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La princesa Amalia se convirtió anoche en la sensación de la cena de gala del Consejo de Estado, donde acompañó a los reyes Guillermo y Máxima.
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La Fiscalía de Venezuela ha anunciado órdenes de detención contra el presidente argentino y su hermana, acusados de “robar” un avión venezolano
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Imagen: AFP
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p class=»MsoNormal»>El Gobierno de Nicolás Maduro ha aumentado la presión diplomática sobre los países que cuestionan la legitimidad de su reelección como presidente. Este miércoles, el fiscal general venezolano, Tarek William Saab, anunció órdenes de detención contra el presidente de Argentina, Javier Milei; su hermana y asesora principal, Karina Milei; y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La acusación está relacionada con la incautación de un avión de carga de la aerolínea estatal venezolana Emtrasur, retenido en Argentina en 2022 y entregado a Estados Unidos a principios de este año.
La disputa por el Boeing 737-300 comenzó durante el mandato del expresidente argentino, Alberto Fernández, quien aceptó una solicitud de Estados Unidos para retener la aeronave en el aeropuerto de Ezeiza. La tripulación, compuesta por 14 venezolanos y cinco iraníes, también fue retenida bajo sospechas de vínculos con el terrorismo, ya que Washington alegaba que la compra del avión a la aerolínea iraní Mahan Air violaba sanciones internacionales. Aunque los tripulantes fueron liberados por falta de pruebas, el avión quedó retenido hasta que un juez argentino ordenó su entrega a Estados Unidos en febrero.
Saab acusó a Javier Milei y a su equipo de «robar y desmantelar» el avión, calificando el caso como una acción «vomitiva». El fiscal venezolano anunció que solicitará la captura internacional de Milei, su hermana y Patricia Bullrich, acusándolos de delitos como robo agravado, legitimación de capitales y privación ilegítima de libertad, entre otros. Según Saab, los delitos cometidos corresponden a la jurisdicción venezolana.
El Gobierno argentino respondió rápidamente a las acusaciones a través de un comunicado de la Cancillería, subrayando que la decisión sobre el avión de Emtrasur fue tomada por el Poder Judicial, un organismo independiente del Ejecutivo. El comunicado también remarcó la importancia de la división de poderes en Argentina, criticando la falta de independencia judicial en Venezuela bajo el mandato de Nicolás Maduro.
Además de las órdenes de captura, Saab informó que ha designado un fiscal para investigar presuntas violaciones de derechos humanos en Argentina. Durante una rueda de prensa, presentó imágenes de la represión policial contra jubilados que protestaban por el recorte de sus pensiones, criticando duramente la actuación del Gobierno de Milei. «Javier Milei es un peligro brutal para todo el hemisferio», afirmó Saab, acusando al presidente argentino de no tener autoridad moral para criticar a las instituciones venezolanas.
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La política climática quedará en un segundo plano respecto a otras prioridades de la Comisión, como la autonomía estratégica o la Defensa
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Imagen: la vicepresidenta tercera Teresa Ribera- Europa Press
Si pasa el examen del Parlamento Europeo, Teresa Ribera estará en la primera línea de la nueva Comisión, como vicepresidenta y comisaria de Transición Energética y Competencia. Sin embargo, su labor será muy complicada teniendo en cuenta las prioridades de Bruselas para los próximos años: el papel de Ribera puede chocar con los planes del nuevo Ejecutivo comunitario.
En Bruselas se hablará mucho menos de políticas ‘verdes’ y mucho más de autonomía estratégica, industria y economía. Por eso, aunque es una apuesta fuerte, a efectos de la UE, su peso será más relevante en el ámbito de la Competencia y la lucha contra las grandes tecnológicas, no tanto desde el punto de vista de un Pacto Verde que desaparece de las prioridades teóricas de la Comisión.
