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La APIF pide cárcel para Álvaro García Ortiz por prevaricación y filtración de secretos que afectan al novio de Ayuso, Alberto González Amador
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La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha solicitado al Tribunal Supremo seis años de cárcel y doce de inhabilitación para el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al que acusa de un presunto delito de prevaricación en concurso con otro de revelación de secretos. El caso está vinculado a la filtración de datos confidenciales sobre Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El procesamiento del Fiscal General del Estado es uno de uno de los casos que está poniendo al Gobierno entre la espada y la pared.
En un escrito de 38 páginas, al que ha tenido acceso El Debate, los letrados de la APIF sostienen que García Ortiz y la fiscal provincial María Pilar Rodríguez Fernández, coprocesada en la causa, actuaron con fines políticos y no institucionales. «Se prevalieron de su posición para obtener y difundir de forma ilícita información confidencial con el único fin de manipular el relato público», recoge el documento.
La acusación se centra especialmente en la filtración del correo del 2 de febrero de 2024, enviado por el abogado Carlos Neira, representante legal de González Amador, al fiscal Julián Salto, encargado de la investigación por supuestos delitos tributarios. Este hecho, argumenta la APIF, produjo «efectos lesivos» sobre un ciudadano que, hasta ese momento, era anónimo para la opinión pública.
Los fiscales independientes denuncian que, a raíz de la difusión de dicho correo, González Amador fue calificado en diversos medios como «delincuente confeso» o «defraudador», sin que mediara una sentencia. «Este proceder afectó profundamente su reputación y provocó perjuicios económicos, sociales y personales», se expone en el texto, firmado por los abogados Juan Antonio Frago Armada, Verónica Suárez García, Álvaro Bernad Sánchez y Napoleón Cánovas Fernández.
Según los demandantes, la actuación del fiscal general vulneró derechos procesales fundamentales. En particular, señalan que la conformidad planteada por la defensa de González Amador, que debía gestionarse bajo confidencialidad, fue publicada sin justificación. Esta exposición mediática habría «mermado su derecho a un proceso con todas las garantías».
La causa continúa en manos del Tribunal Supremo, mientras crecen las presiones sobre el máximo responsable del Ministerio Público, cuya imparcialidad está siendo puesta en entredicho por una parte significativa del sector judicial
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El sistema Arrow sufre escasez de interceptores ante el aumento de misiles iraníes. EE.UU. refuerza la defensa aérea conjunta en la región
The post Israel enfrenta escasez crítica en su sistema Arrow first appeared on Hércules. Batería de lanzamiento de misiles Arrow/Telegram
Israel se enfrenta a una escasez crítica de interceptores en su avanzado sistema Arrow, destinado a neutralizar misiles balísticos de largo alcance como el Shahab-3 iraní. Así lo informó el Wall Street Journal, citando a fuentes oficiales estadounidenses familiarizadas con la situación.
La capacidad del sistema, clave en la defensa aérea israelí, se ha visto sobrepasada desde el estallido del conflicto con Irán. En respuesta, Estados Unidos ha intensificado su apoyo militar, desplegando sistemas de defensa adicionales por tierra, mar y aire en toda la región. Sin embargo, Washington también comienza a expresar preocupación por el rápido consumo de sus propios interceptores, esenciales en el actual contexto bélico.
“Ni Estados Unidos ni Israel pueden pasar el día entero interceptando misiles”, declaró Tom Karako, director del Proyecto de Defensa Antimisiles del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. “Israel debe actuar con rapidez y contundencia”, agregó.
La Autoridad Israelí de Defensa Antimisiles (AI), responsable directa del sistema Arrow, no respondió a las solicitudes de comentarios. Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) aseguraron en un comunicado: “Estamos preparados para cualquier escenario, pero no podemos hacer comentarios sobre cuestiones de municiones”.
Durante los primeros días de guerra con Irán, se lanzaron cientos de misiles iraníes contra territorio israelí. Aunque muchas amenazas fueron neutralizadas, varias lograron evadir el escudo defensivo. Según fuentes militares, cuatro capas de defensa están actualmente operativas sobre el espacio aéreo israelí, incluidas las versiones más recientes del sistema Arrow, además del apoyo táctico estadounidense.
Los sistemas Arrow 2 y Arrow 3 han liderado la mayoría de las intercepciones desde el inicio del conflicto. Ambos están diseñados para interceptar amenazas a gran altitud y distancia. A ellos se suma el sistema estadounidense THAAD, así como el interceptor naval SM-3, instalado en buques estadounidenses en el Mediterráneo.
A pesar del volumen de ataques, las FDI sostienen que más del 90% de los misiles han sido interceptados con éxito. Sin embargo, la presión sobre el sistema continúa aumentando.
