Crónica Diaria

La líder de los socialistas valencianos ha explicado por qué han descartado presentar una moción de censura: “No cuenta con apoyos suficientes y solo generaría frustración”
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Foto: PSPV

La secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia Diana Morant ha pedido este miércoles celebrar elecciones anticipadas en la Comunitat Valenciana para cambiar el actual Gobierno de la Generalitat, en manos del PP y presidido por Carlos Mazón, cuestionado por su gestión de la dana. Sin embargo, ha descartado presentar una moción de censura contra el popular porque desde su grupo prefieren “centrarse en lo útil y en lo práctico para los valencianos”. La convocatoria electoral es, no obstante, una atribución exclusiva del presidente valenciano.

“Hay un clamor social que recorre toda la Comunidad Valenciana y es que este gobierno no puede durar ni un segundo más. Queremos urnas no relatos. Queremos votar, estamos ante una situación excepcional: Mazón enrocado, su exconsejera [Salomé Pradas], investigada, y todo el PP valenciano y [Alberto Núñez] Feijóo, callados. Este gobierno ha perdido toda legitimidad”, ha sentenciado Morant al inicio de la reunión de la ejecutiva de los socialistas.

A su vez, ha explicado por qué los socialistas valencianos han descartado presentar una moción de censura: “Tenemos que centrarnos en lo útil. Presentar una moción que no cuenta con apoyos suficientes solo generaría frustración. Y la Comunidad Valenciana necesita todo, menos pérdida de tiempo. Hoy en día no salen los números en las Cortes pero sí salen en las calles”. 

Aunque saliera adelante una moción de censura, Morant no podría presentarse como candidata porque no es diputada autonómica, como exige el Estatut d’Autonomia. En todo caso, los números no dan: los 31 diputados del PSPV más los 15 de Compromís, que lleva meses reclamando esta medida, suman 46 votos, frente a los 53 que suman PP (40) y Vox (13), partido que dijo que no la apoyará. Se despejan así las dudas sobre aquello que el PSPV puso sobre la mesa el pasado 28 de febrero, cuando Morant amenazó al PP con “mover ficha” si Feijóo no destituía a Mazón.

Las explicaciones de Mazón son “inaceptables”

La ministra ha insistido en que las explicaciones de Mazón sobre su gestión de la dana son “inaceptables”. “Mazón sigue ahí porque otros lo han dejado quedarse. Vox, PP y Feijóo no quieren mover ficha para echar a Mazón. Intentan ganar tiempo pero el tiempo no es suyo, pertenece al pueblo valenciano, que no puede perder más tiempo y quiere tomar una decisión”, ha subrayado la dirigente socialista.

Asimismo, ha cargado contra el actual líder del Consell por no tener “ni honorabilidad ni dignidad” y también contra el PP valenciano por estar “más preocupado en su reconstrucción política que en la de la Comunidad Valenciana”. La ministra ha insistido en que se necesitan “urnas, no relatos” y la justicia resolverá si hubo o no responsabilidades penales por la gestión tardía del Gobierno valenciano. 

Como objetivos, Morant ha llamado a “recuperar la autoestima como pueblo, construir un futuro digno, recuperar la memoria de los que ya no están y que el Palau de la Generalitat no sea el escondite de Carlos Mazón”: “Que la ciudadanía sienta que existe una alternativa. Queremos votar porque queremos futuro”.

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El paro real ha vuelto a superar los cuatro millones de personas impulsado por 859.000 fijos discontinuos que realmente están sin trabajo
The post El desempleo supera los cuatro millones de personas  first appeared on Hércules.  El paro real en España vuelve a superar los cuatro millones de personas, lo cual está impulsado por 859.000 de fijos descontinuos que se encuentran sin trabajo. España es uno de los países de la Unión Europea con mayor tasa de paro registrada y que no se reflejan en las estadísticas que da el Ministerio de Trabajo.

El motivo de este descontrol de cifras entre los datos ofrecidos por la UE y el Gobierno es el movimiento de personas de una casilla estadística a otra para sacarlos del dato oficial de cifra de parados sin generar realmente volumen de trabajo. El resultado: el paro real ha vuelto a superar los cuatro millones de personas impulsado por 859.000 fijos discontinuos que realmente están sin trabajo.

