Categoría: ESPAÑA

Ante la nueva ofensiva arancelaria de Trump, Asia y la UE buscan alianzas estratégicas para sortear barreras comerciales y proteger sus economías
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Desde la primavera de 2025, la política comercial del presidente estadounidense Donald Trump ha generado tensiones crecientes en todo el mundo. Su decisión de aplicar aranceles adicionales de entre el 20% y el 40% a numerosos países exportadores ha desatado una carrera por buscar alianzas alternativas, zonas de tránsito y acuerdos bilaterales que amortigüen el impacto económico.

A principios de esta semana, diversas capitales asiáticas recibieron cartas oficiales de la administración Trump advirtiendo que, si no se lograban avances concretos en las negociaciones bilaterales, las nuevas tarifas entrarían en vigor el 1 de agosto.

Las tasas varían según el país:

• Japón y Corea del Sur: 25%
• Indonesia: 32%
• Camboya y Tailandia: 36%
• Birmania y Laos: 40%

Vietnam, en la cuerda floja

Vietnam logró alcanzar un acuerdo parcial con Estados Unidos antes del anuncio. Sus productos tributarán un 20%, salvo aquellos fabricados fuera de sus fronteras pero ensamblados localmente, que recibirán una penalización del 40%. Esta cláusula busca impedir que empresas chinas desvíen su producción al territorio vietnamita para sortear los aranceles estadounidenses.

El sudeste asiático rediseña su comercio exterior

El cambio en las políticas de Washington ha obligado a las economías asiáticas a diversificar sus socios comerciales. Desde abril, China ha incrementado sus exportaciones a países como Vietnam, Tailandia e Indonesia, que ahora funcionan como zonas de tránsito hacia el mercado estadounidense.

Esto ha provocado un aumento paralelo en las exportaciones de Hanoi y Bangkok hacia Estados Unidos, reflejando cómo el sudeste asiático intenta adaptarse a las nuevas reglas del juego. Países como Corea del Sur han reaccionado con rapidez: han enviado emisarios especiales a Alemania y Australia para reforzar relaciones en defensa y comercio, según reporta The New York Times.

ASEAN llama a la unidad ante la presión de EE. UU.

La amenaza arancelaria ha provocado una respuesta coordinada de la ASEAN. A finales de mayo, los líderes de los diez países que integran la alianza emitieron un comunicado conjunto expresando su intención de profundizar su cooperación económica con potencias no estadounidenses.

El primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, sintetizó el sentir general durante la cumbre de cancilleres de la ASEAN: “Las herramientas que antes generaban crecimiento ahora se usan para exprimir, aislar y contener”.

Las estadísticas comerciales respaldan la preocupación. Entre diciembre de 2024 y mayo de 2025, la participación de las exportaciones chinas a EE. UU. cayó del 15% al 9%, mientras que su peso en Asia subió del 49% al 51%, y en la UE del 14% al 16%, según el diario Les Echos.

Bruselas acelera acuerdos para blindarse

En paralelo, la Unión Europea ha movido ficha. El domingo 13 de julio, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció un “acuerdo político” con Indonesia para eliminar barreras aduaneras.

“Vivimos en tiempos turbulentos. Cuando la incertidumbre económica se cruza con la volatilidad geopolítica, necesitamos estar más unidos que nunca”, afirmó von der Leyen tras reunirse con el presidente indonesio Prabowo Subianto.

Este acercamiento no es un caso aislado. En febrero, India también abrió negociaciones para un tratado de libre comercio con la UE. El primer ministro Narendra Modi aseguró que el acuerdo podría firmarse antes de fin de año, mientras su país sigue negociando por separado con la Casa Blanca.

Europa también bajo amenaza de tarifas

Bruselas no actúa solo por solidaridad: también enfrenta su propia amenaza. La UE podría verse afectada por un incremento del 30% en derechos de aduana si no alcanza una resolución comercial con Washington. Por eso, multiplicar los acuerdos bilaterales y reforzar el eje euroasiático se ha convertido en una prioridad estratégica.

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El yihadismo evoluciona en Europa: actores solitarios, radicalización online y nuevas amenazas como Estado Islámico Jorasán
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La amenaza terrorista en Europa ha cambiado radicalmente en la última década. Los atentados masivos perpetrados por células organizadas del Estado Islámico han dado paso a acciones individuales de actores solitarios radicalizados en línea, una evolución que ha obligado a las autoridades a replantear sus estrategias de prevención.

Así lo recoge el último informe del Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo (OIET), titulado Evaluación e impacto del terrorismo yihadista en la seguridad europea durante la última década (2014–2024), elaborado por su director, Carlos Igualada. El análisis coincide con las valoraciones del Departamento de Seguridad Nacional (DSN) en su reciente Informe de Seguridad Nacional 2024.

Fin del califato, inicio de nuevas tácticas

La pérdida de capacidades del Estado Islámico central, especialmente tras la caída del autodenominado califato en 2019, marcó un punto de inflexión. Aunque los atentados de París (2015) y Bruselas (2016) fueron perpetrados por células coordinadas, desde 2017 se ha observado una transición hacia un terrorismo de baja complejidad, según Igualada.

Este nuevo modelo se caracteriza por su escasa planificación y un alto grado de improvisación. Los atentados individuales con armas blancas o vehículos se han vuelto recurrentes, como los ataques en Niza o en el mercado navideño de Berlín en 2016. “Estas acciones requieren poca logística y responden a una lógica de actuación inmediata promovida desde canales digitales del yihadismo global”, explica el director del OIET.

El poder del entorno digital

Uno de los pilares de esta evolución ha sido el uso masivo de Internet y redes sociales como herramientas de radicalización y propaganda yihadista. Plataformas como Telegram, TikTok o foros encriptados permiten una difusión casi ilimitada de ideología violenta y manuales de ataque.