Una de las amenazas más relevantes es el misil Shahab-3, pieza clave del arsenal iraní. Se trata de un misil balístico de largo alcance, capaz de transportar cargas explosivas de hasta 500 kilogramos. El impacto directo puede destruir infraestructuras en un radio de decenas de metros. Las autoridades israelíes han confirmado al menos 24 muertes provocadas por estos proyectiles desde el inicio del enfrentamiento.
El general de brigada Ran Kochav, excomandante del sistema de defensa aérea, explicó el procedimiento para interceptar el Shahab-3. “Un satélite detecta el lanzamiento segundos después de que el misil despega desde Irán. Luego, radares y aeronaves de vigilancia transmiten la alerta a las unidades de defensa, que activan el sistema Arrow y otras baterías.”
El misil alcanza una altitud de hasta 500 kilómetros, y desciende a velocidades de 3.000 metros por segundo, lo que dificulta su intercepción. A esto se suma una estrategia de separación del motor y la ojiva, lo que complica aún más su neutralización. “La cabeza del misil sigue avanzando de forma autónoma, lo que requiere sistemas altamente precisos para interceptarlo”, detalla Kochav.
La decisión sobre qué método de defensa utilizar se toma en tiempo real, dependiendo de factores como la densidad poblacional en la zona de impacto, la cercanía a infraestructuras clave y el valor estratégico del objetivo. En una novedad sin precedentes, Estados Unidos confirmó la participación de su sistema naval Aegis en los esfuerzos de defensa aérea. El martes se informó que un buque estadounidense atracado frente a la costa israelí realizó una intercepción exitosa de misiles lanzados desde Irán.
El Aegis, desarrollado por Lockheed Martin para la Marina estadounidense, es uno de los sistemas navales de defensa aérea más avanzados del mundo. Funciona como un escudo contra amenazas aéreas y marítimas, y refuerza la defensa estratégica de aliados clave en Oriente Medio. Su despliegue marca un hito en la cooperación militar entre Israel y EE.UU.
Frente a una amenaza creciente y sofisticada como la de Irán, la necesidad de reabastecer rápidamente los interceptores del sistema Arrow se ha vuelto una prioridad estratégica. Mientras tanto, Israel y sus aliados continúan evaluando cómo mantener una defensa eficaz sin agotar sus arsenales.
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Irán, derecho internacional, ONU, autodefensa, resistencia regional, Estados Unidos, Tel Aviv, conflicto en Asia Occidental
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En la madrugada del 13 de junio, un ataque aéreo lanzado por las fuerzas armadas de Israel sobre territorio iraní provocó la muerte de más de 220 personas, incluyendo figuras clave del ámbito militar y académico. Este ataque, el más significativo desde la guerra Irán-Irak en los años 80, ha sido calificado por Teherán como una agresión israelí sin precedentes, lo que marca una nueva etapa en el conflicto geopolítico en Asia Occidental.
Entre las víctimas figuran altos cargos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), así como científicos y académicos. Las ofensivas israelíes se centraron en zonas residenciales y viviendas de civiles, según reportes locales. Con la operación militar ya en su quinto día, tanto Israel como Estados Unidos son señalados por Teherán de intentar desestabilizar y desmantelar la estructura de la República Islámica y la red de resistencia regional que lidera.
Los bombardeos israelíes han alcanzado instalaciones clave en Teherán, entre ellas dos hospitales, aeropuertos, el Ministerio de Asuntos Exteriores y la cadena estatal de televisión, interrumpiendo una transmisión en directo. También se han visto afectadas infraestructuras críticas que sostienen el funcionamiento gubernamental y civil. Ante esta escalada, Irán respondió con una ofensiva militar alegando su derecho a la autodefensa, subrayando que sus capacidades militares permanecen intactas.
Las autoridades iraníes aseguran haber derribado cuatro cazas F-35, considerados joyas tecnológicas de la aviación militar estadounidense. Aunque no se han presentado pruebas visuales, el gigante armamentístico Lockheed Martin sufrió una fuerte caída en el valor de sus acciones tras conocerse la noticia. Por su parte, las instalaciones nucleares y balísticas del país continúan operativas, y las defensas aéreas han sido restablecidas.
Desde el punto de vista del derecho internacional, expertos consideran que los ataques israelíes vulneran directamente el artículo 2, párrafo 4, de la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe explícitamente el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de otro Estado.
Además, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) define el “crimen de agresión” como un acto planificado, iniciado o ejecutado por quien tiene capacidad de mando y que representa una violación manifiesta de la Carta de la ONU. Bajo esta definición, juristas sostienen que el accionar de Israel encaja dentro de esta categoría.
En contraposición, la respuesta de Irán se ampara en el artículo 51 de la misma Carta, que reconoce el derecho de los Estados a la legítima defensa frente a un ataque armado. Este argumento ha sido clave en la narrativa diplomática iraní, que acusa a Israel de justificar su acción bajo una lógica de autodefensa preventiva, algo no reconocido por ninguna norma del derecho internacional contemporáneo.