Se trata del último análisis de los datos de parto efectuado por el departamento de estudios del sindicato USO, una formación que lleva advirtiendo del trilerismo estadístico desde hace ya unos cuantos años, según LibreMercado.

El volumen de personas registradas con un contrato fijo discontinuo que, realmente, están inactivos y mano sobre mano porque ese mes no tienen trabajo. Ese volumen de personas se encuentra ya en 859.000 parados reales que, pese a ello, figuran en la estadística y el dato oficial como empleados, según LibreMercado.

Esta cifra no ha dejado de aumentar desde que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha llevado a cabo esta reforma laboral, la cual derivará a miles de contratos temporales de baja frecuencia a tener que adoptar esta modalidad: una fórmula que generar una apariencia de estar contratado pese a que durante meses completos se permanece en inactividad.

El ministerio de Trabajo esconde los datos reales del paro en España

El paro oficial del ministerio cerrado en el mes de febrero es de 2.593.449 personas. Pero para conocer el paro real hay que sumar todos los conceptos que no se integran dentro de la estadística oficial.

Es decir, hay que sumar 72.549 personas con “disposición limitada”, que la estadística oficial expulsa; otros 200.532 “no ocupados (en formación)/TEASS”, que tampoco tienen cabida en el dato del que alardea el Gobierno de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz; y los 859.000 citados, “registrados con relación laboral inactiva (fijos discontinuos y ertes)”, según señala LibreMercado.

En resumen, nada menos que 4.025.530 parados reales. O, dicho de otra manera, que la cifra oficial de paro se vendió como un ligero descenso del “paro registrado” pero que realmente enmascaraba un total de parados existentes en acenso. La verdad es que esa tendencia de fondo se está notando desde hace tiempo en España y eso que la economía mundial ha vivido unos últimos trimestres de supuesta bonanza económica.

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El consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, ha clausurado el día de ayer la VII Jornada Anual de Educación
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El consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, ha clausurado el día de ayer la VII Jornada Anual de Educación de la Confederación de Centros de Enseñanza CECE Madrid, que este año se ha desarrollado con el lema Educar, cuestión de confianza. Este encuentro invita a reflexionar sobre los retos a los que se enfrenta el ámbito de la enseñanza y pretende fortalecer el vínculo entre docentes, equipos directivos, padres y estudiantes. 

Durante el evento, Viciana ha destacado que la Comunidad de Madrid apuesta por seguir consolidando un modelo educativo libre, plural y de calidad, “basado en la firme defensa de la libertad de elección de los alumnos y sus familias, de los saberes básicos, de la autoridad y la figura del profesor y, por supuesto, del esfuerzo”. Con este fin, desde el Gobierno regional se trabaja en un sistema en el que conviven la educación pública, la concertada y la privada, que defiende la Educación especial y la de excelencia, junto actuaciones como las que se desarrollan en los centros prioritarios para alumnos con necesidades específicas. 

Compromiso con la innovación y la mejora educativa 

En el marco de la jornada, también se han abordado desafíos como la innovación en los métodos de enseñanza, el papel de la digitalización en el aula y la importancia de fortalecer el vínculo de confianza entre la comunidad educativa. 

Desde la Comunidad de Madrid, se continúa trabajando en proyectos y actuaciones concretas para mejorar la calidad educativa para garantizar un sistema que valore el mérito y preparación y el esfuerzo, consolidando así una educación de referencia tanto a nivel nacional como internacional. 

Jornadas anuales de educación del CECE

CECE Madrid busca ofrecer un espacio donde profesionales del sector puedan compartir experiencias, debatir sobre los desafíos actuales y proponer soluciones innovadoras. 

El evento contó con la participación de reconocidos expertos en educación y sociedad, que compartieron sus conocimientos y perspectivas en distintas sesiones. La conferencia inaugural titulada Educar desde y para la confianza fue impartida por el psicólogo Javier Urra. Posteriormente, se celebró un diálogo titulado Educar, cuestión de confianza, en el que participaron figuras destacadas del ámbito periodístico y sociológico como Ana Iris Simón, Ana Pastor y Narciso Michavila.

