Crónica Diaria

La cadena pública se ha quedado con los derechos de las finales de Champions 2025, 2026 y 2027 por un coste de 7,5 millones de euros en la subasta de la UEFA
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Imagen: Vinicius anota el segundo del Real Madrid en Atalanta en el partido de Champions / MICHELE MARAVIGLIA. EFE

RTVE se ha quedado con los derechos de las tres próximas ediciones de Champions League por un coste total de 7,5 millones en la subasta de la UEFA, por lo que desembolsará 2,5 por cada una de ellas, que se podrán ver en abierto. De esta forma, la cadena pública supera las ofertas de Atresmedia y Mediaset, que también habían mostrado interés por adquirir estos derechos.

El acuerdo garantiza que las finales del torneo más prestigioso del fútbol europeo continúen siendo accesibles para todos los aficionados en España, reafirmando la apuesta de RTVE por los grandes eventos deportivos. Esta estrategia ha consolidado a la cadena como líder en la emisión de acontecimientos futbolísticos de alto impacto, como ya ocurrió con las dos anteriores finales de la Champions (2022 y 2024), que batieron cifras récord de audiencia.

En 2024, se jugó la final entre el Real Madrid y el Borussia Dortmund, que alcanzó un 48,8% de cuota de pantalla y fue seguida por 6,17 millones de espectadores de media. Por su parte, la final de 2022, que también coronó al Real Madrid, llegó a un 52,8% de share y 7,7 millones de espectadores.

Este año la Champions estrena formato con la liguilla en la primera fase, en lugar de la clásica fase de grupos, para luego arrancar las eliminatorias que desembocarán en la gran final que se jugará en el Allianz Arena de Múnich, Alemania, el próximo 31 mayo de 2025. En esta edición participan cuatro equipos españoles: Real Madrid, F.C. Barcelona, Atlético de Madrid y Girona.

El fútbol: una apuesta estratégica para RTVE

El desembolso por las próximas tres finales refuerza la apuesta de RTVE por el fútbol como un motor clave para su audiencia. Aunque las cifras actuales son más ajustadas que en años anteriores, cuando se pagaban alrededor de 3 millones de euros por final, el impacto mediático y los beneficios en términos de visibilidad justifican en un principio la inversión.

Además de la Champions, RTVE ha emitido otros eventos deportivos de relevancia como la Eurocopa 2024, el Mundial de 2022 y partidos de la Copa del Rey. Este enfoque ha permitido a la cadena pública consolidar su posición como una referencia en la cobertura de eventos deportivos.

También es cierto que la Champions League tiene la capacidad de atraer a millones de espectadores. Según datos de audiencia, las finales del torneo han sido de los eventos más vistos de los últimos años en España. Por ejemplo, la Eurocopa de 2024, también emitida por RTVE, marcó cifras históricas con la final entre España e Inglaterra alcanzando un 78,7% de cuota de pantalla y más de 13,5 millones de espectadores.

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El recién reelegido líder de UGT, Pepe Álvarez, se reúne hoy en Waterloo con el secretario general del sindicato en Cataluña, Camil Ros, y el expresident Puigdemont
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Imagen: Carles Puigdemont-Europa Press

El sindicato ha explicado que en la reunión, que se celebrará a las 11:00, también se abordará la situación política y económica, entre otras cuestiones de actualidad. El secretario general de UGT ya había abierto la puerta en varias ocasiones a abordar con Puigdemont la reducción de la jornada laboral para lograr el apoyo de su partido a la medida.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguró la semana pasada que en estos días se alcanzaría un acuerdo con los sindicatos para reducir la jornada laboral de 40 a 37,5 horas, después de que la CEOE ya haya afirmado que no se sumará a dicho acuerdo.

