Vox ha llevado a Alvise Pérez a un acto de conciliación por acusaciones que consideran falsas y dañinas, relacionadas con tensiones internas del partido. De no haber rectificación, se formalizará una querella por calumnias e injurias con publicidad
The post Vox intenta silenciar a Alvise en los tribunales tras verse retratado por sus propias grietas internas first appeared on Hércules. El Juzgado de Primera Instancia número 97 de Madrid ha convocado este miércoles a un acto de conciliación al presidente de Vox, Santiago Abascal, y al eurodiputado y líder del partido Se Acabó la Fiesta, Luis ‘Alvise’ Pérez, a raíz de unas manifestaciones públicas de este último que Vox califica de “mentiras manifiestas”.
Según consta en la resolución judicial a la que ha tenido acceso Europa Press, la cita está fijada a partir de las 10:30 horas. Abascal y Pérez no están obligados a asistir personalmente, ya que pueden estar representados legalmente por sus respectivos letrados.
Este acto es un trámite legal previo —salvo que Pérez se retracte— antes de que Vox formalice una querella por un presunto delito de calumnias e injurias vertidas con publicidad, como se desprende del escrito presentado por la abogada del líder de Vox.
La solicitud de conciliación parte del entorno legal de Abascal y tiene como origen unas declaraciones difundidas por Pérez el pasado febrero en su canal de Telegram, que cuenta con casi 700.000 seguidores. Las afirmaciones se basaban, presuntamente, en una entrevista concedida por el diputado Javier Ortega Smith.
Una de las frases que motivó la denuncia fue: “Abascal estudia apercibir a Ortega Smith por criticar públicamente la línea oficial de Vox en el conflicto de Ucrania-Rusia”, según publicó Pérez. Desde Vox insisten en que esto es “rotundamente falso” y que atenta directamente contra el honor y la imagen tanto del presidente del partido como del propio Ortega Smith.
Además, el texto presentado por la representación legal de Abascal asegura que Alvise atribuyó a Ortega Smith expresiones que nunca fueron pronunciadas durante dicha entrevista. Entre ellas, una supuesta confesión de sentirse “traicionado y engañado” por la dirección de Vox, aunque —según Pérez— el diputado habría asegurado que no dejaría el partido. También esta frase, sostienen, es inventada.
La defensa de Abascal sostiene que las declaraciones de Pérez constituyen una “manipulación intencionada” de la realidad, difundida de forma deliberada a través de su canal en Telegram, con el objetivo de inducir al lector a creer que dichas afirmaciones provienen de Abascal, Ortega Smith o de la Fundación Disenso.
Esta manipulación, a juicio de la abogada, va más allá del simple error: “Alvise da a entender que existen fracturas internas irreconciliables en Vox, e incluso llega a insinuar conductas que podrían implicar delitos económicos graves”, afirma. Por este motivo, se considera que la actuación del eurodiputado genera un “daño reputacional significativo” y que será objeto de acciones judiciales en el ámbito penal.
El canal de Telegram en cuestión —remarca el texto legal— tiene un alcance masivo, y sus publicaciones han generado numerosas reacciones y comentarios, lo que amplifica el posible perjuicio. Se aporta como prueba un pantallazo de la publicación en cuestión. Cabe recordar que, en un precedente reciente, el Tribunal Supremo archivó otra querella de Vox contra Pérez. En aquel caso, el eurodiputado insinuó que Abascal podría haber recibido fondos de una empresa de criptomonedas que supuestamente entregó 100.000 euros en efectivo al propio Alvise Pérez.
India ha optado por un giro simbólico al nombrar la reciente ofensiva como «Operación Sindoor», en homenaje a las víctimas de un ataque terrorista, alejándose de los tradicionales nombres militares con tono bélico. Esta elección marca una nueva dimensión emocional y política en su estrategia comunicacional
The post Los precedentes de la Operación Sindoor, un modus operandi ya usado por India en anteriores ocasiones first appeared on Hércules. Al designar su reciente ofensiva contra infraestructuras terroristas en Pakistán y la Cachemira ocupada como “Operación Sindoor”, el aparato militar indio ha introducido un giro significativo en su lenguaje estratégico: ha pasado de enfatizar la potencia de fuego a poner el foco en la memoria de las víctimas del atentado en Pahalgam. Según fuentes oficiales, el propio primer ministro Narendra Modi eligió el nombre, buscando rendir tributo a las mujeres que perdieron a sus esposos en el ataque del 22 de abril en la pradera de Baisaran, donde murieron 26 turistas y un habitante local.
Esta elección de nombre contrasta con la tradición india, que generalmente recurre a títulos militares convencionales para generar moral interna y proyectar una imagen de poder hacia el exterior. En ocasiones, los nombres se han mantenido deliberadamente genéricos o criptográficos para proteger el sigilo operativo, y otras veces han tomado inspiración de referencias mitológicas. Pero “Sindoor”, el polvo rojo que usan las mujeres casadas en India, representa una fuerte carga simbólica vinculada al luto, la pérdida y el sacrificio.