La Comisión será geopolítica y no climática. El giro en este sentido es importante, pues Bruselas dice adiós a la ‘perspectiva social’ de la UE, al menos de momento: ni empleo, ni igualdad, ni un peso importante para la sanidad. De este modo, las prioridades del grupo socialdemócrata quedan diluidas en un pensamiento más orientado al poder duro, un concepto muy repetido en los últimos años. Se impone así el mensaje de los países bálticos: Defensa, industria y competición con China y Estados Unidos. Y, en ese escenario, el Green Deal (Pacto Verde Europeo) queda camuflado. La UE piensa menos en sí misma y más en su papel en el mundo.
El pasado 17 de septiembre la presidenta de la Comisión de la UE, Ursula von der Layen, dio a conocer el nombre de los nuevos comisarios del Ejecutivo comunitario, y entre ellos la española Teresa Ribera ocupará uno de los cargos de mayor peso. La socialista será vicepresidenta ejecutiva al cargo de la Competencia y de la Transición Verde.
La todavía vicepresidenta tercera española, reconocida en Europa por su negociación para lograr la «excepción ibérica» tras la guerra de Ucrania y por su papel en las cumbres del clima, asumirá esta importante cartera a partir del próximo 1 de noviembre, cuando arranca oficialmente el mandato del recién anunciado Colegio de Comisarios.
Sus funciones serán, tal como ha anunciado von der Layen, las de conseguir “una transición limpia, justa y competitiva”, así como de “la política de la competencia”.
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A la Confederación Hidrográfica del Guadiana “no le consta” el aprovechamiento de aguas subterráneas del acuífero subterráneo de Tierra de Barros, una comarca repleta de viñedos y olivos
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Imagen: La consejera extremeña Mercedes Morán nombrada secretaria ejecutiva nacional de Agricultura, Ganadería y Pesca del PP | PP Extremadura
La consejera extremeña de Agricultura Mercedes Morán es cotitular de una parcela de vides de casi 3,5 hectáreas de secano que cuenta con un pozo ilegal, en Tierra de Barros, provincia de Badajoz. Allí, la Confederación Hidrográfica del Guaiana (CHG) alertó en 2015 del estado del acuífero subterráneo en cuanto a la cantidad, y también en cuanto a su calidad por la presencia de nitratos.
ElDiario.es ha revelado en exclusiva esta información y, según ha podido saber el medio, a la CHG “no le consta” este aprovechamiento de aguas subterráneas, por lo que no está registrado, a pesar de que esa superficie de viñedo en espaldera cuenta con una caseta de construcción de la que sale un sistema de riego por goteo a las hileras de vides.
La masa de agua subterránea de Tierra de Barros abarca una superficie de 1.727 kilómetros cuadrados, está situada entre 30 y 50 metros de profundidad, se nutre del agua de lluvia a través del eje del Guadiana, y tiene una capacidad de renovación anual de 25,6 hectómetros cúbicos, aunque esa cifra después se ha corregidos al alza, hasta los 27,3 hectómetros cúbicos. También recibe aportaciones de las filtraciones de los riegos. Frente a esa capacidad de recarga anual, los permisos de extracción reconocidos en 2015, cuando se declaró el riesgo del acuífero, eran de 25,94, por lo que se tomaron medidas para que no se agotara.
Ese año se suspendieron los permisos para nuevas captaciones de aguas y se restringieron al máximo las concesiones de nuevos derechos, según el programa de actuación, aprobado en 2021 y que fija un plazo de vigencia hasta 2027, aunque prorrogable si no se cumple el objetivo y el acuífero sigue sobreexplotado. No obstante, existe un “descenso generalizado en los niveles de la masa de agua subterránea acumulada en el período 2014- 2023”, como quedó reflejado en una reunión de la junta de explotación de este acuífero en diciembre de 2023.
La consejera de Agricultura ha explicado a elDiario.es que es “conocedora de la situación de su parcela”, aunque se escuda en que ella “ni explota ni ha explotado en ningún momento” ese terreno, sino que lo hace “otro titular”. Esa otra persona a quien se refiere como copropietario es su hermano.