Álvarez ha celebrado su reunión con el expresident fugado, y ha recordado que la patronal catalana, Fomento del Trabajo, también se reunió con él: “Me parece un poco curioso que nos rasguemos las vestiduras porque la UGT vaya a ver al señor Puigdemont y nadie se haya rasgado las vestiduras porque Fomento del Trabajo, en plena campaña de elecciones en Cataluña, se haya ido a hablar con el señor Puigdemont. Fomento del Trabajo, que es lo mismo que la CEOE”, se ha defendido en unas declaraciones a Antena 3 recogidas por Europa Press.

El único objetivo de la reunión es conseguir el apoyo de Junts a la reducción de jornada

Asimismo, Álvarez ha indicado que sólo tiene un objetivo su reunión con el expresident: conseguir su apoyo para la jornada laboral de 37,5 horas. “Todo lo demás que se diga de que voy a ver al señor Puigdemont para allanar el camino, yo no voy a allanar ningún camino. Al presidente del gobierno ni siquiera le he comunicado que iba a ver al señor Puigdemont, porque nosotros somos una organización independiente”, aseveró.

El líder de UGT señaló, además, que su obligación es la de defender los intereses de los trabajadores. “Yo lo que no voy a dejar es que los poderes económicos del país puedan libremente por la mañana ir a ver al señor Puigdemont y por la tarde cagarse en Junts. Yo soy una persona seria y nosotros queremos establecer relaciones serias con Junts, que es un partido plenamente democrático y es un partido con el que vamos a tener relaciones que son necesarias para defender los intereses de las personas a las que nosotros representamos”, destacó.

Además de lograr el apoyo de Junts a la reducción de jornada, el líder sindical también ha confirmado que hablará con el expresident de su posición respecto a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, pues, asegura, también es algo que preocupa a UGT. “Sería un cínico si no dijera que la aprobación de los Presupuestos para la mayoría de los ciudadanos de este país que nosotros representamos tiene un gran valor y tiene una gran importancia. Por tanto, si quiere hablar de Presupuestos el señor Puigdemont, por supuesto que lo haremos”.

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España, Egipto y México se sumaron también a las acciones de Sudáfrica ante la CIJ, aunque no han encajado de momento una represalia tan radical como el cierre de las dependencias diplomáticas
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Imagen: El ministro israelí de Exteriores, Gideon Saar, durante una rueda de prensa en Jerusalén, el pasado lunes. EFE

El ministerio de Exteriores israelí anunció este domingo el cierre de la embajada del país hebreo en Dublín, después de que la semana pasada Irlanda anunciase que se uniría a la demanda sudafricana contra Israel en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por posible genocidio en Gaza. “Irlanda ha cruzado todas las líneas rojas en su relación con Israel”, ha declarado el ministro Gideon Saar en un comunicado emitido este domingo. Saar ha calificado como “antisemita” el apoyo por presunto genocidio y ha condenado la retórica utilizada por Irlanda durante el conflicto en Gaza.

“La decisión de cerrar la Embajada de Israel en Dublín se tomó en vista de la extrema política antiisraelí del Gobierno irlandés”, añade el texto, que explica que Israel prioriza las relaciones bilaterales con los países del mundo en función de la actitud que adopten hacia él.

España, Egipto y México se sumaron también a las acciones de Sudáfrica ante la CIJ, aunque de momento no han recibido una represalia tan radical como el cierre de las dependencias diplomáticas. En España, como ocurrió en Noruega y Eslovenia, los embajadores fueron llamados a consultas tras el reconocimiento de Palestina y ninguno de ellos regresó a su plaza.

En Irlanda, por su parte, las represalias han sido más directas, en un contexto de vacío de poder en Dublín, con las negociaciones abiertas entre el primer ministro Simon Harris y Micheál Martin para renovar la coalición de Gobierno. «Debemos mantener vivos la esperanza y el sueño de una solución de dos Estados en un momento en que, lamentablemente, otros están trabajando para socavarla», fueron las palabras de Simon Harris para justificar el reconocimiento del estado de Palestina como «el único camino hacia la paz y la seguridad» en Oriente Próximo.

