Crónica Diaria

El general ha comparecido tras la reunión del Comité de Crisis y ha asegurado que movilizó a sus hombres de manera preventiva: “En cuanto la Generalitat nos dio luz verde estábamos en minutos en la zona”
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Imagen: El general jefe de la UME, Javier Marcos, ofrece una rueda de prensa para informar de lo abordado en la séptima reunión del Comité de crisis para el seguimiento de los efectos de la DANA. — Fernando Villar / EFE

Por primera vez desde que estalló la tragedia en Valencia, el general jefe de la Unidad Militar de Emergencias ha comparecido tras la reunión del Comité de Crisis celebrada este lunes en el Palacio de la Moncloa bajo la presidencia de Felipe VI. El general Francisco Javier Marcos ha señalado que el día de la emergencia la UME ya venía siguiendo la situación meteorológica: “Tengo dos herramientas legales, la alerta temprana y el despliegue adelantado, las empleé las dos”.

En aquellos momentos, el jefe de la UME ordenó que todos los soldados del Batallón 3 de Emergencia situado en la base Jaime I, de la localidad de Bétera, fueran a sus puestos. «Ordené el despliegue adelantado de manera de que cuando esa autorización llegara estuviéramos preparados», ha afirmado. Marcos ha señalado que tardaron 15 minutos en salir desde que dio la orden.

«En cuanto la Generalitat Valenciana nos dio luz verde, en minutos estábamos en la zona de emergencia. Fuimos de los pocos servicios de emergencia que pudieron entrar en la zona de Utiel-Requena», ha explicado. «En todo momento hay militares que están alertados las 24 horas», ha añadido Marcos.

«Quien dirige la emergencia y quien decide dónde vamos o no es la comunidad autónoma», ha reiterado. «Tenemos que ponernos a las órdenes del director de emergencias de la comunidad autónoma», ha insistido posteriormente. 

«En cuanto se produjo la luz verde, 1.000 militares se desplazaron durante toda la noche para que al amanecer de ese día el pueblo de Valencia viera que estábamos ahí. Es cierto que no intervenimos rápidamente, la meteorología nos lo impidió», ha añadido Marcos. A continuación, ha reiterado de nuevo a la necesidad legal de coordinación con la Generalitat valenciana. «No podemos añadir caos a lo que es una situación caótica», ha afirmado. 

El jefe de la UME no ha querido valorar si es necesario elevar el nivel de emergencias, tal y como ha pedido este lunes el líder del PP Alberto Núñez Feijóo. Algo que en la práctica supondría quitarle el mando al president valenciano. «Mi misión es servir para salvar, no voy a entrar en ninguna otra valoración», ha destacado. 

Morgue para 400 personas

En otro orden de cosas, el jefe de la UME ha revelado que hay prevista una morgue actualmente con capacidad para 400 personas fallecidas. En este sentido ha puesto de relieve un asunto «intangible» en el trabajo de las Fuerzas Armadas. Se trata del «acompañamiento», algo que «agradece el pueblo valenciano» y que «tiene valor esencial». 

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El exportavoz de Sumar ha sido citado a declarar como investigado por un presunto delito de agresión sexual por la denuncia interpuesta por la actriz Elisa Mouliáa
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Imagen: Íñigo Errejón- EFE

El juzgado que investiga la denuncia de la actriz Elisa Mouliáa contra Íñigo Errejón por una presunta agresión sexual ha citado a declarar a ambos en los próximos días. La denunciante será la primera en comparecer este jueves 7 de noviembre para ratificar sus acusaciones y el exportavoz de Sumar lo hará como investigado el próximo 12 de noviembre. Son las primeras diligencias del juez después de comprobar que Errejón ya no es diputado del Congreso y que, por ello, no está aforado ante el Tribunal Supremo.

La actriz y comunicadora Elisa Mouliaá presentó una denuncia en comisaría contra Errejón acusando al entonces diputado de haber perpetrado una agresión sexual contra ella en septiembre de 2021 después de coincidir en una fiesta. Según su denuncia, que ahora también deberá ratificar en sede judicial, el político cerró la puerta de la habitación en la que estaban y perpetró la agresión, sacándose el pene delante de ella y tocándola sin su consentimiento.