Morán también ha asegurado que se enteró de la existencia de este sistema de riego ilegal tras un “control de campo” de la Consejería de la que es responsable y que a “la persona que explota” el viñedo se le han aplicado las penalizaciones pertinentes en las ayudas PAC y en la condicionalidad. “Es decir, se ha aplicado escrupulosamente la ley”, ha subrayado.
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Los independentistas están forzando el concierto catalán y han afirmado que “si no avanza la financiación, no avanzarán sus cuentas”
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Imagen: ACN
El nuevo Govern de Salvador Illa ha marcado como «prioridad» aprobar sus primeros presupuestos antes del 1 de enero de 2025. Esta meta, que sigue el rigor administrativo que se perdió durante el procés, es fundamental para evitar la inestabilidad que vivió Cataluña entre 2017 y 2020, cuando no contó con unas cuentas actualizadas. El ex president Pere Aragonès sufrió las consecuencias de esta situación, al verse obligado a adelantar las elecciones tras no lograr aprobar su último proyecto presupuestario, lo que provocó la pérdida del poder en favor de los socialistas.
El pasado lunes, Sílvia Paneque anunció que la negociación de los presupuestos sería prioritaria, dejando en un segundo plano la «financiación singular» acordada entre el PSC y ERC, un pacto clave para la investidura de Illa. Esta declaración generó malestar entre los republicanos, quienes recordaron al PSC que la puesta en marcha de la Agencia Tributaria Catalana, con la capacidad de recaudar el impuesto sobre la renta a partir de 2026, es un compromiso firmado en el acuerdo de investidura.
Un miembro de la dirección de ERC advirtió que, si no se avanza en la implementación del «concierto económico» que permitiría a Cataluña gestionar todos sus impuestos, los presupuestos de Illa podrían verse bloqueados. Los republicanos temen que la postergación de esta medida afecte su capacidad de ofrecer a su militancia y electorado pruebas de que el acuerdo de financiación se está cumpliendo.
Los republicanos se encuentran en medio de una crisis de liderazgo y reputación, agravada por diversas polémicas internas. De cara a su próximo congreso el 30 de noviembre, la formación busca presentar avances tangibles en la creación del «cupo catalán» para calmar las tensiones internas y frenar su pérdida de apoyo electoral. A cambio del respaldo al PSOE, ERC aceptó un «desarrollo progresivo» del modelo fiscal, aunque es consciente de que su plena implementación requerirá reformar la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca), un proceso que enfrenta grandes obstáculos.
Junts, otro actor clave en el escenario político catalán, ha advertido que solo apoyará la reforma del modelo de financiación si Cataluña puede fijar su propia cuota de solidaridad para las comunidades infrafinanciadas. Se oponen a que esta cifra sea fruto de una negociación entre el Estado y la Generalitat, lo que complica aún más la situación para ERC y el PSC.
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Ha pedido al Tribunal Superior suspender el protocolo de acogida aprobado por el Gobierno regional y ha acusado a la comunidad de “eludir su competencia”
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Imagen: Europa Press
<
p class=»MsoNormal»>La Fiscalía ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias contra el nuevo protocolo de atención a menores extranjeros no acompañados, recientemente aprobado por el Gobierno canario. En su recurso, el Ministerio Público señala que la administración autonómica «elude el efectivo ejercicio de sus competencias de protección de menores», justificando su inacción en una presunta atención policial que, según la Fiscalía, no cumple con los requisitos necesarios para garantizar la protección integral de estos menores.
El recurso, firmado por la fiscal superior de Canarias, María Farnés Martínez, no solo cuestiona el protocolo, sino que también solicita que se suspenda de forma inmediata su aplicación. La Fiscalía advierte que la falta de atención adecuada a los menores interceptados en el mar, como establece el protocolo, podría suponer una vulneración de sus derechos fundamentales.