Finalmente, se realizó la entrega de los Reconocimientos CECE-Madrid, que pretende impulsar la presencia de los valores sociales en la educación. Dichos reconocimientos premian la labor de cinco centros educativos de la Comunidad de Madrid, por su compromiso con la educación en valores. Además, se concedieron dos reconocimientos especiales a figuras y entidades que han contribuido significativamente a la mejora de la educación y la sociedad. Este año, los galardonados fueron Carmen Pellicer, presidenta de la Fundación Trilema, y el Teatro Real. 

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El número de rescates ha ido aumentando cada año: 79 en 2019; 202 en 2020; 258 en 2021; 288 en 2022; 424 en 2023; y en lo que va de 2024, 77
The post La Asociación de Salvamento Marítimo se querella contra Vox Borriana por llamarles “barco de negreros“ first appeared on Hércules.  La Asociación de Salvamento Marítimo (SMH), operadora del barco de rescate marítimo Aita Mari, ha presentado una querella contra VOX Borriana y contra el concejal y diputado de este partido en las Corts Valencianes, Jesús Albiol, por los delitos de calumnias e injurias. Según ha explicado dicha asociación, el edil acusó a la ONG de ser “barco de negreros” y “cooperador necesario de las mafias de tráfico de personas”.

El Aita Mari es un pesquero que fue reconvertido en navío de rescate para personas refugiadas que se lanzan al mar Mediterráneo huyendo de las guerras, el hambre y la miseria. Durante la pasada legislatura estas embarcaciones humanitarias encontraron en los puertos de Burriana y Vinaròs, de la Generalitat Valenciana, un refugio para descansar de sus misiones y realizar labores de mantenimiento. El Gobierno valenciano aplicó una exención de tasas portuarias para las ONG, ha explicado SMH.

Sin embargo, el actual Consell decidió “acatar una imposición de VOX que reclama las tasas portuarias de los últimos 4 años, que ascienden a 63.000 euros, lo que, en la práctica, puede suponer la expulsión de la flota de salvamento humanitario de los puertos de la Comunitat”.

Contra esta decisión se produjo una movilización ciudadana y una concentración a la puerta del Palau de la Generalitat el día 6 de septiembre de 2024, exigiendo el cumplimiento de la ley. La concentración estaba presidida por una pancarta de la entidad SMH que decía ‘No a l’obstrucció de les ONG’s: RESCATES SIN TASAS’.

SMH ha explicado que, en el contexto de estas protestas, el diputado de VOX Jesús Albiol “lanzó las mencionadas acusaciones en varios foros públicos y su partido lo replicó en las redes sociales”. Es por ello por lo que la ONG y el capitán del Aita Mari han decidido presentar esta querella ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) y reclamar inicialmente 27.794,75 euros por los daños morales y los perjuicios sufridos.

La vicepresidenta de la ONG, Amaia Iguaran ha advertido de que los partidos de “extrema derecha buscan obstaculizar la ayuda humanitaria”. “Emplean una retórica xenófoba alimentando el miedo de la gente hacia la inmigración cuando lo que vemos, cada vez que salimos al mar, son personas asustadas que huyen del hambre o de las bombas en busca de un futuro mejor”, ha apuntado.

“Por qué arriesgar la vida es una pregunta que quienes vivimos en la comodidad de Occidente no nos podemos ni imaginar, por muy mal que nos vaya”, ha reflexionado Iguaran.

Frente a las “acusaciones” de la derecha, la vicepresidenta de SMH ha respondido que la labor en la defensa de los derechos humanos y el salvamento de vidas en el mar ha sido declarada de interés público y ha recibido prestigiosos galardones tanto de la sociedad civil como de las instituciones.

Desde que el Aita Mari comenzó a operar en el Mar Mediterráneo en 2019 ha logrado rescatar con vida a 1.328 personas. El número de rescates ha ido aumentando cada año: 79 en 2019; 202 en 2020; 258 en 2021; 288 en 2022; 424 en 2023; y en lo que va de 2024, 77. “Una tragedia humanitaria que no se puede detener con políticas antiinmigración porque de lo que huyen es peor que la perspectiva de morir ahogados”, ha lamentado Iguaran.