Teherán ha solicitado formalmente al Consejo de Seguridad de la ONU una sesión extraordinaria para tratar lo que considera una agresión israelí ilegal y no provocada. Sin embargo, la reacción de las Naciones Unidas se ha limitado a llamar a la “moderación”, sin una condena explícita al uso de la fuerza por parte de Israel.
Este silencio ha sido criticado por varios gobiernos del Sur Global. Países como China, Rusia, Venezuela y Pakistán han respaldado públicamente el derecho de Irán a defender su soberanía. El canciller chino, Wang Yi, expresó su condena a la violación de la integridad territorial iraní y reiteró el apoyo de su país a Teherán en la protección de sus intereses legítimos. Rusia, por su parte, calificó el ataque como una transgresión de los principios fundamentales del derecho internacional.
Desde América Latina, Venezuela y Cuba emitieron declaraciones similares, mientras que el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, describió la situación como “alarmante” y advirtió sobre posibles consecuencias regionales.
La falta de acción contundente por parte de la ONU ha puesto de manifiesto las limitaciones del sistema legal internacional ante las potencias occidentales. La situación actual en Gaza, las violaciones de los altos el fuego en el Líbano y la falta de consecuencias legales para las ofensivas israelíes son vistas por muchos analistas como prueba de la debilidad estructural del orden legal global.
No obstante, Irán y otros miembros del eje de la resistencia continúan utilizando el marco legal internacional como herramienta estratégica. La legitimidad internacional sigue siendo importante para construir alianzas regionales y proyectar una narrativa de defensa legítima ante las agresiones externas.
El ex viceministro de Asuntos Exteriores iraní, Mohsen Baharvand, señaló que si bien el sistema legal global ha sido debilitado, sus normas aún mantienen valor y continúan siendo fundamentales en la arquitectura del orden internacional.
Más allá de lo militar, la dimensión geoestratégica del conflicto es cada vez más evidente. Irán mantiene vínculos estrechos con países como Rusia, China, Venezuela, Sudán y Yemen, así como con grupos de resistencia en Palestina, Líbano e Irak. Estos actores forman parte de una alianza que desafía la hegemonía estadounidense y que ha buscado construir un orden multipolar alternativo al predominio occidental.
La agresión israelí se interpreta en este contexto como un intento de Estados Unidos e Israel de debilitar ese bloque emergente. Las tensiones en Ucrania, Palestina y Sudán, todas regiones con intereses estratégicos para Washington, forman parte de un patrón más amplio que busca contener el ascenso político y económico de Asia.
China, en particular, se ha visto rodeada de conflictos alimentados por la política exterior estadounidense. Desde la administración Obama hasta la presidencia de Donald Trump y la actual, Washington ha incrementado la presión sobre los aliados de Pekín en un esfuerzo por desacelerar su crecimiento y fragmentar sus lazos regionales.
En este contexto, la diplomacia multilateral ha demostrado ser poco efectiva. El acuerdo nuclear con Irán, al igual que las conversaciones para cesar el fuego en Gaza y el Líbano, han sido percibidos por Teherán como mecanismos dilatorios sin voluntad real de alcanzar soluciones sostenibles.
Según analistas, Estados Unidos utiliza la diplomacia como una herramienta táctica que le permite obtener concesiones mientras continúa ampliando su poder militar. Este enfoque, inspirado en dinámicas propias del mundo corporativo, prioriza el beneficio económico por encima de los compromisos internacionales.
La idea clásica de Carl von Clausewitz, que define la guerra como la continuación de la política por otros medios, ha sido invertida: para Washington, la guerra se ha convertido en una herramienta de generación de beneficios, una lógica que desvirtúa completamente el principio de resolución pacífica de los conflictos.
La situación actual no es solo una disputa militar entre dos Estados; es un reflejo de la transformación en curso del sistema internacional. El enfrentamiento entre Irán e Israel, con Estados Unidos como actor clave, representa una batalla por la legitimidad, la soberanía y el futuro de un orden global más equilibrado.
La agresión israelí, en este contexto, ha desencadenado no solo una respuesta militar, sino también una movilización diplomática y geopolítica por parte de los actores del Sur Global. La resistencia regional liderada por Irán, respaldada por potencias como China y Rusia, busca consolidarse no solo como una fuerza defensiva, sino como un actor legítimo en la configuración del nuevo equilibrio internacional.
El desenlace de este conflicto, aún en desarrollo, dependerá tanto de la capacidad de disuasión militar de Irán como de su habilidad para continuar articulando una respuesta legal y diplomática estratégica frente a la impunidad que rodea las acciones de sus adversarios. Mientras tanto, el mundo observa cómo se redefine el concepto de soberanía en medio de un sistema internacional en profunda transformación.