El pasado 5 de diciembre Amnistía Internacional concluyó de forma “inequívoca” que Israel “ha cometido y sigue cometiendo un genocidio” en Gaza, basándose en el patrón de conducta de sus tropas, las declaraciones “deshumanizadoras” de sus dirigentes y militares, la ocupación militar y el “bloqueo inhumano” del territorio.

Irlanda defiende su posición

El primer ministro irlandés lamentó el anuncio por parte de Israel del cierre de su embajada en Dublín y subrayó que la política exterior irlandesa se basa “en el compromiso con el diálogo y la resolución pacífica de las disputas”.

“Mantener los canales abiertos nunca ha sido más importante que ahora, para que podamos entender las posiciones de los demás incluso cuando no estamos de acuerdo”, afirmó Harris. “Irlanda está a favor de la paz, los derechos humanos y el derecho internacional. Irlanda quiere una solución de dos Estados y que Israel y Palestina vivan en paz y seguridad. Irlanda siempre defenderá los derechos humanos y el derecho internacional”, declaró.

Su ministro de Exteriores dijo que no se prevé cerrar la embajada de Irlanda en Israel, pues “cumple una importante labor”. Agregó que la posición de la república sobre el conflicto en Oriente Medio “siempre se ha guiado por los principios del derecho internacional y la obligación de todos los Estados de adherirse al derecho internacional humanitario”.

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El ministro de Transportes ha encargado un informe en el que se refuta las irregularidades denunciadas por el empresario
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Imagen: Ministro de Transporte, Óscar Puente

El Ministerio de Transportes ha finalizado el análisis de los documentos presentados por Víctor Aldama al Tribunal Supremo, en los que el empresario acusa al exministro José Luis Ábalos de adjudicar 96 contratos de obras públicas a cambio de comisiones ilegales. Según los informes elaborados por técnicos del ministerio, las pruebas aportadas por Aldama no coinciden con los procedimientos de licitación analizados, desmontando las alegaciones del empresario.

Informes técnicos: sin rastro de irregularidades

A petición del actual titular de Transportes, Óscar Puente, se elaboraron dos informes, uno sobre el gestor ferroviario Adif y otro sobre la Dirección General de Carreteras. Ambos documentos descartan la existencia de irregularidades en los contratos adjudicados, que incluyen periodos previos y posteriores a la gestión de Ábalos. Las licitaciones revisadas abarcan desde el mandato de Ana Pastor e Íñigo de la Serna (PP) hasta el de Raquel Sánchez (PSOE).

En el informe de Adif, que analiza 17 proyectos, se concluye que tres obras aún no han sido licitadas, y el resto no presenta irregularidades. En el caso de la Dirección General de Carreteras, el análisis de 79 presuntas adjudicaciones ilegales desmonta las acusaciones de Aldama. Según los técnicos, las obras señaladas en los presupuestos no son licitaciones específicas, sino instrumentos de planificación que incluyen diversos proyectos.

Datos que refutan las alegaciones

De las obras señaladas, 39 corresponden a licitaciones reales, pero solo seis se realizaron durante la gestión de Ábalos. Cuatro fueron adjudicadas bajo gobiernos del PP, mientras que 11 fueron tramitadas por Raquel Sánchez, la sucesora de Ábalos. Además, 17 obras siguen sin ser licitadas y una más corresponde a una concesión otorgada en 2005. El informe concluye que no se ha constatado ninguna actuación irregular en las tramitaciones analizadas.

Por otro lado, los documentos aportados por Aldama contienen marcadores que los técnicos califican de “extraordinaria generalidad”. Según el ministerio, estos subrayados corresponden a partidas presupuestarias amplias, como corredores ferroviarios o conceptos genéricos que engloban proyectos diversos. Tampoco se ha identificado un patrón que indique una trama de corrupción, ya que las licitaciones se adjudicaron mayoritariamente por criterios económicos.

Riesgo de fraude en los documentos

El ministerio también revisó la gestión de contratos modificados, donde se ajustan presupuestos por imprevistos en las obras. Los técnicos concluyen que el sistema de control implementado reduce al mínimo la posibilidad de irregularidades. En uno de los contratos revisados, incluso, la constructora tuvo que devolver 70.863 euros al ente público.

