Crónica Diaria

El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso Patxi López, fue el primero en cuestionar el comportamiento de Leire Díez
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La militante socialista Leíre Díez Castro. Fuente: redes sociales

El PSOE ha expresado públicamente su rechazo a la conducta de su militante Leire Díez Castro, cuestionada por su falta de ejemplaridad tras la difusión de varios audios en los que supuestamente exige información sobre cargos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Diversos dirigentes del partido consideran que Díez Castro debe ofrecer explicaciones por estos hechos a título individual.

La presidenta del PSOE, la diputada Cristina Narbona, ha reconocido que conoce a Leire Díez “desde hace mucho tiempo”, por su etapa en el partido en Cantabria, donde desempeñaba funciones vinculadas a la comunicación.

En declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso al inicio de la sesión de control de este miércoles, Narbona ha dicho que ha sido una “sorpresa” escuchar las grabaciones en las que Díez ofrece acuerdos con la Fiscalía y la Abogacía del Estado a un empresario con causas pendientes con la Justicia a cambio de información comprometedora contra cargos públicos. “Para mí ha sido una absoluta sorpresa y por supuesto estoy muy disgustada”, ha asegurado.

En la misma línea se ha pronunciado el diputado del PSC José Zaragoza, que afirma que hay “comportamientos individuales que no son ejemplares”. Al ser interrogado sobre si Díez mantenía esas reuniones y hacía ofertas de pactos con la Justicia de manera individual, dice que no la conoce y por tanto no puede saber “en nombre de quien” habla.

En todo caso, considera que es la propia Díez, que desempeñó cargos de responsabilidad en empresas públicas entre 2018 y 2024, la que tiene que explicarse. “Ella sabrá en nombre de qué hace qué, las explicaciones las tiene que dar ella”.

Leíre Díez exigía acabar con altos mandos de la UCO

En ese sentido, recalca que Leire Díez Castro “no es miembro de una dirección nacional” y por tanto no se puede pedir responsabilidad al partido. “Nosotros somos responsables de lo que hacemos como partido” pero no de lo que hacen los “miles de militantes”.

El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso Patxi López, que conoce a Díez de Barakaldo, fue el primero en cuestionar el comportamiento de Leire Díez, asegurando que, si es cierto lo que aparece en las grabaciones, su comportamiento sería “rechazable”.

El nombre de Leire Díez no es nuevo en el panorama político, en septiembre de 2024 se comenzó a hablar de ella, después de que el medio digital ‘El Confidencial’ revelase que el partido socialista se encontraba preparando una campaña contra jueces, la UCO y periodistas. El fin de esta campaña era tapar las informaciones que se estaban publicando sobre el caso de la esposa del presidente del Gobierno.

El papel de Leire Díez en esta campaña sobre Begoña Gómez era recabar informaciones sobre los “enemigos del Gobierno”, llamados así por el PSOE, con el fin de desacreditar sus versiones acerca de los presuntos casos de corrupción que lo rodean.

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El político ha alegado que deja el cargo por motivos personales tras cinco años de servicio a las ordenes del ministro del Interior
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^{Imagen: el secretario de Estado de Seguridad I MI}

El secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz, ha presentado su dimisión este martes, en medio de una creciente crisis interna en el Ministerio del Interior marcada por la ruptura de confianza con la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y las críticas por la reciente compra de munición a Israel. La renuncia del ‘número dos’ de Fernando Grande-Marlaska supone un golpe a la estabilidad del departamento y aviva la tensión en uno de los momentos más delicados para el Gobierno en materia de seguridad.

Fricciones con la Guardia Civil y pérdida de respaldo operativo

Según fuentes del Ministerio del Interior, la relación entre la cúpula política del departamento y la UCO llevaba semanas deteriorándose, con desencuentros acumulados en torno a decisiones estratégicas, recortes presupuestarios y el tratamiento de investigaciones sensibles. El malestar alcanzó su punto álgido tras conocerse que varios mandos expresaron su descontento por la falta de respaldo institucional ante presiones externas y filtraciones a medios sobre operaciones en curso.