Históricamente, las operaciones indias contra Pakistán han portado nombres que transmiten fuerza y resolución. Por ejemplo:
Operación Riddle (1965): Fue la contraofensiva india tras las incursiones paquistaníes bajo los planes Gibraltar y Grand Slam. El 6 de septiembre de 1965, las fuerzas indias lanzaron ataques sobre Lahore y Kasur. El resultado fue devastador para las fuerzas paquistaníes y acabó en el Acuerdo de Tashkent, mediado por la URSS.
Operación Ablaze (1965): Concebida como una movilización preventiva en abril de ese año, se desarrolló tras crecientes tensiones en la frontera occidental, especialmente en la región de Rann of Kutch. No derivó en enfrentamientos inmediatos, pero sí en una clara demostración de capacidad disuasiva.
Operación Cactus Lily (1971): En el marco de la Guerra de Liberación de Bangladesh, esta operación aérea permitió a las tropas indias cruzar el río Meghna y cercar una importante posición paquistaní en Ashuganj, con el objetivo de avanzar hacia Daca.
Operaciones Trident y Python (1971): Ambas fueron ofensivas navales contra el puerto de Karachi durante la guerra indo-pakistaní. En la noche del 4 al 5 de diciembre de 1971, la Marina india usó misiles antibuque por primera vez en la región, causando graves daños a barcos e instalaciones paquistaníes.
El cambio de tono con la Operación Sindoor no solo refleja una estrategia de comunicación más emocional, sino que también puede interpretarse como una forma de reforzar el relato de víctima frente al terrorismo, incluso cuando India actúa con contundencia militar. El simbolismo de este nombre busca conectar con la ciudadanía desde el duelo, no solo desde el orgullo bélico.
La condonación de la deuda es el resultado de acuerdo alcanzado entre el PSOE y ERC para así apoyar la investidura del actual presidente del Gobierno
The post El Gobierno autoriza a Cataluña a endeudarse por 3.500 millones de euros first appeared on Hércules. El Gobierno de Pedro Sánchez, a través del Consejo de Ministros, ha autorizado y aprobado que Cataluña a que se endeude por 3.500 millones de euros. Mientras que el Ejecutivo ha autorizado a la Comunidad de Madrid a formalizar operaciones de deuda a largo plazo por un importe máximo de 438.250.000 millones de euros.
Así, la condonación de la deuda de Cataluña por parte del Gobierno asciende a los 17.104 millones de euros a la Generalitat, equivalentes al 22% de la deuda adquirida mediante el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).
La condonación de la deuda es el resultado de acuerdo alcanzado entre el PSOE y ERC para así apoyar la investidura del actual presidente del Gobierno. La condonación parcial de la deuda de la Generalitat con el Estado, con una quita de 15.000 millones de euros que supondría en torno al 20% de la deuda total de la comunidad o 1.980 euros por habitante ajustado (de 2021).
El Gobierno insiste en ligar la propuesta de condonación con los efectos de la crisis financiera de 2009 sobre las cuentas autonómicas, interpretando las quitas como una compensación por la (supuestamente) insuficiente protección que el Gobierno de turno brindó a las CCAA entre 2010 y 2013.
En consecuencia, la cuantía total de la ayuda se establece comparando el incremento observado de la deuda autonómica durante este episodio con el registrado durante una crisis posterior, la ligada a la pandemia y la guerra de Ucrania en 2020-23, en la que la actuación del Gobierno sí se considera correcta (en su propia opinión). La diferencia entre la deuda acumulada en ambos episodios, 80.310 millones de euros, se toma como la cantidad total a repartir, según señala la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA).
El Gobierno pacta la condonación de la deuda catalana
El 25% restante se reparte por tramos que priman, respectivamente, a las comunidades con mayor deuda por habitante ajustado, a las que han tenido una financiación por habitante ajustado inferior a la media y aquellas que, en promedio, han hecho uso de su capacidad normativa sobre el IRPF para subir este impuesto, según la FEDEA.
El criterio lógico a la hora de repartir estas ayudas sería la infrafinanciación (relativa a la media por habitante ajustado) que se ha acumulado al menos durante la vigencia del actual modelo de financiación.
La ocupación hotelera ha alcanzado el 83% con tarifas que alcanzan los 270 euros por noche en reservas realizadas con dos meses de antelación
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Imagen: caseta en la Feria de Abril I Diario de Sevilla
La Feria de Abril de Sevilla 2025 se perfila como uno de los eventos más destacados del año en términos económicos, con estimaciones que sitúan su impacto entre los 1.000 y 2.000 millones de euros. Esta cifra representa aproximadamente el 3% del Producto Interior Bruto (PIB) local. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha señalado que el impacto económico de la Feria de Abril en la capital hispalense llega a “los 2.000 millones de euros”, destacando la importancia de este evento para la economía local.