El recurso denuncia que el protocolo canario viola el derecho a la igualdad y la integridad moral de los menores. Según la Fiscalía, los menores interceptados en el mar reciben un trato diferente al de aquellos que no provienen de este entorno, lo que genera una discriminación injustificada. Además, señala que la protección inicial ofrecida a estos menores es insuficiente y no garantiza su seguridad.
El documento también acusa al Gobierno de Canarias de demorar la entrega de menores extranjeros no acompañados a los servicios de protección de la Comunidad Autónoma. La Fiscalía considera que este retraso es «incompatible» con los derechos de los menores y afecta directamente a su bienestar. En su escrito, se critica que se impongan requisitos adicionales para los menores interceptados en el mar, lo que agrava su situación de vulnerabilidad.
Por otro lado, la Fiscalía sostiene que la atención brindada a los menores por parte de las fuerzas de seguridad es insuficiente y no aborda adecuadamente su situación de desamparo. Aunque se reconoce que los menores son atendidos por agentes policiales, la protección que se les otorga no cumple con los estándares necesarios para salvaguardar su integridad. El recurso también señala que el protocolo es ambiguo al referirse a los funcionarios encargados de la protección de estos menores.
El dirigente de Coalición Canaria señaló que, así como la Fiscalía es exigente con el Gobierno regional, también debería serlo con el Estado. Clavijo denunció que durante meses se ha permitido que los menores sean entregados sin las debidas garantías, una situación que, según él, ha sido ignorada por la Fiscalía.
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Karim, de 32 años, fue identificado hace meses, pero su arresto no había sido posible hasta ahora al haberse ocultado en Marruecos tras el suceso
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Imagen: Agentes de la Guardia Civil en el operativo en Barbate para detener a los tripulantes de una narcolancha. Imagen de archivo Francisco J. Olmo – Europa Press
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han detenido la madrugada de este jueves Karim Gabarde, el hombre de 32 años que es presunto autor del homicidio de los guardias civiles el pasado mes de febrero en la localidad gaditana de Barbate tras embestirles con una narcolancha.
El arresto de Karim se ha producido en la provincia gaditana después de que el supuesto autor del doble crimen, perteneciente a una organización especializada en portear alijos de hachís desde Marruecos a la Península, hubiera permanecido oculto desde el suceso en el país norteafricano, de donde es originario.
Por estos hechos se busca a otras tres personas, también ocupantes de la narcolancha, que ya han sido plenamente identificados y para los que el Juzgado de Instrucción y Primera Instancia de Barbate, que investiga los hecho, ha emitido sendas órdenes internacionales de detención al tenerse constancia de que abandonaron España poco después del asesinato, según ha añadido Interior en una nota.
Un informe de la Guardia Civil incorporado al sumario en mayo destacaba que los ocupantes de la embarcación que arrolló la zódiac en la que viajaban los miembros del instituto armado tuvieron aquella noche una actitud premeditada de matar a agentes.
Pocas horas después del suceso, seis personas entraban en prisión como presuntos autores del asesinato de los agentes. Sin embargo, un informe de la Guardia Civil que analizó exhaustivamente las imágenes de aquel suceso descartó que fueran ellos al constatar que, si bien también estaban aquella noche en una narcolancha en Barbate, no había sido su embarcación la que había arrollado a los agentes.
Cuando declararon ante la juez que instruía la causa, todos ya se habían declarado inocentes y uno de ellos aseguró que él conocía al piloto de la narcolancha que atacó la zodiac del instituto armado, al que identifica como un tal “Karim” y que tanto este como el resto de sus ocupantes “eran marroquíes”.
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El ministro de Defensa israelí ha informado sobre el desvío de fuerzas hacía el norte para “comenzar una nueva etapa en la guerra”
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Imagen: AP
El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, ha confirmado este miércoles un aumento significativo del despliegue militar en la frontera norte del país, que colinda con Líbano. Durante una visita a una base aérea, Gallant indicó que «el centro de gravedad se está desplazando hacia el norte», en referencia a las crecientes tensiones con la milicia Hezbollah. «Estamos destinando fuerzas, recursos y energía hacia esa área», agregó, según fuentes oficiales.
