Crónica Diaria

Según datos oficiales, de los aproximadamente 5.800 menas acogidos en las islas, sólo 800 cuentan con permiso de residencia
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Menas en Canarias. Redes sociales/ La Gaceta

Un centro para menores extranjeros no acompañados (MENAs) en Gran Canaria ha cerrado sus puertas de forma definitiva tras una orden del juzgado piloto de violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas. El juzgado canario ha decretado el cierre y precinto judicial por la supuesta comisión de delitos de odio y lesiones en el interior del centro.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha anunciado esta medida del centro Emena la Fortaleza I, que gestiona ‘Quorum 77’ “ante las numerosas evidencias y testimonios recibidos sobre la presunta comisión en el interior de los delitos de lesiones, odio, omisión del deber de impedir los delitos o promover su persecución, delitos contra la integridad moral y amenazas”.

El cierre del centro de MENAs ha sucedido después de que la Policía Judicial de la Policía autonómica canaria entrara en el centro y llevara a cabo un registro de la propiedad del Estado, ante las denuncias recibidas por parte del juzgado mencionado anteriormente.

A día de hoy, el centro de menores extranjeros no acompañados acogía en su interior entre 80 y 100 MENAs con condena de reforma. Hay que destacar que la instalación de este centro levantó muchas polémicas en un inicio debido a que operaba sin supervisión oficial y se encontraba ubicado en un suelo rústico no estaba destinado a desempeñar este tipo de actividades.

Antes de su cierre definitivo, el mencionado centro se encontraba en medio de un pleito con el Ayuntamiento de Las Palmas debido a que había sido denunciado ante la Agencia de Protección del Medio Natural porque estaba construido en suelo rústico y no había contado con la autorización pertinente para poder construirse.

El Gobierno quiere regularizar a miles de MENAs que viven en Canarias

Por otro lado, el Gobierno de Pedro Sánchez lanzó hace tres semanas un plan de choque para poder acelerar la regularización de miles de MENAs que se encuentran actualmente en Canarias. Esta polémica medida pretende agilizar la tramitación burocrática de los expedientes que se encuentran acumulados en los despachos.

El programa arrancará este lunes y se extenderá hasta el 31 de mayo. Consiste en ofrecer incentivos económicos a los funcionarios que acepten prolongar su jornada laboral para tramitar los expedientes pendientes. Cada autorización procesada será remunerada con cinco euros adicionales, lo que representa un coste estimado inferior a 5.000 euros en total. Aunque esta tramitación extraordinaria no implica necesariamente la resolución definitiva de cada caso, sí conlleva iniciar formalmente el procedimiento y requerir a la comunidad autónoma la documentación necesaria, según publica La Gaceta.

Según datos oficiales, de los aproximadamente 5.800 MENAs acogidos en las islas sólo 800 cuentan con permiso de residencia.

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El antiguo jefe de Antiblanqueo de la Policía se encuentra en prisión tras el descubrimiento de 20 millones de euros en las paredes de su casa
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^{Imagen: el exjefe de la UDEF, Óscar Sánchez I Telecinco}

El caso de Óscar Sánchez Gil, antiguo jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en Madrid, ha sacudido los cimientos de la Policía Nacional y el sistema judicial español. Considerado durante años un funcionario ejemplar en la lucha contra el crimen organizado y el blanqueo de capitales, Sánchez Gil fue detenido en noviembre de 2024 acusado de ser la pieza clave de una red criminal dedicada al tráfico de cocaína y al blanqueo de grandes sumas de dinero. Su arresto, tras la incautación récord de 13 toneladas de cocaína en Algeciras, destapó una trama de corrupción policial sin precedentes, con ramificaciones internacionales y un patrimonio oculto de casi 20 millones de euros en efectivo hallado en su domicilio.

Cronología del caso

2016-2021: ascenso y consolidación

Óscar Sánchez Gil accede durante estos años a puestos clave dentro de la UDYCO (Unidad de Droga y Crimen Organizado) y la UDEF, dos de las unidades más sensibles y estratégicas de la Policía Nacional. Esta posición privilegiada le permite establecer relaciones directas con capos del narcotráfico y acceder a información confidencial sobre operativos policiales, rutas de investigación y movimientos de las fuerzas de seguridad. Este ascenso profesional, aparentemente basado en el mérito y la experiencia, sentó las bases para que Sánchez Gil pudiera tejer una red de contactos tanto en el ámbito policial como en el criminal.

2019-2024: colaboración con el narcotráfico

Según la investigación judicial, es en este periodo cuando Sánchez Gil comienza a facilitar activamente la entrada de grandes alijos de cocaína en España, utilizando principalmente el puerto de Algeciras como punto de acceso. Aprovechando su acceso a las bases de datos policiales, manipula y protege a sus socios del narcotráfico, alterando investigaciones y proporcionando información clave para sortear controles y operativos. Además, se involucra en el blanqueo de capitales a través de un entramado de empresas pantalla y la gestión de licencias de vehículos VTC, actividades en las que colabora estrechamente con su esposa y su cuñada, ambas también bajo investigación por su presunta implicación en la red.