Íñigo Errejón abandonó todos sus cargos políticos, incluyendo su acta de diputado, después de la publicación de testimonios por parte de la periodista Cristina Fallarás que le señalaban como autor de actitudes y agresiones machistas con respecto a varias mujeres. Según relataron desde Sumar y Más Madrid, el propio Errejón reconoció al menos parte de estas acusaciones. Mouliaá hizo público su caso en la red social X y acudió a comisaría a presentar una denuncia que recibió un juzgado de la Plaza de Castilla de Madrid.

El primer paso del magistrado fue pedir al Congreso la certificación de que Errejón ya no era diputado y que, por tanto, no tenía que ser investigado por el Tribunal Supremo. Ahora la primera en comparecer será la propia Mouliaá para ratificar y explicar su denuncia por agresión sexual contra el expolítico.

No es la única acusación contra Errejón

El primer testimonio con acusaciones de actitudes machistas contra Errejón fue publicado por la periodista Cristina Fallarás en su cuenta de Instagram. En días posteriores, más mujeres compartieron sus experiencias con el exdiputado: “Todo iba de sus ansias de dominar”, señaló a Eldiario.es una mujer que mantuvo una relación de más de un año con él.

La crisis política en Sumar y Más Madrid por el escándalo de Errejón se ha traducido también en el cese de Loreto Arenillas, diputada de la Asamblea de Madrid y cercana al político, bajo acusaciones de haber actuado a “espaldas” del partido cuando, en el verano de 2023, una mujer denunció en internet que Errejón le había tocado el culo en una fiesta en Castellón. Arenillas, que habló con la joven y se presentó como “mediadora”, ha negado haber encubierto ningún delito y ha cargado contra el señalamiento de su partido contra ella.

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Los mensajes del organismo estatal a Protección Civil desmienten que el primero desactivara la “alerta hidrológica”, aunque sí comunicó en tres ocasiones un descenso temporal del caudal
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Imagen de archivo de Carlos Mazón después del altercado producido este domingo. Rober Solsona

La falta de previsión del Gobierno de Carlos Mazón al frente de la Generalitat Valenciana es ya un hecho. Ya no solo la vista gorda sobre los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), sino también las informaciones de las conferencias hidrográficas. Concretamente, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha sido la última que ha salido a desmentir a Mazón.

En una entrevista en la cadena COPE este lunes, Mazón ha intentado defenderse de las críticas sobre la tardanza en avisar masivamente del peligro a la población a través de los teléfonos móviles, cuando las lluvias causadas por la DANA se llevaron por delante la vida de cientos de personas. Mazón ha asegurado que el aviso desde el Centro de Coordinación de Emergencias no se envió antes porque la CHJ desactivó hasta “tres veces la alerta hidrológica: a la una, a las tres y a las cuatro” y no hasta “las siete menos cuarto” -es decir, una hora y media antes de que se enviara el mensaje a los móviles de los ciudadanos-.

Lo cierto es que las alertas hidrológicas ante situaciones en las que se pueden producir inundaciones no las activa la confederación o Aemet, sino el Centro de Emergencias, que es el que centraliza la información que recibe desde distintos ámbitos. Eso sí, para poder activar las alertas hidrológicas los centros de emergencias cuentan con la valiosa información proporcionada por Aemet y, en este caso, la confederación del Júcar, donde se encuentran los municipios más golpeados por la DANA.

La confederación cuenta con un Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) que hace un seguimiento automatizado de los caudales en el que la información se actualiza automáticamente. Pero cuando se superan determinados umbrales (150 metros cúbicos por segundo en este caso), se envían emails a Protección Civil. Ese fatídico martes los técnicos de la confederación enviaron cinco correos electrónicos. En el primero y el último se alertó de que la crecida de las aguas estaba siendo “muy rápida”; en los otros tres se apuntaba a un descenso del caudal. Pero, en cualquier caso, confirman que la confederación no activó ni desactivo ninguna alerta hidrológica, porque no es su competencia hacerlo, recalcan desde el Ministerio para la Transición Ecológica.

Las competencias de las confederaciones hidrográficas

“Ante la primera crecida del Barranco del Poyo que se produjo en torno a las 12:30 horas del martes 29 de noviembre, el Centre de Coordinació d’Emergències de la Generalitat Valenciana emitió la alerta hidrológica. En esa alerta se advertía a la ciudadanía del peligro de acercarse a riberas y barrancos. Este peligro venía precedido por una alerta roja de la Aemet emitida a las 7:31 horas de la mañana del martes», subrayaban desde la CHJ.