Analistas israelíes han sugerido que el ejército podría estar considerando una invasión del sur del Líbano para desmantelar las posiciones del grupo terrorista. Esta acción permitiría que alrededor de 60.000 israelíes desplazados por el conflicto regresen a sus hogares con mayor seguridad, un objetivo que ha sido señalado por el primer ministro Benjamín Netanyahu.
Simultáneamente, El Líbano ha sido escenario de fuertes explosiones que han dejado al menos una veintena de muertos y más de 3.000 heridos. Las explosiones afectaron miles de dispositivos de comunicación utilizados por Hezbollah, en lo que muchos atribuyen a una operación de los servicios secretos israelíes, el Mosad. Sin embargo, las autoridades israelíes no han confirmado oficialmente su participación en estos ataques.
Durante su declaración, el ministro Gallant felicitó a las fuerzas de seguridad israelíes, incluyendo al Mosad, por los «grandes logros» obtenidos en las últimas operaciones. Aunque evitó referirse directamente a la autoría de los ataques, destacó el papel de todos los cuerpos involucrados en la misión de garantizar la seguridad de los residentes del norte. «La misión es clara y simple: devolver a los desplazados a sus hogares de manera segura», afirmó.
El incremento de tropas y las recientes explosiones coinciden con un aumento de la tensión en la frontera, donde Israel y el grupo armado chií respaldado por Irán, han sostenido una guerra de baja intensidad durante casi un año. El intercambio de proyectiles ha obligado a desplazarse no solo a 60.000 israelíes, sino también a unos 100.000 libaneses del otro lado de la frontera.
En este sentido, el primer ministro Benjamín Netanyahu ha reafirmado su compromiso de asegurar el retorno seguro de los desplazados en el norte de Israel. «Devolveremos a los residentes del norte a salvo a sus hogares”.
Por otro lado, el ejército israelí llevará a cabo este jueves maniobras en la ciudad mediterránea de Haifa, ubicada a unos 30 kilómetros de la frontera con Líbano. Aunque estos ejercicios estaban planificados con antelación, las autoridades han advertido que los movimientos de tropas y vehículos podrían llamar la atención de los residentes en la zona.
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Los independentistas amenazan con boicotear cualquier protesta legislativa que surja de los despachos del PSOE si estos “no cumplen los acuerdos”
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Imagen: El diputado de Junts Josep María Cruset interviene durante una sesión de sesión de control al Gobierno | Jesús Hellín / Europa Press
Junts ha vaticinado nuevas “derrotas parlamentarias” del Gobierno tras insistir el ministro del Interior Fernando Grande- Marlaska en que no es transferible a Cataluña el control de las fronteras, algo que viene reclamando la formación de Carles Puigdemont. De todas maneras, los miembros del partido saben que el Gobierno de coalición les necesita para salvar este nuevo curso que acaba de empezar.
La ley de amnistía fue aprobada a finales de mayo, pero sigue sin dar cobertura a Puigdemont. Por ello, Junts trata de hacer valer su papel desequilibrante en el Congreso y pone en diana al presidente Pedro Sánchez. La amenaza pasa por boicotear cualquier propuesta legislativa que surja de los despachos de los socialistas. “El Gobierno no tiene que olvidar que no tiene mayoría absoluta”, advirtió este miércoles Puigdemont. “Con Junts no funcionan ni los chantajes ni los embudos para hacernos tragar sapos”, añadió.
Ya lo demostró la formación este miércoles, cuando anunció su ‘no’ a la admisión a trámite de una proposición de ley para regular el alquiler de temporada y recortar su duración a los seis meses. En un principio, Junts había anunciado que se iba a abstener, pero finalmente decidió posicionarse en la misma línea que PP y Vox. Finalmente, la votación quedó con 172 votos a favor y 178 votos en contra.