Diversos analistas apuntan a que la marcha de Pérez Ruiz evidencia una pérdida de autoridad por parte del ministro Marlaska, quien ha optado por mantener silencio ante las críticas internas y evitar confrontaciones públicas. No obstante, el relevo se interpreta también como un intento del Ejecutivo por calmar las aguas dentro de las fuerzas de seguridad y recomponer puentes con mandos clave de la Guardia Civil.

Polémica internacional por la compra de munición a Israel

La dimisión se produce apenas días después de que trascendiera la adquisición por parte del Ministerio del Interior de un lote de balas de goma y munición antidisturbios a una empresa israelí, en plena ofensiva militar en Gaza. La operación, valorada en más de 2 millones de euros, generó una oleada de críticas por parte de ONG, grupos parlamentarios de izquierda y movimientos propalestinos, que acusan al Gobierno de incoherencia diplomática y falta de sensibilidad ante la crisis humanitaria.

Desde el Ministerio se argumentó que la compra respondía a criterios técnicos y de urgencia, pero la polémica alcanzó tal magnitud que obligó a varios portavoces del Ejecutivo a matizar que la adquisición no suponía un respaldo político al Gobierno de Netanyahu. Aun así, el escándalo provocó un profundo desgaste en Interior, y fuentes parlamentarias afirman que la presión sobre Pérez Ruiz se había intensificado en los últimos días.

Expectación ante el relevo y consecuencias políticas

Los partidos de la oposición han exigido explicaciones inmediatas en el Congreso y advierten de una posible “purga interna” para salvar la imagen del ministro. El Partido Popular y Vox han pedido la comparecencia urgente de Marlaska, mientras que Podemos y otras formaciones del bloque de investidura reclaman una auditoría sobre las compras de material policial con proveedores extranjeros.

La dimisión de Rafael Pérez reabre el debate sobre la dirección política del Ministerio del Interior y las relaciones entre el poder civil y los cuerpos de seguridad del Estado. En un momento de creciente sensibilidad social ante el uso de la fuerza pública y la política exterior, el Gobierno se enfrenta a una tormenta institucional que no parece amainar.

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La Comisión Europea exige más inversiones y presión política ante el rezago de interconexiones que pone en riesgo el sistema energético
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^{Torres eléctricas I Europa Press}

La Comisión Europea ha lanzado una dura advertencia este miércoles sobre el bajo nivel de interconexión eléctrica en países como España, subrayando la necesidad de redoblar esfuerzos para garantizar inversiones suficientes en infraestructuras eléctricas a todos los niveles. El objetivo: cubrir tanto las necesidades energéticas nacionales como las transfronterizas en una Europa que aspira a una transición energética integrada y sostenible.

En su reciente evaluación de los Planes Nacionales de Energía y Clima (NECP), Bruselas señala que mientras países como Luxemburgo, Hungría, Letonia y Eslovenia ya superan el objetivo del 15% de interconexión fijado para 2030, otros como España, Grecia, Italia y Francia siguen muy por debajo de este umbral.

El informe destaca una brecha persistente en el desarrollo de las conexiones eléctricas entre Estados miembro, y advierte que aún faltan 32 gigavatios de capacidad transfronteriza para cumplir los objetivos climáticos y energéticos europeos.

Según informa Europa Press, la Comisión recalca que invertir en redes eléctricas y optimizar un sistema energético europeo bien integrado es esencial para lograr una transición limpia, eficiente y rentable.

Esta advertencia llega poco después de que España y Portugal exigieran a Bruselas una mayor presión sobre Francia por su falta de compromiso para cerrar la interconexión con la Península Ibérica, especialmente tras el apagón masivo del 28 de abril.