Desde que el Aita Mari comenzó a operar en el Mar Mediterráneo en 2019 ha logrado rescatar con vida a 1.328 personas

La responsable de la entidad humanitaria ha explicado también que “a pesar de las exhaustivas investigaciones a las que son sometidos los barcos de rescate tras cada operación, nunca se ha condenado a ninguna embarcación por su labor humanitaria”.

Es más, ha remarcado, la justicia italiana ha anulado la detención administrativa del Geo Barents (MSF), “enviando un mensaje tan claro como que solidaridad y el rescate en el mar son derechos fundamentales” y “dejando en evidencia los intentos de criminalizar la ayuda a personas rescatadas en el mar”.

La asistencia en alta mar a embarcaciones en peligro es una obligación legal de los Estados y negar el auxilio en alta mar o dificultarlo mediante el abuso de medidas administrativas “es un acto inhumano que tiene consecuencias legales ante las que tarde o temprano hay que responder”, ha añadido.

Por otro lado, Iguaran ha destacado que, en la decisión de presentar esta demanda de conciliación previa a la querella, decidieron buscar la asistencia de la persona que promovió la exención de las tasas en los puertos de la Generalitat.

“Decidimos acudir a Mónica Oltra para que nos asistiera como letrada en este caso, ya que además fue ella, como vicepresidenta de la Generalitat, quien propuso en el Gobierno valenciano que los barcos de ayuda humanitaria pudiéramos tener un refugio en los puertos de Burriana y Vinaroz gracias a la exención de las tasas”, ha concluido Iguaran.

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El Ejecutivo de Díaz Ayuso continúa expandiendo la oferta educativa de la Comunidad con 3.000 nuevas plazas para tres institutos públicos de Madrid
The post Madrid construirá tres nuevos centros educativos first appeared on Hércules.  A finales de este año comenzarán las obras que habilitarán la construcción de tres nuevos institutos públicos en los barrios del Ensanche de Vallecas, El Cañaveral y Valdebebas de la capital. En total, se prevén 40 millones de euros para la construcción de los tres centros.

Ampliar la oferta educativa

El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy la licitación de estas tres infraestructuras educativas que supondrán la creación de 3.000 nuevas plazas educativas públicas, de las que 2.160 serán para Educación Secundaria Obligatoria -ESO- y 840 para alumnos de Bachillerato.

Según la Comunidad la oferta educativa de estos barrios debe expandirse al igual que los propios barrios. En total, se construirán un centenar de aulas, de ellas 72 de ESO, 24 de Bachillerato y 15 específicas para distintas materias. Todos tendrán en sus equipamientos una biblioteca, gimnasio y pistas deportivas.

Institutos públicos

El Instituto del Ensache de Vallecas se ubicará de forma próxima a la calle Escuela de Vallecas. Cuenta con 14 de los 40 millones totales que están dispuestos. Allí se construirán 24 aulas de ESO y ocho de Bachillerato. Estará equipado con cinco aulas específicas de informática, tecnología, laboratorios, dibujo y plástica e imagen y diseño, otras de pequeño grupo, biblioteca, gimnasio, pistas deportivas y área administrativa, con un total de 1.000 puestos escolares.

El segundo de los institutos públicos, el del Cañaveral, se ubicará en la zona este de Vicálvaro. La Comunidad destinará 14 millones euros y el número de aulas, plazas educativas y el resto de instalaciones será equivalente al anterior. Finalmente, la Comunidad de Madrid invertirá otros 11,7 millones para el nuevo instituto público Valdebebas, en Hortaleza, en la calle César Cort Boti, con las mismas infraestructuras.

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La televisión pública emitirá hoy un programa especial en el que se analizan las muertes en las residencias de mayores en Madrid
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Imagen: manifestación residencias I Europa Press

El consejero de la Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García, ha expresado su malestar al presidente de RTVE, José Pablo López Sánchez, por la emisión del documental 7291 y un programa especial asociado, el pasado 13 de marzo. Según ha trasladado el Gobierno madrileño, la producción ofrece una visión parcial y sesgada sobre la gestión de la crisis sanitaria en las residencias de mayores durante los primeros meses de la pandemia.

De acuerdo con la descripción publicada en la web de RTVE, el documental analiza las muertes ocurridas en estos centros en la Comunidad de Madrid, sin ofrecer, según García, una comparación rigurosa con otras autonomías ni abordar las responsabilidades del Gobierno central en la crisis sanitaria.