Afluencia de visitantes: ¿se repetirá el récord de 2024?
En 2024, la Feria de Abril alcanzó un récord histórico con más de tres millones de asistentes. Para 2025, aunque la duración del evento se ha reducido en un día, se espera una afluencia similar. El interés por la feria ha aumentado, con un incremento del 17% en las búsquedas de vuelos a Sevilla en comparación con el año anterior.
La ocupación hotelera ya se sitúa en un 83% de media, con picos del 89% el martes de Feria. Aunque estas cifras son ligeramente inferiores a las de 2024, se espera que las reservas de última hora aumenten la ocupación total. Además, el precio medio de las habitaciones ha experimentado un incremento, con tarifas que alcanzan los 270 euros por noche para reservas realizadas con dos meses de antelación.
Más de mil 1.000 casetas en el Real
Este año, el evento contará con un total de 1.057 casetas distribuidas a lo largo de sus 15 calles temáticas, todas ellas con nombres de toreros sevillanos. Este número incluye tanto las casetas privadas como las públicas y las de servicios.
Aunque en años anteriores se había planteado una ampliación del recinto para incorporar hasta 300 casetas adicionales, el Ayuntamiento ha decidido posponer esta expansión para el próximo año, debido a la necesidad de adecuar el terreno y realizar las inversiones necesarias para garantizar que las nuevas casetas estén en condiciones óptimas.
Entre los más de 1.000 espacios que componen el Real, 16 son de acceso público, permitiendo la entrada libre sin necesidad de invitación. Estas casetas están gestionadas por entidades como sindicatos, partidos políticos y distritos municipales, y ofrecen una alternativa para quienes no tienen acceso a las casetas privadas.
Una inversión mil millonaria
Aunque no se ha especificado una cifra exacta destinada exclusivamente a la Feria, el presupuesto municipal para 2025 asciende a 1.069 millones de euros, con un incremento del 3,6% respecto al año anterior. Dentro de este presupuesto, se han priorizado áreas clave como seguridad, movilidad y limpieza, fundamentales para el correcto funcionamiento de la Feria.
En particular, se han destinado 88,8 millones de euros al área de Seguridad, que incluye los gastos derivados de la Policía Local, y 129,7 millones de euros a Lipasam, la empresa municipal de limpieza. Estas partidas reflejan el compromiso del Ayuntamiento por mantener el orden y la limpieza durante la celebración.
El Congreso de EE.UU. sancionará a individuos vinculados a la extracción forzada de órganos en China, especialmente de practicantes de Falun Gong. La nueva ley también limita la cooperación médica con China y exige mayor escrutinio sobre sus políticas de trasplante
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El lunes, la Cámara de Representantes aprobó por unanimidad una legislación que impone sanciones a funcionarios del régimen chino y otros implicados en la recolección forzada de órganos en China, un procedimiento que ha incluido a practicantes del grupo espiritual Falun Gong como víctimas. La propuesta, titulada “Ley para la Protección del Falun Gong” y promovida por el congresista republicano de Pensilvania, Scott Perry, obliga al presidente Donald Trump a remitir al Congreso, en un plazo de 180 días tras su entrada en vigor, una lista de extranjeros involucrados en esta práctica.
El proyecto impone la revocación de visas, prohíbe la entrada a Estados Unidos y anula beneficios migratorios para los incluidos en la lista, según informó The Epoch Times. Las sanciones contemplan además una multa de hasta 250.000 dólares y, en caso de violación, penas que pueden alcanzar el millón de dólares y hasta 20 años de cárcel.
Perry celebró el consenso alcanzado, señalando que se trata de una medida que trasciende las diferencias partidistas. “Es fundamental establecer consecuencias frente a estos actos atroces y brutales”, declaró. “Estados Unidos tiene la responsabilidad moral de marcar el camino y exigir que el resto del mundo tome conciencia”.
Falun Gong, basado en principios como la compasión, la tolerancia y la verdad, ha sido objeto de represión en China desde finales de los años 90. Sus seguidores han sido detenidos, internados en campos de trabajo y sometidos a abusos.
Además, la ley impide toda cooperación médica entre EE. UU. y China en materia de trasplantes mientras el Partido Comunista siga en el poder. También exige que el Secretario de Estado, en coordinación con los NIH y el Departamento de Salud, elabore un informe en el plazo de un año sobre las prácticas de trasplante en China.
Las elecciones para elegir a un nuevo pontífice han hecho temblar los cimientos de la Santa Sede con el recuerdo de los escándalos pasados
The post Vatileaks: la renuncia de un Papa y un nuevo cónclave first appeared on Hércules.
Imagen: el Papa Benedicto XVI y su mayordomo I Associated Press
En 2012, el Vaticano, una institución que durante siglos ha guardado sus secretos bajo un velo de solemnidad y discreción, se vio sacudido por uno de los escándalos más explosivos de su historia moderna: el casoVatileaks. Lo que comenzó como una serie de filtraciones de documentos confidenciales se convirtió en una tormenta que expuso luchas de poder, acusaciones de corrupción y una red de intrigas dentro de los muros del Estado más pequeño del mundo.