14 de octubre de 2024: incautación récord

El 14 de octubre de 2024, la policía intercepta en el puerto de Algeciras un cargamento de 13 toneladas de cocaína, el mayor alijo jamás decomisado en la historia de España. Las primeras investigaciones apuntan rápidamente a la implicación de Óscar Sánchez Gil, quien presuntamente habría facilitado información privilegiada para garantizar el paso seguro de los contenedores cargados con la droga. Este golpe policial marca un punto de inflexión en la investigación y precipita la caída del exjefe policial.

8 de noviembre de 2024: detención y registros

El 8 de noviembre de 2024, Sánchez Gil es detenido junto a su esposa y su cuñada en el marco de una operación coordinada por la Audiencia Nacional. Durante el registro de su chalet en Alcalá de Henares, los agentes encuentran casi 20 millones de euros en efectivo ocultos en paredes y en el jardín, además de importantes cantidades de criptomonedas y documentación comprometedora que evidencia la magnitud de la red criminal y el alcance internacional de sus actividades.

Noviembre 2024 – mayo 2025: prisión provisional y avance del caso

Tras su detención, la Audiencia Nacional decreta prisión provisional sin fianza para Óscar Sánchez Gil, considerando el alto riesgo de fuga y la gravedad de los delitos que se le imputan: tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales. En paralelo, la investigación avanza con el desmantelamiento de parte de la red de blanqueadores y la incautación de documentación que revela conexiones internacionales, incluyendo transferencias millonarias a países como Dubái y Panamá, lo que confirma la dimensión global de la trama.

¿Quién es Óscar Sánchez?

Óscar Sánchez Gil, de 45 años, fue inspector jefe de la Policía Nacional y padre de tres hijos. Residía en una urbanización exclusiva de Alcalá de Henares, donde llevaba una vida aparentemente discreta y familiar. Sus compañeros lo describían como reservado y poco llamativo, apodado “El Anodino” por su carácter y “Aduana” por los narcotraficantes.

Construyó su carrera en unidades especializadas en la lucha contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales, lo que le permitió acceder a información privilegiada y establecer contactos con organizaciones criminales. Durante años, trabajó en Algeciras, uno de los principales puntos de entrada de droga a España, donde presuntamente forjó sus alianzas con los narcos.

En el plano personal, Sánchez Gil blindó su vivienda con sistemas de seguridad y ocultó su fortuna en efectivo, criptomonedas y propiedades. Su entorno más cercano, incluida su esposa y su cuñada, está bajo investigación por su presunta implicación en el blanqueo de dinero a través de empresas pantalla y la gestión de licencias de VTC.

Situación actual

A fecha de mayo de 2025, Óscar Sánchez Gil permanece en prisión provisional en el módulo FIES 4 de la cárcel de Estremera, reservado para funcionarios acusados de delitos graves. La Audiencia Nacional ha confirmado su encarcelamiento ante el “evidente” riesgo de fuga y la magnitud de los delitos imputados.

La investigación judicial sigue abierta y se prevé que se amplíen las acusaciones a medida que avance el análisis de los dispositivos electrónicos y la documentación incautada. El caso ha destapado una red de corrupción policial y blanqueo de capitales con ramificaciones internacionales, y se espera que el juicio, cuando se celebre, marque un antes y un después en la lucha contra la corrupción en las fuerzas de seguridad españolas

Tráfico de drogas, organización criminal y otros delitos

El expolicía ha sido acusado de varios delitos de extrema gravedad, dos ellos vinculados a su presunta colaboración con una red internacional de narcotráfico. Según los autos judiciales y la investigación de la Audiencia Nacional, los principales cargos son:

• Tráfico de drogas en cantidad de notoria importancia cometido por funcionario público: se le imputa haber facilitado la entrada de grandes alijos de cocaína en España, aprovechando su posición en la policía para garantizar el paso seguro de los contenedores y evitar controles policiales.
• Pertenencia a organización criminal: la investigación sostiene que Sánchez Gil no actuaba solo, sino integrado en una estructura criminal dedicada al tráfico de drogas y al blanqueo de capitales.
• Blanqueo de capitales: se le acusa de ocultar y lavar las ganancias obtenidas del narcotráfico a través de empresas pantalla, bienes inmuebles y grandes sumas de dinero en efectivo, hallándose cerca de 20 millones de euros ocultos en su domicilio.
• Cohecho activo: presuntamente recibió grandes cantidades de dinero y comisiones a cambio de sus servicios y protección a la red criminal.
• Revelación de secretos: utilizó su acceso a bases de datos policiales para consultar y avisar a los miembros de la organización sobre investigaciones en curso, protegiendo así a sus socios.