Ambos países han propuesto una reunión ministerial con Francia y la Comisión antes de fin de año para acordar hitos concretos que impulsen las conexiones, que actualmente no superan el 3%, muy lejos del 10% prometido para 2020 y del 15% previsto para 2030.

La carta conjunta subraya que la reciente interrupción del suministro afectó gravemente a toda la Península y evidenció la urgencia de reforzar la interconectividad del sistema eléctrico europeo, por lo que se solicita un compromiso político y financiero firme y prioritario por parte de la Comisión.

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Este encuentro estará presidido por el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, y servirá para conocer la cifra de capacidad ordinaria del sistema acogida
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Europa Press

El Gobierno central informará este miércoles 28 de mayo, en la Comisión de Infancia y Adolescencia, a las comunidades autónomas de la capacidad de acogida de menores migrantes no acompañados de cada territorio.

El encuentro estará presidido por el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, y servirá para conocer la cifra de capacidad ordinaria del sistema acogida y descubrir las comunidades que están en sobreocupación y, por lo tanto, pueden solicitar la contingencia migratoria extraordinaria.

Real decreto-ley

El reparto de menores migrantes se declarará la contingencia migratoria extraordinaria en aquellas comunidades o ciudades autónomas cuyo sistema de protección y tutela de personas menores de edad extranjeras no acompañadas exceda en ocupación tres veces su capacidad ordinaria.

Posteriormente, la comunidad o ciudad autónoma afectada por sobreocupación solicitará la contingencia migratoria extraordinaria, que se aprobará después es un plazo máximo de cinco días naturales y será trasladada al conjunto de integrantes de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia. Dicha situación de contingencia migratoria extraordinaria determinará que se establezca por el órgano competente de la Administración General del Estado cuál será la comunidad o ciudad autónoma a la que se traslade para su ubicación a los menores extranjeros no acompañados.

Esta reunión, tal y como explico la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, es el paso previo a la Conferencia Sectorial de junio, a la que las comunidades podrán llevar sus propuestas para cambiar los criterios que establece el real decreto-ley. “Tienen esa posibilidad, por supuesto. Se tiene que votar por unanimidad en la Conferencia Sectorial. Eso sí que es un requisito que viene contemplado en el real decreto”, aseguró la ministra el miércoles en declaraciones a medios en el Congreso.

La última vez que el Ejecutivo se reunió con las comunidades autónomas fue el 5 de mayo en una conferencia en el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. En ella, debatieron durante alrededor de cuatro horas sobre el real decreto para el reparto de migrantes. Esta estuvo por las críticas de las autonomías gobernadas por el Partido Popular por el criterios “arbitrarios y forzosos” aprobados por el Gobierno.

Denuncia del PP

En este encuentro el PP denuncio en la Conferencia Sectorial extraordinaria no se permitió a las comunidades autónomas votar el real decreto de reparto de migrantes. Por su parte, la ministra defendió que “no se vota porque ya está ratificado” por el Congreso de los Diputados y reprochó a los ‘populares’ que “no se puede votar lo que no se ha aportado” ya que no presentaron ninguna propuesta de modificación.

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José Manuel Albares ha defendido la propuesta española de oficializar en Bruselas las lenguas co-oficiales de España a la par que ha defendido mantener relaciones con Israel
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^{Albares I Europa Press}

José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, ha defendido que el catalán, el euskera y el gallego sean lenguas oficiales de la UE. Lo ha defendido después de que España retirara este martes su propuesta a voto por las reservas de algunos de los 27: “10 millones de europeos hablan catalán, mucho más que muchas de las lenguas ya oficiales”.

En sendas entrevistas de este miércoles en Ser Catalunya y RAC1 recogidas por Europa Press, Albares ha insistido en que conseguir el apoyo de los 27 “es algo que toma un cierto tiempo” y que la solicitud del Gobierno es, en sus palabras irrenunciable e irreversible.