“El ciberespacio se ha convertido en el entorno perfecto para captar simpatizantes, difundir mensajes de odio y ofrecer instrucciones prácticas”, advierte el DSN. La autorradicalización es cada vez más veloz y afecta a perfiles diversos: desde menores hasta personas jubiladas, todos potencialmente expuestos a estos contenidos extremistas.

Este fenómeno ha ampliado el espectro de perpetradores y ha complicado la labor de las fuerzas de seguridad. Detectar a tiempo a un actor solitario que decide actuar sin red de apoyo se ha convertido en uno de los mayores desafíos para el contraterrorismo europeo.

Estado Islámico Jorasán, una nueva amenaza global

El informe también destaca el papel emergente de las franquicias del yihadismo internacional, especialmente Estado Islámico Jorasán (ISKP). Esta filial, activa en Afganistán, ha demostrado su capacidad operativa en atentados fuera de su zona de influencia, como los ataques en Kermán (Irán) y Moscú en 2024.

“Igual o incluso más peligrosa que la estructura central del Estado Islámico, ISKP tiene la capacidad y la intención de proyectar su violencia en Europa”, subraya Igualada. Su carácter descentralizado y su habilidad propagandística la convierten en una amenaza prioritaria para los servicios de inteligencia.

Retos clave en la lucha contra el yihadismo

El director del OIET identifica varios desafíos para las instituciones europeas:

• Prevención de la radicalización juvenil: Programas educativos y sociales eficaces son cruciales para impedir que más menores abracen el extremismo.
• Vigilancia de los centros penitenciarios: Las cárceles se han convertido en focos de captación y adoctrinamiento yihadista. La reincorporación de radicalizados a la sociedad tras cumplir condena plantea riesgos adicionales.
• Control de retornados: Los combatientes extranjeros que vuelven a sus países tras luchar en Siria o Irak representan un peligro por su experiencia militar y capacidad de liderazgo ideológico.
• Monitorización digital: La tecnología debe ser aliada para rastrear señales de radicalización en redes y prevenir ataques.

La transformación del terrorismo islamista desde estructuras organizadas hacia modelos descentralizados ha provocado que los esfuerzos se orienten cada vez más a la detección preventiva y al seguimiento de individuos potencialmente peligrosos antes de que actúen.

Una amenaza persistente, aunque menos letal

Desde los atentados de Barcelona y Cambrils en 2017, que causaron 16 muertos, no se ha producido ningún ataque yihadista en Europa con más de cinco víctimas mortales. Sin embargo, los expertos advierten que esta menor letalidad no implica una amenaza reducida, sino más difusa y compleja.

“El éxito actual del yihadismo no está tanto en la destrucción material como en su capacidad de mantener viva su narrativa, reclutar nuevas generaciones y desestabilizar con actos imprevisibles”, concluye el informe.

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Los incendios en Latakia revelan el colapso institucional del gobierno sirio y tensiones sectarias impulsadas por intereses geopolíticos y militares
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A menos de cuatro meses de asumir el poder, el gobierno interino de Siria se tambalea. Una serie de crisis, desde incendios devastadores en el norte de Latakia hasta atentados sectarios, están socavando su legitimidad y generando dudas sobre su capacidad para garantizar el orden y la estabilidad.

Lo que comenzó como un desastre ambiental ha escalado en una tormenta política. Los incendios que arrasaron las colinas de Qastal Ma’af no fueron simples fenómenos estacionales. Fueron, según varios actores, provocados con un claro propósito de agitación sectaria y desplazamiento poblacional.

Un grupo insurgente se adjudica el fuego

Por primera vez en la historia reciente de Siria, un grupo armado, Saraya Ansar al-Sunna, asumió la responsabilidad directa por los incendios, calificándolos como un ataque deliberado contra la comunidad alauita. En su comunicado, anunciaron con frialdad que “el fuego obligó a los nusayris [alauitas] a huir, causando incluso muertes por asfixia”.

La declaración llegó días después de los incendios y semanas después de que el mismo grupo se adjudicara un atentado explosivo contra la iglesia Mar Elias en Damasco. Mientras el Ministerio del Interior atribuyó el ataque a ISIS, el grupo nombró a un perpetrador diferente y desafió la versión oficial, que hasta ahora no ha sido respaldada con pruebas.

Las declaraciones oficiales, lideradas por el nuevo ministro del Interior, Anas Khattab, exmilitante del Frente Nusra, solo han avivado la desconfianza. Durante su visita a la zona incendiada, negó que existiera evidencia de incendio provocado, mientras su propia oficina investigaba a varios sospechosos. Para muchos, esta contradicción no es inocente.

Sospechas sobre complicidad estatal

Khattab y su ministerio se han esforzado por minimizar la existencia misma de Saraya Ansar al-Sunna, llegando a tildarla de “grupo imaginario”. Sin embargo, sectores alauitas acusan al gobierno de utilizar a este grupo como pantalla para una campaña encubierta de represión sectaria, apuntando a minorías religiosas bajo una fachada de caos espontáneo.

Los incendios de Latakia, afirman, son solo la cara visible de un proyecto más amplio: el rediseño demográfico del litoral sirio.

De las llamas a la protesta: el miedo se extiende

El ambiente ya era volátil en el interior montañoso de Latakia. La región aún no se había recuperado de las redadas de marzo, donde asesinatos sectarios, saqueos y desplazamientos dejaron comunidades alauitas arrasadas y sin apoyo estatal.

En medio de ese clima tenso, el asesinato de dos jóvenes recolectores y el secuestro de una niña desataron manifestaciones en Al-Burjan y Beit Yashout. Casi simultáneamente, comenzaron los incendios. La coincidencia temporal alimentó la percepción de que se trataba de una cortina de humo para distraer a la opinión pública de la violencia sistémica.