Las penas asociadas a estos delitos son muy elevadas. El tráfico de drogas en cantidad de notoria importancia cometido por funcionario público puede conllevar penas de prisión superiores a los 15 años. La pertenencia a organización criminal y el blanqueo de capitales pueden sumar entre 5 y 10 años cada uno, y el cohecho, entre 3 y 6 años adicionales. En conjunto, si se confirman todos los cargos y agravantes, Sánchez Gil podría enfrentarse a una condena que, en total, superaría fácilmente los 20 años de prisión efectiva, además de importantes multas económicas y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.

El “Tigre” y los socios clave

Alejandro Salgado Vega, conocido como “El Tigre”, es considerado por la Policía Nacional y la Guardia Civil como uno de los mayores capos del narcotráfico de origen español y el principal cerebro detrás de la red que implicaba al exjefe de la UDEF, Óscar Sánchez Gil. Salgado, cuya carrera criminal comenzó en el control de la noche madrileña y evolucionó hasta liderar un entramado internacional, se asentó en Dubái, desde donde dirigía sus operaciones utilizando teléfonos encriptados y una red de empresas pantalla para camuflar el tráfico de cocaína a gran escala. Su papel era fundamental: poseía los contactos en Sudamérica para organizar los envíos de droga y, a través de intermediarios y colaboradores como Ignacio Torán, facilitaba la entrada de toneladas de cocaína por los principales puertos españoles, especialmente Algeciras y Valencia. La magnitud de sus actividades quedó patente con la incautación de 13 toneladas de cocaína, el mayor alijo registrado en España, operación que precipitó la caída de Sánchez Gil y la emisión de una orden internacional de busca y captura contra Salgado, quien no compareció ante la Audiencia Nacional y cuyo paradero actual es desconocido, aunque se le ha rastreado en Dubái, Rusia y Tailandia.

Ignacio Torán, por su parte, figura como el principal socio de Sánchez Gil en la introducción de droga a través de los puertos españoles. Torán gestionaba el entramado empresarial necesario para camuflar los cargamentos ilegales, facilitando a “El Tigre” y a la organización las empresas importadoras con las que legalizaban la entrada de contenedores repletos de cocaína. Su papel como enlace logístico y financiero era crucial para el éxito de las operaciones, permitiendo que la red blanqueara ingentes cantidades de dinero y mantuviera una fachada de legalidad ante las autoridades. Tanto Torán como Salgado han sido señalados por la Fiscalía Antidroga y los investigadores como los principales artífices de una organización criminal que, durante años, logró infiltrar el sistema policial y mover cientos de toneladas de droga con la complicidad de funcionarios corruptos.

Opciones de la defensa

Su defensa ha intentado argumentar que no tuvo acceso a los elementos esenciales de la causa, solicitando la excarcelación bajo el mismo criterio que permitió la libertad provisional de otro de los investigados, Ignacio Torán. Sin embargo, la Sala de lo Penal ha dejado claro que, en el caso de Sánchez Gil, el secreto de sumario ya se había levantado cuando recurrió la prisión, por lo que pudo conocer los detalles de la causa y formular alegaciones. Por tanto, el tribunal descarta que se haya vulnerado su derecho a la defensa o a la igualdad ante la ley.

Legalmente, Sánchez Gil puede seguir recurriendo las decisiones de prisión provisional ante instancias superiores, como la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional o, en última instancia, el Tribunal Constitucional, si considera que se han vulnerado derechos fundamentales. También puede solicitar revisiones periódicas de su situación personal si cambian las circunstancias (por ejemplo, si disminuye el riesgo de fuga o se debilitan los indicios en su contra). Sin embargo, la contundencia de las pruebas (como la incautación de casi 20 millones de euros en efectivo y la gravedad de los cargos) hace que, por ahora, la prisión provisional esté plenamente justificada y sea difícilmente revocable.

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El Ejército de EEUU lanza otra costosa transformación para ganar protagonismo en Asia, sin resolver los fracasos anteriores ni su desventaja geográfica. Persistir en este camino parece más político que estratégico
The post El Ejército de EEUU insiste en una estrategia errática en Asia first appeared on Hércules.  Pete Hegseth/ABC

El Departamento de Defensa de EE. UU. ha revelado una nueva estrategia militar enfocada en China. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, junto con altos mandos del Ejército, ha presentado un ambicioso plan de modernización el 30 de abril, vendiéndolo como un rediseño generacional necesario.

La propuesta apunta a transformar la estructura actual de las fuerzas terrestres, preparándolas para operar en la compleja geografía del Indo-Pacífico. Esto implica dejar de lado viejos sistemas como los blindados pesados y helicópteros tradicionales, en favor de equipos más livianos y tecnología adaptada al entorno marítimo.