Sobre el rechazo del Partido Popular a la oficialidad de las lenguas, ha expresado que le parece “inconcebible” que el principal partido de la oposición vaya, a su juicio, contra las lenguas del país, la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Cataluña.

No retirarán al embajador en Israel

En otro orden de las cosas, el ministro ha sido preguntado por la demanda de sus socios de Gobierno, Sumar, de retirar el embajador español en Israel, se ha mostrado, textualmente no partidario de hacerlo porque “la solución de dos Estados requiere también un Estado de Israel”.

Ha comparado la situación con la de Rusia, en donde España tampoco retiró el embajador con el inicio de la invasión de Ucrania: “El diálogo siempre es mucho más fuerte que la confrontación. Y por los mismos motivos no retiro a nuestro embajador en Moscú”.

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El expolítico también enfrenta otro juicio por el caso Kitchen, acusado de eliminar información que pudiera afectar a altos cargos del PP
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^{Imagen: el expolítico, Fernando Martínez I EPE}

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido a Francisco Martínez, quien fuera secretario de Estado de Seguridad durante el Gobierno de Mariano Rajoy, por su presunta implicación en un delito de blanqueo de capitales. La detención forma parte de una operación más amplia contra redes de corrupción vinculadas al uso irregular de fondos públicos durante el mandato del Partido Popular.

Nuevas ramificaciones del caso Kitchen

Según fuentes judiciales, la detención de Martínez responde a nuevas líneas de investigación derivadas del caso Kitchen, el operativo parapolicial presuntamente organizado desde el Ministerio del Interior para espiar al extesorero del PP, Luis Bárcenas. Aunque Martínez ya estaba imputado en esa causa por malversación y prevaricación, los investigadores creen ahora haber encontrado indicios sólidos de que habría canalizado dinero a través de estructuras opacas con el objetivo de ocultar su origen ilícito.

Las pesquisas apuntan a la posible utilización de testaferros, cuentas en el extranjero y sociedades pantalla para el presunto blanqueo de fondos, algunos de los cuales procederían directamente de partidas clasificadas como fondos reservados.

Registros en Madrid y otras provincias

La operación, coordinada por la Audiencia Nacional, incluye registros en varias localidades de la Comunidad de Madrid, así como en otras provincias, y se ha saldado hasta el momento con varias detenciones, aunque el número exacto de arrestados no ha sido confirmado oficialmente. Los agentes de la UCO han incautado documentación, dispositivos electrónicos y material sensible que será analizado en los próximos días.

Fuentes próximas al caso señalan que la investigación se encontraba bajo secreto de sumario hasta esta misma mañana, cuando se autorizó la entrada y registro en varios domicilios y despachos profesionales relacionados con el exalto cargo.

Reacción del PP y del entorno de Rajoy

Desde el Partido Popular, la dirección nacional ha emitido un breve comunicado en el que se desvincula de los hechos investigados, recordando que Francisco Martínez ya no ocupa ningún cargo en la formación. “Confiamos en el trabajo de la Justicia y respetamos la presunción de inocencia”, reza el texto difundido por Génova.

Por su parte, el expresidente Mariano Rajoy no ha hecho declaraciones públicas, aunque fuentes de su entorno han expresado “sorpresa” por la detención y han insistido en que Rajoy “nunca dio instrucciones” relativas a los movimientos ahora bajo investigación.

Implicaciones políticas y judiciales

La detención de Martínez representa un nuevo capítulo en el largo recorrido judicial de la llamada policía patriótica, el conjunto de actuaciones extralegales impulsadas presuntamente desde el Ministerio del Interior durante los gobiernos del PP para controlar o neutralizar a antiguos colaboradores implicados en casos de corrupción.