No es la primera vez que Puente ordena una investigación por presuntas irregularidades durante el mandato de Ábalos. En febrero, una auditoría en Puertos del Estado y Adif detectó irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia. A pesar de las críticas de Ábalos, que calificó el informe de “incompleto”, la Fiscalía Anticorrupción concluyó que no hubo irregularidades en la adjudicación de las mascarillas.

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La concentración, respaldada por el sindicato policial Jupol y la asociación de la Guardia Civil Jucil, forma parte del calendario de movilizaciones en defensa del mutualismo administrativo
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Imagen: Varias personas durante una concentración, frente a la Dirección General de Muface de Madrid, a 14 de diciembre de 2024, en Madrid Ricardo Rubio / Europa Press

Miles de funcionarios salieron a las calles de Madrid el pasado sábado, convocados por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), para defender el actual modelo de mutualismo tras el enfrentamiento abierto entre el Gobierno y las aseguradoras médicas para renovar el actual concierto, que vence a finales de año. Según los organizadores, a la cita han acudido unas 35.000 personas procedentes de toda España.

«Con la sanidad no se juega», «la sanidad es un derecho», «Gobierno, escucha Muface está en lucha» o «Si me quitan Muface, CSIF no callará» son algunos de los lemas que corearon los asistentes en defensa del modelo que permite a un millón y medio de funcionarios y a sus familias elegir su asistencia sanitaria.

La manifestación ha estado respaldada por el sindicato de Policía Jupol y el de la Guardia Civil Jucil. “No descartamos ninguna medida de presión, incluida una huelga en las Administraciones públicas”, ha advertido el presidente de CSIF Miguel Borra al tiempo que ha criticado que partidos de Gobierno como Sumar no apoyen la continuidad del sistema. “Con la salud de millón y medio de personas no se juega”, ha apuntado el presidente del sindicato.

El sindicato convocante ha dejado claro que no dejará de protestar y extenderá el calendario previsto en el tiempo si el Gobierno sigue sin reaccionar y sin garantizar la continuidad del modelo de Muface «con una asistencia sanitaria de calidad».

3⃣5⃣0⃣0⃣0⃣ personas salimos a la calle para gritar #MufaceNoSeToca

Sin #Muface perdemos todos. pic.twitter.com/2mB2uSknxi

— CSIF Nacional (@CSIFnacional) December 14, 2024

«El ministro de Función Pública sigue sin responder a nuestra petición de una reunión urgente para dar explicaciones, por lo que CSIF incrementará la presión al Gobierno hasta que reaccione con la convocatoria de paros parciales y totales en la Administración», han denunciado desde CSIF.

La de este sábado no ha sido la única protesta, aunque sí la más multitudinaria hasta ahora, en contra del desmantelamiento del modelo de Muface que puede hacer que la Sanidad Pública asuma hasta millón y medio de funcionarios que hasta ahora recibían asistencia en la sanidad privada. El miércoles las organizaciones sindicales UGT, CCOO, ANPE, USO, ADIDE, USIE, UFP, ACAIP y SIAT también se concentraron para exigir al Gobierno y a las aseguradoras que se concrete «lo antes posible» un acuerdo para Muface que garantice la asistencia y calidad sanitaria de los empleados públicos.

La queja llega a Bruselas

CSIF ha llevado a Bruselas las quejas que han recibido en las últimas semanas por parte de los mutualistas. Según aseguran, son “cientos” las denuncias de estos mutualistas que se quejan de que las clínicas están anulando, retrasando y suspendiendo las citas médicas e intervenciones quirúrgicas ante la incertidumbre sobre el concierto sanitario.

Estas quejas fueron denunciadas por el sindicato ante el Defensor del Pueblo el pasado lunes y registradas en el Congreso de los Diputados con el objetivo de que los grupos parlamentarios propongan iniciativas en defensa de la asistencia sanitaria que reciben los 1,5 millones de mutualistas de Muface. Con la presentación de estas quejas en Bruselas, desde el sindicato buscan que tanto el Parlamento Europeo como la Comisión sepan de la situación en la que se encuentran los trabajadores públicos y sus familiares asistidos por Muface para que “emprenda las acciones que considere necesarias”.