No obstante, esta apuesta por reinventarse en Asia parece condenada a repetir fracasos previos. El Ejército no ha logrado definir un papel sustancial en un eventual conflicto con China, y otro costoso rediseño difícilmente resolverá ese problema estructural. Es momento de que el Ejército se enfoque en sus capacidades concretas: defensa aérea, mando y control, y apoyo logístico.

El rediseño actual no es una novedad. Hace apenas siete años, se lanzó el Comando de Futuros del Ejército con más de 30 programas de modernización que prometían revolucionar sus capacidades. Prometieron tanques y misiles de nueva generación, drones, y fusiles para la guerra del futuro.

Algunos de estos proyectos estaban orientados al combate terrestre clásico, pero muchos tenían un objetivo más claro: posicionar al Ejército en el esfuerzo estratégico contra la expansión militar china, atrayendo así más recursos del Pentágono. Entre ellos figuraban misiles de precisión de largo alcance, helicópteros de nueva generación y una renovada flotilla de embarcaciones.

A pesar de las inversiones millonarias, el Ejército ha fracasado una y otra vez en definir con claridad su utilidad en un eventual enfrentamiento con China. El principal obstáculo ha sido geopolítico: el acceso limitado a bases y territorios en la región. Más allá de Japón, Corea del Sur y Filipinas, ningún país ha demostrado entusiasmo por permitir una expansión de presencia terrestre estadounidense.

Incluso en los lugares donde se ha permitido el despliegue de tropas, la acogida a los nuevos sistemas —como los misiles de largo alcance o grandes reservas logísticas— ha sido tibia o nula. Como resultado, el Ejército se ha quedado con equipamiento costoso sin posibilidad real de uso o despliegue efectivo en la región.

Intentar compensar las limitaciones geográficas con tecnología más sofisticada —drones de largo alcance, misiles hipersónicos— ha generado más problemas que soluciones. La complejidad técnica de estos sistemas y la logística en una región de enormes distancias han impedido que se puedan desplegar en cantidades operativas relevantes.

El caso del programa de misiles hipersónicos es ilustrativo. El proyecto se ha retrasado años y ha terminado desarrollando un misil cuyo costo ronda los 41 millones de dólares por unidad. Con ese precio, el Ejército solo podrá comprar una docena. Peor aún, otros proyectos estrella como el helicóptero de reconocimiento del futuro y el cañón estratégico de largo alcance han sido cancelados tras enfrentar serias dudas sobre su utilidad práctica en Asia.

La razón de fondo es clara: el Indo-Pacífico es una región marítima, mientras que el Ejército es una fuerza esencialmente terrestre. La incompatibilidad entre su estructura y el teatro de operaciones ha minado todos los intentos de ganar relevancia estratégica allí. Sin embargo, en lugar de reconocer esa realidad, Hegseth y su equipo parecen decididos a repetir el mismo error.

En esta nueva transformación, se vuelve a hablar de aumentar la presencia avanzada del Ejército en Asia mediante rotaciones, ejercicios y reservas preposicionadas. Pero no se explica cómo se lograrán estos objetivos. La administración Trump, al igual que las anteriores, enfrentará la misma resistencia: pocos países en Asia quieren alojar más tropas o sistemas del Ejército por temor a provocar a China.

El Departamento de Defensa ha tratado en el pasado de generar hechos consumados dejando equipos tras ejercicios militares, pero esto no resuelve el problema de fondo. Las condiciones políticas para un mayor acceso militar solo pueden negociarse a través de la diplomacia, y cualquier planificación estratégica debe basarse en el acceso real, no en hipótesis optimistas.

Además, el plan de Hegseth impone plazos aún más agresivos para desplegar tecnologías clave: misiles de largo alcance, sistemas antidrones, plataformas de mando con inteligencia artificial, etc. Pero las dificultades de estos programas han sido principalmente técnicas y operativas, no de adquisiciones. Las distancias, el clima y el entorno marítimo del Indo-Pacífico no pueden resolverse con cambios burocráticos.

Y aunque el Ejército lograra superar las barreras técnicas y políticas, aún le faltaría un marco conceptual claro. No basta con equipar unidades con drones si no se sabe cómo usarlos en un entorno dominado por el agua y por amenazas aéreas constantes. Sin un plan operativo creíble, todos estos sistemas quedarán infrautilizados.

El rediseño propuesto tiene un costo estimado de 36.000 millones de dólares. En vez de invertir esa cantidad para intentar redefinir su papel en Asia, el Ejército debería reforzar sus funciones tradicionales: proteger a las fuerzas aliadas con defensa antiaérea y antimisil, garantizar el mando y control, y sostener la logística del conjunto de fuerzas estadounidenses.

En este sentido, el documento de Hegseth tiene un punto a favor: incluye inversiones en defensa aérea. No obstante, hay un riesgo real de que esta prioridad sea desplazada por programas más llamativos, como los misiles de largo alcance y las plataformas no tripuladas, que han sido objeto de deseo de los altos mandos durante años, o iniciativas vistosas como una “Cúpula Dorada” de defensa tipo israelí adaptada a EE. UU.