Según recuerda la CHJ en el comunicado enviado este lunes tras las declaraciones de Mazón: «En las siguientes horas, los datos reflejan una disminución progresiva del caudal del Barranco del Poyo: • 12:07 h. – 264 m3/s • 13:20 h. – 120 m3/s • 14:35 h. – 55,86 m3/s • 15:50 h. – 28,70 m3/s . Estos datos no supusieron ninguna desactivación de la alerta emitida por el Centre de Coordinació d’Emergències de la Generalitat Valencina. Son únicamente datos objetivos de medición de aforo. A partir de las 17 horas se detecta un aumento brusco del caudal del Barranco del Poyo. A las 17:30 horas alcanza el mismo nivel de aforo que motivó la alerta emitida por el Centre de Coordinació d’Emergències de la Generalitat Valenciana del mediodía. Sin embargo, esta vez las autoridades autonómicas no emitieron una nueva alerta».

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La Casa Blanca y algunos estados han decidido blindarse y tomar medidas de excepción por temor a los posibles disturbios
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Imagen: AFP

La Casa Blanca y la residencia oficial de la vicepresidenta Kamala Harris en Washington están rodeadas de vallas de seguridad, mientras que numerosos negocios del centro de la capital han tapiado sus escaparates en previsión de posibles disturbios tras las elecciones presidenciales de este martes. Este aumento de las medidas de seguridad refleja el elevado riesgo de violencia política, una preocupación latente desde el asalto al Capitolio en 2021, amplificada ahora por las tensiones provocadas por los dos candidatos, las protestas en torno a las víctimas en Gaza y dos intentos de asesinato recientes contra Donald Trump.

Medidas de seguridad inéditas en estados clave

No solo en Washington, la posibilidad de disturbios ha impulsado a estados disputados, como Arizona y Georgia, a preparar a su personal electoral. Muchos de los trabajadores y voluntarios han recibido formación específica para enfrentar posibles ataques armados en los centros de votación, muchos de los cuales se han reforzado con cristales a prueba de balas. Además, la policía local en cientos de condados vigilará los puntos de votación con drones y refuerzos de agentes, una operación sin precedentes en Estados Unidos.

Trump denuncia fraude y se niega a prometer respeto a los resultados

Donald Trump ha insistido en sus denuncias de fraude electoral durante sus mítines, especialmente en Pensilvania, donde afirmó que intentan “robarle esta maldita elección”. El candidato republicano, que sigue sin asegurar que respetará los resultados, expresó en su último acto que nunca debió abandonar la Casa Blanca en 2020, cuestionando sin pruebas la legitimidad de la victoria de Joe Biden.

El miedo a que los partidarios del republicano vuelvan a congregarse en Washington como en 2021, cuando intentaron impedir la certificación de los resultados, ha llevado al gobierno local a incrementar las medidas de seguridad, especialmente porque Harris estará en la capital la noche de la votación. En ese asalto al Capitolio, algunos manifestantes portaban armas, y cinco personas murieron, incluyendo una manifestante abatida y varios policías que luego se suicidaron.

Dos intentos de asesinato contra Trump marcan la campaña

La seguridad en torno a Trump también se ha intensificado. En julio, un hombre logró acercarse con un arma a un mitin en Pensilvania y disparó, hiriendo a Trump en una oreja. En otro incidente en Florida, un atacante se aproximó a él con un rifle, aunque lo abandonó antes de ser arrestado. Además, la inteligencia estadounidense ha alertado sobre un plan iraní para acabar con su vida, aunque aún no se ha detectado ninguna acción concreta.

La gravedad de la situación ha llevado a los fiscales generales de los 50 estados, tanto demócratas como republicanos, a hacer un llamado conjunto a la transferencia pacífica de poder, subrayando que “la violencia no tiene lugar en el proceso democrático”. En su mensaje, advirtieron que cualquier acto ilegal será sancionado.

Incidentes y amenazas a funcionarios electorales en 2020 resurgen

El temor a posibles ataques no es infundado. Durante el escrutinio en 2020, simpatizantes de Trump rodearon centros de votación en estados clave que ganó Biden, como Georgia y Arizona, amenazando a los trabajadores que realizaban el recuento. Recientemente, el secretario de Estado de Arizona, Adrian Fontes, confesó que usa chaleco antibalas debido a las amenazas recibidas. Asimismo, en los estados de Washington y Oregón, se reportaron ataques a urnas de votación.