Un mayordomo, documentos y un Vaticano en crisis
El escándalo estalló a principios de 2012, cuando documentos confidenciales del Vaticano comenzaron a aparecer en la prensa italiana. Estas filtraciones incluían cartas privadas del Papa Benedicto XVI, informes financieros, memorandos internos y correspondencia entre altos funcionarios de la Curia Romana. Los documentos pintaban un panorama inquietante: una institución plagada de rivalidades, mala gestión financiera y posibles casos de corrupción.
El epicentro del escándalo fue Paolo Gabriele, el mayordomo personal de Benedicto XVI, quien fue identificado como el principal responsable de las filtraciones. Gabriele, un laico italiano de 46 años que trabajaba en el apartamento papal, tenía acceso privilegiado a los documentos más sensibles del pontífice. Según Gabriele, su motivación no era el lucro ni la malicia, sino un deseo de exponer lo que él percibía como “el mal y la corrupción” dentro del Vaticano. En su juicio, afirmó haber actuado por lealtad al Papa, creyendo que Benedicto XVI estaba siendo manipulado por una Curia disfuncional.
Entre los documentos filtrados destacaban:
Cartas del Arzobispo Carlo Maria Viganò: Viganò, entonces secretario general de la Gobernación del Vaticano, denunciaba irregularidades financieras y favoritismo en la adjudicación de contratos. Sus críticas apuntaban al cardenal Tarcisio Bertone, el poderoso secretario de Estado, y revelaban una lucha de poder en la cúpula vaticana.
Informes sobre el Instituto para las Obras de Religión (IOR): conocido como el “banco del Vaticano”, el IOR fue acusado de irregularidades, incluyendo posibles vínculos con el lavado de dinero. Los documentos sugerían que los esfuerzos de Benedicto XVI por reformar el banco enfrentaban resistencia interna.
Correspondencia sobre Intrigas Internas: las filtraciones expusieron rivalidades entre cardenales, acusaciones de nepotismo y maniobras para consolidar poder dentro de la Curia. Algunos documentos insinuaban la existencia de facciones opuestas a las reformas de Benedicto XVI.
La prensa italiana, liderada por periodistas como Gianluigi Nuzzi, autor del libro Sua Santità: Le carte segrete di Benedetto XVI, amplificó el impacto de las filtraciones. Los titulares sensacionalistas hablaban de un “Vaticano en caos”, alimentando especulaciones sobre conspiraciones y traiciones.
El arresto y perdón de Benedicto XVI
La Iglesia reaccionó con rapidez para contener el daño. En mayo de 2012, Paolo Gabriele fue arrestado tras un registro en su apartamento, donde se encontraron miles de documentos, algunos marcados como confidenciales. Gabriele fue acusado de robo agravado, un delito grave bajo la legislación vaticana. Además, Claudio Sciarpelletti, un técnico informático, fue acusado de complicidad, aunque su papel fue secundario.
Imagen: el mayordomo del Papa Benedicto XVI, Paolo Gabriele I Reuters
El juicio de Gabriele, celebrado en octubre de 2012, fue un evento inusual. El Vaticano, un Estado soberano con su propio sistema judicial, permitió una cobertura mediática limitada, pero el proceso levantó más preguntas que respuestas. Gabriele afirmó haber actuado solo, aunque algunos especularon que era un chivo expiatorio para proteger a figuras más poderosas. Durante el juicio, se reveló que Gabriele había fotocopiado documentos durante años, entregándolos a periodistas a través de intermediarios. Su defensa argumentó que sufría de problemas psicológicos y que su devoción al Papa lo llevó a tomar medidas extremas.
Gabriele fue condenado a 18 meses de prisión, pero Benedicto XVI lo perdonó en diciembre de 2012, permitiéndole regresar con su familia. Sin embargo, el perdón no silenció las especulaciones.
Una Iglesia en la encrucijada
En febrero de 2013, Benedicto XVI anunció su renuncia, un hecho sin precedentes en casi 600 años. Aunque citó su avanzada edad y problemas de salud como razones, muchos observadores vincularon su decisión al escándalo de Vatileaks. Las filtraciones habían expuesto la magnitud de los desafíos que enfrentaba su pontificado: una Curia dividida, escándalos financieros y una percepción de debilidad en su liderazgo. Algunos historiadores sugieren que Benedicto XVI, un teólogo más cómodo con la doctrina que con la política vaticana, se sintió abrumado por las intrigas reveladas por Vatileaks.