Críticas por falta de objetividad y contextualización

El Ejecutivo autonómico sostiene que 7291 omite datos fundamentales y presenta una interpretación de los hechos que no se ajusta a la realidad. García ha subrayado en su escrito que el documental ignora el papel del Gobierno de España durante la pandemia y el retraso en la toma de decisiones a nivel nacional. También ha resaltado que la Comunidad de Madrid fue la primera en adoptar medidas para contener el virus, mientras que el Ejecutivo central «ignoró y negó» la amenaza sanitaria durante meses.

Además, el consejero ha insistido en que la producción no ha tenido en cuenta las resoluciones judiciales que, en más de sesenta ocasiones, han fallado a favor de la gestión de la Comunidad de Madrid en este ámbito.

Exigencia de neutralidad en la televisión pública

En su comunicación a RTVE, Miguel Ángel García ha recordado la obligación de la corporación de garantizar una información «objetiva, veraz y plural», tal como establece el artículo 3.2.b de la Ley 17/2006 de la radio y la televisión de titularidad estatal. Según este precepto, los contenidos emitidos deben ajustarse al criterio de independencia profesional y respetar el pluralismo político, social e ideológico.

Asimismo, el consejero ha enfatizado que la actividad de RTVE debe regirse por principios de neutralidad, imparcialidad y rigor, evitando cualquier posicionamiento ideológico que no sea la defensa de los valores constitucionales. En este sentido, ha apelado a la necesidad de contrastar la información con múltiples fuentes y distinguir claramente entre hechos y opiniones.

Petición de réplica con material del Gobierno regional

Ante esta situación, la Comunidad de Madrid ha solicitado que se emitan, en igualdad de condiciones, dos piezas audiovisuales para ofrecer una visión alternativa a la planteada en el documental. En concreto, ha pedido la difusión de una declaración de la presidenta Isabel Díaz Ayuso sobre la gestión de la pandemia en la región, así como un vídeo de 4 minutos y 44 segundos que, según el Gobierno madrileño, refleja «el éxito de la gestión autonómica y las negligencias del Ejecutivo central durante la crisis del Covid-19».

Con esta solicitud, el Ejecutivo regional busca que los espectadores puedan contrastar la versión ofrecida por RTVE con los datos objetivos que maneja la Administración madrileña. Hasta el momento, la corporación pública no ha respondido a esta petición.

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La plantilla, que contaba con 4.133 trabajadores antes de la llegada de Trump, se reducirá a 2.183 empleados. 600 han aceptado renuncias voluntarias
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El Departamento de Educación de Estados Unidos ha anunciado este martes que despedirá a la mitad de su personal, una medida entrará en vigor a partir del 21 de marzo. Esta decisión forma parte de la política de recorte masivo de funcionarios federales. 

«Hoy, el departamento comenzó un programa de reducción de personal que afecta a casi el 50% de su personal», informa en un comunicado. Añade que los afectados pasarán bajo licencia administrativa a partir del 21 de marzo.

Cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, asumió el cargo el pasado 20 de enero, la plantilla de este departamento contaba con 4.133 trabajadores. Ahora esta cifra se reducirá a 2.183 empleados. La mayoría de despidos se efectuarán a través de bajas administrativas, mientras que alrededor de 600 trabajadores abandonarán el organismo vía renuncias voluntarias y jubilaciones. 

Linda McMahon, la secretaría de Educación,  ha afirmado en un comunicado que estos despidos «reflejan el compromiso del departamento de Educación con la eficiencia, la rendición de cuentas y la garantía de que los recursos se despliegan donde más importan: con los estudiantes, los padres y los profesores». Igualmente, cuando se le preguntó en Fox News si los despidos conducirán al desmantelamiento de su gabinete, McMahnon respondió “sí”, añadiendo que era “el mandato del presidente”. 

Posible orden ejecutiva para desmantelar el Departamento

La noticia se ha dado a conocer el mismo día en que se ha filtrado que todas las oficinas del Departamento de Educación en Washington iban a estar cerradas este miércoles “por razones de seguridad”  iban a reabrir el jueves. 