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Este martes el Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso del PP contra la ley de amnistía y ha rechazado recusar al magistrado conservador José María Macías
The post El TC admite el recurso del PP contra la amnistía first appeared on Hércules.  El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite este martes el recurso presentado por el PP contra la ley de amnistía y ha rechazado la recusación contra el magistrado conservador José María Macías formulada por la Abogacía del Estado al considerarla prematura. El Pleno ha arrancado con un minuto de silencio “en memoria de los fallecidos y en apoyo a los pueblos y familias afectadas por los efectos de la DANA”.

El del Partido Popular es el primer recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía que admite el Constitucional, ya que hasta ahora solo había admitido a trámite la cuestión de inconstitucionalidad presentada por el Tribunal Supremo. Los populares presentaron su recurso a primeros de septiembre y, de hecho, el tribunal había acordado llevarlo a Pleno para el 24 de septiembre, pero las 54 recusaciones contra cuatro de sus magistrados forzaron a retrasar la admisión a trámite del recurso del PP.

Con la decisión tomada respecto a la recusación de Macías, el TC da por acabado el asunto de las recusaciones, tras rechazar que se aparten todos los magistrados recusados. La Abogacía del Estado pedía que se apartara a Macías por dos textos sobre la amnistía en los que participó cuando era vocal del CGPJ.

Se puede volver a plantear la recusación a Macías

El tecnicismo por el que ha sido rechazada la petición de la Abogacía del Estado es porque se precipitó, es decir, recusó a Macías antes de que el recurso de inconstitucionalidad del PP estuviera admitido a trámite. Sin embargo, con este argumento, una vez que ya ha sido admitido a trámite el recurso, se puede volver a presentar la recusación.

Además, la corte de garantías tiene previsto aplicar la doctrina del anterior pleno y rechazar las recusaciones contra la magistrada progresista Laura Díez presentadas por la Xunta de Galicia, la Comunidad de Madrid, la Junta de Castilla y León, la Junta de Extremadura, la Generalitat Valenciana y los gobiernos de Cantabria, Baleares y Andalucía.

Aprobada la abstención del exministro Juan Carlos Campo y rechazadas las recusaciones del presidente Conde-Pumpido, de Díez y ahora de Macías, la correlación de fuerzas se decanta por la mínima 6 a 5 a favor de los progresistas frente a los conservadores a la hora de abordar los recursos contra la ley de amnistía.

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La norma, que afectará a 200.000 contribuyentes, incluirá una provisión para que quienes optaron por el pago en dos plazos y ya hayan abonado el segundo reciban un reembolso en el menor tiempo posible
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Imagen: Vecinos y voluntarios colaboran en las labores de limpieza tras el paso de la DANA este lunes, en el municipio de Picanya (València). — Miguel Ángel Polo / EFE

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes el aplazamiento del segundo pago del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) correspondiente a la Renta 2023 para los contribuyentes de la provincia de Valencia, la más afectada por la DANA que golpeó duramente la semana pasada el litoral mediterráneo de España. Esta medida, explica el Ministerio de Hacienda en una nota, ha sido propuesta por la vicepresidenta primera y titular del ramo, María Jesús Montero, y tiene como objetivo aliviar la situación económica de los ciudadanos afectados por este desastre natural, que se ha cobrado la vida de al menos 200 personas y ha causado daños materiales todavía incalculables.

La norma, que afectará a 200.000 contribuyentes, incluirá una provisión para que quienes optaron por el pago en dos plazos y ya hayan abonado el segundo reciban un reembolso en el menor tiempo posible. Hacienda asegura que esta devolución se hará de forma rápida para quienes ya fueron cargados por las entidades bancarias.

Para facilitar la implementación de esta medida, la Agencia Tributaria (AEAT) ha informado a los bancos que detengan los cobros programados para el segundo plazo del IRPF de los contribuyentes afectados en Valencia, previsto inicialmente para el 5 de noviembre.

Adicionalmente, con el fin de dar respuesta a las solicitudes de información y asistencia sobre las medidas tributarias en relación con la DANA, la Delegación Especial de la Agencia Tributaria en la Comunidad Valenciana establecerá un punto de atención exclusivo para los profesionales tributarios perjudicados. También se pondrá a disposición un número telefónico y una dirección de correo específicos para que estos profesionales puedan comunicarse directamente con la agencia en caso de dudas o consultas adicionales.

