Begoña Gómez recurre contra el juez Peinado, acusándolo de ignorar órdenes judiciales. La tensión entre el Gobierno y la justicia sigue en aumento
The post Los ataques al juez Peinado: la estrategia del Gobierno para desviar la atención first appeared on Hércules. La independencia judicial es uno de los pilares fundamentales del Estado de derecho. Sin embargo, en los últimos meses, el juez Juan Carlos Peinado ha sido objeto de una intensa campaña de deslegitimación por parte de varios miembros del Gobierno y otros dirigentes de izquierda. La razón: su papel como instructor en la investigación sobre presuntas irregularidades vinculadas a Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez.
El Ejecutivo y sus allegados han lanzado una serie de ataques contra el magistrado, acusándolo de prevaricación y de llevar a cabo una instrucción prospectiva, algo prohibido en el ordenamiento jurídico español. El propio presidente Sánchez ha cuestionado la investigación, calificándola de “acoso judicial” y vinculándola con sectores de la ultraderecha. Además, la Abogacía del Estado ha respaldado esta postura al interponer una querella contra el juez, aunque el Tribunal Superior de Justicia de Madrid la rechazó por “especulativa”.
Begoña Gómez recurre para apartar al juez Peinado
Begoña Gómez ha presentado un recurso contra la decisión del juez Juan Carlos Peinado de seguir adelante en la investigación sobre el rescate de Air Europa y la colaboración de Globalia en su carrera profesional. En su escrito, acusa al magistrado de “saltarse de forma reiterada” las resoluciones de la Audiencia Provincial y exige su retirada del caso.
El recurso, firmado por el abogado y exministro socialista José Antonio Camacho, argumenta que Peinado está desoyendo órdenes superiores y sugiere que su comportamiento podría constituir prevaricación. En respuesta, el juez ha defendido que la Audiencia Provincial dejó abierta la posibilidad de investigar si surgían nuevos indicios de delito, los cuales podrían estar contenidos en el informe que aún debe entregar la Guardia Civil.
Este enfrentamiento jurídico subraya la profunda división entre la defensa de Gómez y la actuación del magistrado. Mientras su abogado insiste en que la investigación carece de fundamento y vulnera el procedimiento penal, el juez sostiene que archivar el caso sin revisar todos los indicios podría interpretarse como una dejación de funciones.
El papel de los medios y la respuesta del Ejecutivo
La reciente filtración de audios de un interrogatorio judicial ha sido utilizada como argumento por el ministro de Transformación Digital, Óscar Puente, para acusar a Peinado de “mentir en sede judicial” con el fin de imputar a un testigo. Otros dirigentes, como la ministra portavoz Pilar Alegría y el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska, han reiterado que la investigación carece de fundamento y han denunciado que se está “retorciendo la ley” para perjudicar a la esposa del presidente.
Este tipo de declaraciones han generado un intenso debate sobre la separación de poderes en España. Mientras que el Gobierno defiende su postura alegando que el proceso es injusto y motivado políticamente, sectores críticos argumentan que los ataques al juez Peinado buscan desviar la atención de otros escándalos que afectan a figuras del propio Ejecutivo y del PSOE.
Estrategia política de deslegitimación
Uno de los casos más recientes que han salpicado al Gobierno involucra a Víctor de Aldama, un empresario que ha declarado haber entregado dinero a altos dirigentes socialistas, incluidos el exministro José Luis Ábalos y el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. La reacción del partido ha sido tajante: han anunciado acciones legales contra Aldama, calificando sus acusaciones de “difamaciones”. No obstante, la coincidencia temporal entre estos señalamientos y los ataques al juez Peinado ha suscitado sospechas sobre la posibilidad de que el Ejecutivo esté intentando desviar la atención pública.
El diputado de Esquerra Republicana de Catalunya, Gabriel Rufián, también ha intervenido en el debate, criticando al magistrado y acusándolo de hacer “el ridículo” al solicitar el certificado de matrimonio de Begoña Gómez.
El desarrollo de este conflicto podría tener repercusiones tanto en la esfera judicial como en la política. Si bien la justicia ha desestimado en varias ocasiones los intentos de apartar a Peinado de la causa, el clima de confrontación podría afectar la percepción pública sobre la independencia del poder judicial. Además, el hecho de que la Audiencia Provincial de Madrid tenga previsto decidir si permite que el juez continúe con la investigación a Gómez podría marcar un punto de inflexión en el caso.
Por otro lado, la insistencia del Gobierno en atacar al magistrado podría interpretarse como una estrategia para blindarse frente a futuras investigaciones. La utilización de recursos institucionales, como la Abogacía del Estado, para defender a la esposa del presidente también ha generado dudas sobre el uso de los medios públicos para proteger intereses particulares.
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