Fuentes del partido niegan a El País que exista una ruptura formal de la relación con el PSOE, pero ponen de relieve que en los diez meses que han transcurrido desde que Junts apoyó la investidura de Sánchez apenas ha habido ninguna ganancia tangible que permita al partido presentar réditos y lucimiento ante el electorado independentista.
“O cumplen los acuerdos o derrotas parlamentarias”, manifestó el diputado de Junts Josep Maria Cruset, al preguntar a Marlaska por el control de las fronteras. Aprovechó para defender que pactaron su traspaso con el Gobierno a comienzos de año para permitir la convalidación de dos reales decretos.
Cruset se preguntó «qué miedo tiene» el Ejecutivo de que los catalanes ejerzan las competencias de inmigración «de forma excelente». Apuntó que la cesión «integral» de lo referido a la inmigración es algo pactado con La Moncloa. «Así de claro, así de fácil», remarcó.
Marlaska respondió que el control de fronteras y de flujos migratorios irregulares «son competencia exclusiva del Estado y del Gobierno central, por lo que no son susceptibles de ser transferidos o delegados». Sin embargo, afirmó que hay otros aspectos relacionados con la migración que sí pueden ser competencia autonómica.
El PSOE argumenta que la aprobación de la ley de amnistía no es un gesto menor, pero Junts replica que el Gobierno no pelea lo suficiente contra la interpretación discrecional de los jueces que mantienen imputado a Puigdemont.
Si no se resuelve la situación de incertidumbre judicial que pesa sobre Puigdemont, Junts tiene previsto contraatacar rellenando de piedras el camino de la legislatura. “¿Es farragoso gobernar en minoría? Sí, no me lo tiene que explicar nadie. Pero es una buena manera de fomentar la democracia, porque da juego a las minorías”, manifestó Puigdemont en un escrito que publicó en las redes sociales.
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A medida que pasa el tiempo el caso Sancho se va oscureciendo, tal y como demuestra Efraín Jorge Acevedo, quien ha hablado en exclusiva con Diario Hércules
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El testigo comprado por Rodolfo ha estallado tras la publicación del libro “Nilson Domínguez, Caso Sancho Arrieta: audios, mentiras y dinero”, escrito por el abogado Efraín Jorge Acevedo. A través de una llamada con la periodista nicaragüense, Laura Rodríguez, Nilson insta al letrado a modificar varias partes de su libro, ya que considera que no corresponden con la realidad. Sin embargo, esta petición confronta con testimonios anteriores por parte de fuentes procedentes del testigo, las cuales consolidan el relato de Acevedo.
Durante la conversación entre Nilson y la periodista, el venezolano afirma que su relación con Arrieta fue en 2018, algo que contrasta con la fecha de su presunta denuncia contra el cirujano, la cual fue interpuesta en junio de 2021. Además, también asegura tener una carrera política de diez años, habiendo sido candidato a la Asamblea Nacional en 2020.
En este sentido, Acevedo cuestiona que Domínguez pudiera carecer de recursos económicos, ya que la mayor parte de su carrera estuvo vinculado al chavismo, por lo que no se encontraba en una situación desfavorable. Esto le ha llevado a plantearse cómo pudo aguantar tres años de amenazas, sobre todo teniendo en cuenta su buena posición.
Estos datos abren nuevos interrogantes: “¿cómo permitía que un tipo lo amenazase desde Colombia?; ¿por qué presentó la denuncia en junio de 2021?; ¿Cuál fue el detonante para denunciar?”
Por otro lado, Nilson mantiene que fue Rodolfo quien contacto con él, pero “¿cómo lo conoció? Teniendo en cuenta que la denuncia no tuvo ningún recorrido legal, ni aparece en ningún registro, ¿cómo descubrió la familia de Sancho la existencia de esa denuncia?” expresa Acevedo.
Además, el testigo le comenta a la periodista Rodríguez que el padre del chef conocía su carrera política y que incluso llegó a hablar con su delegado político. Sin embargo, al ser preguntado por Albert Alaque prefirió guardar silencio, asegurando que pronto saldrá más información vinculada a esta figura.