Decreto de ayudas similar al volcán de La Palma

Según ha revelado Podemos tras una reunión entre la líder de la formación Ione Belarra y el ministro de Presidencia Félix Bolaños el Consejo de Ministros de este martes aprobará “un decreto de ayudas similar al del volcán de La Palma”. El encuentro, de 15 minutos, forma parte de la ronda informativa que Bolaños ha mantenido con los grupos parlamentarios para informarles de la situación en Valencia.

Además, la formación de Ione Belarra ha asegurado que “el Gobierno no piensa declarar el Estado de Alarma”, una decisión que consideran “un error” y “una elusión de la responsabilidad del Ejecutivo”. Su propuesta ha sido esa declaración junto con medidas que abarcan desde una moratoria de alquileres hasta topes a los precios de los alimentos o una renta básica universal en las zonas afectadas por la dana. En lugar de esto, añaden en Podemos, “el Gobierno aprobará este martes en el Consejo de Ministros un decreto más limitado a facilitar ayudas y subvenciones para la recuperación de casas y negocios en línea con lo que se aprobó en su momento tras la irrupción del volcán en la isla de La Palma”.

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El presidente valenciano necesita solvencia económica para paliar los efectos de la DANA y ya ha aprobado ayudas de 6.000 euros para los afectados
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Imagen: EP

El presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha solicitado al Ejecutivo central un paquete de 136 medidas valoradas en 31.402 millones de euros para ayudar a los afectados por la DANA. Esta cifra se aproxima al presupuesto total de la Generalitat para 2024, que asciende a 31.521 millones de euros. El objetivo de estas medidas, según Mazón, es «reconstruir, relanzar y paliar» los daños ocasionados por el temporal en la región. La propuesta fue presentada este lunes en una declaración institucional en el Palau de la Generalitat tras una reunión extraordinaria del pleno del Consell.

Primeras ayudas y apoyo urgente a las víctimas

Sin referirse a las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo, presidente de su partido, Mazón anunció un paquete de ayudas urgentes, entre las que se incluye una primera ayuda de 6.000 euros para aquellos cuyas viviendas hayan sufrido daños por la DANA, dinero que prometió estará disponible «antes de esta semana». Asimismo, solicitó una ayuda complementaria de 15.000 euros del Gobierno para los damnificados, que también incluiría otros 15.000 euros destinados a la rehabilitación o reconstrucción de viviendas y a la compra de vehículos. Estas ayudas están diseñadas para complementar las prestaciones del Consorcio de Seguros.

Ayudas para infraestructuras y sectores vulnerables

Dentro del paquete solicitado, Mazón ha incluido también fondos para la reconstrucción de infraestructuras públicas, valorados en 2.687 millones de euros, y 7.000 millones para apoyar la recuperación de áreas industriales y polígonos afectados. Además, solicitó al Gobierno el pago de prestaciones por dependencia y de la Renta Valenciana de Inclusión para asistir a los colectivos más vulnerables, así como una paga extra doble para quienes han sufrido mayores daños.

Para prevenir futuros desastres, Mazón ha pedido la ejecución de obras de adecuación de cauces por un total de 2.200 millones de euros, con el objetivo de «evitar, prevenir y anticipar posibles riadas futuras».

Medidas para municipios y tramitación ágil

El presidente de la Generalitat también ha aprobado una línea de apoyo para cubrir los gastos de emergencia afrontados por los municipios, asignando 200.000 euros a cada uno. Aseguró que los ayuntamientos contarán con «todos los medios humanos y técnicos» para agilizar la tramitación y garantizar la rapidez en la recepción de estos fondos. Estas ayudas se suman a las anunciadas previamente, que ascienden a 250 millones de euros en una primera fase.

“Es imperativo actuar” para prevenir futuras catástrofes

Mazón enfatizó la urgencia de implementar estas medidas, no solo para paliar los daños materiales, sino también para proteger a la población ante futuros episodios de clima extremo, dado que la Comunidad Valenciana es especialmente vulnerable a estos fenómenos. En este sentido, aseguró que presentará al Gobierno central el conjunto de las 136 medidas con el fin de activar un plan integral de recuperación para la región.

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