Aceptar que el Ejército no puede ocupar un rol protagonista en Asia podría suponer recortes presupuestarios y una menor estructura de fuerza. Pero también permitiría liberar recursos para otras misiones y mejorar la calidad del apoyo que ofrece a las fuerzas conjuntas. La especialización, aunque limitada en alcance, puede incrementar su impacto.

Tras dos décadas en las que fue el actor principal en operaciones de contrainsurgencia, al Ejército puede no agradarle la idea de jugar un papel secundario. Pero insistir en encontrar un nuevo protagonismo en Asia es una estrategia estéril. El camino más sensato pasa por asumir sus límites y fortalecer aquello que históricamente ha sabido hacer bien.

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El PP lanza una ayuda fiscal millonaria sin abordar el sobrecoste real ni exigir una bajada de precios a la industria de alimentos sin gluten
The post Feijóo propone un cheque de 600 euros para celíacos sin atajar el problema del encarecimiento de la cesta de la compra first appeared on Hércules.  El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este martes una proposición de ley para apoyar a las personas celíacas con una deducción fiscal de hasta 600 euros anuales por afectado, dentro de un paquete con una memoria económica de 500 millones de euros al año. La propuesta se ha registrado ya en el Congreso y contempla también la posibilidad de solicitar el abono anticipado de la deducción, incluso si el contribuyente no tiene impuestos que pagar.

Feijóo ha presentado la medida como “ambiciosa”, recordando que la enfermedad afecta a alrededor de medio millón de personas en España, una cifra equivalente, según él, “a toda la población de Málaga”. Sin embargo, y pese al elevado coste presupuestario, la propuesta no ataca el verdadero problema: los precios desorbitados de los productos sin gluten que hacen que los celíacos tengan que gastar más de 1.000 euros adicionales al año en su cesta de la compra.

Los celíacos están hartos: la factura sin gluten se dispara

Según el informes de la Federación de Asociaciones de Celíacos de España (FACE), los afectados por esta enfermedad pagan una media de 1.087,72 euros más al año por comer sin gluten. El sobrecoste, que no se alcanzaba desde hace más de una década, se ha disparado tras analizar el precio de 21 productos en cinco cadenas de hipermercados.

Los productos navideños, las galletas tipo barquillo, las barritas de cereales o el pan tostado sin gluten presentan diferencias abismales frente a sus equivalentes convencionales. Por ejemplo, unas barritas con gluten pueden costar 1,86 euros, mientras que su versión sin gluten ronda los 4 euros. Esta desproporción se repite en supermercados, panaderías, restaurantes y bares, donde incluso se cobra aparte el pan sin gluten en menús cerrados.

Desde la FACE denuncian que llevan años reclamando ayudas estructurales al Estado sin éxito. Solo algunos funcionarios públicos adscritos a mutualidades como MUFACE o ISFAS reciben actualmente una asignación económica por su condición, mientras que el resto de la población celíaca queda excluida.

Un registro que puede complicar el acceso

El PP también propone crear el Registro Estatal de Pacientes con Enfermedad Celíaca, bajo el Ministerio de Sanidad, con el fin de recopilar información epidemiológica y controlar el acceso a las ayudas. Aunque la medida podría mejorar la planificación sanitaria, también puede abrir la puerta a trabas burocráticas que limiten el acceso de los más vulnerables, especialmente si no se garantiza un sistema de inscripción sencillo y universal.

Pese a que el PP asegura estar “liderando” iniciativas en el Parlamento Europeo para abaratar los productos sin gluten, no hay ninguna propuesta concreta que plantee regulaciones o controles de precios. La nueva deducción fiscal, aunque bienvenida por algunos afectados, termina subsidiando de forma indirecta a la industria alimentaria que mantiene márgenes escandalosos.

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Putin reemplaza al general Salyukov por Andréi Mordvichev buscando resultados militares rápidos tras enormes pérdidas en Ucrania. El ascenso de Mordvichev refleja la desesperación del Kremlin por obtener victorias que justifiquen una negociación favorable
The post ¿Quién es Andréi Mordvichev, el nuevo comandante en jefe de las fuerzas terrestres de Rusia? first appeared on Hércules.  El pasado 15 de mayo, el presidente ruso Vladimir Putin cesó al general Oleg Salyukov como comandante de las fuerzas terrestres, un cargo clave que ocupaba desde hace años. Salyukov, de 69 años, también actúa como número dos del jefe del Estado Mayor, Valery Gerasimov, y su salida ocurre en un momento de fuerte presión militar para Moscú. Mientras los rumores giraban en torno a un posible viaje de Putin a Estambul para debatir un alto el fuego con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky, el Kremlin optó por una señal de reajuste interno.