Además, esta nueva derivada por blanqueo podría tener consecuencias penales aún más graves para el exsecretario de Estado, ya que implica la posible conversión de fondos públicos ilícitamente desviados en patrimonio legalizado a través de operaciones simuladas. Los próximos días serán claves para el futuro procesal de Martínez, quien previsiblemente pasará a disposición judicial en las próximas 48 horas. La Fiscalía Anticorrupción no descarta solicitar medidas cautelares en función de los resultados de los interrogatorios y los documentos incautados.

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Murtra y otros testigos declaran sobre las inversiones en el software de la cátedra de Begoña Gómez, en el centro de una investigación judicial
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Marc Murtra, actual presidente de Telefónica y exresponsable de Indra, debe declarar como testigo este miércoles. El juez investiga si hubo irregularidades en la financiación del software usado en la cátedra de Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez. La cátedra funcionaba en la Universidad Complutense de Madrid.

Junto a él comparecerán otros testigos clave: Manuel Ausaverri, director de estrategia de Indra; Fernando Abril-Martorell, expresidente de esa misma empresa; Isaac Hernández Vargas, directivo de Google Cloud; y Jaime García Cantero, exasesor del máster dirigido por Gómez.

El juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, lleva el caso. Investiga posibles delitos de tráfico de influencias, apropiación indebida de marca, intrusismo y corrupción. En esta fase se quiere determinar si Gómez se adueñó del software financiado por empresas en 2022.

En diciembre pasado, Gómez negó haber cometido ilegalidades. La acusación parte de la denuncia del grupo Hazte Oír. Indra, en documentos previos, confirmó una inversión de 128.442 euros en el programa. Google señaló haber aportado 110.000 euros.

Directivos apuntan a Murtra y nuevas citas judiciales

El juez llama a declarar a Murtra, Ausaverri y Abril-Martorell tras testimonios que los señalaron como conocedores de la inversión en el software. Varios exdirectivos de Indra y Telefónica los vincularon directamente a las decisiones sobre la cátedra. El 2 de abril, otros testigos ya hablaron de los hechos. Las acusaciones populares pidieron nuevas comparecencias, considerando que los implicados tenían un rol técnico clave.

El juez ya recibió a varios ejecutivos el 14 de mayo: Miguel Rodríguez Bueno, jefe de proyecto de Google; Miguel Escassi, responsable de políticas públicas de Google; Luis Abril, exdirector de Indra; y Rosauro Varo, vicepresidente del consejo de Telefónica Audiovisual Digital. Los representantes de Google defendieron que el apoyo al proyecto universitario encajaba en su estrategia de digitalización nacional. Varo, según fuentes del interrogatorio, dijo que fue la propia Gómez quien sugirió la inversión.

Otra línea: la contratación de una asesora

Este miércoles también comparece Raúl Díaz, excoordinador de personal de Moncloa. Su citación se enmarca en otra línea de investigación. En este caso se analiza el nombramiento de Cristina Álvarez como asesora de Gómez.

Díaz ya declaró el 14 de mayo. Aseguró que no tenía capacidad para contratar personal eventual y que solo firmó un documento oficial. Dijo no conocer quién redactó el certificado sobre las funciones de Álvarez. El juez le ha pedido que amplíe esa información.

La investigación se extiende

El caso contra Begoña Gómez comenzó en abril de 2024 con una denuncia de Manos Limpias. La acusan de usar su posición para recomendar a empresarios, como Juan Carlos Barrabés, en licitaciones públicas. La causa tiene ahora varias ramas: el supuesto tráfico de influencias a favor de Barrabés, la gestión de la cátedra, la presunta apropiación del software, y el nombramiento de Cristina Álvarez.

La Audiencia Provincial de Madrid acotó el procedimiento. Archivó la imputación contra el rector de la Complutense, Joaquín Goyache, y contra el directivo del IE, Juan José Güemes. Los investigados actualmente son cuatro: Gómez, Álvarez, Francisco Martín Aguirre (delegado del Gobierno en Madrid) y Juan Carlos Barrabés.

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