Qastal Ma’af fue el epicentro del fuego, el más agresivo y letal. Aunque Saraya Ansar al-Sunna lo adjudicó como un ataque contra los alauitas, también se vieron afectadas aldeas turcomanas suníes, lo que obligó al grupo a emitir una aclaración: “El incendio de aldeas suníes es obra de grupos Nusayri”. Para muchos, esto no fue más que un intento de restar responsabilidad ante errores tácticos.

Las versiones oficiales no convencen

El Ministerio del Interior continúa negando sistemáticamente la existencia de un actor humano detrás de los incendios. Analistas locales interpretan esto como una maniobra para no legitimar a los grupos insurgentes ni provocar una escalada sectaria.

Sin embargo, la comunidad alauita ha comenzado a levantar la voz. Algunos acusan directamente al gobierno del presidente interino Ahmad al-Sharaa de utilizar el fuego como arma para alterar la composición étnica y religiosa del litoral sirio. Videos circulando en redes sociales muestran a fuerzas de seguridad, milicianos beduinos suníes e incluso vehículos con placas turcas iniciando fuegos.

Un testigo alauita lo resume así: “Nos están matando de hambre, empujando a la migración forzada. Ya no quedan dudas: esto es limpieza étnica con fuego”.

Detenciones misteriosas y desapariciones forzadas

Un episodio reciente ha agravado las tensiones. El 9 de julio, un pequeño incendio fue extinguido por un grupo de treinta jóvenes voluntarios, entre ellos nueve alauitas. Tras apagar las llamas, estos nueve fueron arrestados sin explicación.

Sus familias aún no han recibido noticias, salvo un escueto mensaje de las autoridades: “Fueron trasladados a Latakia”. Desde entonces, permanecen desaparecidos.

El fuego como herramienta geopolítica

Más allá del drama humano, hay intereses internacionales en juego. Muchos alauitas sospechan que Turquía pretende expandir su influencia hacia la costa siria, motivada por reservas de gas en el Mediterráneo. Los incendios y la violencia sectaria serían el escenario perfecto para justificar una futura intervención.

No sería la primera vez. En 2020, 39 personas fueron arrestadas por provocar incendios coordinados en Latakia, Homs y Hama, presuntamente con apoyo extranjero. En 2023, las llamas arrasaron Wadi al-Nasara y alcanzaron la zona fronteriza de Kasab. Las autoridades locales señalaron que “la simultaneidad de los focos sugiere una acción organizada”.

Un patrón se repite: los grandes incendios coinciden con momentos de tensión política, transiciones de poder o reconfiguración territorial. Y cada vez más, la explicación oficial de tala ilegal o negligencia agrícola parece insuficiente.

Una guerra silenciosa por el futuro de Siria

Latakia no arde solo por accidente. En sus montes calcinados se entrecruzan los intereses de espionaje internacional, los planes de inversores inmobiliarios y la presencia silenciosa de ejércitos extranjeros evaluando posibles ubicaciones para bases militares. Detrás del humo, Israel permanece como un actor inquietante, alimentando tensiones para debilitar al llamado Eje de la Resistencia.

El daño colateral es una población aterrada y empobrecida que ya no confía ni en su propio gobierno. Mientras el Ministerio del Interior insiste en negar lo evidente, la narrativa oficial se desmorona ante los ojos de un pueblo que ve cómo se apagan sus tierras y sus esperanzas.

Lo que se quema en Latakia no es solo vegetación: es la posibilidad de una transición pacífica en la Siria post-Assad.

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La ministra plantea pagar durante años por un vehículo eléctrico sin llegar a ser dueño de nada, como ya propuso con la vivienda
The post Yolanda Díaz quiere impulsar el ‘leasing social’ de los coches first appeared on Hércules.  Yolanda Díaz vuelve a insistir en su modelo económico basado en renunciar a la propiedad. Tras su propuesta para eliminar la compra de vivienda en favor del “derecho de uso” dentro de cooperativas públicas, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo ha presentado ahora un plan para que tampoco llegues a tener coche. Su idea consiste en establecer un “leasing social” de vehículos eléctricos, orientado a hogares vulnerables, autónomos y microempresas de zonas rurales.

Este sistema implicaría que los usuarios paguen durante años por un coche que nunca llegará a ser suyo, ni siquiera después de cumplir todos los pagos. A diferencia de la compraventa libre, que permite recuperar parte de la inversión con una posterior reventa, el modelo de Díaz garantiza el pago, pero no la propiedad. Eso sí, los vehículos serían eléctricos, pequeños, y fabricados dentro de la Unión Europea.

Una fórmula sin propiedad, pero con impuestos

El plan prevé que este modelo se integre dentro del Fondo Social para el Clima recogido en la Directiva Europea 2023/959, todavía pendiente de transposición al ordenamiento jurídico español. Con ello, se abriría la puerta a usar fondos europeos para financiar el leasing, convirtiéndolo en una fórmula atractiva para el Gobierno y costosa para los contribuyentes.

Según el texto presentado por Sumar, el leasing social serviría también para impulsar el carsharing en entornos rurales, en colaboración con empresas y sindicatos, y se acompañaría de medidas como la automatización de ayudas, la expansión de los puntos de recarga y el estímulo a la producción nacional de vehículos eléctricos.

La propuesta de Yolanda Díaz aterriza en un contexto de fuerte encarecimiento del automóvil. Según un informe de Sumauto, el precio medio de un coche nuevo en España alcanzó los 26.021 euros en 2024, lo que supone 7.081 euros más que en 2019. Esa subida del 37,4% cuadruplica el aumento de los salarios, que solo crecieron un 10,4% en el mismo periodo.

La consecuencia es clara: cada vez más españoles no pueden permitirse comprar un coche nuevo. El mercado de ocasión ha resistido mejor, con precios estables en torno a los 12.365 euros, pero el parque automovilístico español sigue envejeciendo y ya tiene una media de 15 años.