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Ante los exabruptos de la peor política, el Consejo General del Poder Judicial debe reaccionar con la contundencia que le corresponde como máximo exponente de uno de los poderes del Estado
The post Cacería Judicial first appeared on Hércules.  “El pensamiento no delinque”.

¿Y delinquen los políticos que despotrican contra los jueces cuando, como en España, están, están lanzados a una frenética campaña de desprestigio del poder judicial?

Conviene repasar el significado de la frase inicial, un tanto enigmática. Es una traducción de un viejo aforismo latino precursor de la libertad de pensamiento y con ella de la libertad de expresión (nemo cogitatione poenam patitur, en su redacción original).

Se usa, sobre todo en el ámbito del derecho penal, para enfatizar que sólo son criminalmente punibles las conductas, acciones u omisiones, que se proyecten sobre la realidad externa. Por ejemplo, si alguien desea matar a su tío para recibir la herencia (como leemos en la sobrecogedora novela de Somerset Maughan. “Al filo de la navaja”) no comete acción delictiva solo por acariciar la idea homicida en su mente, es menester algo más, que “pase al acto” (como dicen de manera plástica los psicoanalista).

Deberíamos preguntarnos qué se cuece dentro de la sesera de esos políticos que parecen haber perdido los frenos inhibitorios, como sucede en algunas demencias en las que los pacientes experimentan regresiones comportamentales que los convierten en seres más primitivos, toscos, hasta animalescos.

Triste es el espectáculo de aquellos enfermos que, aún habiendo sido impecables caballeros durante toda su vida, al ser tocados por el Alzheimer, un tumor cerebral u otra devastadora dolencia neurológica, vomitan obscenidades sin cuento, cual posesión diabólica, como leemos en la terrorífica novela “El Exorcista” de William Peter Blatty.

Acaso nuestros políticos se han vuelto locos. No exactamente, es que están muertos de miedo. Hay que echar muy atrás la mirada para encontrar una ristra de escándalos de tan grueso calibre que apunte a lo más alto del Poder Ejecutivo. Investigados por  corrupción, se revuelven como animal herido, gruñen, bufan y berrean, en lo que ellos se figuran que es una “cacería judicial”. Deliran, lo que no es de extrañar, porque en ocasiones los ataques de pánico cursan con alucinaciones, como observan los médicos castrenses que atienden a los prisioneros de guerra.

En cualquier caso, nadie les quita su derecho a pensar lo que quieran y, por supuesto, a exteriorizar sus pensamientos, criticando a los jueces o a quien les venga en gana. Ahora bien, hay una línea roja que no están autorizados a cruzar: la separación de poderes.

Las Naciones Unidas, y con ellas la justicia supranacional europea, reputan ataques a la independencia judicial cualesquiera interferencias, influencias o injerencias en la función jurisdiccional de los tribunales. Y hay muchas formas de hacerlo. Las mismas palabras que pronuncia un panadero o cualquiera de nuestros vecinos, puestas en boca de un ministro, se tornan ominosas, incluso amenazantes. Es lo que los lingüistas llaman el efecto “performativo” del discurso. En román paladino, las más de las veces, a los matones les basta con amagar, no necesitan llegar a las manos.

No nos quedemos de brazos cruzados. Del dicho al hecho ahora hay poco trecho. Ante los exabruptos de la peor política, el Consejo General del Poder Judicial debe reaccionar con la contundencia que le corresponde como máximo exponente de uno de los poderes del Estado, el judicial. Este no este país para cobardes.

