Crónica Diaria

Puigdemont denuncia a Llarena ante el CGPJ por «desatender» sus recursos sobre la amnistía, buscando una sanción disciplinaria por retrasos injustificados
The post Puigdemont denuncia al juez Llarena ante el CGPJ por no contestar a sus recursos first appeared on Hércules.  Carles Puigdemont, expresidente catalán y líder de Junts, ha intensificado su ofensiva legal contra el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, presentando una denuncia formal ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Esta acción se enmarca en la estrategia de defensa de Puigdemont, quien, junto con el eurodiputado Antoni Comín, acusa a Llarena de «desatención» y «retraso injustificado y reiterado» en la resolución de recursos relacionados con la no aplicación de la ley de Amnistía en el caso de la malversación que se le imputa por su participación en el procés.

La denuncia, firmada por el abogado Gonzalo Boye, se centra en lo que la defensa de Puigdemont considera una gestión inadecuada por parte de Llarena en relación con los recursos presentados en julio de 2024. Estos recursos buscaban revertir la decisión del magistrado de no aplicar la ley de Amnistía en el contexto del procés. Según el documento, los recursos fueron presentados los días 8 y 9 de julio, pero no fue hasta el 22 de julio que se dio traslado a las partes involucradas. A pesar de la gravedad de la situación y la importancia de una resolución rápida, Llarena aún no ha emitido un fallo al respecto.

Uno de los puntos que subraya la denuncia es que Llarena, a pesar de haber suspendido sus vacaciones el 7 de agosto para atender cuestiones relacionadas con la posible detención de Puigdemont en su anunciada vuelta a Barcelona, no ha resuelto los recursos pendientes. La denuncia destaca que, el 9 de agosto, el magistrado dictó providencias solicitando explicaciones a los Mossos d’Esquadra y al Ministerio del Interior sobre el «fracaso» en la interceptación de Puigdemont. Sin embargo, no ha habido avances en la resolución de los recursos, lo que para Boye demuestra una «dilación maliciosa» sin justificación legal.

El escrito presentado al CGPJ también argumenta que Llarena ha incumplido repetidamente el plazo legal estipulado en el artículo 222 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que los recursos de reforma deben ser resueltos dentro de un plazo razonable. Boye insiste en que estos recursos «debieron haberse resuelto hace más de un mes, durante la primera mitad del mes de julio de 2024», y que el retraso no solo es injustificado, sino que podría constituir una «infracción disciplinaria» por parte del magistrado.

Este movimiento de la defensa de Puigdemont se produce en un contexto en el que el líder de Junts necesita agotar todas las vías internas de recurso ante el Tribunal Supremo para poder llevar su caso al Tribunal Constitucional. La estrategia de Puigdemont se basa en la creencia de que el Tribunal Constitucional podría enmendar la decisión de Llarena y, eventualmente, anular los cargos que aún pesan sobre él, facilitando su regreso a España sin enfrentar un arresto inmediato.

La denuncia también resalta la tensión creciente entre las instituciones judiciales y el entorno de Puigdemont, quien ha intentado en varias ocasiones apartar a Llarena de la causa. La resolución de estos recursos es crucial no solo para el futuro judicial de Puigdemont, sino también para el escenario político en España, dado que el expresidente catalán mantiene una influencia significativa, especialmente en el contexto de las negociaciones políticas actuales, donde su apoyo es clave para el gobierno de Pedro Sánchez en la aprobación de diversas leyes.

Este caso, que refleja la compleja relación entre la justicia española y el independentismo catalán, continúa siendo un punto de conflicto que podría tener repercusiones tanto en el ámbito judicial como en el político, mientras Puigdemont y su equipo legal buscan desactivar las acusaciones que han perseguido al líder catalán desde su huida a Bélgica tras el referéndum ilegal de 2017.