Y lo peor puede estar por llegar. La entrada en vigor de la normativa CAFE, que obliga a los fabricantes a reducir drásticamente las emisiones medias de sus vehículos o enfrentarse a multas multimillonarias, podría hacer que los coches nuevos sigan subiendo de precio en 2025. Fabricantes y expertos alertan de que esto reducirá aún más la oferta de modelos asequibles, justo cuando más se necesitan.

Desde el entorno de Yolanda Díaz se justifica la medida por su supuesta contribución a los objetivos climáticos de la UE para 2030 y 2050. Pero en la práctica, su propuesta es una nueva renuncia a la propiedad privada, que consagra un modelo en el que los ciudadanos pagan, pero no poseen.

Primero fue la vivienda: pagar toda la vida por un piso en una cooperativa pública sin derecho a propiedad. Ahora llega el coche: pagar durante años por un vehículo que no se podrá vender ni heredar. Un modelo inspirado en los sistemas económicos más intervencionistas, en los que el Estado sustituye al mercado y al ciudadano solo le queda el papel de usuario temporal.

Frente a la escalada de precios, la solución de Yolanda Díaz no es facilitar el acceso a la compra, sino impedirla por sistema, sustituyéndola por un arrendamiento indefinido, dependiente del Estado y sin ningún beneficio patrimonial para el ciudadano.

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La Audiencia Nacional juzga a Adil E. C., acusado de adoctrinamiento yihadista y exaltación del terrorismo islámico en redes sociales
The post Adil E. C., juzgado por adoctrinamiento yihadista first appeared on Hércules.  La Audiencia Nacional ha comenzado este lunes el juicio contra Adil E. C., un joven acusado de utilizar diversas redes sociales para difundir propaganda yihadista, exaltar el terrorismo islámico y formar ideológicamente a terceros en los principios del grupo terrorista DAESH. El Ministerio Público solicita una condena de cinco años de prisión por adoctrinamiento pasivo terrorista, o subsidiariamente, tres años y una multa de 10.800 euros por enaltecimiento del terrorismo.

El acusado fue arrestado en noviembre de 2023 y enviado a prisión provisional sin fianza. En 2024, la medida fue sustituida por libertad provisional. Según la Fiscalía, Adil atravesó una “evolución progresiva en sus creencias religiosas” que lo condujo desde una interpretación ultraortodoxa del islam hasta una identificación plena con los postulados del Estado Islámico.

Un proceso de radicalización digital

Durante años, Adil utilizó Instagram, Facebook y TikTok para acceder y diseminar contenidos radicales. Según el escrito de acusación, llegó a mostrar su adhesión a los valores del DAESH “de forma explícita”, empleando estos canales para obtener formación ideológica y al mismo tiempo formar a otros seguidores en este pensamiento violento.

El joven creaba y eliminaba cuentas de forma constante, tratando de ampliar el alcance de los contenidos radicales que compartía. Las publicaciones se incrementaron entre 2016 y 2020, cuando comenzó a compartir imágenes simbólicas vinculadas con el Estado Islámico, como una espada con la inscripción “Mahoma es el mensajero de Dios” atravesando una calavera decorada con los colores de la bandera de Israel.

Durante este periodo, sus redes sociales se poblaron exclusivamente de mensajes religiosos extremistas. En una de sus descripciones destacaba una frase ilustrativa del pensamiento yihadista: “Son dos caminos: alcanzar la victoria o el paraíso eterno, donde están los héroes que combatieron por la bandera de la victoria”.

Activismo oculto y contenido privado

Desde 2022, el acusado modificó su estrategia. Bajo el alias árabe “Ghuraba”, se identificaba como una persona “libre en un mundo de esclavos”, alineándose con la narrativa victimista promovida por el yihadismo radical. La Fiscalía destaca que comenzó a operar de forma más privada, reduciendo la visibilidad pública de su actividad y dirigiéndose a un círculo cada vez más reducido pero comprometido.

Este giro en su estrategia le permitió establecer conexiones más estrechas con seguidores a quienes pretendía instruir en el adoctrinamiento yihadista. Al ser registrado su domicilio en la provincia de Almería, las fuerzas de seguridad encontraron dispositivos con material de propaganda salafista, así como audios con llamamientos a la yihad violenta, cánticos o anasheeds, utilizados habitualmente por organizaciones extremistas para promover el martirio y el combate armado.

La defensa argumentará ausencia de delito

Aunque el juicio acaba de comenzar, se espera que la defensa cuestione tanto la interpretación del contenido hallado como la intención del acusado. El caso pone sobre la mesa el debate sobre los límites entre libertad de expresión religiosa y difusión de ideologías violentas, en un contexto de creciente vigilancia digital frente a posibles amenazas terroristas.

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Una metáfora brutal advierte que ocultarla solo agrava la podredumbre moral y política, hasta que el sistema revienta y deja al descubierto su hedor
The post Estallido de corrupción first appeared on Hércules.                  “Este contenido puede incluir material sensible que podría ser perturbador”

¿Te suena, querido lector, esta advertencia? Seguro que sí, aparece en Twitter X para alertar a los usuarios de esa red social de la publicación de materiales potencialmente desagradables. O incluso repugnantes. Por eso, puesto que voy a hablar de la corrupción que atraviesa ahora España, te pongo en guardia, no sigas leyendo si eres propenso a las náuseas.

Antes de morir, el Papa Pío XII dejó bien claro que no quería ser embalsamado. Su médico personal, Galeazzi-Lizzi, no le hizo mucho caso. Se empecinó en preservar el cadáver con el método que supuestamente se le había aplicado a Jesus, o sea, cubrirlo con un sudario tras un baño en finas hierbas y aceites aromáticos. Eso sí, el envoltorio no estaba compuesto de delicadas telas orientales, sino de celofán.