Antes de su renuncia, Benedicto XVI encargó un informe secreto a tres cardenales de confianza (Julián Herranz, Jozef Tomko y Salvatore De Giorgi) para investigar las filtraciones y las dinámicas internas del Vaticano. El informe, cuya existencia fue confirmada pero cuyos detalles nunca se hicieron públicos, supuestamente detallaba una red de influencias, facciones y posibles irregularidades, incluyendo rumores sobre un “lobby gay” dentro de la Curia. Este informe fue entregado al Papa Francisco tras su elección, alimentando especulaciones sobre su impacto en las reformas posteriores.
El cónclave de 2013, que eligió al cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio como Papa Francisco, estuvo marcado por el eco del escándalo. Los cardenales electores, conscientes del daño causado por el escándalo, parecían inclinados a elegir un outsider que pudiera reformar la Curia y restaurar la credibilidad de la Iglesia. Francisco, un jesuita conocido por su humildad y su distancia de las élites vaticanas, encajaba con este perfil.
Desde el inicio de su pontificado, Francisco abordó las cuestiones planteadas por incidente. Reformó el IOR, destituyó a funcionarios asociados con escándalos financieros y creó el Consejo de Cardenales para descentralizar el poder de la Curia. Sus esfuerzos, sin embargo, enfrentaron resistencia.
Vatileaks dañó la imagen del Vaticano como un faro de moralidad y espiritualidad. Los titulares sobre corrupción y conspiraciones alimentaron el escepticismo público, especialmente en un momento en que la Iglesia ya enfrentaba críticas por los escándalos de abuso sexual. La percepción de un Vaticano desconectado de los fieles reforzó la narrativa de Francisco como un Papa “del pueblo”, decidido a acercar la Iglesia a las realidades del mundo.
Varios sospechosos de la trama
Una de las figuras centrales en las sospechas fue el cardenal Tarcisio Bertone, secretario de Estado y mano derecha de Benedicto XVI. Los documentos filtrados, especialmente las cartas del arzobispo Carlo Maria Viganò, acusaban a Bertone de favoritismo, irregularidades en contratos y resistencia a las reformas financieras. Viganò, entonces secretario general de la Gobernación del Vaticano, denunciaba una Curia disfuncional, lo que llevó a especular que enemigos de Bertone orquestaron las filtraciones para debilitarlo. Alternativamente, algunos sugirieron que aliados de Bertone podrían haber filtrado documentos selectivamente para desacreditar a rivales como Viganò. Aunque no hubo pruebas directas contra Bertone, su estilo autoritario y las rivalidades que generó lo convirtieron en un blanco de sospechas. Su papel polarizante alimentó teorías sobre un “lobby anti-Bertone” dentro de la Curia, compuesto por cardenales y obispos frustrados por su control.
El arzobispo Viganò también atrajo sospechas. Sus cartas, que exponían supuesta corrupción, fueron de los documentos más explosivos de Vatileaks. Algunos creyeron que sus aliados podrían haber facilitado las filtraciones para presionar por reformas o exponer a Bertone, mientras otros lo veían como víctima de una maniobra para silenciarlo, especialmente tras su destitución como nuncio en Estados Unidos. No hay evidencia de que estuviera involucrado directamente, pero su postura crítica lo colocó en el centro de las intrigas. Su rol como denunciante sugiere que las filtraciones podrían haber sido un esfuerzo de reformistas frustrados por la resistencia de la Curia a los cambios impulsados por Benedicto XVI.
Más allá de individuos, se sospechó de facciones dentro de la Curia. Los documentos revelaron una institución dividida entre conservadores y progresistas, italianos y no italianos, reformistas y defensores del statu quo. Vaticanistas como Gianluigi Nuzzi, autor de Sua Santità, sugirieron que las filtraciones podrían haber sido un esfuerzo colectivo de un grupo descontento para exponer la disfunción interna. Se habló de rivalidades entre figuras como el cardenal Angelo Sodano, exsecretario de Estado, y Bertone, pero la falta de pruebas dejó estas teorías en la especulación. Un rumor particularmente sensacionalista, amplificado por La Repubblica, mencionaba un “lobby gay” que supuestamente ejercía influencia y podría haber estado vinculado a las filtraciones. El informe secreto encargado por Benedicto XVI a tres cardenales (Julián Herranz, Jozef Tomko y Salvatore De Giorgi) habría aludido a esta red, pero sin evidencia verificable, el rumor quedó como una nota sensacionalista que reflejaba prejuicios de la época.
También se sospechó de funcionarios menores y personal laico. Claudio Sciarpelletti, un técnico informático, fue acusado de complicidad, aunque su rol fue marginal. La facilidad con la que Gabriele accedió a documentos sugirió vulnerabilidades en la seguridad vaticana, alimentando teorías sobre una red de empleados con acceso a información sensible. Algunos especularon que periodistas como Nuzzi podrían haber tenido contactos más amplios en la Curia, pero no se probaron vínculos específicos. La investigación vaticana, enfocada en culpar a Gabriele, pudo haber evitado indagar más para no exponer mayores fracturas.