Este tipo de movimientos en la cúpula militar no se hacen al margen de lo que sucede en el frente. La destitución coincide con un periodo de fuertes pérdidas humanas para Rusia en el conflicto. Solo en los primeros meses de 2024, Moscú ha registrado aproximadamente 45.000 bajas, más que en todo 2022 o 2023, según datos recopilados por la BBC. Sin avances significativos sobre el terreno, el costo humano ha comenzado a erosionar la narrativa de progreso que intenta sostener el gobierno.

Salyukov, que ha encabezado las conmemoraciones del Día de la Victoria durante más de una década, estuvo a cargo del desfile de este mes en honor al 80 aniversario de la derrota del nazismo. Ese acto puede haber sido su última aparición pública relevante antes de ser reubicado. Ahora ocupará un puesto en el Consejo de Seguridad de Rusia, como secretario adjunto bajo las órdenes de Sergei Shoigu, el exministro de Defensa. Aunque el cambio podría justificarse por su edad ,al borde del límite legal de 70 años para generales en Rusia, es evidente que el pobre desempeño militar influye en la decisión.

El centro de atención se desplaza ahora a su reemplazo: el general Andréi Mordvichev, de 49 años. Mordvichev dirigió el asedio de Mariúpol en 2022 y ha estado al mando de las fuerzas en el Distrito Militar Central, así como del Grupo de Fuerzas del Centro, responsables de la ofensiva en torno a Pokrovsk. Su trayectoria reciente incluye la captura de Avdivka, por lo que recibió la distinción de Héroe de Rusia. Según el analista John Hardy, de la Fundación para la Defensa de las Democracias, el Kremlin espera que Mordvichev traduzca esa experiencia en una victoria que cambie el equilibrio negociador.

Esa necesidad es cada vez más urgente. Con Donald Trump presionando por negociaciones de paz desde EE. UU., Moscú necesita demostrar control territorial tangible antes de sentarse a la mesa. Incluso el escéptico vicepresidente estadounidense JD Vance ha reconocido que las exigencias rusas son excesivas para lo que han logrado en los últimos años.

Pero lo cierto es que, como señala Michael Kimmage desde el Wilson Center en Foreign Policy, la maquinaria bélica rusa no está consiguiendo resultados estratégicos duraderos. A finales de 2025, se estima que Rusia habrá sufrido más de un millón de bajas sin haber mejorado su posición respecto a 2022, cuando controlaba aproximadamente un 30 % del territorio ucraniano. Hoy, esa cifra ronda el 20 %, pese a meses de ofensivas sangrientas.

Avdivka cayó tras siete meses de asedio y en un momento en que la ayuda estadounidense a Ucrania estaba bloqueada por el Congreso. En cambio, la ofensiva sobre Pokrovsk, iniciada en julio de 2024, ya acumula diez meses de lentos avances y se enfrenta a una Ucrania más preparada, especialmente en drones y defensa móvil.

El Instituto para el Estudio de la Guerra cita a analistas rusos que ven el ascenso de Mordvichev como un espaldarazo de Putin a su estilo ofensivo: ataques de infantería masivos con altos niveles de desgaste. El Kremlin parece convencido de que su capacidad industrial y su control del discurso público pueden sostener una guerra prolongada, siempre que haya avances simbólicos que vender.

Mordvichev enfrenta, sin embargo, un reto colosal. No solo debe revertir el estancamiento operativo, sino también demostrar que su enfoque puede generar resultados estratégicos sostenibles. En el horizonte aparece incluso una posible sucesión: hay rumores de que Putin lo considera como eventual reemplazo de Gerasimov. Si logra mostrar resultados donde otros han fallado, podría convertirse en el nuevo rostro de la cúpula militar rusa.

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La relación con el anterior pontífice se deterioró debido a la guerra de Gaza, aunque el nuevo Papa también ha mostrado su preocupación
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^{Imagen: el presidente de Israel, Isaac Herzog y el Papa León XIV I EP}

La relación entre Israel y el Papa Francisco se vio profundamente afectada por la guerra en Gaza, especialmente a raíz de las constantes críticas del pontífice hacia la ofensiva militar israelí y su insistente llamado a la paz y la protección de los civiles. Durante los meses más intensos del conflicto, Francisco denunció públicamente tanto los ataques de Hamás como la respuesta militar de Israel, condenando la violencia de todas las partes y subrayando que “la guerra es una derrota para todos” y que la muerte de civiles es inaceptable.

Petición del cese de la ofensiva

El Papa Francisco fue especialmente contundente al pedir el cese inmediato de la ofensiva israelí en Gaza y la apertura de investigaciones para determinar si los ataques constituían genocidio, declaraciones que generaron un profundo malestar en el gobierno israelí. Además, denunció la “crueldad” de los bombardeos sobre escuelas y hospitales en Gaza, y lamentó la muerte de niños y civiles, lo que acentuó el distanciamiento diplomático entre el Vaticano e Israel5. Este clima de tensión se reflejó en la escasa representación oficial israelí en el funeral del Papa, una señal clara del enfriamiento de las relaciones bilaterales.