Por todo esto, el abogado duda del nuevo relato ofrecido y manifiesta su sorpresa por las presuntas comunicaciones entre Rodolfo y su delegado político: “¿por qué tenía que hablar Rodolfo con esa figura política?; ¿de qué trataban sus conversaciones?; ¿necesitaba referencias de Nilson?”
Albert Araque ha sido señalado como el primer vínculo entre Nilson, Rodolfo y sus abogados. Según la versión más reciente proporcionada por el falso testigo, Araque sería el amigo en común con Chippirrás, a través del cual la defensa de Sancho habría establecido contacto con él.
Lo que sí se conoce de Araque es que ha trabajado o trabaja como funcionario en el Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS), el organismo de sanidad del gobierno central venezolano. En este contexto, no resulta sorprendente que Nilson, con una trayectoria política ligada a un pequeño partido chavista que formaba parte del régimen, entablase amistad con otro militante chavista con un cargo institucional.
Si bien esta amistad parece plausible dada su afinidad política, resulta mucho más improbable la relación de Araque con Chippirrás. No parece verosímil que el abogado y criminólogo español tuviera trato con funcionarios venezolanos. Además, “la coincidencia de conocer a alguien vinculado a Edwin Arrieta antes de que surgiera el caso parece surrealista”.
La defensa legal de Nilson Domínguez ha manifestado su intención de presentar una denuncia en España contra Rodolfo Sancho, Balfagón y Chippirrás por difamación. Sin embargo, aún está por verse si esta acción se llevará a cabo. En paralelo, Sancho y sus abogados han hecho acusaciones públicas contra Nilson, señalándolo por estafa, apropiación indebida y extorsión, aunque hasta el momento no han presentado una denuncia formal ni han ofrecido pruebas que respalden la supuesta extorsión.
Es relevante señalar que, frente a posibles acciones judiciales en Tailandia, España o Colombia, Nilson Domínguez cuenta con la protección del artículo 69 de la Constitución de Venezuela, el cual prohíbe la extradición de ciudadanos venezolanos. Por lo tanto, cualquier solicitud de extradición en su contra sería rechazada de manera inmediata por la justicia venezolana.
Marcos García Montes es un abogado español conocido por su apodo «Chippirrás» y su participación en casos mediáticos de gran repercusión en España. A lo largo de su carrera, ha ganado notoriedad por defender a clientes en casos de alto perfil, tanto en el ámbito criminal como en el civil. Además de su experiencia en derecho penal, García Montes se ha destacado por su capacidad para desenvolverse en el plano mediático, siendo un habitual en medios de comunicación para comentar y asesorar sobre temas judiciales.
Carmen Balfagón es criminóloga y trabajadora social española, con una destacada carrera en la gestión pública y en el ámbito judicial. Ha ocupado cargos importantes en el gobierno, incluyendo la dirección del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en España, y tiene experiencia en el análisis de perfiles criminales y en la gestión de políticas sociales. En los últimos años, ha sido reconocida por su papel como asesora legal en casos mediáticos, brindando apoyo tanto en la estrategia judicial como en el manejo de la opinión pública.
Una de las peticiones realizas al abogado Acevedo esta relacionada con su vuelta a Venzuela. Nilson desmiente las declaraciones de Yáñez en cuanto a lo que corresponde con su travesía desde Colombia hasta Lagunillas, siendo esta la primera comandancia venezolana al cruzar la frontera.
En la entrevista realizada por Dareol Rewind, la periodista de “Código 10” y “En boca de todos” aseguró que había tenido una conversación con el propio Nilson y este le había asegurado que realizó el camino de vuelta a su país a pie. Sin embargo, el famoso testigo lo ha desmentido y ahora concluye que él nunca dijo que cruzase el desierto caminando y que, en todo caso, lo habría dicho Esther. Pero asegura que se movió desde Colombia hasta Venezuela en un vehículo.
Video: extracto de la entrevista a Esther Yañez
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