Un nuevo cónclave para elegir al Papa
Mientras el humo blanco se eleva sobre la plaza de San Pedro, Vatileaks permanece como un eco inquietante en los muros de la Capilla Sixtina. Sus revelaciones de ambición, traición y fe fracturada desnudaron la humanidad de una institución divina, y las medidas de seguridad, aunque robustas, no pueden sellar las grietas del espíritu humano. El cónclave de 2025, blindado contra el mundo, es un escenario donde los cardenales no solo eligen al líder de mil millones de católicos, sino que enfrentan el legado de un escándalo que redefinió el Vaticano. En los frescos de Miguel Ángel, bajo la mirada del Juicio Final, la Iglesia busca un pastor que guíe su futuro, consciente de que, incluso en el silencio de la Sixtina, los susurros del escándalo aún resuenan, recordando que el poder, la fe y la fragilidad humana son inseparables.
La directora de Vogue, Anna Wintour, es la encargada de decidir quién puede asistir al evento a través de una selecta lista de invitados
The post Las entradas de la MET Gala parten de los 75.000 dólares first appeared on Hércules.
Imagen: Georgina Rodríguez en la Met Gala I Getty Images
El primer lunes de mayo siempre ha sido un día clave en el calendario de la moda. En 2025, el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York acogió una nueva edición de la Met Gala, reafirmando su estatus como el evento benéfico más influyente de la cultura global. Este evento, que ya es un ícono en la intersección de la moda, el arte y los medios, se celebró el 5 de mayo con la presencia de destacadas figuras del mundo de la moda y el entretenimiento.
Esta edición ha marcado un hito en su historia al recaudar 31 millones de dólares, la cifra más alta en sus 77 años de existencia. Este evento anual se ha consolidado como el evento benéfico más lucrativo de la industria de la moda. La recaudación proviene principalmente de las entradas, que oscilan entre 75.000 y 350.000 dólares, dependiendo de si se adquiere una entrada individual o una mesa para varios invitados. Además, las marcas de lujo y patrocinadores corporativos realizan importantes donaciones, contribuyendo significativamente al monto final.
Un homenaje a la sastrería negra
La Met Gala de 2025 rindió tributo a la influencia cultural, política y estética de la sastrería negra, bajo el título de la exposición “Superfine: Tailoring Black Style”. El Costume Institute, cuya inauguración oficial se lleva a cabo en esta gala, exploró el papel del dandismo negro como una forma de expresión e identidad a lo largo de la historia. Con esta temática, la Met Gala no solo mostró vestidos impresionantes, sino que también ofreció una mirada profunda a la influencia de la moda negra en la cultura global.
Españoles destacados en la Met Gala 2025
Tres personalidades españolas fueron invitadas a esta edición de la gala:
Rosalía: La cantante catalana deslumbró con un vestido blanco esculpido diseñado por Olivier Rousteing. Durante el evento, insinuó que está trabajando en un nuevo proyecto musical, avivando las expectativas de sus seguidores.
Georgina Rodríguez: La influencer y pareja de Cristiano Ronaldo hizo su debut en la Met Gala con un vestido lencero negro de Vetements. Complementó su look con un tatuaje temporal en el brazo izquierdo, realizado por el tatuador murciano Ganga.
Jon Kortajarena: El modelo y actor español también estuvo presente en el evento, compartiendo momentos con el resto de figuras españolas.
Pedro Sánchez maniobra para contentar a Junts y esquivar el dictamen favorable de la CNMC a la fusión entre BBVA y Sabadell
The post La OPA del BBVA al Sabadell que ha puesto al Gobierno patas arriba first appeared on Hércules. Pedro Sánchez, el presidente que ha hecho del decretazo y la vía unilateral su sello político, ha sorprendido este lunes con una medida insólita: abrir una consulta pública sobre la OPA de BBVA al Banco Sabadell. No se trata de una apertura real al debate, sino de una coartada institucional para complacer a Junts, el socio independentista que exige frenar la operación, pese a su aval técnico por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
La CNMC dio luz verde la semana pasada a la OPA, aunque impuso condiciones al BBVA. Lo hizo por unanimidad, incluso con el voto de Pere Soler, vocal propuesto por Junts. Esta inesperada postura dejó sin munición al Ministerio de Economía, que contaba con ese voto particular para justificar un veto político. Sin alternativa clara, el Gobierno se ha sacado de la manga una encuesta pública, una herramienta inédita en este tipo de decisiones.
Un presidente acostumbrado a no preguntar
La ironía de esta maniobra es evidente. Sánchez, que aprobó la ley de amnistía y la reforma del Código Penal sin pasar por los órganos consultivos, que negoció una quita de 17.000 millones de euros para Cataluña sin consultar al Congreso, que ha prometido 10.000 millones en Defensa sin votación, ahora apela a la participación ciudadana.