¿Te imaginas el resultado? Corría octubre de 1958, época calurosa en Roma. Lejos de preservarse en olor de santidad, el cuerpo, al que le habían salido unas asquerosas manchas verdinegras, se hinchó, mientras el rostro se contraía en una mueca sardónica. Tanto era el hedor, que los guardias suizos que custodiaban el féretro se desmayaban. Y, por último, la traca final: ante la presión de los gases anaeróbicos, el pecho del pontífice estalló. A toda prisa hubo que embutirle una máscara de látex y mantenerlo a una prudente distancia de los fieles que acudieron a velarlo. Galezzi-Lizzi fue expulsado del colegio de médicos, puesto que, más que un doctor, parecía un fontanero.

No es aconsejable tapar la corrupción. Tomen nota los dirigentes de los partidos políticos que se empecinan en esconder los escándalos. Tarde o temprano, revienta y, entonces, terminan salpicados hasta las cejas de podredumbre moral y política. Hoy día, los jueces instructores están limpiando los miembros gangrenados el cuerpo social, terapia jurídica que se asemeja al oficio médico. A la derecha y a la izquierda, da igual donde éste el contagio. Pero los prebostes de la partitocracia recurren a servicios de “fontaneros”, siniestros personajes acostumbrados a chapotear en la materia fecal de las cloacas del Estado. Y, por si fuera poco, arremeten contra los tribunales, a los que acusan de lawfare y de otras cursiladas que apenas entienden.

Hay esperanza. Aunque está grave, el paciente sigue vivo. Dejen a los juzgados hacer su trabajo y la infección remitirá. Sin embargo, no se les ocurre otra cosa que enfilar a los jueces instructores, independientes e imparciales, con el propósito de reemplazarlos por unos fiscales investigadores vinculados a la política. Esa misma política que tanto apesta. ¿Serías capaz de darle un final a esta historia?

Edgar Allan Poe en su escalofriante relato, “El caso del señor Valdemar”, pergeña este vomitivo desenlace:

“Y entonces, en el término de solo un minuto o menos aún, todo su cuerpo se deshizo, se desmoronó, se pudrió por completo bajo mis manos. Sobre el lecho, ante todos los presentes, no había más que una masa casi líquida de materia repugnante y detestable putrefacción”.

Querido lector, ¿se te ocurre cambiar el nombre de “Valdemar” por algún protagonista de nuestra actualidad?

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La Unión Europea enfrenta presiones de EE.UU. sobre automoción, acero y farmacia. ¿Avanzan las negociaciones o solo disfrazan la imposición arancelaria?
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Lo que parecía una prórroga esperanzadora se ha convertido en una prolongación del suplicio para los negociadores europeos. La administración de Donald Trump ha pospuesto hasta el 1 de agosto la entrada en vigor de los temidos aranceles sobre cinco sectores estratégicos, manteniendo la presión sobre la mesa.

El comisario Maros Sefcovic, designado por Bruselas para liderar las conversaciones, dispone ahora de solo tres semanas para contrarrestar la amenaza estadounidense amparada en la Sección 232, que permite imponer restricciones alegando razones de seguridad nacional.

En el ojo del huracán: el sector automotriz. Trump se niega a suavizar el arancel del 25% sobre coches europeos, con especial obsesión por las marcas alemanas. Para colmo, Washington impone un sistema de “créditos de valor a la exportación” que, en la práctica, convierte a los fabricantes en súbditos del mercado estadounidense.

Automoción: un modelo de presión estructural

Para lograr una rebaja arancelaria, las marcas deben fabricar el 52% del vehículo en suelo estadounidense. La exigencia es, según Bruselas, un ultimátum disfrazado que empuja a la deslocalización masiva. Las condiciones incluyen cuotas para repuestos y producción local, forzando a los fabricantes a trasladar capacidades clave.

Empresas como BMW y Mercedes-Benz ya se han adaptado al juego, negociando acuerdos bilaterales directamente con Washington a cambio de trasladar parte de su producción a EE.UU., obteniendo así exenciones personalizadas.

El acero, entre el conflicto y la cooperación

El caso del acero es paradigmático. Actualmente afectado por un arancel del 50%, el sector es el epicentro de una propuesta de Bruselas para crear una especie de “zona blindada” entre socios occidentales. El plan incluye aranceles mínimos entre la UE y EE.UU. pero endurecimiento de políticas frente a China.

Europa exporta entre 4 y 5 millones de toneladas de acero altamente técnico que EE.UU. necesita para sus industrias militares. A cambio, importa 2-3 millones de toneladas estadounidenses. Frente a un exceso global de producción estimado en 600 millones de toneladas, el comercio bilateral no justifica una guerra.

No obstante, Trump exige trazabilidad absoluta del origen del acero, como lo demuestra el acuerdo con el Reino Unido, que sigue enfrentando un 25% de tasa pese al pacto. Para Bruselas, cada punto del acuerdo se convierte en una barrera burocrática.

Farmacéuticas: el sector más volátil

Más allá de metales y coches, la industria farmacéutica es quizás el frente más delicado. Washington acusa a Europa de aprovecharse de su inversión en I+D para vender medicamentos a bajo precio gracias a sistemas de salud nacionales negociadores.

Países como Irlanda, con sedes clave de gigantes farmacéuticos, temen represalias. También lo hacen Alemania y Dinamarca, cuyas industrias generan miles de empleos. La magnitud del sector —tanto en valor comercial como en innovación— lo convierte en una bomba de relojería comercial.

Chips y madera: entre presión y oportunidad

El sector de los semiconductores, vital en la competencia con China, representa una paradoja. Aunque EE.UU. podría ver a Europa como aliada en este campo, Trump lo percibe más como herramienta de presión que como espacio de cooperación.

En cambio, la madera y el papel, sectores con menor visibilidad, generan tensiones directas en países nórdicos y podrían ver alterado su equilibrio comercial si EE.UU. impone nuevas tasas. La afectación sería directa sobre la industria forestal y el sector papelero europeo.

