterano de Irak”. Este evento fue convocado para movilizar fuerzas contra el gobierno de Trump y su agenda capitalista.
La Coalición ANSWER, fundada tras el 11-S, es conocida por su activismo contra la intervención militar estadounidense. Desde 2003, ha liderado manifestaciones contra la guerra de Irak, el embargo a Cuba y, más recientemente, contra lo que consideran una agresión a China.
Tanto el PSL como la Coalición ANSWER están entrelazados en una red de organizaciones con nexos con Neville Roy Singham, un empresario pro-PCCh que reside en Shanghái. Singham ha sido descrito como un “instrumento de influencia geopolítica china” por el Network Contagion Research Institute, entidad que estudia amenazas de radicalización en línea.
Singham financia el People’s Forum en Nueva York, un colectivo de formación política marxista que ha jugado un papel central en las recientes protestas universitarias pro-Palestina, como las de Columbia, Fordham y City College. Su director, Manolo De Los Santos, participó activamente en estas movilizaciones y defendió a Mahmoud Khalil, un organizador acusado de vínculos con Hamás.
El caso de Khalil provocó la intervención del Departamento de Seguridad Nacional, que solicitó su deportación por “liderar actividades alineadas con una organización terrorista”.
Singham fundó el People’s Forum en 2017, tras vender su empresa de software, ThoughtWorks, por 785 millones de dólares. Desde entonces, ha financiado múltiples plataformas pro-China, incluido Newsclick en India. Según The Free Press, su influencia se extiende mediante un entramado de ONG, portales de noticias y fundaciones.
Su activismo comenzó en Detroit en los años 70, cuando se integró a la Liga de Trabajadores Negros Revolucionarios y participó en huelgas obreras. El FBI llegó a investigarlo por actividades presuntamente hostiles a EE. UU. en 1974. Desde entonces, ha construido una red global de activismo izquierdista con inclinaciones prochinas. En 2017 contrajo matrimonio con Jodie Evans, fundadora del grupo Código Rosa, hoy también vinculado a narrativas favorables al PCCh. Ambos residen en China y mantienen estrechos lazos con medios afines al régimen de Xi Jinping.
El Departamento de Justicia de EE. UU. ya había recibido alertas sobre esta red. En 2023, los senadores Marco Rubio y Lindsey Graham solicitaron una investigación formal sobre PSL y ANSWER por posible violación de la Ley de Agentes Extranjeros (FARA), dado su financiamiento y afinidad con entidades chinas.
“Pekín está librando una guerra de información total contra Estados Unidos”, advirtieron los senadores en su carta al fiscal general Merrick Garland. “No podemos permitir que el PCCh venza en este terreno”. A raíz del ataque, legisladores como John Cornyn han pedido investigar a fondo a todas las organizaciones y financiadores relacionados con Rodríguez. “Esto va más allá del antisemitismo”, dijo. “Debemos determinar si se trata de un acto de terrorismo doméstico coordinado”. Mientras las autoridades buscan esclarecer los vínculos y las motivaciones de fondo, el caso Rodríguez pone el foco en el cruce entre militancia ideológica, violencia política y redes internacionales de influencia.
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