La Administración republicana sopesa firmar una orden ejecutiva para desmantelar el departamento como parte de la política de Trump de reducir las agencias federales y el tamaño de la fuerza laboral del Gobierno, según ha informado The Wall Street Journal. 

Los republicanos fueron muy críticos con el Departamento de Educación bajo el mandato del demócrata Joe Biden (2021-2025), en particular con las decisiones de perdonar los préstamos estudiantiles y extender las protecciones contra la discriminación sexual en la educación a las personas del colectivo LGBTI. 

Cierre de las oficinas de manera preventiva

Antes del anuncio de los despidos, el departamento ordenó el cierre de sus oficinas en el área de Washington desde el martes por la noche hasta hoy. Cierres similares precedieron al desmantelamiento de la Agencia de EEUU para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB). 

Estos despidos son el último paso en el plan de Trump para reducir el tamaño del Gobierno, liderado por Elon Musk a través del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE). Este Departamento ha eliminado más de 100.000 empleados en la burocracia federal, congelado la mayor parte de la ayuda exterior y cancelado miles de programas, a pesar de decenas de demandas que cuestionan la legalidad de estas acciones. 

El acuerdo de negociación

En conformidad con el acuerdo de negociación colectiva, todos recibirán su salario completo y los beneficios correspondientes hasta el 9 de junio, así como una “importante indemnización o beneficios de compensación” en función de su antigüedad. 

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Bildu acudirá al palacio por primera vez en la democracia para reunirse con el presidente del Gobierno
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Imagen: el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez con representantes de EH Bildu I RTVE

Por primera vez en la historia democrática, la coalición Bildu, considerada heredera de Batasuna, el antiguo brazo político de ETA, accederá este jueves al Palacio de La Moncloa, tal como informa ABC. A las doce del mediodía, representantes de la formación cruzarán las puertas de la sede de la Presidencia del Gobierno y residencia oficial del jefe del Ejecutivo, un hecho sin precedentes desde su creación en 1977.

Aunque no es la primera ocasión en la que los de Arnaldo Otegi participan en reuniones con el presidente del Gobierno, pues ya lo hicieron con Pedro Sánchez en anteriores ocasiones, hasta ahora todos esos encuentros se habían celebrado en el Congreso de los Diputados o de manera telemática.

Un paso más en la normalización política

La fotografía de este jueves adquiere un fuerte simbolismo al representar un nuevo avance en la integración de Bildu y de su formación matriz, Sortu, dentro del sistema político. Roto el tabú de su presencia en La Moncloa, queda la incógnita sobre si habrá una imagen de Mertxe Aizpurua, portavoz de la izquierda abertzale, en las escalinatas del edificio, un espacio reservado para las recepciones más solemnes, incluidas las de mandatarios internacionales. De lo contrario, el único registro gráfico del encuentro podría ser la tradicional instantánea en los sofás de la sala de reuniones con los partidos políticos. Hasta el cierre de esta edición, ni el Ejecutivo ni Bildu habían confirmado el protocolo que se seguirá.

Polémicas en torno a la coalición

El historial reciente de Bildu ha estado marcado por la controversia. En las elecciones municipales de 2023, la formación incluyó en sus listas a cerca de medio centenar de exmiembros de ETA, entre ellos siete con delitos de sangre. La polémica, destapada por el colectivo de víctimas Covite, obligó a la coalición a forzar la renuncia de la mitad de ellos a sus actas de concejal. Ahora, el Tribunal de Cuentas ha solicitado a Interior y a la Junta Electoral Central que analicen si esta situación pudo vulnerar la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg).

En los comicios vascos del 21 de abril del año pasado, el candidato de Bildu, Pello Otxandiano, evitó condenar el terrorismo de ETA, lo que generó la indignación del resto de partidos, especialmente del PSOE. Mertxe Aizpurua, quien ya se reunió en otras ocasiones con Sánchez fuera de La Moncloa, fue en el pasado directora del periódico Egin, desde donde firmó algunas de las portadas más controvertidas para las víctimas del terrorismo, como la que, tras la liberación del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara en los años noventa, tituló: “Ortega vuelve a la cárcel”. Aizpurua nunca ha expresado arrepentimiento por ese pasado.

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