Un pacto simbólico que deja todo por resolver

En medio de este escenario, Europa busca arañar concesiones. El llamado “acuerdo de principios“, un documento de tres o cuatro páginas, no resuelve nada en firme. Solo establece una hoja de ruta para futuros “acuerdos sectoriales legalmente vinculantes”, cuyas condiciones aún están en el aire.

Trump insiste en una tasa arancelaria del 10% generalizada. Bruselas quiere que esta no se aplique a sectores sensibles como acero, aluminio, automoción, fármacos, chips o madera. Todo dependerá de qué industrias obtengan el codiciado “cero por ciento”. Por ejemplo, si la aeronáutica logra quedar fuera, Trump podrá presentarlo como una victoria sin concesiones estructurales.

Sin embargo, para los sectores afectados por la Sección 232, ninguna exención parece inminente. Cada caso requerirá su propia negociación, abriendo un proceso fragmentado y prolongado que mantiene la incertidumbre empresarial.

El arte de negociar con Trump

Las capitales europeas acusan fatiga ante los constantes vaivenes de Washington. La lógica de Trump —rupturista, caótica y basada en presión unilateral— pone a prueba la diplomacia tradicional.

Incluso su propio equipo reconoce los límites del proteccionismo extremo, intentando canalizar sus decisiones erráticas. Pero para Bruselas, negociar con la Casa Blanca actual es como enfrentarse a una tormenta diaria con pronóstico reservado.

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La Alianza Abraham expone tensiones ocultas entre normalización árabe-israelí y el conflicto palestino. ¿Qué hay tras esta fachada diplomática?
The post El Escudo de Abraham: alianza sin Palestina first appeared on Hércules.  Días después de la guerra relámpago de doce jornadas entre Israel e Irán, Tel Aviv amaneció con una imagen monumental: una valla digital mostraba los rostros de líderes árabes, desde jeques del Golfo Pérsico hasta presidentes de trajes impolutos, todos bajo la bandera de la Alianza Abraham. Sin referencias a pactos firmados ni menciones diplomáticas, la imagen enviaba un mensaje nítido: la región ya había escogido su bando.

El cartel no ofrecía matices. No se hablaba de procesos, solo de hechos consumados. Una insinuación directa: ya sea con alianzas abiertas o en la discreción de despachos cerrados, los gobiernos árabes habrían optado por respaldar el modelo regional promovido por Israel.

La doble narrativa

La diplomacia árabe ha oscilado durante años entre la retórica pro-palestina y la colaboración operativa con Tel Aviv. Mientras condenan las acciones militares israelíes en Gaza y reafirman su compromiso con la causa palestina, simultáneamente negocian inversiones, inteligencia compartida y rutas aéreas con el estado hebreo. Arabia Saudita, por ejemplo, sostiene que no reconocerá a Israel sin un Estado palestino, pero permite vuelos israelíes sobre su espacio aéreo y recibe delegaciones económicas sin anuncios oficiales.

El plan tras la valla: redibujar Oriente Medio

La imagen de Tel Aviv no fue una simple maniobra mediática. Se trató de la puesta en escena de una estrategia mucho más amplia: El Escudo de Abraham, un documento de política redactado en marzo por más de cien figuras de alto nivel del aparato de seguridad israelí. Su propuesta es ambiciosa: convertir a Gaza en un espacio totalmente controlado, crear una alianza árabe-israelí contra Irán, y rediseñar el mapa político sin negociación alguna, solo por imposición de poder.

Los seis pilares del plan

1. Transformación de Gaza: Erradicación de Hamás e instalación de una autoridad transitoria dirigida por actores extranjeros con respaldo militar regional.
2. Desmilitarización total: Fronteras selladas durante al menos una década, vigilancia digital y desarme sistemático.
3. Reconstrucción económica controlada: Sistema sin dinero en efectivo, gestionado con tecnología biométrica, destinado a premiar la colaboración y castigar la resistencia.
4. Coalición regional de seguridad: Creación formal de la Alianza Abraham como eje de inteligencia conjunta y represión regional.
5. Siria como tapón: Cambio de régimen en el sur sirio para permitir un corredor de seguridad israelí y debilitar a Teherán.
6. Contención de Irán: Sanciones, asesinatos selectivos y aislamiento diplomático para neutralizar su influencia.

De Hamastán a Abrahamstan: la guerra semántica

No solo se trata de territorio, sino de narrativa. En el documento, Gaza deja de ser una región ocupada y pasa a denominarse “Hamastán”, un experimento fallido cuya destrucción se considera moralmente justificable. Palabras como “liberación”, “rehabilitación” o “movilidad segura” sustituyen a “ocupación”, “desplazamiento forzado” y “control militar”.

La manipulación del discurso

Netanyahu ya había anunciado que “no habrá Hamastán”, dejando claro que el objetivo es borrar cualquier vestigio de autonomía palestina. Esta lógica, sin embargo, ignora que durante años Israel permitió, e incluso instrumentalizó, la permanencia de Hamás en el poder para debilitar a Fatah y mantener dividido al pueblo palestino. Hoy, esa estrategia se transforma en argumento para justificar una ocupación definitiva.

Una alianza cimentada en la contradicción

La normalización árabe-israelí avanza al ritmo de la incoherencia. Gobiernos que ante las cámaras denuncian crímenes de guerra, en privado firman contratos, cierran acuerdos y comparten intereses. Esta duplicidad, lejos de ser un secreto, se expone cómodamente ante el mundo.

El teatro diplomático

Arabia Saudita representa el equilibrio discursivo: mientras se opone a la ocupación en foros internacionales, permite vuelos israelíes y profundiza la cooperación comercial. Los Emiratos Árabes Unidos ya ni siquiera ocultan su complicidad: invierten en tecnología militar israelí y reciben delegaciones oficiales en Abu Dabi, incluso en medio de ofensivas militares.