A pesar de las diferencias, el Papa mantuvo un equilibrio en su discurso, reuniéndose tanto con familiares de rehenes israelíes como con palestinos afectados por el conflicto, y reiterando en cada ocasión la necesidad de liberar a los cautivos y permitir la llegada de ayuda humanitaria a Gaza. El Vaticano, bajo su liderazgo, continuó defendiendo la solución de dos Estados y un estatuto especial para Jerusalén, abogando por el diálogo y la convivencia pacífica entre israelíes y palestinos.

Intereses de Israel en mantener una buena relación con el Papa León XIV

Con la llegada del Papa León XIV, Israel enfrenta el reto de reconstruir una relación con la Santa Sede en un contexto internacional donde la opinión del Vaticano sigue teniendo un peso moral y diplomático considerable. Mantener una buena relación con el nuevo pontífice es clave para Israel por varias razones estratégicas:

• Influencia internacional: el Papa es una de las voces más escuchadas en cuestiones humanitarias y de paz. Una relación constructiva puede ayudar a Israel a mejorar su imagen internacional y a contrarrestar críticas en foros multilaterales.
• Protección de las comunidades cristianas: Israel alberga lugares sagrados para el cristianismo y una presencia cristiana relevante. La cooperación con el Vaticano es fundamental para garantizar la seguridad y la convivencia de estas comunidades en un entorno de creciente tensión.
• Diálogo interreligioso: el diálogo judío-católico es un pilar para la estabilidad religiosa y social en la región. Mantener canales abiertos con el Papa León XIV puede facilitar iniciativas de reconciliación y entendimiento, especialmente tras los desencuentros recientes.
• Gestión de crisis humanitarias: el Vaticano es un actor clave en la asistencia a las poblaciones afectadas por el conflicto. Una buena relación puede favorecer la llegada de ayuda internacional y la mediación en situaciones de emergencia.

En definitiva, tras un periodo de distanciamiento con Francisco, Israel tiene interés en tender puentes con el Papa León XIV, buscando una relación que permita el diálogo, la cooperación y la defensa de intereses comunes en una región marcada por la inestabilidad y la necesidad de paz.

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España acumula más de 1.700 millones en indemnizaciones por impagos a inversores extranjeros del sector verde, y los embargos ya son una realidad
The post 27 condenas internacionales por impagos a inversores extranjeros de renovables acorralan al Gobierno de Sánchez first appeared on Hércules.  El Gobierno de Pedro Sánchez enfrenta una crisis internacional por los impagos derivados del recorte retroactivo a las primas renovables, aplicado entre 2010 y 2013 bajo los mandatos de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. Tribunales internacionales ya han condenado a España en 27 ocasiones, exigiendo el pago de 1.516 millones de euros en indemnizaciones más 186 millones en intereses de demora, una cifra que supera los 1.700 millones y que sigue creciendo.

Los laudos arbitrales, dictados por organismos como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial o cortes especializadas de La Haya, han respondido favorablemente a demandas presentadas por multinacionales europeas, estadounidenses y japonesas, afectadas por el abrupto giro en la política de renovables.

Empresas de todo el mundo, de Antin a Itochu

Entre los casos más significativos figura el del gigante estadounidense NextEra Energy, que logró una compensación de 290,6 millones de euros, el laudo más elevado hasta la fecha, por su apuesta por proyectos verdes en suelo español. También destaca la alemana E.ON, indemnizada con 253,8 millones, o la francesa Antin, que recibió 101 millones. Las indemnizaciones no se limitan a Occidente: las japonesas Mitsui, JGC, Itochu y Eurus también han salido victoriosas, sumando en conjunto más de 160 millones.

En total, las 27 condenas afectan a empresas como EDF, RWE, BayWa, RREEF, Infracapital o STEAG, todas ellas grandes nombres del sector energético internacional. También han sido compensados grupos inversores más modestos como 9REN, PV Investors, Beheer o SunFlower, algunos de ellos vinculados a proyectos fotovoltaicos en zonas rurales españolas como Extremadura o Castilla-La Mancha.

Sánchez ignora las sentencias y los embargos se acumulan

A pesar de las resoluciones judiciales, el Gobierno de Pedro Sánchez ha evitado el pago sistemático de las indemnizaciones, lo que ha motivado a las empresas afectadas a acudir a tribunales de terceros países para hacer cumplir los laudos. Como resultado, ya se han autorizado embargos de activos y bienes del Reino de España en diversas jurisdicciones extranjeras.

El instrumento utilizado para presentar estas demandas ha sido el Tratado sobre la Carta de la Energía, un acuerdo internacional que protege las inversiones extranjeras en el sector energético. Aunque el Ejecutivo ha intentado deslegitimar el tratado y presionar a Bruselas para invalidar su aplicación, los tribunales internacionales han fallado repetidamente en su contra.