Esta repentina vocación democrática contrasta con su historial. No hubo consultas para derogar la sedición, rebajar la malversación, cambiar la posición de España sobre el Sáhara o ceder competencias exclusivas del Estado a la Generalitat. La actual encuesta pública parece más un gesto simbólico que una auténtica voluntad de deliberación.
La consulta con la que el Gobierno quiere impedir la OPA
El Gobierno ha abierto una consulta pública para que la ciudadanía opine sobre la opa lanzada por BBVA sobre Banco Sabadell. Esta consulta estará disponible hasta el 16 de mayo, y el Ejecutivo tomará su decisión final el 27 del mismo mes, en función de las respuestas recibidas.
Para participar, los interesados deben identificarse con nombre, apellidos, DNI y correo electrónico. La consulta arranca con una pregunta clave: si existen criterios de interés general, más allá de la defensa de la competencia, que puedan verse afectados por la operación. Si se responde afirmativamente, el formulario despliega cuatro preguntas adicionales. Estas buscan identificar los criterios de interés general comprometidos, precisar su naturaleza, valorar el impacto estimado y determinar si sería posible establecer medidas de protección.
En caso de considerar que pueden implementarse dichas medidas, el cuestionario permite proponerlas directamente. Una vez completadas todas las respuestas, el formulario se envía al Gobierno. Además, quienes deseen ampliar la información pueden remitir un correo electrónico a [email protected], incluyendo nombre, apellidos o razón social, y el asunto “Consulta Pública Operación BBVA/Banco Sabadell”.
El Gobierno atrapado entre Junts y el PNV
El problema para Moncloa es político. Junts se opone frontalmente a la absorción de Sabadell por parte del BBVA, asegurando que supondría un duro golpe para la competencia bancaria en Cataluña. El propio Carles Puigdemont ha exigido frenar la operación “por el interés general”. Mientras tanto, el PNV, aliado del PSOE, apoya la fusión, dejando al Gobierno entre la espada y la pared.
La consulta, abierta hasta el 16 de mayo, solicita a ciudadanos y organizaciones que expongan si existen motivos de “interés general” que desaconsejen la operación más allá de la competencia. Será el 27 de mayo cuando el Ejecutivo anuncie si avala o no la OPA. Pero todo apunta a que Sánchez usará las respuestas como justificación para torpedear la operación, siguiendo el guion de Junts, que ya ha amenazado con bloquear otros proyectos si no se le obedece.
Sumar y el ala socialista: división interna
La tensión no solo viene desde los aliados nacionalistas. También Sumar ha cargado con dureza contra la fusión, a la que considera “una muy mala noticia para el país”. La portavoz adjunta, Aina Vidal, ha advertido de una “concentración bancaria fatídica” como la que siguió al colapso de las cajas de ahorro. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda, también se ha manifestado en contra, acentuando la fractura dentro del Gobierno.
Sin embargo, el ala socialista mantiene una postura ambigua, apelando a la necesidad de “analizar con rigor” los efectos de la operación. Esta falta de claridad ha generado inquietud en el Sabadell, cuya cúpula presiona a Moncloa para que se pronuncie cuanto antes.
Torres en la cuerda floja
Mientras tanto, el BBVA, liderado por Carlos Torres, mantiene su oferta sin mejorar las condiciones económicas. Los grandes fondos piden un cheque adicional de 2.000 millones para aceptar la operación, ya que las exigencias de Competencia han reducido el atractivo de la fusión. Sin una mejora, la OPA podría fracasar. Y si el Gobierno finalmente la bloquea, el Sabadell podría mirar hacia otras opciones, como una posible fusión con Unicaja.
La mercantil Gaslow tiene una deuda fiscal de 10.060.977 euros en concepto de fraude en biocombustibles renovables en 2023
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El diputado del Grupo Mixto, José Luis Ábalos, durante un pleno en la Cámara Baja. Fuente: Europa Press
La mercantil Gaslow, vínculada al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, debido a que fue a través de esta que se realizó la compra del chalet de lujo al socialista a modo de comisión por su participación directa en la trama de los hidrocarburos, liderada por el empresario Víctor de Aldama y su socio, Claudio Rivas.
Gaslow tiene una deuda fiscal de 10.060.977 euros en concepto de fraude en biocombustibles renovables en 2023, según publica el escritor y abogado Guillermo Rocafort a través de su cuenta de “X”.
Esta información, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) señala que; “la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de los biocarburantes, biolíquidos y combustibles de biomasa, así como el sistema de garantías de origen de los gases renovables. Gaslow Abastecimientos, ha cumplido el 0% del objetivo de biocarburantes avanzados correspondiente a 2023”.
Por otro lado, destaca que como consecuencia de los anterior, “se cuantifica en una deuda al fondo de pagos compensatorios asociada al ejercicio 2023 de 10.060.977 millones de euros en concepto de pago compensatorio, por el déficit de certificados en su obligación global y en la de biocarburantes avanzados que debía ser abonado con anterior al 1 de julio de 2024. No obstante, de conformidad en con el apartado 3 del citado artículo 11 de la Orden ITC/2877/2008”.
