Tensión entre Pedro Sánchez y Ayuso por una placa que ligaría la sede de Presidencia de Madrid con las torturas franquistas

La placa conmemorativa señalaría la sede en la que trabaja la presidenta de la comunidad como un lugar en el que se realizaban torturas y represión franquistas
The post Tensión entre Pedro Sánchez y Ayuso por una placa que ligaría la sede de Presidencia de Madrid con las torturas franquistas first appeared on Hércules.  La Real Casa de Correos, sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, ha sido declarada Lugar de Memoria Democrática por el Gobierno de Pedro Sánchez, una decisión que ha sido calificada por numerosos críticos como un acto politizado y partidista. La medida, amparada en la polémica Ley de Memoria Democrática pactada con Bildu, ha provocado una nueva confrontación con el gobierno regional liderado por Isabel Díaz Ayuso, quien ha tachado la iniciativa de «revisionismo histórico» destinado a dividir a los españoles.

El Consejo de Ministros desestimó este martes el requerimiento de incompetencia presentado por el Gobierno de Ayuso para impedir que el histórico edificio, ubicado en la Puerta del Sol y con más de 250 años de historia, quede asociado exclusivamente al franquismo. La Real Casa de Correos fue sede de la Dirección General de Seguridad (DGS) entre 1939 y 1975, un periodo que, según el Ejecutivo central, justifica su designación como lugar de memoria. Sin embargo, para la Comunidad de Madrid, esta etapa no puede eclipsar el valor simbólico e institucional que el edificio tiene en la actualidad.

Argumentos de la Comunidad de Madrid

Isabel Díaz Ayuso ha señalado que esta declaración no solo representa una invasión de competencias autonómicas, sino también una falta de respeto hacia el papel institucional de la Real Casa de Correos como sede del gobierno regional. Además, el Ejecutivo madrileño aprobó en diciembre una ley que restringe la colocación de placas o distintivos en edificios públicos sin la autorización previa del Consejo de Gobierno. Esta normativa busca preservar la neutralidad y dignidad del edificio frente a acciones que podrían interpretarse como propaganda política.

Miguel Ángel García Martín, consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, criticó duramente la decisión: “El Gobierno de Sánchez parece más interesado en reabrir heridas del pasado que en gestionar los problemas reales de los ciudadanos”. Asimismo, anunció que se evaluarán todas las vías legales, incluida una posible impugnación ante el Tribunal Constitucional, para revertir una medida que considera arbitraria y contraria al espíritu de unidad nacional.

Díaz Ayuso también ha subrayado que el Gobierno de Sánchez utiliza estas iniciativas para desviar la atención de otros temas prioritarios como la economía, la sanidad o la seguridad. Con la posibilidad de que el asunto termine en el Tribunal Constitucional, este enfrentamiento pone de manifiesto una estrategia del Ejecutivo central que, según críticos, prioriza la confrontación política por encima del bienestar ciudadano.

Posición del Gobierno central

El Ejecutivo de Pedro Sánchez, en cambio, ha defendido la declaración de la Real Casa de Correos como Lugar de Memoria Democrática como un paso necesario para «rescatar la memoria de las víctimas del franquismo». Según la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, la medida busca “promover el reconocimiento y la reparación de quienes sufrieron torturas y persecuciones” en este espacio. Sin embargo, críticos argumentan que esta narrativa se utiliza como una herramienta electoral y divisoria.

La declaración, que incluye la instalación de una placa conmemorativa y posibles actividades culturales, ha sido presentada por el Gobierno central como una acción que no afecta al uso administrativo del edificio. Sin embargo, muchos cuestionan si esta medida no responde más a una agenda ideológica que a un verdadero interés histórico o cultural.

Esta nueva controversia se suma a la larga lista de desencuentros entre la administración de Díaz Ayuso y el Ejecutivo de Pedro Sánchez. La presidenta madrileña ha denunciado que esta medida busca “politizar un símbolo de la Comunidad de Madrid” y “desacreditar a un gobierno autonómico que no se pliega a los intereses del sanchismo”.

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