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El bloque conservador del CGPJ pide censurar las críticas del Gobierno hacia los jueces, alegando que violan la separación de poderes
The post El CGPJ presenta una propuesta para rechazar los ataques del Gobierno contra los jueces first appeared on Hércules.  El bloque conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), compuesto por diez vocales, ha presentado una propuesta al Pleno del órgano de gobierno de los jueces para que se emita una declaración en defensa de la independencia judicial frente a lo que consideran «ataques» por parte de miembros del Poder Ejecutivo. Los magistrados en cuestión han destacado que desde la constitución de este CGPJ, el pasado 25 de julio de 2024, han observado declaraciones públicas de miembros del Gobierno que, a su juicio, exceden el ámbito legítimo de la libertad de expresión y las críticas razonables y moderadas hacia las decisiones judiciales.

En su escrito, los vocales conservadores han señalado que algunas declaraciones recientes del Ejecutivo representan una extralimitación en sus funciones y ponen en peligro la separación de poderes, un principio fundamental del Estado de derecho. Entre las declaraciones que mencionan, se encuentra una intervención del ministro de Transportes, Óscar Puente, en RTVE. En dicha intervención, Puente afirmó que el Tribunal Supremo se estaba extralimitando al interpretar una ley y sugirió que las decisiones del tribunal estaban retrasando la implementación de dicha ley. Este tipo de comentarios, según los vocales del CGPJ, son «manifestaciones fuera de los límites» que exige el respeto mutuo entre los poderes del Estado.

Los diez vocales que firman esta propuesta –José Luis Costa, José Antonio Montero, Pilar Jiménez, Eduardo Martínez, Gema Espinosa, José María Páez, Esther Rojo, Carlos Orga, Isabel Revuelta y Alejandro Abascal– han solicitado al Pleno que se declare un «rechazo firme» a estas manifestaciones y que se haga un llamamiento a la contención y prudencia en la crítica hacia las resoluciones judiciales y, en general, hacia el Poder Judicial. En su opinión, estas declaraciones del Gobierno no solo socavan la autoridad del Tribunal Supremo, sino que también generan una percepción pública negativa sobre la imparcialidad e independencia de los jueces.

A pesar de la solicitud de los vocales conservadores, fuentes cercanas al CGPJ han señalado que este punto no fue incluido en el orden del día del Pleno celebrado este lunes 19 de agosto. En cambio, el Pleno se centró en aprobar 112 acuerdos relacionados con asuntos considerados urgentes e inaplazables, que no podían esperar la designación del nuevo presidente del órgano judicial.

La situación refleja la tensión existente entre el Poder Judicial y el Gobierno, en un contexto donde las decisiones judiciales sobre temas políticamente sensibles están bajo constante escrutinio. El hecho de que las críticas del Gobierno hacia el Poder Judicial hayan llegado a un punto donde se solicita su censura pone de manifiesto la delicada relación entre ambos poderes del Estado y plantea interrogantes sobre el respeto mutuo y la colaboración necesaria para el buen funcionamiento de las instituciones democráticas en España.

Este episodio se suma a otros recientes en los que la independencia judicial ha sido objeto de debate, subrayando la importancia de mantener un equilibrio adecuado entre los diferentes poderes del Estado para preservar la democracia y el Estado de derecho en el país.

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Manos Limpias quiere llevar al expresidente del Gobierno a la Corte Penal Internacional debido a la relación que mantiene con Nicolás Maduro
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Imagen: EFE

El sindicato Manos Limpias ha presentado una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero. La acusación se basa en su supuesta complicidad con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, al que el sindicato califica de «criminal». Según el documento, al que tuvo acceso THE OBJECTIVE, se solicita que la CPI inicie una investigación por su presunta colaboración en actos que podrían considerarse crímenes de lesa humanidad.

Contexto de la denuncia

Manos Limpias justifica su acción al recordar un informe de diciembre de 2017 emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el cual destacó la progresiva erosión de las instituciones democráticas en Venezuela desde 2015, agravándose significativamente en 2017. Este informe también señaló la falta de Estado de Derecho y la represión sistemática por parte del régimen de Maduro.