Extracto del BOE sobre la empresa Gaslow. Fuente: Boletín Oficial del Estado/ Guillermo Rocafort
El BOE aclara que independientemente de que la mercantil Gaslow realizara el pago compensatorio mencionado anteriormente, se considera que esta empresa ha cometido una infracción “muy grave”, no quedando exento de la responsabilidad que se deriva de la infracción.
Gaslow cumplió con el 0% del objetivo de biocarburantes en 2023
“Debido a la falta de acreditación de los criterios de sostenibilidad y reducción de emisiones del biocarburante vendido, establecidos en el Real Decreto 376/2022, de 17 de mayo, por el que se regulan los criterios de sostenibilidad y de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de los biocarburantes, biolíquidos y combustibles de biomasa, así como el sistema de garantías de origen de los gases renovables, Gaslow Abastecimientos, SL, ha cumplido el 0 % del objetivo de biocarburantes avanzados correspondiente a 2023”, confirma el BOE.
Como consecuencia de que Gaslow “ha cumplido el 0% del objetivo de biocarburantes avanzados correspondiente a 2023”, la Dirección General de Política Energética y Minas inició el procedimiento de inhabilitación para ejercer la actividad de operador al por mayor de carburantes y combustibles petrolíferos a la empresa Gaslow Abastecimientos, SL.
Según la resolución del BOE, tras conocerse la decisión sobre la mercantil Gaslow anunciaba a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la situación irregular en la que se encontraba Gaslow Abastecimientos SL y así proceder a dar de baja a la mercantil del listado de operadores petrolíferos al por mayor.
La apuesta política por la energía verde ha alterado el equilibrio energético de España, debilitando la red y provocando el mayor apagón de Europa
The post El Gobierno gastó 26.000 millones en renovables, dejando un sistema eléctrico vulnerable que provocó el apagón first appeared on Hércules. El Gobierno de Pedro Sánchez y la Unión Europea han destinado cerca de 26.000 millones de euros en subvenciones a las energías renovables desde 2018. El objetivo era impulsar una transición ecológica rápida, pero las consecuencias ya son visibles: España acaba de sufrir el mayor apagón eléctrico de la historia democrática europea, y los expertos no dudan en señalar al mix energético impulsado políticamente como el principal responsable.
Desde la llegada de Sánchez al poder, se han multiplicado las ayudas a la generación eléctrica mediante fuentes no estables como la solar y la eólica, en detrimento de otras fuentes estables como el gas, el agua o la energía nuclear. El cierre programado de centrales nucleares, las trabas al desarrollo del gas y las limitaciones al uso de embalses han dejado al sistema español sin red de seguridad cuando el sol no brilla o el viento no sopla.
La consultora Freemarket ha puesto cifras a este viraje energético: subvenciones directas, ayudas fiscales y primas no verificadas suman un total de hasta 26.000 millones de euros, transformando radicalmente el panorama energético nacional.
Las subvenciones que lo cambiaron todo
El grueso de los fondos procede del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y los fondos Next Generation EU, con programas como el Real Decreto 477/2021, que destinó hasta 1.480 millones de euros al autoconsumo y el almacenamiento doméstico.
A esto se suman:
250 millones en proyectos innovadores como la fotovoltaica flotante o la agrivoltaica.
Más de 230 millones para energías renovables térmicas.
600 millones para almacenamiento energético.
700 millones adicionales en 2025 con fondos FEDER.
220 millones para autoconsumo colectivo y bombas de calor.
El subtotal de estas ayudas asciende ya a 3.700 millones de euros. Pero no es el único frente.
A estas subvenciones directas se suman ayudas fiscales —deducciones en IRPF, bonificaciones en el IBI, reducciones de IVA— que podrían alcanzar entre 1.500 y 3.000 millones de euros. Las subvenciones de comunidades autónomas y entidades locales se estiman entre 500 y 1.000 millones, y los fondos FEDER han aportado otros 317 millones.
A pesar de que no existe un informe consolidado con todas las partidas, la estimación más conservadora eleva el total confirmado entre 6.300 y 8.300 millones de euros, pero si se suman las primas anuales a renovables, no verificadas, de hasta 18.000 millones entre 2018 y 2020, el total rozaría los 26.000 millones de euros.
El precio de la precipitación ecológica
A pesar de que el Gobierno niega haber favorecido un desequilibrio energético, la realidad es que la combinación de altísima subvención pública a renovables, presión fiscal a las fuentes estables y prohibiciones regulatorias ha configurado un sistema altamente dependiente del clima.
Red Eléctrica Española ya advirtió en 2024 de la necesidad de “criterios de protección” ante la “entrada masiva de renovables”. Sin embargo, el plan energético del Ejecutivo prevé elevar hasta el 81% la dependencia de renovables, cuando el reciente apagón se produjo con un 71%.