Marruecos ha dado un paso más. En 2024, realizó maniobras conjuntas con la Brigada Golani, unidad israelí denunciada por abusos a los derechos humanos. Todo, bajo el paraguas de “cooperación técnica”.

Intereses por encima de principios

Egipto, atado por compromisos con el FMI y dependencia energética, se mantiene en la línea de la colaboración pragmática. Mientras cierra el paso de Rafah y coordina con Israel en el Sinaí, su discurso oficial se limita a condenas vagas. Jordania, por su parte, disfraza su colaboración con exhibiciones militares simbólicas, pero mantiene una alianza estructural con el aparato israelí.

El caso sirio: la resistencia reciclada

Hasta en los territorios donde antaño floreció la resistencia, hoy se reciclan figuras para la causa de la Alianza Abraham. En Siria, Ahmad al-Sharaa, ex cabecilla yihadista, declaró abiertamente tener enemigos comunes con Israel. Poco después, altos mandos israelíes fueron avistados en la región negociando discretamente.

La culminación simbólica llegó con una valla publicitaria en Damasco: al-Sharaa junto a Donald Trump, con el lema “Líderes fuertes hacen la paz”. Una imagen que cristaliza la narrativa del poder: la paz como imposición, no como justicia.

Una alianza construida sobre la sumisión

La Alianza Abraham no es solo un acuerdo diplomático. Es un modelo de reordenamiento regional basado en la anulación de la identidad palestina, el silenciamiento de la disidencia árabe y la fabricación de una narrativa donde la paz es sinónimo de obediencia. En este nuevo mapa, las fronteras no se dibujan con tinta, sino con vigilancia, propaganda y complicidad.

La pregunta ya no es si los gobiernos árabes están normalizando relaciones con Israel. Es si queda algo que normalizar.

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Los puertos africanos se transforman en focos de influencia estratégica con inversiones de China, Emiratos Árabes Unidos y EE.UU
The post Puertos africanos: epicentro de rivalidad global first appeared on Hércules.  Los puertos africanos ya no son simples puntos de tránsito o descarga de mercancías; hoy se han convertido en escenarios clave de una intensa lucha por la influencia geopolítica. Desde Yibuti, en el estratégico Mar Rojo, hasta Dakar, en la costa atlántica, pasando por Berbera en Somalia y Bagamoyo en Tanzania, las potencias regionales y globales compiten por establecer una presencia dominante en las costas del continente.

Rivalidad geopolítica en la infraestructura portuaria

“Esta competencia no es reciente”, señala Joshua Miservi, investigador del Instituto Hudson en Washington. Sin embargo, su intensidad aumentó hace más de una década con la implementación de la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China.

Pekín ha invertido cuantiosos recursos en la construcción y modernización de estos puertos, presentándolos como proyectos de desarrollo. No obstante, según Miservi, detrás de esta fachada existe un claro propósito estratégico a largo plazo.

La estrategia china combina el uso comercial con la capacidad militar, otorgando a sus puertos africanos un “doble uso”. Esta dualidad les permite operar como bases logísticas para barcos mercantes durante el día y, si es necesario, como puntos de apoyo para buques militares.

En este contexto, la base militar china en Yibuti —la primera fuera de su territorio— ha generado preocupación en Occidente. Ubicada cerca del puerto en Bab al-Mandab, una vía marítima crucial, esta instalación podría transformarse en un punto permanente para operaciones militares en el Mar Rojo y el Océano Índico.

El general retirado estadounidense Stephen Townsend advirtió sobre la capacidad de China para “rearmar y mantener buques de guerra” en esta base, reflejando un cambio del enfoque comercial hacia una presencia militar consolidada.

Somalia, escenario clave de poder y disputas

China no está sola en esta carrera. En Somalia, el presidente Hassan Sheikh Mohamud ofreció a EE.UU. “acceso operativo exclusivo” a bases aéreas y puertos estratégicos como Berbera y Bosaso para reforzar la presencia estadounidense y frenar la expansión china en el Cuerno de África. Esta alianza fortalece a Somalia con respaldo político y militar, en un territorio donde Washington lleva años combatiendo a grupos terroristas como al-Shabaab e ISIS.

Al mismo tiempo, la gestión portuaria en Berbera por parte de DP World, empresa emiratí, ha tensado la relación con el gobierno somalí, que denuncia una violación a su soberanía. Se sospecha que el apoyo militar de Emiratos Árabes Unidos a fuerzas locales amplía su influencia más allá del comercio, hacia la esfera política y militar.

Berbera es hoy un punto de convergencia para las ambiciones chinas, emiratíes y etíopes, en una competencia frenética por controlar corredores vitales del Mar Rojo y el Golfo de Adén.

Alternativas y tensiones en Yibuti y la región

En Yibuti, la oferta del “Corredor de Tadjoura” a Etiopía busca aliviar tensiones regionales, ofreciendo una alternativa al acceso de Somalilandia al mar tras el acuerdo preliminar con Addis Abeba.

David Sheen, ex embajador estadounidense en Etiopía, subraya la “especificidad de Djibouti”, que combina infraestructuras civiles y militares. China no controla los puertos exclusivamente, pero mantiene acuerdos para utilizarlos tanto con fines comerciales como militares.

Expansión emiratí y saudí con miras estratégicas

El influjo de los Emiratos Árabes Unidos se extiende por África a través de DP World, con presencia en Senegal, Zanzíbar, Congo, Ruanda y Mozambique. Esta estrategia busca aunar comercio con influencia política y militar.

Por su parte, Arabia Saudita ingresó recientemente en esta competencia desde Tanzania, con la concesión para desarrollar el puerto de Bagamoyo dentro del proyecto “East Gateway”, vinculando la seguridad alimentaria con su expansión en África Oriental.