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El FBI investigó un presunto plan chino para usar licencias de conducir falsas y manipular votos por correo en las elecciones de EE.UU. 2020
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Un documento confidencial de la contrainteligencia del FBI, fechado en agosto de 2020, alertaba sobre un presunto intento del gobierno chino de interferir en las elecciones presidenciales de EE.UU. mediante la distribución de licencias de conducir falsas. Según el informe, estas identificaciones fraudulentas habrían sido enviadas con el objetivo de generar votos por correo fraudulentos en favor del entonces candidato Joe Biden.
El reporte fue distribuido entre diversas agencias federales como inteligencia en bruto, es decir, sin corroboración plena, y posteriormente retirado por el propio FBI. La justificación oficial fue la necesidad de “volver a entrevistar a la fuente”, aunque los motivos del retiro no fueron detallados.
La información fue revelada por el medio Just the News, medio que accedió al documento entregado al senador Chuck Grassley por el director del FBI, Kash Patel. En el memorando se detallaban alegaciones graves: que el Partido Comunista Chino estaba fabricando y enviando a EE.UU. licencias de conducir estadounidenses falsas, principalmente desde Hong Kong y China continental.
Lo más sorprendente es que el aviso de retirada no solo sugería revisar la información, sino eliminar completamente el documento. “Los destinatarios deben destruir todas las copias del informe original y eliminarlo de todas las existencias de computadoras”, decía el memorando de anulación.
Fuentes internas aseguraron que esta retirada frenó la posibilidad de investigar a fondo las implicaciones del supuesto plan de interferencia china en el proceso electoral estadounidense. Según la información obtenida, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) había interceptado cerca de 19.888 licencias de conducir falsas en julio de 2020, dirigidas a estados clave del Medio Oeste.
El boletín del FBI describía con detalle el posible complot: licencias de conducir falsas fabricadas por China serían entregadas a ciudadanos chinos o simpatizantes del régimen dentro de Estados Unidos. Estas identificaciones permitirían emitir votos por correo fraudulentos utilizando información real de ciudadanos estadounidenses, extraída supuestamente de cuentas de TikTok.
“China había recopilado datos personales de millones de usuarios estadounidenses de TikTok, incluyendo nombre, identificación y dirección”, señala el informe. Esa información se habría utilizado para replicar licencias con datos verdaderos, pero con identidades falsificadas, lo que dificultaría su detección por parte de las autoridades electorales.
Además, el documento afirmaba que el objetivo era que “decenas de miles” de personas no elegibles pudieran votar en favor de Joe Biden, lo que habría constituido un intento de manipulación electoral a gran escala durante un año marcado por el auge del voto por correo debido a la pandemia de COVID-19.
Aunque el FBI dejó claro que se trataba de inteligencia no corroborada, la alerta contenía suficiente nivel de detalle como para justificar una investigación profunda. El informe advertía que la fuente era relativamente nueva y su información provenía de una subfuente indirecta. Sin embargo, ofrecía pistas concretas que podrían haber sido verificadas por las agencias de seguridad nacional.
Uno de los puntos criticados es que, pese a la falta de corroboración, el FBI optó por retirar completamente el documento, en lugar de mantenerlo como línea de investigación abierta. La eliminación del informe generó inquietud entre funcionarios y legisladores, especialmente en un contexto de creciente sospecha sobre interferencias extranjeras en las elecciones.
Tras la publicación del informe por el medio norteamericano Just the News, el senador Chuck Grassley pidió explicaciones urgentes al FBI. Su oficina emitió un comunicado en el que exigía saber quién ordenó el retiro del informe y por qué.
“El documento alega preocupaciones serias de seguridad nacional que deben ser investigadas”, dijo el senador. “Grassley está solicitando documentación adicional del FBI para verificar la producción del informe, y exige transparencia sobre las razones detrás de su retirada”.
Kash Patel, por su parte, aseguró que su equipo está “investigando a fondo las circunstancias” en torno a la creación, circulación y eliminación del memorando. Según dijo, se ha iniciado un proceso para “brindar una transparencia sin precedentes” y responder a las inquietudes del Comité Judicial del Senado.
El caso pone sobre la mesa interrogantes clave sobre la integridad del sistema electoral y la respuesta de las agencias de inteligencia ante señales de alerta. ¿Se trató de una acusación infundada o de una advertencia prematura desestimada sin investigar a fondo?
Lo cierto es que el documento contenía elementos suficientes para considerar la interferencia china como un riesgo potencial. Incluso si no se hubiera confirmado, la posibilidad de que licencias de conducir falsas fueran utilizadas como herramienta para manipular votos por correo merecía una investigación minuciosa, más aún en un año electoral excepcional como 2020.
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