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Convirtiéndose estos medios y sus representantes en noticia ellos mismos, lo que es de primero de deontología que jamás tienen que hacer. Da igual. Como aquel perrete frente al fonógrafo escuchando un disco de pizarra, son la voz de su amo
The post Quo Vadis, periodismo? first appeared on Hércules.  O lo que es lo mismo, ¿hacia qué pared quieres estamparte y por qué? ¿Por qué esa necesidad de convertir un servicio público, como era o debiera de ser el periodismo, en una serie de sectas de hooligans vociferando a favor de su equipo? ¿Cuándo una tertulia política acabó como una partida del Blood Bowl de Warhammer, y más sangrienta con relación a la verdad que si los entrenadores de cada equipo fueran unos orcos enfurecidos? ¿Dónde quedó esa frase atribuida a George Orwell y tantas veces citada, de que «Una noticia es aquello que alguien no quiere que se publique. El resto son relaciones públicas», y por qué ahora nos encontramos con periodistas que no sólo no quieren publicar noticias, sino que se dedican abiertamente a ser los corifeos babosos de políticos en el poder? ¿De qué manera es posible saber qué está ocurriendo entre las oscuras bambalinas del poder si quienes debieran de estar alerta investigado que no nos la endiñen a la primera de cambio, son parte del entramado de ese mismo poder, pero no siendo el quinto, sino como segmento inherente del gobierno de turno?

Muchas preguntas y al final todas son la misma. ¿A dónde vais, periodistas, si no sois más que voceros de quienes os pagan? Pues eso. ¡Al guano! A ser unos más dentro de un entramado de corrupción, donde nadie querrá destaparla a no ser para hacerle el favor a otros con los que luego callarán. Aunque quede el beneficio de la duda. Pues esto que vivimos de hacer oposición a la oposición desde los medios que ya se tildan abiertamente de progubernamentales, es todo un hallazgo de contrademocracia orgánica de regímenes que confunden que el ciudadano vote cada vez que se le convoque (no cuando quiere por más que aparentemente lo desee), y lo haga a unas listas bloqueadas en unas circunscripciones capciosas, con una verdadera democracia. Que al final van a tener razón quienes coreaban aquello de «le dicen democracia y no lo es», hasta que ellos mismos fueron parte del sistema y entonces todo ya dio igual su coro de voces apagadas.

Cuando ante demandas a políticos, basadas en «informaciones periodísticas» (sic), se refieren a ellas otros periodistas (lo que manda carallo), como algo desechable a lo que no hacer caso ya que son cosas sin importancia, la cosa es de palmface de las gordas, como dicen los jóvenes políglotas de ahora. ¿Para qué ponerse a investigar a ver si es verdad y el Gobierno se lo está llevando crudo? ¿Qué necesidad de averiguar si nos encontramos ante casos de corrupción en los que los primeros que deberían de salir a averiguar si eso es cierto o no, y en caso de que así fuera, ponerse a denunciarla, deberían de ser los de la misma cuerda? ¡Para nada! Mejor ser el palmero de unos posibles sinvergüenzas (mejor digamos presuntos, presuntos), y presuntamente convertirse en encubridores de delincuentes. Convirtiéndose estos medios y sus representantes en noticia ellos mismos, lo que es de primero de deontología que jamás tienen que hacer. Da igual. Como aquel perrete frente al fonógrafo escuchando un disco de pizarra, son la voz de su amo. Y el amo les dice «sit!», «plas!», y «buen chico» mientras le tiran unas chuches en forma de subvenciones para hozar con ellas en el cuenco donde reside su dignidad perdida.

En esto se ha convertido y va camino de perpetuarse todo el periodismo patrio. ¿Todo? Tal vez no. Quiero creer que no. Y que aún podamos encontrar algunos que todavía se mantienen queriendo acostarse todas las noches sin tener que atiborrarse de pastillas. Porque su mala conciencia no se lo permitiría de otro modo que no fuera drogado. Lo que más temo es aquellos que duermen a pierna suelta, pese a que lo que hagan día a día sea la defensa de quienes deberían de acabar en picota pública y en eterno ostracismo. Para eso estaba el poder compensador de la prensa. El periodismo. Porque si no es así, ¿para qué lo queremos?

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