Un equilibrio frágil en la geopolítica africana

Aunque EE.UU. alerta sobre el avance chino, utiliza los mismos puertos gestionados por Pekín o empresas emiratíes, lo que revela un entramado de intereses complejos y flexibles.

Algunos países africanos intentan beneficiarse de la inversión extranjera sin perder soberanía. Mohamed Ali Youssef, ministro de Relaciones Exteriores de Yibuti, ha declarado que su nación está “abierta a la cooperación, pero sin comprometer la soberanía”.

Puertos africanos: ¿infraestructura o herramienta de poder?

Un informe del Centro Pharos indica que China controla alrededor de un tercio de los 231 puertos comerciales africanos, extendiendo su influencia más allá de África Oriental hacia el corazón del continente.

Mientras algunos gobiernos valoran la modernización portuaria, persiste el temor a una pérdida de soberanía por contratos a largo plazo. David Sheen advierte que, aunque los puertos hayan mejorado, los acuerdos deben ser “económicos y sostenibles” para evitar cargas políticas y económicas.

En definitiva, lo que empezó como proyectos de desarrollo se ha convertido en una lucha geopolítica por controlar las “llaves marítimas” de África, redefiniendo el mapa de poder desde sus costas.

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El tribunal FISA aprueba revisión para entregar más datos sobre Carter Page y el escándalo Crossfire Hurricane en la investigación Trump-Rusia
The post Revisión FISA e investigación Crossfire Hurricane first appeared on Hércules.  El Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA) autorizó discretamente una solicitud del Departamento de Justicia para revisar documentos vinculados a las órdenes de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera que afectaron al exasesor de campaña de Trump, Carter Page. Esta acción se da en paralelo con el director del FBI, Kash Patel, quien impulsa la entrega de más pruebas del escándalo Rusiagate al Congreso.

En abril, bajo la instrucción del expresidente Donald Trump, Patel desclasificó documentos vinculados a la fallida y politizada investigación conocida como Crossfire Hurricane.

Nueva etapa en la investigación Crossfire Hurricane

El Departamento de Justicia solicitó formalmente al tribunal FISA, el 6 de junio, permiso para revisar materiales relacionados con las órdenes emitidas contra Carter Page. Esta petición fue aprobada el 17 de junio por el tribunal secreto. Según el gobierno, esta revisión es necesaria para responder a requerimientos de los comités judiciales del Senado y la Cámara de Representantes, controlados por el Partido Republicano, quienes demandan acceso a información clave sobre la operación.

Kevin J. O’Connor, jefe de supervisión de seguridad nacional del Departamento de Justicia, explicó que buscan autorización para utilizar o divulgar información proveniente de las solicitudes de vigilancia contra Page, garantizando la protección de datos sensibles conforme a las leyes FISA.

El tribunal FISA, creado en 1978 para evaluar solicitudes ejecutivas de vigilancia, cumple un rol fundamental en la supervisión de operaciones de inteligencia dentro de Estados Unidos.

Transparencia en medio del huracán político

El FBI y el Departamento de Justicia han recibido múltiples solicitudes de congresistas republicanos para obtener materiales relacionados con Crossfire Hurricane y la revisión de la Oficina del Inspector General. El DOJ precisó que gran parte de estos documentos contienen información FISA de Page, por lo que se estableció un equipo especializado para redactar y proteger dicha información antes de su entrega.

Los comités judiciales de la Cámara y el Senado enviaron cartas en marzo pidiendo transcripciones y otros documentos de la investigación del inspector general Michael Horowitz, además de datos vinculados a la pesquisa del fiscal especial John Durham.

Escándalo y acusaciones cruzadas

El contexto se complica con la reciente remisión penal del director de la CIA, John Ratcliffe, al FBI, relacionada con posibles irregularidades del exjefe de la CIA John Brennan en el escándalo Rusiagate. Brennan, hoy analista en NBC, enfrenta críticas por su papel en la manipulación de inteligencia.

El juez Anthony Trenga, presidente del tribunal FISA, respaldó la revisión del DOJ señalando que es esencial para la supervisión legislativa y la preparación adecuada de documentos a entregar a los comités del Congreso.

Errores en la vigilancia de Carter Page y consecuencias políticas

En 2019, el inspector general Horowitz identificó al menos 17 “errores y omisiones significativos” en la obtención de órdenes FISA contra Carter Page. El papel central del expediente desacreditado del exespía británico Christopher Steele fue señalado como uno de los principales problemas, evidenciando un sesgo político.

El informe del fiscal especial Durham en 2023 confirmó que no existían pruebas sólidas de colusión entre Trump y Rusia, mientras que la narrativa falsa del Rusiagate fue difundida ampliamente por medios de izquierda.

Demanda republicana por transparencia

El congresista Jim Jordan exigió la entrega de todos los documentos relacionados con Crossfire Hurricane y el expediente Steele, que incluye comunicaciones internas y transcripciones de entrevistas realizadas por el FBI y el equipo de Durham.

El informe de Durham calificó la operación como “profundamente defectuosa” y denunció una falta de objetividad que permitió la manipulación política de la investigación.

El documento de Durham reveló que Hillary Clinton habría aprobado un plan en 2016 para vincular a Trump con Rusia y el hackeo del Comité Demócrata. Aunque Clinton no ha confirmado ni negado estas acusaciones, la Comisión Federal de Elecciones multó a su campaña por financiar el expediente falso de Steele.

Brennan bajo lupa y posible proceso

La revisión de la CIA ordenada por Ratcliffe criticó duramente la inclusión del expediente Steele en la evaluación oficial de inteligencia, señalando que esta decisión afectó la credibilidad del informe. Brennan y Comey presionaron para incluir el expediente desacreditado, a pesar de las objeciones internas.

John Brennan podría enfrentar cargos por declaraciones falsas al Congreso, y se espera que las transcripciones de su entrevista con Durham sean entregadas al Congreso este año.

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