En 2018, la Secretaría General de la OEA y un grupo de expertos independientes acusaron al gobierno venezolano de llevar a cabo ataques sistemáticos contra opositores. Dichos ataques, según los denunciantes, incluyen detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas.

Informes internacionales y la figura de Zapatero

Otro documento clave mencionado por Manos Limpias es el informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de junio de 2018. En él, se documentaron violaciones de derechos humanos en Venezuela desde al menos 2014, describiendo una situación de deterioro continuo sin fin aparente.

Además, en septiembre de 2018, varios líderes latinoamericanos y Canadá solicitaron formalmente a la CPI que investigara posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Esta solicitud fue reforzada en 2023 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que denunció la sustitución del Estado de derecho por una autocracia en el país.

Implicaciones y acusaciones contra Zapatero

Manos Limpias también señala que, tras unas elecciones en las que Maduro fue derrotado por el opositor Edmundo González Urrutia, el régimen intensificó la represión. En este contexto, Rodríguez Zapatero ha sido acusado de presionar a la oposición y actuar a favor de Maduro, siendo señalado como un aliado del régimen.

La denuncia concluye mencionando que Zapatero, a pesar de los informes internacionales, ha sido acusado de recibir beneficios del régimen venezolano, incluyendo la explotación de una mina de oro y contratos petroleros. Estas acusaciones han generado controversia, incluso dentro de su propio partido en España, en contraste con la postura crítica de otros líderes socialistas como el expresidente Felipe González.

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El primo del menor se ha pronunciado ante la desinformación tras el crimen y los comentarios en redes sociales afirmando que el asesino es un inmigrante árabe
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Imagen: Autoridades y familiares del niño asesinado en Mocejón tras el minuto de silencio. Javier Longobardo

Tras el asesinato de Mateo este domingo en Mocejón (Toledo), la familia del niño de 11 años ha dado las primeras declaraciones sobre el trágico suceso y ha expresado su confianza en que la Guardia Civil pueda detener cuando antes al asesino. En esta línea, el portavoz de la familia, uno de los primos de la víctima, ha pedido que no se acuse a nadie “por su raza o su color de piel”.

Así se ha expresado Asell Sánchez ante los medios de comunicación después de leer un comunicado durante el minuto de silencio que ha convocado el ayuntamiento de la localidad toledana a las puertas de la casa consistorial, que ha congregado a medio millar de vecinos.

«La familia seguimos destrozados y consternados mientras la investigación sigue su curso y siguen buscando a este indeseable», ha comenzado. Un «indeseable» al que no identifican con nadie del pueblo, tal y como ha comentado.

Sánchez, que ha instado a no adelantar acontecimientos y ha solicitado que se deje a los cuerpos policiales trabajar en la resolución del caso, ha lanzado un mensaje de cautela después de que las redes sociales se hayan inundado de desinformación tras el crimen y muchos usuarios hayan especulado e incluso afirmado que el asesino es un inmigrante árabe, aunque por el momento no hay indicios que así hagan sospecharlo.

Esta teoría viene a raíz de conocerse que un hotel de Mocejón acoge desde principios de mes a medio centenar de menores migrantes no acompañados que llegaron recientemente a Canarias de manera irregular y que han sido reubicados en sus instalaciones.

Sin embargo, según El Español, todos los menores migrantes acudieron a comer con normalidad este domingo y afirma, según fuentes del alojamiento, que son “gente muy seria” a la que se le hace un seguimiento exhaustivo.

La familia no quiere señalar a ningún colectivo

El portavoz de la familia de Mateo ha pedido prudencia a la hora de revelar información, porque no hay nada claro: «No vamos a señalar a determinados colectivos. No tenemos ninguna sospecha y no queremos que se criminalice a nadie por su etnia, por su raza, por su religión o color».

Y ha zanjado: «Confiamos en la investigación, en la justicia y en que no vuelva a pasar. Lo que queremos es que le cojan, independientemente de la edad que tenga«, haciendo referencia a la pista que se tiene, sobre que el culpable podría tener entre 16 y 17 años.

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