Al montante acumulado de 1.702 millones entre principal e intereses, deben sumarse los costes legales, gastos administrativos, condenas en costas y los procesos aún en marcha, lo que eleva la factura total por encima de los 1.855 millones de euros. Un agujero financiero provocado por la inseguridad jurídica que genera la política energética española y que amenaza con deteriorar aún más la reputación del país como destino de inversión.

Las empresas afectadas también critican la pasividad de la ministra Teresa Ribera, a la que acusan de haber tardado semanas en apartarse de los casos pese a su evidente conflicto de interés. Mientras tanto, nuevas demandas se preparan, lo que augura más condenas para España si no se resuelve de inmediato la deuda con los inversores.

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Una predica contra los lobbies desde un diario tras haber trabajado en el Gobierno del PSOE y la otra aterriza en el corazón del capitalismo tras estar en Adif
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Isabel Pardo de Vera // Gabriel Luengas – Europa Press

El juez de la Audiencia Nacional ha imputado a la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, por presunta malversación y tráfico de influencias en la contratación de Jésica Rodríguez, vinculada al exministro Ábalos. Por ello se ha puesto en el foco a la familia Pardo de Vera, ya que ambas hermanas han estado en posiciones de responsabilidad durante los gobiernos del PSOE.

La fulgurante reconversión de Isabel

Isabel Pardo de Vera, ingeniera gallega y ex número dos del Ministerio de Transportes, ha encontrado acomodo en el sector privado por la puerta grande. La multinacional ACS, propiedad de Florentino Pérez, ha fichado a la exalto cargo socialista para que asesore directamente al presidente y al consejero delegado de la constructora. El precio de la operación: 400.000 euros anuales.

El salto no es inocente. Entre 2021 y 2023, la cartera de Transportes que Isabel ayudaba a gestionar adjudicó contratos millonarios a ACS, incluyendo 68 millones para el mantenimiento de la AP-66 y 38 millones para reconstrucciones en La Palma. No sorprende, entonces, que Pérez y su equipo valoren su experiencia… y sus contactos.

Antes de este nuevo destino, Pardo de Vera ya intentó entrar en otra organización con fuerte carga simbólica: la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval), dominada por fondos como Blackstone. Una ironía, dado que Asval representa justo ese modelo especulativo con la vivienda que la izquierda suele criticar. De hecho, su nombramiento estaba pendiente de la Oficina de Conflictos de Interés, por el evidente trasvase entre lo público y lo privado.

La ironía no acaba ahí. Isabel Pardo de Vera, mientras negociaba sus nuevas ocupaciones privadas, cobraba una indemnización pública de al menos 7.306 euros, tras ser cesada como secretaria de Estado.

Además, su gestión pública no estuvo exenta de errores: tuvo que dimitir tras el escándalo de los trenes mal diseñados para túneles del norte y declaró como testigo en el Tribunal Supremo por la compra de mascarillas a través de Adif durante la pandemia. Pese a ello, el sector privado la recibe con los brazos abiertos.

Ana y su puerta giratoria: del Ministerio de Bono a la redacción de Público

El caso se vuelve aún más espinoso si se recuerda quién es su hermana: Ana Pardo de Vera, periodista y directora corporativa del diario Público. Conocida por sus férreas críticas al “neoliberalismo” y a los “lobbies del PP”, en 2015 arremetía contra el hijo de José María Aznar por su supuesta vinculación con fondos buitre. Ahora, ante el fichaje de su hermana por la patronal de esos mismos fondos, guarda un silencio atronador.

Pero Ana Pardo de Vera no es ajena al fenómeno que ahora silencia. Antes de convertirse en rostro visible del periodismo progresista en Público, ocupó cargos en distintos gobiernos socialistas. Fue asesora en el Ministerio de Defensa durante la etapa de José Bono y más tarde formó parte del equipo del secretario de Estado de Turismo, Joan Mesquida, durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero.

Ese paso por la administración pública le abrió las puertas de Público, medio con una línea editorial claramente alineada con el PSOE y Unidas Podemos. Su salto del aparato político al altavoz mediático no fue casual: fue nombrada directora del diario digital, y más tarde asumió la dirección corporativa y de relaciones institucionales, cargo que mantiene. Una puerta giratoria más, aunque envuelta en discursos éticos y consignas morales.

Una familia bien conectada

El ascenso de las Pardo de Vera no es nuevo. Su padre, Gerardo, fue alcalde por Alianza Popular en Galicia en 1979 y, más tarde, periodista en diversos medios regionales. Ana, por su parte, no es ajena a las instituciones: ha alternado con naturalidad cargos públicos y mediáticos, convirtiéndose en una referencia de la izquierda mediática mientras aprovechaba su paso por los despachos socialistas.

Es el retrato de una familia con amplia red en el poder político, mediático y económico. Y que, pese a su aparente compromiso con lo público, no duda en abrazar los privilegios del sector privado cuando se presenta la oportunidad.

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